Archivo de la etiqueta: Recaudación

Rajoy, plastas y presupuestos falsarios. -Juan Carlos Bermejo/Vozpópuli-

El pasado sábado 1 de abril, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, hizo las siguientes declaraciones:

Hay muchos “plastas” y “voluntarios” empeñados en decir lo mal que van las cosas en España.

Estas palabras se refieren, sin ningún género de duda, a los cuatro profesores y economistas que hemos realizado el estudio que demuestra, más allá de toda duda razonable, que el PIB español está sobrevalorado un 17%, y, por lo tanto, la deuda pública se situaría en el 170% del PIB y la presión fiscal en España sería la más alta de la OCDE.

Señor presidente. Parece estar nervioso, ya que, como bien sabe, importantes personalidades y organismos europeos se han interesado en este asunto, y alguno de ellos ya ha pedido formalmente a su gobierno explicaciones sobre las discrepancias, tras contrastar previamente que nuestra metodología de cálculo es adecuada.

Le recordamos, señor Rajoy, que nosotros no realizamos juicios de valor, sino que nos limitamos a analizar los datos y los hechos. Nos sentimos orgullosos de ser españoles, y es obligación legal, y moral, de todos los ciudadanos, proteger a su nación y denunciar los actos que puedan dañarla o perjudicarla.

Lamentablemente, sus logros en los años de gobierno han sido incumplir sistemáticamente todas sus promesas y compromisos. Sus modelos de gestión han empobrecido al país, según los datos del Banco de España, en más de 947.000 millones de euros. Ha incrementado la deuda pública en más de 590.000 millones de euros, superando los 1,55 billones de euros. España ha pagado, durante su mandato, la friolera de más de 155.000 millones de euros de intereses de la deuda, y el déficit público acumula, desde que usted gobierna, la insoportable cifra de más de 348.000 millones de euros.

Debemos subrayar que sus precedentes presupuestarios no se han cumplido nunca en lo que se refiere a objetivo de déficit público y recaudación, lo que ha supuesto, entre otras cosas, que el fondo de reserva de la Seguridad Social se agote sin remedio, y los servicios públicos se estén financiando con la emisión de nueva deuda, con el beneplácito de sus irresponsables ministros.

A lo anterior, debemos sumar el despilfarro constante que supone la industria política y las duplicidades entre administraciones, a lo que usted, señor Rajoy, ya dijo que “eso ni se toca”, y que supone un gasto extra de más de 100.000 millones de euros anuales, para seguir manteniendo a familiares, amigos y correligionarios.

Todo ello, perjudica a los más débiles, como son los dependientes, los pensionistas, los estudiantes, los parados y los enfermos, aumentando el grado de desigualdad de la sociedad española, para convertirnos en una de las más preocupantes de la OCDE, como su gobierno bien sabe por los informes que recibe.

Además, señor presidente, llama usted creación de empleo a seguir reduciendo las horas de trabajo en la economía, repartiendo menos horas entre más personas, con trabajos precarios y sueldos de miseria, que han convertido a España en uno de los países con la más injusta distribución de la renta y riqueza de la UE.

Todos los datos anteriormente dichos, están documentados, y lo que demuestran, señor Rajoy, es que, a diferencia de lo que usted dice, las cosas, no van bien en España.

Ayer, su ministro de Hacienda, el señor Montoro, nos presenta una propuesta de presupuestos generales del Estado que no reflejan la imagen fiel de lo que necesita España. Tampoco se ruboriza cuando dice, en la página 7 del PowerPoint, que es “importante aprobar los PGE para poder otorgar un préstamo a la Seguridad Social para pago de pensiones”, porque usted, señor Rajoy, repetimos, se ha fundido el fondo de reserva, y ahora quieren pagarlas con la emisión de deuda, cómo ya anticipó su gurú económico, el señor Nadal.

