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El gráfico que demuestra que el objetivo de déficit del Gobierno es una burla. -D. Soriano/Libremercado-

La AIReF afirma que es “probable” que este año se cumpla con el objetivo de déficit… pero esto tiene una segunda parte.

El Gobierno español quizás cumpla este año con el objetivo de déficit. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado este jueves una nota de prensa en la que asegura que es “probable” que el conjunto de las administraciones públicas alcance este año la meta marcada: el equivalente al 4,6% del PIB.

Parece una gran noticia. Por primera vez, la AIReF habla de un cumplimiento “probable”. En abril de este mismo año, su diagnóstico era “improbable” y en su anterior estudio era “muy improbable”.

La AIReF es un órgano de control que el Gobierno creó hace un par de años a petición de Bruselas. El objetivo era que un organismo independiente vigilase las cuentas públicas y emitiese informes al respecto. Y lo cierto es que hasta el momento está cumpliendo muy bien su labor. Muchos de los informes que ha publicado han demostrado la inexactitud de las previsiones del Gobierno. Por ejemplo, el documento que publicó en julio era demoledor con las cuentas de Hacienda.

Por eso, que hayan cambiado su pronóstico tiene una enorme relevancia. Pero hay un pero. Y también está muy bien explicado en el propio informe de la AIReF. En realidad, está resumido en el gráfico que puede verse a continuación. Es cierto que cada vez el cumplimiento es más probable… pero es que el objetivo también va cambiando según pasan las semanas.

Claro que es más sencillo cumplir con el 4,6% que España pactó en el Consejo Europeo del 2 de agosto. Hay que tener en cuenta que el objetivo inicial para este año era del 2,8%. Luego pasó al 3,6% tras una dura negociación entre el Gobierno y Bruselas. Y ahora tenemos un punto más del PIB de margen. Bueno, pues ni siquiera así es seguro que cumplamos, sólo “probable”.

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Y aquí hay al menos tres consideraciones que hacer: en primer lugar, España lleva desde 2008 con un déficit público superior al 3% del PIB que marca el Pacto de Estabilidad de la UE. Si también incumplimos este año, serán nueve ejercicios seguidos de incumplimiento, los tres últimos incluso aunque estamos teniendo un fuerte crecimiento económico. No se sabe cuándo, pero puede que en algún momento el resto de los países de la UE se cansen de esta situación. No hay que olvidar que la deuda española está avalada, explícita o implícitamente, por la Eurozona y la política del BCE: sin el respaldo alemán nuestra posición ante los mercados y los precios a los que colocamos la deuda serían muy diferentes.

En segundo lugar, ese déficit lo tendremos que pagar los contribuyentes españoles antes o después. La negociación con Bruselas es un tema político. Pero consigamos más o menos margen en la UE (y hay que reconocerle a Luis de Guindos que es capaz de sacarle unas buenas condiciones al resto de países de la Eurozona año tras año, aunque no cumplamos nunca) para el ciudadano que paga impuestos eso no es ningún alivio. Y para la salud de la economía española es igual de preocupante.

Por último, queda claro que al Gobierno de Mariano Rajoy el equilibrio de las cuentas públicas no le importa en exceso. Sí, hacen muchas declaraciones al respecto, pero esas palabras no están respaldadas por los hechos. La realidad es que lo único que parece relevante para el ministro de Hacienda y el presidente del Gobierno es poder decir que han cumplido con el objetivo pactado con otros políticos en Bruselas y mantener así el respaldo de los gobiernos europeos. Desde fuera, este proceso (cumplir sólo cuando cambian el objetivo inicial) parece como hacerse trampas al solitario, como el mal estudiante al que los padres bajan cada día el nivel de exigencia para no enfrentarse a la realidad de su fracaso (luego hay algunos que incluso le hacen un regalo a final de curso por haber suspendido sólo 6). Pero eso a los políticos españoles parece no preocuparles.

Pues bien, si eso es lo importante, hay que reconocerles un logro: hoy es más “probable” cumplir que hace cuatro meses. También es cierto que si el objetivo fuera el 7% seguro que lo lográbamos, por lo que ahora sólo hay que conseguir que Bruselas nos lo firme. O mejor aún, si fuera del 15% podríamos presumir de quedarnos 10 puntos por debajo… Eso sí, también hay que decir que este Ejecutivo es especialista en ir subiendo los objetivos de déficit e ir incumpliendo los nuevos límites. A comienzos de 2017 habrá que ver si esta vez, por fin, el 4,6% sí es definitivo.

