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La perversa moral de hacer caridad con lo ajeno. -María Marty/Elcato.org-

María Marty considera que la práctica de ser generoso con lo ajeno no es otra cosa que violar el derecho de propiedad y convierte a la víctima en delincuente.

Imagina este escenario. Llegas a tu casa luego de un intenso día de trabajo. Estás disfrutando de un merecido descanso y de aquellas cosas agradables que pudiste comprar gracias a tu propio esfuerzo.

Al rato escuchas un golpeteo en la puerta de entrada. Del otro lado te encuentras con un completo desconocido que dice ser tu vecino. Antes de que puedas saludarlo, te dice que viene a llevarse lo que le corresponde. Lo mirás con cara de “no entiendo de qué me hablas”, así que te repite, esta vez con mayor lentitud, que viene a reclamar su porcentaje de tus ingresos.

En ese momento comienzas a dudar si debes llamar a la policía, hasta que él mismo te amenaza con llamarla si no procedes a entregarle lo que te está exigiendo.

En un esfuerzo por mantener la calma le preguntas qué derecho tiene él a realizar ese reclamo, a lo que responde:

“Tengo cinco hijos a los que alimentar. Mi hermana, que no tuvo mi suerte, tiene que hacer un tratamiento de fertilización asistida para quedar embarazada. Mi hermano que es científico quiere investigar la evolución del mono sudamericano y su hijo de tres años, que es mi sobrino, tiene que ir al colegio. Tenemos necesidades que satisfacer, pero no los recursos. Así que tengo algunos derechos sobre usted, ¿no le parece?”, explica con cierto tono prepotente.

En ese momento te pellizcas para chequear que no estás alucinando, pero todo es muy real. Así que luego de salir de tu asombro, le cierras la puerta en la cara y continúas con tu vida normal.

Aquí está la cuestión de suma importancia: ¿por qué aquello que consideramos una locura viniendo de nuestro vecino desconocido, lo consideramos algo lógico y noble cuando el vecino desconocido, en vez de presentarse personalmente, manda a un intermediario llamado Gobierno?

¿Qué nos sucede que cada vez que se menciona la palabra “Gobierno” o “ley” todo se vuelve confuso y nuestro cerebro deja de funcionar? ¿Por qué esas dos palabras pueden, mágicamente, transformar toda inmoralidad e injusticia en algo completamente decente y justificado? ¿Por qué lo que no le permitiríamos normalmente a nuestro vecino se lo permitimos a quien justamente debería velar por nuestra propiedad y no arremeter contra ella?

En la realidad, la historia de arriba tiene un final muy diferente. El vecino entra en tu casa y se lleva lo que considera necesario. Antes de irse, te palmea la espalda y te dice que deberías estar orgulloso de cumplir con tu deber, a diferencia de otros delincuentes que deciden esconder sus ingresos para no colaborar.

Seamos honestos. Si el Gobierno y la Ley no estuvieran implicados, nadie dudaría en calificar la situación como un “robo” simple y llano. Pero la esencia de un acto no cambia porque el Gobierno y la Ley estén implicados. Como mucho, puede transformar la acción en legal, pero no por ello en moral.

Muchos de los argumentos que tratan de justificar el cobro de impuestos, alegan que el problema no está en su naturaleza coercitiva sino en lograr establecer un porcentaje “razonable” de impuestos a cobrar y en encontrar a un político honesto que haga una buena utilización de los mismos.

¿Qué es un porcentaje “razonable”? Nadie lo define. Lo razonable para el demócrata estadounidense, Bernie Sanders, puede diferir mucho de lo que pudo ser razonable para Thomas Jefferson. Lo que considera razonable Nicolás Maduro debe también diferir de lo que considera razonable el Primer Ministro de Australia.

“Razonable” puede ser un 2% o un 99% de los ingresos, dependiendo la inclinación política del gobernante de turno y su visión de cuáles son las funciones del Estado.

Por otro lado, se dice que el cobro de impuestos está justificado en la medida que se haga una buena utilización de los mismos. Pero nuevamente, “buena utilización” es un concepto muy amplio que requeriría que todos compartiéramos la misma escala de valores.

Con todas las necesidades insatisfechas que hay, ¿qué sería una buena utilización de los recursos? ¿Hacer una ruta en un lugar inhóspito o un nuevo hospital? ¿Mantener una línea aérea de bandera o aumentar los sueldos a los maestros? Una buena utilización según la visión de uno, puede ser una pésima utilización en la visión de otro.

Por último, está el argumento que se centra en la honestidad. Si el gobernante no es corrupto y no se roba lo recaudado, entonces el cobro de impuestos está justificado desde el punto de vista moral. Llevado al caso de nuestro ejemplo anterior: si el vecino reparte lo que se robó y no se queda nada para él, entonces su accionar está justificado.

Hemos llegado a una situación donde ya no nos preguntamos acerca de la naturaleza moral de los actos, sino simplemente acerca de su conveniencia y legalidad. El fin ha pasado a justificar los medios y la ley ha pasado a sustituir el concepto de derecho y justicia.

La política de ser generoso con lo ajeno —que no es otra cosa que la política de violar el derecho de propiedad— ha transformado al victimario en noble y a la víctima en delincuente. Ha generado, como era de esperarse, las consecuencias lógicas de su errada moralidad: desde evasión y paraísos fiscales, hasta vagancia, falta de productividad, huelgas y violencia.