Analizando su propuesta de presupuestos, sitúa el objetivo de déficit en el 3,1%, es decir, por encima del 3%. Una trampa para mantenerse según la directiva del protocolo de déficit excesivo y, de ese modo, seguir ocultando un tercio de la deuda real a la opinión pública y a los inversores.

Establece “el techo de gasto” en 118.337 millones de euros, un 1,8% más que en 2016. Esto significa, que, en lugar de eliminar gasto superfluo, duplicidades e industria política, lo aumenta, con la puntilla de la consolidación de 250.000 plazas de empleados públicos y la cesión de 5.387 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas. Justo todo lo contrario de lo que necesita España, señor Rajoy.

Pretende, recaudar 200.963 millones de euros, un 7,9% más que en 2016, confiando en la creación de empleo, el crecimiento económico y el aumento del consumo.

Pues, mal empieza usted, señor Rajoy. Los ingresos por IRPF, hasta febrero, crecieron la mitad: un 4%. El índice general anual de comercio minorista se sitúa en el 0%, que, sumado a que el IPC de marzo vuelve a caer, sus previsiones por ingresos por IVA tienen mal pronóstico.

En cuanto al cuadro de previsión de ingresos por el impuesto de sociedades, dónde pretende recaudar 24.399 millones de euros (un 12,3% más que en 2016), su contenido es totalmente incoherente. Usted pretende recaudar 2.721 millones más que en 2016, con un crecimiento estimado del PIB del 2,5%, cuándo en 2016 se recaudaron 1.029 millones más que en 2015, con un crecimiento del PIB del 3,2% y anticipando más de 4.000 millones de 2017, que este año tiene usted que devolver a las empresas. Esto, señor Rajoy, es un claro ejemplo de que el papel, el qué usted utiliza, lo soporta todo.

Ahora, me voy a referir a una de las “justificaciones” que usted esgrime en el PowerPoint, con el objetivo de que le aprueben los presupuestos en el Congreso. Me refiero, a lo que ustedes han llamado “Reducción del empleo temporal hasta un 90% en 3 años”. Es decir, que, según su gobierno, la aprobación de sus presupuestos propiciará que nueve de cada diez contratos que hoy son temporales sean indefinidos en 2020. Esto, con todos los respetos, es una tomadura de pelo.

Ayer su gobierno anunciaba, a bombo y platillo, que los datos de empleo de marzo eran fabulosos, diciendo que el paro registrado bajó en 48.559 personas, y la afiliación media a la seguridad social fue de 161.752 cotizantes.

Sobre los datos de paro registrado, ya sabemos todos que no tienen nada que ver con la encuesta que refleja una imagen más fiel del paro, la EPA, y, por lo tanto, no son creíbles y ningún analista serio los tiene en cuenta.

En cuanto a los datos de afiliación a la seguridad social, sí que se considera un dato relevante, aunque dependerá del volumen de cotización que implique, porque, con los salarios que su gobierno promueve, las cotizaciones son muy bajas. Pues bien, señor Rajoy, lo que su gobierno no dice es que el 31 de marzo de 2017 hubo 214.028 bajas en la afiliación a la seguridad social. Esto, señor presidente, destroza su titular falaz de las “afiliaciones medias” y nos da la realidad del empleo que usted crea en España.

Por último, según los datos del ministerio de empleo y seguridad social, los ingresos hasta febrero han crecido un 1,67% respecto a 2016, pero resulta que los gastos, señor Rajoy, le han crecido un 3,51% respecto a 2016. Entiendo que usted y su gabinete saben lo que esto supone ¿verdad, señor presidente? ¿Se han estudiado, usted y sus ministros, estos datos antes de hacer el presupuesto?

Mire, señor Rajoy, usted podrá pensar que puede engañar a los ciudadanos, pero nosotros no somos estúpidos. Los datos que le he citado, señor presidente, sólo indican un camino. Sus presupuestos para 2017 son, como todos los anteriores, una falacia que su ministro, Montoro sabe perfectamente que no va a cumplir. Y aquí estaremos “los plastas” para denunciar sus engaños y poner luz en la mente de los ciudadanos ante el grave e irreparable daño que usted y su gobierno está provocando a nuestra gran nación.