Las conclusiones de la AIReF

En cualquier caso, más allá de la cifra concreta, las principales conclusiones del informe de la AIReF son las siguientes:

“La previsible reducción de los gastos en casi un punto del PIB y la ampliación del objetivo de déficit hacen probable su cumplimiento”

“La evolución de los ingresos, menos favorable que lo esperado, parece deberse a un mayor efecto negativo en la recaudación de la reforma de los impuestos sobre la renta”

“Los recientes cambios normativos en el Impuesto sobre Sociedades dirigidos a la reducción del déficit público permitirán una evolución positiva de este impuesto en el segundo semestre del año, invirtiendo la tendencia registrada hasta la fecha; sin embargo, no sería suficiente para alcanzar la previsión presupuestaria”

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El vampiro Montoro muerde a las empresas. -Juan R. Rallo/El Confidencial-

El PP continúa acumulando galones como el partido que más ha subido los impuestos en la historia de España.

El PP finalmente ha cumplido su amenaza e incrementará los pagos fraccionados del impuesto de sociedades para intentar cuadrar las cuentas que él mismo descuadró con su populismo fiscal preelectoral. Hasta aquí ninguna novedad: el PP lleva en su ADN ideológico machacar a impuestos a familias y empresas para mantener a flote un Estado hipertrofiado, clientelar y corrupto; y, además, ya había alertado de que el próximo rejonazo impositivo recaería sobre las empresas. Pero, por desgracia, sí ha habido novedades con respecto al guion inicialmente anunciado: y, como siempre sucede con los populares, las novedades son para mal.

Recordemos que, mediante Real Decreto 20/2012, el PP estableció con carácter extraordinario para los años 2013, 2014 y 2015 un importe mínimo en los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades equivalente al 12% del resultado contable de las empresas con unos ingresos anuales superiores a los 20 millones de euros. Es decir, las compañías con un volumen de negocios de más de 20 millones de euros debían adelantarle como mínimo cada trimestre a Hacienda el equivalente al 12% de sus ganancias: si ese adelanto era excesivo —cosa que sucedía en la mayoría de casos, dado que Hacienda infló tramposamente la definición de base imposible para que las empresas adelantaran impuestos que luego no tenían obligación de abonar—, se les devolvía la diferencia en la liquidación del ejercicio fiscal en julio del año siguiente.

Como medida extraordinaria que era, esta disposición expiró el año pasado y dejó de aplicarse para el vigente, motivo por el cual la recaudación de Sociedades se ha desplomado temporalmente en un 84% (conviene remarcar el adverbio temporalmente, dado que la buena parte de ese descenso se recuperará durante los próximos trimestres: cae porque ya no se adelanta artificialmente el tributo, no porque no vayan a terminar cobrándose las cantidades que de verdad se adeudan al fisco).

Sin embargo, semejante hundimiento de los ingresos por Sociedades está dificultando enormemente que el Gobierno pueda cumplir con el objetivo de déficit exigido por Bruselas (esta misma semana, el Banco de España alertaba de una desviación mínima de tres décimas del PIB). La renuencia del Ejecutivo a recortar el gasto —más bien, su expeditivo interés por reinflarlo— hace que necesite de muchos más ingresos tributarios para rebajar el desequilibrio presupuestariohasta el 4,6% del PIB. Por eso, el PP anunció que iba a recuperar el régimen extraordinario de los pagos fraccionados mínimos vigente en 2013, 2014 y 2015: a saber, un pago fraccionado mínimo equivalente al 12% de los beneficios contables para aquellas empresas con un volumen de negocios superior a 20 millones de euros.

Pero hete aquí la negativa sorpresa que nos tenía preparada el exactor Cristóbal Montoro para este último Consejo de Ministros: el pago fraccionado mínimo será equivalente no al 12%, sino al 23% (25% para bancos), y será aplicable no a las empresas con un volumen de negocios superior a 20 millones de euros sino a 10 millones de euros. Es decir, muchas más compañías adelantarán un volumen mucho mayor de impuestos que no adeudan realmente a Hacienda con el único propósito de que el manirroto Gobierno de Rajoy salve la cara ante Bruselas. Nótese la vil artimaña del PP: dejamos expirar las medidas extraordinarias de 2013, 2014 y 2015 para que se hunda temporalmente la recaudación en 2016, generamos alarmismo social acerca del desplome de los ingresos por Sociedades y, por último, reimplantamos la norma expirada pero perjudicando mucho más a muchos más contribuyentes: maquiavelismo fiscal en estado puro.