La solución es volver a limitar al Gobierno y a la ley a su función objetiva, libre del peligro del capricho, visión o carácter moral del gobernante de turno. Su función de proteger el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de todos los individuos por igual.

Mientras siga jugando al que “parte y reparte (llevándose la mejor parte)” continuará arruinando sociedades. Y más rápido las arruinará cuanto más generoso con lo ajeno decida ser.

Este artículo fue publicado originalmente en PanamPost (EE.UU.) el 24 de mayo de 2016.

Ver artículo original:

La historia oculta de los paraísos. -José García Dominguez/Libremercado-

¿Por qué alguien que no se dedique a importar plátanos y que resida en Nueva York, Chicago, Lugo o Tenerife puede tener algún interés en constituir una sociedad anónima en el registro mercantil de Panamá o en cualquier otro remoto enclave del Pacífico? Descartadas las variantes más explícitas de la delincuencia común, la respuesta a ese enigma nos remite a los tiempos de la guerra de Vietnam. Aquella matanza no solo desquició a la sociedad norteamericana, sino que también acabó con cualquier posibilidad de equilibrio en las finanzas de Washington. La disyuntiva a la que se vio sometido Estados Unidos para poder asumir el coste del conflicto fue simple: o aceptar el colapso económico del país o transformarse en un paraíso fiscal. No había otra alternativa. Los déficits crónicos a que dio lugar Vietnam, déficits que luego se agravarían aún mucho más con las bajadas de impuestos de Reagan, abocaron a Norteamérica a un dilema crítico. Las grandes empresas necesitaban a toda costa financiarse con la emisión de bonos. Pero, en caso de colocarlos en el interior de Estados Unidos, tendrían que competir con la deuda del propio Estado, lo que dispararía los intereses por las nubes. La única salida viable era comercializarlos en Europa. Pero había, ¡ay!, un pequeño problema tributario. Cualquier bono americano estaba sometido a una retención fiscal del 30% sobre su rentabilidad. En cambio, cualquier activo similar comprado en el paraíso fiscal llamado City de Londres estaba sometido al 0% de impuestos, todo merced a la gran comedia de la soberanía ficticia de sus antiguas colonias en el Pacífico. La disyuntiva para un inversor europeo era sencilla: o pagar un 30% por un bono yanqui o no pagar nada por otro exactamente igual, pero inglés.

Kennedy tenía un problema: deseaba imperiosamente seguir manteniendo aquel tributo del 30% para costear la guerra, pero al mismo tiempo necesitaba imperiosamente que las corporaciones americanas consiguiesen financiarse en el extranjero. Un circulo imposible de cuadrar, salvo si los muy orgullosos Estados Unidos de América consentían rebajarse a actuar como cualquier república bananera del Tercer Mundo. Y a Kennedy no le quedó más remedio que consentirlo. Así fue como Norteamérica se transformó en un paraíso fiscal. La fórmula técnica del asunto se conoce desde entonces como el “sándwich holandés”. Las multinacionales americanas abrían una sucursal ficticia en las Antillas Holandesas, huelga decir que un territorio exento de impuestos, y emitían sus bonos desde allí. A su vez, un flamante tratado comercial internacional entre Estados Unidos y el Gobierno de las Antillas garantizaba que las matrices repatriasen todos los beneficios sin pagar ni un céntimo al fisco norteamericano. Así se hacía. Y así se sigue haciendo. Todo muy legal, por lo demás. Nadie se extrañe, pues, de que, según la Auditoría General de Estados Unidos, el 83% de las mayores empresas del país dispongan a estas horas de filiales en paraísos fiscales.

Y después están los precios de transferencia, que son la otra parte del juego. Supongamos que una empresa matriz con sede en Lugo – o en las islas Canarias – compra un bolígrafo Bic por un millón de euros a su propia filial en Panamá. La adquisición del carísimo bolígrafo provocará que la matriz lucense – o canaria – no obtenga beneficios contables ese año fiscal. Así que no tendrá que pagar nada a la hacienda española en concepto de Impuesto de Sociedades. Por su parte, la filial panameña habrá hecho el negocio del siglo con la venta del boli, pero tampoco tendrá que pagar nada de nada al fisco panameño, si es que existe tal cosa. A qué extrañarse de que, según un informe de la Auditoría Nacional de Gran Bretaña emitido en 2007, un tercio de las mayores empresas del país no hubieran pagado nada en concepto de impuestos durante el año anterior, 2006. Ni una mísera libra esterlina, nada de nada. Al otro lado del Atlántico, en la década de 1950, las grandes corporaciones empresariales norteamericanas pagaban aproximadamente dos quintas partes de los impuestos que se cobraban en Estados Unidos; a día de hoy, esa proporción se ha reducido a apenas una quinta parte. La presión fiscal, por lo demás, es la misma: lo que falta lo pagan los demás. Durante el Antiguo Régimen, es sabido, la aristocracia y el clero estaban exentos de pagar tributo alguno. Así, alegre y gozosa, transcurrió su existencia hasta que, llegado el siglo XVIII, compareció en la fiesta un tal Robespierre.

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