PD: Hoy, quiero tener un especial recuerdo y solidaridad, con el pueblo ruso, por el atentado terrorista sufrido el lunes. La lacra del terrorismo es un problema que debemos combatir todos unidos. Por ello, les dedico el tema “It’s a long way to Tipperary” interpretado por el Red Army Choir  https://youtu.be/-CZ74m28I3E

Ver artículo original:

Combatir el fraude fiscal: el nuevo cuento de la lechera. -Juan M. Blanco/Vozpópuli-

Nuestros políticos parecen desconocer que la estrategia de impuestos moderados, regulaciones sencillas y racionalización del gasto, constituye una vía más adecuada para incentivar el cumplimiento fiscal que una pretendida guerra sin cuartel contra el fraude.

Los programas de las pasadas elecciones, así como el ya agostado pacto entre PPCiudadanos, recogían una solución “imaginativa” para reducir nuestro correoso déficit:incrementar los medios humanos y materiales de la Agencia Tributaria y así perseguir con mayor ahínco el fraude fiscal. Loable propósito si no fuera porque… detrás de la propuesta se adivina más el objetivo de aumentar el poder de ciertos sectores burocráticos que la voluntad de cuadrar las cuentas  públicas. Al fin y al cabo, la informatización y el avance de la técnica permiten realizar la misma labor inspectora con menos personal.

Al igual que para combatir el delito resulta poco eficiente colocar un policía en cada esquina, no es probable que una brutal acometida, lanza en ristre, contra los molinos del fraude logre incrementar sustancialmente la recaudación; mucho menos eliminar nuestro elevado déficit presupuestario. Máxime cuando el discurso parece la excusa, la coartada, para evitar, por sus enormes costes políticos, la estrategia más eficaz: acondicionar el gasto, adecuar el tamaño de la administración a las necesidades del ciudadano.

Existe una confusión, muchas veces deliberada, entre el monto presuntamente defraudado y la cantidad que se obtendría incrementando la vigilancia y represión. Los políticos señalan que el fraude fiscal en España sería del orden de unos 60.000 millones de euros y sugieren que podrían recuperar una porción sustancial apretando las clavijas a los malvados defraudadores. Pero esta idea se basa en una concepción dudosa de la economía sumergida, en el ingenuo supuesto de que, una vez detectada y castigada, toda actividad sumergida reconocerá su travesura, hará propósito de la enmienda y, manteniendo toda su estructura productiva, se regularizará, devengando en el futuro los impuestos correspondientes. En realidad, ante la abrumadora presión, buena parte de estas actividades simplemente desaparecería… con perjuicio para las arcas públicas.

Excesiva presión menoscaba las reglas éticas

Y es que, aunque los participantes en la economía irregular eludan algunos impuestos, en realidad abonan otros. Quien ingresa en negro, por ejemplo, evita los directos pero paga los indirectos cuando gasta. Quizá por ello, para desanimar la economía sumergida, los estados suelen perseguir el fraude estricta y rigurosamente, pero no de forma implacable, despiadada o draconiana. Un Gran Hermano fiscal provocaría el cese de muchas actividades no declaradas, que dan empleo y generan alguna recaudación por otras vías. Y que, en el futuro, podrían desarrollarse y legalizarse. Entre los blancos y los negros… reconocen los grises.

Además, una ofensiva desmedida contra el fraude, una vigilancia y control extremos, pueden desmotivar a muchos contribuyentes cumplidores, con adicional menoscabo de los ingresos públicos. Los excesos y abusos del poder deterioran ciertas normas éticas y morales en la sociedad. En “A Constitution for Knaves crowds out Civil Virtues” (1997) Bruno Frey muestra que las leyes que tratan a los ciudadanos como bribones… impulsan a éstos a comportarse como tales. La gente no sólo acata las obligaciones fiscales, o el resto de las leyes, por miedo al castigo; también por convicción, honradez, sentido de la justicia. Pero esta motivación intrínseca se debilita, o desaparece, cuando el ciudadano se siente tratado como un presunto delincuente por la administración tributaria.