A buen seguro los habrá que intenten disculpar al PP usando dos argumentos a cual peor. El primero es que no estamos ante una subida de impuestos, sino ante un mero adelanto inflado de impuestos cobrables en el futuro. El argumento es bastante vergonzoso por sí solo: lo que en el fondo se está afirmando —y disculpando— es que el Gobierno recurra a la contabilidad creativa para maquillar las cifras de déficit ante su incapacidad para rebajarlo en tiempo y forma. Pero, para más inri, se trata de un argumento incorrecto: pagar por adelantado sí acarrea un coste financiero para las empresas en la medida en que estas tendrán o que endeudarse para abonar el pago fraccionado o que renunciar a una tesorería que podrían haber empleado alternativamente en efectuar nuevas inversiones rentables o en amortizar anticipadamente su deuda.

El segundo argumento para exculpar al PP es que esta subida de impuestos no es tan relevante porque solo afecta a las grandes empresas. Y, nuevamente, se trata de un mal argumento. Por un lado, aunque solo afectara a las grandes empresas, la subida impositiva sería injusta y contraproducente para la economía. Pero es que, por otro, no es cierto que solo afecte a las grandes empresas: estas tratarán —y en parte lograrán— de trasladar sus mayores costes fiscales a todos los agentes económicos con los que se relacionan. A saber, recorte de dividendos a los accionistas (grandes, medianos y pequeños), ralentización de la creación de empleo o del alza salarial, aplazamiento de pago a proveedores —no necesariamente grandes empresas—, mayores precios y peores opciones de financiación para consumidores, etc. Pensar que los perjuicios tributarios quedan encapsulados en una gran empresa porque así lo disponga la ley es un simplismo propio del ‘podemismo’ más ingenuo.

En suma, el PP continúa acumulando galones como el partido que más ha subido los impuestos en la historia de España. Que las alternativas políticas juren estar dispuestas a incrementarlos todavía más no vuelve al PP una opción política liberal: las vuelve a todas abiertamente antiliberales.

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Marca PP: machacar a las empresas para no reducir el gasto público

La España ingobernable en el horizonte de 2020. -Jesús Cacho/Vozpópuli-

Perdidos en la arboleda del pin pan pun al que nos tienen sometidos nuestros partidos, incapaces de ponerse de acuerdo a la hora de formar Gobierno, los españoles no estamos sabiendo ver el bosque de un futuro que a medio plazo se presenta cargado de incertidumbres tanto desde el punto de vista político como económico. La España ingobernable en el horizonte del 2020. Parece claro que quien finalmente se instale en Moncloa tras el caos actual lo hará al frente de un Gobierno débil, con escaso respaldo parlamentario, incapaz por tanto de hincarle el diente a los grandes retos que tiene planteados este país para mejorar drásticamente la calidad de su democracia, por un lado, y para seguir creciendo y creando empleo. Como contaba aquí días atrás Teresa Lázaro, la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) acaba de dar la voz de alarma en un informe en el que afirma que, si no se toman medidas para remediarlo, la tasa de desempleo seguirá en 2020 por encima del 14% de la población activa y la deuda pública se mantendrá por encima del 100% del PIB. Sin cambios en la política económica, los grandes desequilibrios del país seguirán sin corregirse y el crecimiento de la economía no será suficiente para resolver los dos grandes retos españoles: el paro y la deuda.