El asfixiante control y vigilancia hace sentir al individuo que el pago de impuestos es tan sólo una obligación impuesta, no un deber de buen ciudadano. La buena voluntad de la gente, su ánimo para cooperar se reduce drásticamente cuando la Agencia Tributaria ejerce la presunción de culpabilidad con todos los contribuyentes, sean defraudadores o simplemente víctimas de un error. Naturalmente, también se debilita la predisposición a contribuir cuando los sujetos perciben que, en lugar de administrar eficientemente, las autoridades despilfarran el dinero que tanto les costó ganar.

Al albur de intereses grupales

Otra idea demagógica, implícita en esta línea argumentativa, es que los defraudadores son mayoritariamente ricos. Por ello, en la gran cruzada resuena el espíritu de Robin Hood: una justa lucha en favor de los pobres. Pero el argumento no resulta especialmente convincente. Ciertamente, en España no pagan proporcionalmente más impuestos quienes más tienen o más ganan. Pero no siempre porque evadan, sino porque, debido a la enorme complejidad de la legislación fiscal, existen demasiados recovecos, multitud de agujeros para quien posee influencia o puede pagar un buen asesor fiscal. En efecto, la letra pequeña, tan larga como compleja, contempla numerosas excepciones, deducciones, desgravaciones, casi siempre a medida de ciertos grupos influyentes. Por ello, la carga fiscal depende menos de la capacidad de pago que de la cercanía al poder, de la inclinación a comprar privilegios o de la disposición a ejercer presión. Pero los tipos marginales aparentemente elevados permiten a los políticos vender la ficción de que son los ricos quienes pagan el grueso de impuestos. Ahora bien, estas excepciones podrán ser injustas… pero son legales: quedan fuera de la pretendida lucha contra el fraude.

No obstante, en un ejercicio de ingenuidad, aceptemos por un momento que el incremento del personal y los medios de la Agencia Tributaria condujese a un incremento sustancial de la recaudación. ¿Se enjugaría así el déficit, cuadrarían las cuentas públicas, alcanzarían los ingresos para atender a los cuantiosos gastos? No, en modo alguno. Porque el crecimiento de la recaudación impulsa a nuestros gobernantes a gastar más. Cuando hay abundantes ingresos, los políticos inventan nuevos dispendios, más organismos para colocar a los amigos, nuevas redes clientelares para captar adeptos o más obras faraónicas, casi siempre innecesarias. Establecen estructuras burocráticas rígidas, permanentes, muy resistentes al recorte cuando el ciclo se torna desfavorable. Por ello, las etapas de elevada recaudación son también las de más fuerte crecimiento del gasto y la administración, tal como sucedió en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Así, por definición, los impuestos nunca son suficientes: cuanto más se exprime al contribuyente más dilapidan los gobernantes en conceptos superfluos… y el déficit persiste. Como Alicia al otro lado del espejo, la recaudación debe crecer a toda prisa, tan sólo para mantenerse en el mismo lugar.

Nuestros políticos, sean de partidos nuevos o tradicionales, parecen desconocer -o saben demasiado bien- que la estrategia de impuestos moderados, leyes fiscales simples, regulaciones sencillas y racionalización del gasto, constituye una vía más adecuada para incentivar el cumplimiento fiscal que una pretendida guerra sin cuartel contra el fraude. Por supuesto, esta ofensiva nunca se lleva a cabo pero su preparación sirve de coartada para conceder prebendas, canonjías y cargos a personas y grupos cercanos. Definitivamente, presenciamos una acelerada convergencia… de la política tradicional con la “nueva”.

Ver artículo original:

El mito de Mad Max y los burócratas cleptómanos. -Javier Benegas/Vozpópuli-

Recientemente, en el Barómetro de la Conducción Responsable publicado por la Fundación Vinci Autoroutes, se ofrecía un dato aparentemente demoledor: 9 de cada 10 conductores encuestados admitían exceder en algunos kilómetros los límites de velocidad establecidos. Sin hacer un análisis más profundo, tendremos que deducir que el 90% de los conductores son infractores y, por así decirlo, delincuentes habituales. Con tal proporción de cafres al volante, en breve -es un suponer- el ejército tomará las calles para evitar la catástrofe.

Aunque los datos difieren según el organismo de referencia, se estima que en España el número de conductores ronda los 22 millones. Haciendo una elemental reglas de tres, si el 90% de ellos no respeta los límites de velocidad significa que hay en nuestras carreteras 19,8 millones de borricos al volante. Por lo que según este estudio, las carreteras españolas son el territorio natural de Mad Max.

Del unicornio de la seguridad a la mano en la cartera

Esta verdad revelada, y difundida reiteradamente por los mass media, sirve para justificar el endurecimiento de las leyes, aumentar el gasto en medios y personal para controlar a los fitipaldis e incrementar la cuantía y número de sanciones. Aunque lo cierto es que siempre existirá un umbral de víctimas irreducible, la consigna es que no hay que escatimar recursos materiales y humanos, ocurrencias legislativas y campañas de concienciación con las que untar a los medios de información, indispensables para la propaganda. Todo lo que sea necesario para alcanzar el riesgo cero, ese bonito unicornio.

¿Quién puede estar en contra de gastar (el dinero del vecino) para intentar salvar una vida? Otra cosa es que se consiga. Pero lo que cuenta es la intención, no a dónde va a parar el maldito dinero. Además, del fracaso se sacan buenos rendimientos, pues en la Administración no hay mejor argumento para demandar un aumento del presupuesto que no cumplir objetivos.

Puestos todos de acuerdo en que cualquier sacrificio es poco cuando se trata de preservar la vida humana, queda sin embargo por descubrir qué misteriosa calamidad ha caído sobre nosotros para que sólo 1 de cada 10 conductores respete los límites de velocidad. ¿Cómo es posible la prevalencia abrumadora de esta pésima conducta después de décadas de muchos esfuerzos y fuertes incentivos para erradicarla?

Por más que se use la coletilla de que el automóvil desata nuestros peores instintos para dar carpetazo al asunto, algo no encaja. El nuestro es un país con un índice de delincuencia bajo, si lo comparamos con otros de nuestro entorno. Y en general, la conflictividad es muy reducida en todos los órdenes. En consecuencia, un comportamiento tan desaprensivo y extendido es una anomalía… que sólo se repite -qué casualidad- a la hora de cumplir con Hacienda; otro terreno muy farragoso donde, de pronto, el pésimo carácter hispano vuelve a manifestarse. ¿Tenemos un gen defectuoso?, ¿tal vez se trata de un hechizo?, ¿será que nuestros padres nos educaron para ser personas aceptables salvo a la hora de conducir y pagar impuestos?

Convertir lo cotidiano en una bicoca administrativa

Nada de eso. Que en España haya 20 millones de personas desaprensivas al volante es bastante inverosímil, por no decir increíble. Aunque el automóvil –más bien el tráfico y el estrés– haga que de cuando en cuando nos comportemos como patanes, no somos una turba de macarras. La verdad es mucho menos histérica y alarmista, menos totalitaria: la ley es excesivamente restrictiva y, lo peor, imposible de cumplir cabalmente en todos sus supuestos y en todas las ocasiones. Tarde o temprano terminamos vulnerándola, aun de manera involuntaria.