La caótica situación política actual contrasta poderosamente con el comportamiento de la economía, que crece a más del 3% en tasa interanual, una paradoja que está llamando la atención de toda la UE. Parece, en efecto, que la parálisis política no pasa factura a la economía. En el segundo trimestre del año, el PIB registró un crecimiento del 0,8%, igualando los registros de los tres previos (tercer y cuarto trimestre de 2015 y primero de 2016). Entre abril y junio, el empleo aumentó a un ritmo del 2,9% en términos interanuales, tres décimas menos que en el trimestre anterior, lo que se traduce en la creación de 484.000 empleos equivalentes a tiempo completo en un año. “La economía parece tener una opinión diferente a la del típico periodista político para quien la ausencia de Gobierno es un grave problema, casi un drama”, podía leerse en un artículo aparecido en la revista británica The Spectator, bajo el título “Por qué los españoles tal vez están mejor sin Gobierno”. Otros van incluso más lejos. “Desde las elecciones de diciembre pasado no ha habido normas nuevas, y la población se ha librado de la carga de la nueva legislación que nadie entiende y que muchos tratan de desobedecer”, aseguraba este martes el historiador británico Henry Kamen, en un interesante artículo (“La delicia de no tener Gobierno”) publicado en El Mundo. “Un Gobierno débil significa menos control gubernamental, que no es una mala cosa cuando reparamos en que gran parte de esos controles son un obstáculo para esa prosperidad que se origina mediante el trabajo duro y los esfuerzos de la gente común, no por las leyes y regulaciones gubernamentales”.

Una visión con tintes anarquizantes que choca con la opinión de Miguel Cardoso, economista en jefe de BBVA Research, para quien, si bien no se puede hablar de un impacto evidente, la incertidumbre política no ha dejado de tener un efecto negativo sobre la economía. “Probablemente la pregunta que hay que hacerse es cuánto más estaríamos creciendo en un entorno de mayor certidumbre”, una cuestión que él mismo responde asegurando que “el impacto del aumento de la incertidumbre sobre la economía se ha traducido en que en lugar de estar creciendo a tasas de entre el 3 y el 3,5% del PIB, muy probablemente podríamos estar haciéndolo a tasas de entre el 3,5% y el 4%, medio punto por encima”. La ausencia de un Gobierno, por otro lado, impide la aprobación de los PGE, asunto que tiene su impacto en el gasto público, lo que indudablemente ralentizará el crecimiento, por no hablar del déficit de legitimidad y representación de un Gobierno en funciones incapaz de atender las demandas ciudadanas.

Malas perspectivas en deuda y paro

Según las previsiones de Funcas, si el próximo Gobierno no es capaz de corregir los desequilibrios y proseguir con las reformas que el Gobierno de mayoría absoluta del PP dejó a medio hacer, el crecimiento del PIB se irá frenando en los próximos años hasta situarse en el 2% en 2020. El paro también bajará y la deuda se estabilizará, pero la tendencia será insuficiente para corregir ambas variables. En lo que al empleo se refiere, la tasa de ocupación aumentará en los próximos años, pero en ningún caso alcanzará los estándares de nuestros socios europeos más ricos, lo que se traducirá en que en 2020 el 14,3% de la población activa seguirá desempleada. Los cambios demográficos que ya vive España no harán sino empeorar estas perspectivas. La población en edad de trabajar disminuirá en 500.000 personas en los próximos 5 años por la caída de la natalidad y el inicio de la jubilación de la generación del baby boom, una situación que es un misil dirigido a la línea de flotación de las pensiones. En efecto, el número de activos por cada jubilado será de 2,5 en 2020, frente a los 2,7 actuales y los 3,1 de antes de la crisis. Solo un problema como el de las pensiones, que se nos viene encima como si de una avalancha de montaña se tratara, debería ser suficiente para hacer reflexionar a nuestra clase política e inducirla de inmediato a ponerse de acuerdo, pacto de Estado mediante, para hincarle el diente al problema.

Nuestras administraciones públicas siguen gastando bastante más dinero del que ingresan, de modo que este año el Tesoro pedirá prestado en los mercados una cifra cercana a los 50.000 millones (déficit público del 4,6% para 2016), cantidad que casi en su totalidad se traslada a una deuda pública que no deja de crecer, que se ha triplicado desde la llegada de la crisis y que se ha consolidado por encima del billón de euros. Sin PGE para 2017, el desfase entre gastos e ingresos públicos podría elevarse al 3,6% del PIB el próximo año (frente al 3,1% previsto), lo que puede exponer a España a una multa por parte de Bruselas de hasta 6.000 millones y la congelación de otros 1.350 millones de fondos europeos. Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, ve muy difícil reducir un desfase presupuestario en casi 15.000 millones en 2017, un desafío en toda regla para una sociedad como la española, que en modo alguno quiere volver a oír la palabra “ajuste”. “Es cierto que la economía tiene mucha inercia, pero hay decisiones que no se pueden aplazar indefinidamente. Hace falta un Gobierno que tome medidas de inmediato para afrontar los desafíos de nuestra economía”.

El ratio deuda sobre PIB se situará en 2016 en el 100,4%, por encima de las previsiones oficiales (99,14% del PIB), y en 2020 escalará hasta el 100,9%. Un problema de primera magnitud. Por otro lado, el servicio de la deuda (intereses) tenderá a ir en aumento en el inmediato futuro en tanto en cuanto la política del BCE con el precio del dinero tienda a normalizarse. Las posibilidades de una reducción significativa de la deuda a medio plazo son mínimas: la presión social, espoleada por el populismo rampante que, en mayor o menor medida, practican todos los partidos, incluido el PP, no deja de crecer en demanda de más y más gasto público, que seguirá creciendo en pensiones, sanidad y educación. Es el triunfo del Estado beneficencia. Algunos expertos parecen haberse instalado en la resignación: “No soy nada optimista de que el futuro Gobierno sea capaz de hacer las reformas que necesita el país, pero yo me daría por satisfecho con que al menos no deshaga lo que se ha hecho bien en el pasado, por ejemplo, que no se cargue la reforma laboral o que no suba impuestos directos”, asegura José Luis Feito, presidente del Instituto de Estudios Económicos. “Lo que me da realmente miedo son los compromisos que Mariano Rajoy, en el caso de que el PP vuelva a formar Gobierno, pueda adoptar para superar la investidura, porque si esos acuerdos son muy gravosos en términos de gasto público, esto se puede ir por la alcantarilla en poco tiempo. Ahí va a estar la clave”.

El proyecto loco de Pedro Nono

En un santiamén se iría por la alcantarilla el crecimiento en caso de que triunfara ese proyecto de mayoría parlamentaria alternativa al PP que Pedro Sánchez proyecta exponer ante el Comité Federal del PSOE el 1 de octubre para salvar, una vez más, su pellejo. La formación de un Gobierno con el respaldo de un “frente progresista” no es una hipótesis imposible en términos de aritmética parlamentaria, puesto que los 170 diputados de PP, Ciudadanos y Coalición Canaria que apoyaron la fallida investidura de Rajoy tienen en frente a los 180 del resto de grupos que la impidieron, 4 por encima de la mayoría de la Cámara, con los que sería posible constituir un gabinete alternativo. Pedro Nono parece dispuesto a aceptar todos los votos “disponibles” para cerrar el paso a un Gabinete Rajoy. La patulea de grupos integrados en Unidos Podemos daría su respaldo a la fórmula, y otro sí harían los independentistas catalanes, que podrían incluso hacerlo “gratis” en el convencimiento de que cualquier Gobierno que no esté liderado por Mariano será más proclive a sus tesis. Con el apoyo adicional de la minoría de izquierdas del Grupo Mixto, la fórmula podría reunir los diputados necesarios como para hacer incluso innecesario el apoyo del PNV.

Con el respaldo, al menos supuesto, de la militancia socialista y la cobardía congénita de los llamados “barones” regionales, el bello Pedro está dispuesto a saltar la banca, incluso a jugarse el default de España, con tal de salvar su culo. “¡Mantente firme, Pedro, aguanta las presiones y líbranos de Rajoy y del PP!”, le arengaba ayer mismo Miquel Iceta, actual capo del PSC. Es el instinto de supervivencia llevado a nivel superlativo y expuesto en plaza pública con total desvergüenza. Se trata de saber quién resiste más, si Pedro o Mariano. La jornada electoral de hoy en Galicia y País Vasco podría despejar no pocas incógnitas: la continuidad de Sánchez en Ferraz, la posibilidad de Rajoy de formar Gobierno, y el liderazgo futuro del PP tras el marianismo. Lo que no va a variar es la querencia de la sociedad española hacia el Estado como manantial capaz de solucionar todos sus problemas con más gasto público, una sociedad que vive de espaldas a aquella sentencia que el escritor y filósofo Ralph W. Emerson escribiera hacia 1860, según la cual “la única regla segura se encuentra en el metro ajustable de la oferta y la demanda. No legislen. Interfieran y harán saltar las fibras con leyes suntuarias. No concedan subsidios, sancionen leyes justas, aseguren la vida y la propiedad y no necesitarán dar limosna. Abran las puertas de la oportunidad y la virtud, y ellos se harán justicia a sí mismos y la propiedad no estará en malas manos”.

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