Es cierto que una forma de erradicar conductas perjudiciales es mediante la promulgación de leyes que las desincentiven. Aunque lo deseable es que las personas terminen racionalizando los motivos por sí mismas para así instaurar las convenciones correctas voluntariamente, la legislación es un atajo para erradicar pésimos hábitos. Sin embargo, deja margen para el abuso y la persecución de objetivos nada bondadosos. Uno de ellos es la extracción de rentas adicionales.

Mediante una regulación enrevesada, arbitraria, llena de excepciones y ambigüedades –de trampas– se puede sancionar prácticamente a todo el mundo. Además, permite maniobrar al burócrata sin que nadie le fiscalice: una simple instrucción desde altas instancias bastará para obtener mayores rendimientos cuando se necesiten sin tener que cambiar las leyes. Dentro de los Presupuestos Generales del Estado existe, desde hace años, una partida en la que se contemplan de manera adelantada los ingresos por multas que se impondrán el año próximo. Si el cálculo es optimista, tenga por seguro que se usará la complejidad normativa para poner el listón de la infracción mucho más bajo y recaudar discrecionalmente. Así que cuando empiezan a proliferar estadísticas que ponen de vuelta y media a los conductores, ya sabemos lo que viene.

De ciudadanos a delincuentes potenciales

Si los burócratas aún no han conseguido criminalizar a todo el mundo no es por falta de voluntad, sino por falta de medios. En ello están y avanzan a buen ritmo. Ya vigilan desde el aire a los conductores con tecnología propia de helicópteros de combate; las cámaras y sofisticados radares se multiplican (los de última generación, con contramedidas propias de un caza); los límites de velocidad cambian, no ya según el tipo de vía sino por tramos, algunos de escasos metros; y no pocas veces las velocidades permitidas son absurdas, inadecuadas a la vía. Hoy, en un trayecto combinado de unos pocos kilómetros, el conductor debe atender incontables límites de velocidad distintos que se suceden de forma vertiginosa. Y en las ciudades varían dentro de márgenes tan exiguos, propios de carros tirados por caballos, que es imposible no pifiarla aun yendo en bicicleta.

Independientemente de su disposición a cumplir las normas, nadie está libre de ser sancionado. Incluso mi suegra, prudente hasta lo inaudito, recibe su multa de rigor todos los años. Un fenómeno paranormal del que rara vez oirán hablar en los telediarios, y menos aún al preboste de turno, siempre dispuesto a fabricar y vomitar argumentos que justifiquen nuevas reglas, nuevas restricciones y nuevas sanciones.

Ocultar la verdad o, simplemente, manipularla en beneficio de oscuros intereses, es sólo cuestión de enfoque. Las estadísticas, que habitualmente nos retratan de manera negativa, pueden estar desvelando anomalías muy distintas a las que se pretende difundir desde el Poder. Una de ellas es que los supuestos  “fines cívicos” de una legislación fraudulenta sólo existen en su enunciado. En el fondo, se trata de mantener la posición económica de un grupo a costa del resto. De hecho, de lo recaudado por multas de tráfico sólo el 11% se destina a mejorar la seguridad vial o ayudar a las víctimas de accidentes; el 89% restante va a parar al bolsillo de los funcionarios y altos cargos.

Que se usen como referencia las iniciativas de terceros países para conferir al abuso legislativo una fina capa de legitimidad – el viejo truco de justificar una nueva restricción argumentando que en tal o cual país ya se aplica- es otra argucia: los intereses de los burócratas no tienen fronteras, son los mismos en Francia, Inglaterra o Dinamarca que en España. En todas partes cuecen habas; es decir, en todas partes hay capullos. Cuestión distinta es que en otros países aún existan controles para mantener mínimamente a raya a la Administración y esa compulsión tan suya de extender el manto de la sospecha sobre todas las personas, para, a continuación, desplumarlas como pollos en su propio beneficio. Y es que detrás de muchas estadísticas se ocultan formas de banalización del mal sutiles y progresivas que generan mucho sufrimiento. El que no quiera verlo o bien está al otro lado o bien aspira a estarlo en el futuro.

Ver artículo original: