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La cara oculta de la violencia de género. -Manuel LLamas/LD-

El alud de críticas que levantó recientemente el magistrado del Tribunal Supremo Antonio Salas por atreverse a cuestionar el pensamiento único, la verdad revelada por la todopoderosa progresía patria, acerca de las causas que originan la mal llamada “violencia de género” vuelve a poner de manifiesto la terrible dictadura de lo políticamente correcto que, por desgracia, se ha instaurado en España. Todos aquellos que osen poner en duda ciertos dogmas ampliamente extendidos, aunque no por ello veraces, deben ser sacrificados en la pira del escarnio y la burla pública.

¿El delito de Salas? Señalar que el machismo no es, por sí solo, el único factor que explica el maltrato y los asesinatos cometidos en el ámbito de la pareja, así como criticar la desigualdad jurídica que instauró la Ley contra Violencia de Género aprobada por el Gobierno del PSOE en 2004. ¿La reacción de la opinión pública y publicada? Blasfemo, hereje, fariseo, machista, misógino… ¡A la hoguera!

Pero el “machismo” no es, ni de lejos, el único mantra que la izquierda, en general, y el feminismo, en particular, han logrado colar, tan hábil y sibilinamente, en el imaginario colectivo de los españoles. Así, en esta materia existen, al menos, tres verdades políticamente incorrectas poco difundidas y aún menos conocidas por el conjunto de la población.

1. España, a la cola en violencia de género

La primera y, quizá, más importante es que, a diferencia de lo que pudiera parecer, España es uno de los países con menor tasa de “feminicidios” del mundo (muertes violentas de mujeres). La violencia contra la mujer existe, sin duda, y, desde luego, constituye un grave problema que es preciso combatir, pero ello no quita que su incidencia real en España se sitúe a una gran distancia de la inmensa mayoría de países, incluidos los europeos.

El último Informe Internacional sobre la Violencia contra la Mujer que elaboró el Centro Reina Sofía arroja varios datos relevantes al respecto. “España es uno de los lugares más bajos en el ranking internacional sobre violencia en general y sobre violencia contra la mujer en particular”. Así, la tasa media de feminicidios cometidos por cualquier agresor superó los 19 por millón de mujeres en 2006 para el conjunto de los 44 países analizados, pero España ocupa el puesto 36, con 5,15 mujeres asesinadas, la mitad que en la UE (11,66) y ocho veces menos que en América (39,6).

El resultado es similar si se acota el análisis a los feminicidios cometidos en el ámbito de la pareja: la tasa media de los 35 países analizados se reduce, en este caso, a 5,04 por millón de mujeres mayores de 14 años, mientras que en la UE se sitúa en 3,94, lo cual contrasta con las 2,81 muertes por millón que registra España (puesto 24), a la cola de los países europeos.

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Cabe recordar que en 2006 ya había entrado en vigor la famosa Ley contra la Violencia de Género ¿Cómo ha evolucionado esta problemática desde entonces? Para ello se puede acudir a la macroencuesta que publicó en 2014 la Comisión Europea. Una vez más, los datos, correspondientes a 2012, son significativos: el 12% de las españolas mayores de 15 años reconoce haber sufrido “violencia física” al menos en una ocasión por parte de su pareja a lo largo de su vida, lo cual es terrible, pero la cuestión es que se queda lejos del 20% de media existente en la UE. De hecho, España ocupa el último puesto del ranking europeo en esta categoría, asociada directamente con el maltrato.

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Lo más curioso de este estudio, sin embargo, es que cuando se pregunta a los encuestados acerca de la percepción que tienen sobre la violencia de género en sus respectivos países, España se sitúa entre los primeros puestos, ya que el 53% piensa que este problema es “bastante común” y el 31% “muy común”, frente al 51% y el 27% de media que presenta la UE, respectivamente. De este modo, la apreciación social acerca de este drama es casi inversamente proporcional a su incidencia real. Pese a que la violencia contra las mujeres en España es baja, la sensación general de la opinión pública es que es muy alta; mientras que en los países del norte de Europa, donde la violencia es alta, su percepción es muy inferior.

¿A qué se debe esta divergencia? Tal y como recordaba el catedrático José Sanmartín Esplugues en el citado informe del Centro Reina Sofía, “los medios de comunicación no sólo pueden inducir imitación o insensibilización ante la violencia real, sino también -y sobre todo- lo que pueden hacer es sesgar la visión de la realidad, haciendo que se perciba, por ejemplo, más violenta de lo que ya es de por sí”. Pero más allá del papel de los medios, también es muy posible que este particular sesgo al alza tenga que ver con la mayor concienciación y sensibilización que, hoy por hoy, tiene la sociedad española con respecto al maltrato hacia las mujeres. En todo caso, sean cuales sean las causas de esta mayor percepción, los datos objetivos demuestran que el problema, aun siendo grave, es menos común de lo que se piensa.

2. La violencia de género permanece estable

De hecho, si se amplía la perspectiva histórica hasta el inicio de la democracia, que es cuando se instaura expresamente en España el principio jurídico esencial de plena igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, se descubre que la denominada violencia de género -antes, violencia doméstica- ha permanecido más o menos estable a lo largo de las últimas décadas. Así al menos lo demuestran las macroencuestas específicas sobre esta materia elaboradas periódicamente por el Gobierno.

En 1999, el 12,4% de las mujeres mayores de 18 años declaraba haber sufrido “frecuentemente” o “a veces” algún tipo de violencia familiar, desde reproches o hacer oídos sordos, hasta insultos, desprecios, enfados sin llevar razón o maltrato propiamente dicho, tanto físico como psicológico. En esta categoría se encuadrarían las denominadas maltratadas “técnicas”, aquellas que, pese a padecer una situación de mayor o menor sometimiento en el ámbito familiar, no se consideran a sí mismas como maltratadas. Su número ascendía en esa fecha a algo más de 2 millones de mujeres. Por otro lado, el porcentaje que sí reconocía abiertamente haberse sentido maltratada por algún familiar o pareja durante el último año se reducía al 4,2%.

Hasta 2006, su incidencia se redujo ligeramente hasta el 9,6% y 3,6%, respectivamente. Aunque en 2011 cambia en algunos aspectos la metodología de la encuesta, la problemática se mantiene en términos similares: el 9,7% de las mujeres de 18 o más años (1,9 millones) se encontraba en situación de maltrato técnico y el 3% se reconocía maltratada por su pareja o expareja (unas 590.000).

En la última encuesta disponible, la correspondiente a 2015, vuelve a cambiar la metodología, pero siguen sin observarse grandes variaciones en los resultados. Así, del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 12,5% sufrió algún tipo de violencia física y/o sexual de sus parejas o exparejas en algún momento de su vida; y el 2,7% (540.000) admitía haber sufrido violencia física y/o sexual de sus parejas o exparejas en el último año. Son datos muy similares a los que refleja la encuesta de la Comisión Europea de 2012 citada anteriormente.

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Hasta 2006, los datos se refieren a violencia doméstica y mujeres de 18 o más años en el último año; en 2011, a violencia por parte de parejas o exparejas en el último año; en 2015, a mujeres de 16 o más años que hayan sufrido violencia en el ámbito de la pareja alguna vez en su vida (maltrato técnico) o en el último año (maltrato reconocido).

Así pues, a pesar de los cambios metodológicos, se observa que la incidencia de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar o de pareja a lo largo de las últimas dos décadas oscila entre el 9% y el 12% si se alude a cualquier tipo de sometimiento o agravio, y entre el 2,7% y el 4% a maltrato explícito y reconocido por parte de la afectada en el último año.

Y lo mismo sucede cuando se analiza la evolución de mujeres víctimas mortales por violencia de género, cuyo número, por desgracia, ha oscilado entre los 60 y 70 casos anuales desde 1999, sin que la polémica Ley contra la Violencia de Género, cuya entrada en vigor se produjo en 2005, haya logrado reducir de forma esta lacra.

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Fuente: Asociación de Mujeres Juristas Themis (hasta 2001, Ministerio del Interior, Ministerio de Sanidad.

3. Incentivos para presentar denuncias falsas

La gran discrepancia, sin embargo, llega cuando se atiende el número de denuncias por maltrato. Según los datos oficiales, su evolución se mantuvo más o menos estable en los años 80 y 90, oscilando entre las 15.000 y las 20.000 denuncias anuales durante todo este período. Sin embargo, se disparan por encima de las 70.000 a principios de la pasada década para, posteriormente, casi volver a duplicarse a partir de 2005, coincidiendo con la puesta en marcha de la Ley contra la Violencia de Género.

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Fuente: Instituto de la Mujer; Ministerio del Interior; Poder Judicial

El primer salto tiene una explicación lógica y clara, ya que en junio de 1999 se aprobó una reforma que cambia varios artículos del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuestiones referidas a los malos tratos. Así, por primera vez, se contempla como delito el maltrato psicológico, que es una forma de violencia mucho más habitual que la física. Además, a diferencia de lo que sucedía hasta entonces, el delito de violencia contra la mujer se extiende también a los casos de exparejas, que antes se consideraban como una falta o delito ejercido por cualquier otro tercero. La inclusión de estos dos cambios se materializa en un aumento sustancial de las denuncias por violencia de género, ya que los casos de maltrato psicológico y por parte de exparejas empiezan a contabilizarse como tales.

Sin embargo, no sucede lo mismo con el salto que se registra en 2007, cuando las denuncias pasan de 70.000 en 2005 a más de 126.000, tras la aprobación de la Ley contra la Violencia de Género. La naturaleza de este cambio legal no consiste tanto en la recalificación de actos o comportamientos delictivos como en el pionero sistema de prevención y castigo a los maltratadores y el amplio régimen de protección y ayudas a las víctimas. Y ello, en base a un principio que vulnera de forma flagrante la igualdad ante la ley: la famosa “discriminación positiva”. La idea consiste en aplicar penas distintas en función de si el delito lo comete un hombre o una mujer, así como en conceder todo tipo de ayudas y ventajas a las denunciantes, antes incluso de que se dicte sentencia.

La norma ha sido criticada por numerosos y prestigiosos juristas, incluido el propio Consejo General del Poder Judicial, que en 2004 elaboró un informe muy crítico sobre la ley por introducir el principio de discriminación positiva a favor de la mujer, pero el Tribunal Constitucional acabó avalándola en 2008, aunque por escaso margen (siete votos a favor y cinco en contra). Entre otras medidas, crea tribunales exclusivos para resolver este tipo de delitos e invierte la carga de la prueba, presuponiendo la culpabilidad masculina, hasta que se demuestre lo contrario, con la mera denuncia de la presunta víctima.

Según señala la Asociación Europea de Abogados de Familia, uno de los resultados más perversos de su aplicación es que “las acusaciones por malos tratos planean sobre la mayoría de los procesos de separación, y muchos abogados se han especializado en introducirlos como elemento de presión”. Y añade que los incentivos para caer en este tipo de prácticas son numerosos:

– Con una simple denuncia, el expediente de separación pasa del Juzgado de Familia, civil, a Violencia de Género, penal.

– Se aplican una serie de medidas cautelares desproporcionadas, que van desde la orden de alejamiento a la salida inmediata del domicilio, la suspensión del régimen de comunicación y estancias con sus hijos. Todo esto antes de haber sido juzgados.

– La mujer que denuncia obtiene a los tres días una resolución en la que se le reconoce prácticamente al 100% de los casos la custodia de los hijos y una pensión alimenticia, así como el uso de la vivienda.

– La mujer que denuncia, aunque tenga medios económicos sobrados, puede beneficiarse de un abogado pagado por la Administración.

– Incluso sin denuncia, el uso torticero de esta Ley como instrumento de coacción influye, de manera determinante, en muchos de los acuerdos que se adoptan.

“Cualquiera que esté en contacto con la terrible realidad de las rupturas matrimoniales, los pleitos de divorcio, los pleitos por la custodia de los menores, los pleitos por la liquidación del régimen económico de gananciales, sabe hasta qué extremos la ley ha envilecido cualquier afecto conyugal”, indican desde la entidad. En la actualidad, “una de cada cuatro separaciones matrimoniales o de pareja va acompañada de denuncia por malos tratos, y en las que no, la amenaza de denuncia suele estar presente”, concluyen.

Los abogados de familia no son los únicos que denuncian este tipo de prácticas ilegales, perversas e inmorales. Las asociaciones de padres que reclaman la custodia de sus hijos, los hombres afectados por la Ley de Violencia de Género y hasta el Sindicato Independiente de la Policía coinciden en que existe un grave problema con el tema de las denuncias falsas, pero rara vez son escuchados y aún menos atendidas sus reclamaciones.

Desde el Poder Judicial se alega que el número de denuncias falsas es marginal, puesto que apenas supone el 0,008% del total, pero este dato se refiere exclusivamente a los escasos casos incoados por denuncia falsa y probados como tales. La cuestión, sin embargo, es que este mismo argumento se podría aplicar a las denuncias por violencia de género.

Así, según los propios datos del Consejo General del Poder Judicial, de las 129.000 denuncias presentadas en 2015, tan solo 29.000 acabaron en sentencia condenatoria, el 22% del total, mientras que el resto fueron sobreseídas o archivadas por falta de pruebas -el 12% fueron retiradas por las propias denunciantes-. Así pues, siguiendo este mismo criterio, también se podría decir que el 78% de las denuncias son falsas.

La verdad es que ni una cosa ni otra. Ni las denuncias falsas son testimoniales ni casi todas las que se presentan son falsas. Entre las cerca de 100.000 denuncias anuales que quedan exentas de condena por falta de pruebas habrá de todo, pero resulta bastante razonable pensar que una parte no pequeña de éstas son falsas como consecuencia de los perversos incentivos que introduce la ley. Sólo así se explicaría el repentino y sustancial incremento de denuncias entre 2005 y 2007.

Un ley injusta, inútil y dañina

A la vista de estos y otros datos, se pueden alcanzar una serie de conclusiones que, si bien son relevantes, son desconocidas para el gran público. En primer lugar, que, pese a la opinión generalizada que existe al respecto, España es uno de los países con menor tasa de feminicidios y de violencia de género del mundo. En segundo lugar, que este problema, pese a ser grave, se ha mantenido más o menos estable a lo largo del tiempo, si bien es cierto que la concienciación social y política sobre esta cuestión ha aumentado mucho, propiciando con ello cambios legales para endurecer las penas a los maltratadores y ampliar la protección a las víctimas.

Ahora bien, dicho esto, también es evidente que la Ley contra la Violencia de Género aprobada por el PSOE en 2004 y mantenida por el PP desde entonces constituye un engendro jurídico de naturaleza profundamente injusta e inconstitucional, puesto que vulnera el derecho fundamental de igualdad ante la ley. Un engendro que, además, ha resultado del todo punto inútil para reducir el número de víctimas.

Y lo peor es que, por el camino, ha generado toda una serie de incentivos perversos para presentar denuncias falsas con el fin de sacar rédito, ya sea económico o personal, dejando por el camino todo un reguero de víctimas masculinas invisibles, cuyas libertades y derechos básicos están siendo vulnerados. Las injusticias jamás se combaten con otras injusticias.

Ver artículo original:

Trump se rodea de genios, España de parásitos. -Manuel LLamas/Libremercado-

El discurso populista y demagógico del que hizo gala el nuevo presidente de EEUU, Donald Trump, durante la pasada campaña electoral contrasta con la practicidad, brillantez y sensatez que, al menos por el momento, ha demostrado el empresario neoyorquino para rodearse de auténticos genios y profesionales de gran valía con el fin de desempeñar sus futuras tareas de gobierno.

Todavía es pronto para vislumbrar la buena o mala marcha de la próxima Administración norteamericana, ya que siguen pesando, y mucho, las nefastas alharacas proteccionistas y antiinmigratorias que blandió Trump durante estos últimos meses para alcanzar la Casa Blanca, más allá de que el personaje es, en sí mismo, una incógnita de compleja resolución debido a sus habituales vaivenes y erráticas salidas de tono, pero como lo que realmente vale en política son los hechos y no las meras palabras, lo único que cabe decir, hoy por hoy, es… ¡chapó!

Excelentes, valientes, audaces, revolucionarios –en el buen sentido–… Sólo así se pueden calificar algunos de los nombramientos que ha efectuado el presidente republicano en materia económica. Profesionales de éxito y reconocido prestigio a nivel internacional, directivos y empresarios hechos a sí mismos, que han llegado a lo más alto en el sector privado, gestionando miles de millones de dólares, que saben lo que es crear empleo, generar riqueza y servir de la mejor forma posible a sus clientes para que sus empresas crezcan y sus accionistas ganen dinero.

Gente, en la mayoría de los casos, ajena por completo al sucio y turbio mundo de la política, que han decidido embarcarse en este nuevo proyecto por pura convicción personal e ideológica o un altruista sentido de servicio público. No en vano, muchos de ellos ya son millonarios y, por tanto, no entran en la política a estas alturas de su vida para enriquecerse, lo cual les dota, además, de una mayor capacidad de independencia y autonomía con respecto al propio Trump y las presiones externas que, seguro, recibirán durante el ejercicio de sus cargos.

He aquí algunos de los nombres más destacados:

– Rex Tillerson, secretario de Estado: el hasta ahora máximo ejecutivo de la petrolera estadounidense ExxonMobil será el nuevo jefe de la diplomacia estadounidense. Carece de experiencia previa en el mundo de la política, pero su día a día como ejecutivo consistía en negociar cara a cara con otros gobiernos y sátrapas de todo pelaje para poder operar en otros países y proteger los intereses de sus accionistas de los ataques perpetrados por otros estados, lo cual le convierte en un experto en geopolítica.

– Gary Cohn, director del Consejo Económico Nacional: el expresidente de Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, será el encargado de coordinar la política económica global de la Casa Blanca.

– Steven Mnuchin, secretario del Tesoro: tras trabajar en el mundo de la banca, se volcó en la industria cinematográfica, produciendo taquillazos de la talla de Avatar o El francotirador.

– Wilbur Ross, secretario de Comercio: con una larga trayectoria en Wall Street y una fortuna de 2.900 millones de dólares, es un inversor de reconocido y probado prestigio, sobre todo en el ámbito de la industria y las manufacturas.

– Betsy DeVos, secretaria de Educación: empresaria milmillonaria, es una firme defensora de la libertad educativa y del cheque escolar para que las familias puedan decidir la educación de sus hijos, ya sea pública o privada. En la actualidad dirige la American Federation for Children, que propugna la implantación del cheque escolar, y se declara una ferviente enemiga de los sindicatos de profesores.

– Linda McMahon, Administración de Pequeñas Empresas: cofundadora de la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), se encargará de facilitar la creación y el desarrollo de las pequeñas empresas

– Andy Puzder, secretario de Trabajo: responsable de la cadena de restaurantes CKE, es contrario a elevar el salario mínimo a nivel federal, una de las medidas estrella de Obama, y favorable a la automatización e implantación de nuevas tecnologías en la estructura productiva.

– Scott Pruitt, director de la Agencia de Protección Medioambiental: aunque no es empresario, ya que ocupaba el cargo de fiscal general de Oklahoma, es un firme defensor de la potente industria petrolífera y gasística, así como un convencido crítico de la calentología, la teoría de que el cambio climático es culpa del hombre y será catastrófico para el futuro del planeta.

– Rick Perry, secretario de Energía: exgobernador de Texas y contrario al intervencionismo estatal. Bajo su mandato, Texas se convirtió en un referente a la hora de generar riqueza y empleo mediante impuestos bajos y medidas liberalizadoras para atraer empresas, capital y talento.

– Elaine Chao, secretaria de Transporte: fue secretaria de Trabajo con George W. Bush y, desde 2009, ha sido una de las investigadoras más destacadas de la Fundación Heritage, el búnker intelectual de la derecha americana.

– Tom Price, secretario de Sanidad: de los pocos políticos de carrera que tiene su gabinete, este congresista por Georgia será el encargado de tumbar el Obamacare, la polémica y ruinosa reforma sanitaria que puso en marcha la Administración demócrata.

– Ben Carson, secretario de Vivienda: aunque compitió con Trump en las primarias republicanas, este neurocirujano retirado será el encargado de desarrollar la política de vivienda y urbanismo del Gobierno norteamericano. Lo más relevante de Carson en esta materia es que, curiosamente, pasó su infancia en una una zona marginal de Detroit y siempre se ha caracterizado por criticar los programas públicos de asistencia, ya que crean dependencia del Gobierno entre minorías de bajos ingresos. “Me interesa librarme de la dependencia y quiero que encontremos una forma de permitir que la gente destaque en nuestra sociedad, y conforme cada vez más gente oiga ese mensaje, reconocerá quién está de verdad de su lado y quién intenta mantenerlos oprimidos y cosechar sus votos”, afirma.

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Quartz

En total, los miembros del gabinete de Trump acumulan una fortuna próxima a los 10.000 millones de dólares, superior al PIB de muchos países del mundo. Pero la clave no es la mayor o menor riqueza que amasen, sino la experiencia, el perfil y el sobrado éxito que han demostrado en sus respectivas carreras.

El equivalente en España sería nombrar como ministros a Pablo Isla (Inditex), Juan Roig (Mercadona), María Dolores Dancausa (Bankinter) o Manuel Pizarro (expresidente de Endesa), por citar tan sólo algunos posibles ejemplos de empresarios y directivos con un historial brillante.

Reunión con los gurús tecnológicos

Pero es que, además, Trump también se ha rodeado de excelentes asesores procedentes de la potente y puntera industria tecnológica, como es el caso de Peter Thiel, liberal hasta la médula e impulsor de revolucionarios lanzamientos empresariales, como PayPal, Facebook, LinkedIn o Palantir, entre otros. El presidente electo de EEUU se reunió el pasado miércoles con la flor y nata del sector productivo más dinámico del mundo.

En una enorme mesa rectangular del piso 25 de la Torre Trump de Nueva York se sentaron casi todos los directivos de las empresas más representativas de este mercado: Apple (Tim Cook), Microsoft (Satya Nadella), Google (Larry Page y Eric Schmidt), Intel (Brian Krzanich), IBM (Ginni Rometty), Cisco Systems (Chuck Robbins), Amazon (Jeff Bezos), Facebook (Sheryl Sandberg), Tesla (Elon Musk) y Oracle (Safra Catz), entre otros.

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Business Insider

Esa mesa juntó a directivos encargados de gestionar cientos de miles de millones de dólares, de mantener cientos de miles de puestos de trabajo y, lo que es más importante, de facilitar y mejorar la vida de miles de millones de personas alrededor del globo gracias a la extraordinaria labor y servicios que ofrecen sus empresas, única y verdadera raíz de su éxito. Las empresas que representan valen hoy en bolsa cerca de 3 billones de dólares, el equivalente al PIB de Alemania y casi tres veces superior al PIB de España.

¿El mensaje de Trump? “Cualquier cosa que podamos hacer para ayudaros, vamos a estar aquí para vosotros”, “no hay nadie mejor que vosotros en todo el mundo”. Bezos se mostró “superentusiasmado” con la reunión, ya que, entre otras cosas, Trump prometió facilitarles la vida para que desarrollen sus negocios, incluyendo terminar con “barreras comerciales”, lo cual es muy significativo, dado el discurso proteccionista que exhibió el republicano en campaña. Se habló de empleo, regulaciones, temas migratorios, seguridad cibernética y la posibilidad de que los impuestos por los beneficios que pagan estas firmas fuera del país regresen a EEUU mediante una fiscalidad mucho más atractiva.

Ahora, hagan una pausa y piensen cuándo un presidente español ha organizado una reunión semejante con lo más granado del empresariado patrio para escuchar sus demandas y ofrecerles su ayuda para crecer. Y, por favor, olvídense del lamentable y bochornoso teatrillo que organizó Mariano Rajoy con algunos de los grandes directivos del Ibex en alguna que otra reunión en Moncloa durante la pasada legislatura, ya que esa cita era, simplemente, para hacerse la foto y lanzar su particular mitin.

Simplemente, no hay color. Trump será un demagogo, sí, y un populista, también, pero está demostrando ser un hombre inteligente, ya que es consciente de que debe rodearse de los mejores y saber escuchar a los mejores para tomar decisiones difíciles y complejas como presidente de la primera potencia mundial.

Es evidente que está todo por hacer y que el camino se hace andando. No se puede, por tanto, sacar conclusiones prematuras, pero comparen los perfiles citados con el Gobierno español y la nueva casta que está en camino. Hoy nos gobiernan funcionarios –apenas el 20% de los ministros ha tenido alguna experiencia en el sector privado–, sus amigos y políticos de carrera (trepas) que no conocen lo que es una empresa, que no han creado un puesto de trabajo en su vida y que han vivido única y exclusivamente del erario público. ¿Gente cualificada? Algunos ministros y secretarios de Estado sí, sin duda, pero, en todo caso, ajenos a la vida real, sumidos en una burbuja política que poco o nada tiene que ver con el día a día de trabajadores y empresas, los auténticos héroes de España.

Y ya no digamos la nueva castaPablo Iglesias, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, Irene Montero, Ramón Espinar, Diego Cañamero, Gabriel Rufián… ¿Seguimos? En el mejor de los casos, profesores e investigadores universitarios corrientes y molientes, pero muy de izquierdas, eso sí, junto a sindicalistas y activistas de carrera cuyo único talento es la labia para soltar una combinación de simplezas, necedades e improperios sin ningún fundamento. Charlatanes del siglo XXI, en definitiva, que se nutren del descontento social que ha generado la crisis y la corrupción, al tiempo que se aprovechan de la ignorancia e ingenuidad de muchos votantes –especialmente, jóvenes– para imponer algún día su particular utopía comunistoide y bolivariana a los españoles.

Pese a ello, lo más grave no es que la clase política nacional haya desarrollado su carrera en el sector público o a costa de dinero ajeno, no. Lo peor es la mentalidad parasitaria que pregonan todos, en mayor o menor medida, desde el PP hasta Podemos. No en vano, hoy por hoy, la única aportación de los partidos existentes a la política es cómo y cuánto robar a ricos, empresas y trabajadores vía impuestos para repartir este jugoso pastel de casi 500.000 millones de euros anuales entre empleados públicos, lobbies y masas de dependientes y paniaguados con el único fin de ganar votos y permanecer anclados al poder, pues ésa y no otra es la mejor y única carrera profesional a la que pueden aspirar, salvo contadas excepciones.

Ver artículo original:

España sufre el mayor nivel de deuda y déficit de los dos últimos siglos. -M.Llamas/Libremercado-

La deuda roza el 101% del PIB y el déficit supera el 5%. Con estos niveles, España siempre ha terminado quebrando o con alta inflación.

España entró en la crisis económica internacional con un problema de deuda privada, pero hoy buena parte de las preocupaciones que reflejan inversores y analistas se centra en la abultada deuda que acumula el sector público.

La deuda del conjunto de las administraciones subió en junio en 18.549 millones de euros, hasta situarse en un total de 1,107 billones de euros, por encima del umbral del 100% del PIB, registrando así un nuevo máximo histórico, según los últimos datos del Banco de España. En concreto, según las estimaciones del Ministerio de Economía, la deuda pública alcanzó en junio el 100,9% del PIB, ratio que se encuentra por encima del objetivo del Gobierno para todo el año, situado en el 99,14%, de acuerdo con el último Programa de Estabilidad.

¿Mucho o poco? En el caso de España, se trata de una cifra récord. Si se amplía la perspectiva temporal, habría que retroceder hasta principios del siglo XX para encontrar un nivel más alto. En concreto, la deuda registra hoy su punto más elevado desde 1910.

La serie histórica consultada por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), que se inicia en 1850, sitúa el punto más alto de la deuda pública en 1875, con un nivel cercano al 170% del PIB. A partir de ese año, se produjo una gran reducción hasta niveles inferiores al 80% del PIB. Pero, posteriormente, en la última década del siglo XIX, se produjo un nuevo rally alcista hasta volver a superar el 120% del PIB una vez estrenado el siglo XX.

La deuda más alta desde 1910

La serie histórica consultada por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), que se inicia en 1850, sitúa el punto más alto de la deuda pública en 1875, con un nivel cercano al 170% del PIB. A partir de ese año, se produjo una gran reducción hasta niveles inferiores al 80% del PIB, pero, posteriormente, en la última década del siglo XIX, se inició un nuevo rally alcista hasta volver a superar el 120% del PIB una vez estrenado el siglo XX.

“La actual dinámica de deuda se encuentra todavía lejos de los peores episodios de nuestra reciente historia económica -asociados a la I Guerra de Cuba de 1868-1878 en el reinado de Alfonso XII y a la II Guerra de Cuba-Crisis de 1898 durante la regencia-reinado de su hijo Alfonso XIII-, presenta una inquietante pendiente de crecimiento, muy por encima del promedio del siglo pasado”, tal y como advierten los analistas de Funcas.

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En este sentido, cabe recordar que la deuda pública rondaba el 35% del PIB en 2007 y hoy supera el 100%, con lo que ha aumentado en más de 65 puntos porcentuales, una cifra equivalente a casi 700.000 millones de euros. Este elevado stock de deuda implica, además, “serios problemas” para la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Por un lado, genera elevadas necesidades de refinanciación en los mercados de capitales, incrementando con ello la “vulnerabilidad de la economía española, tal y como se hizo patente durante la crisis de deuda soberana de la zona euro a partir de 2010”. No en vano, el Tesoro español tiene que pedir fondos por valor de más de 200.000 millones de euros (20% del PIB) cada año para cubrir los abultados vencimientos de deuda. Y , por otro, aunque los tipos de interés son muy bajos, el pago de intereses supera el 3% del PIB, más de 35.000 millones de euros al año, debido al elevado volumen de deuda.

Y el déficit más elevado desde 1850

Pero es que a este histórico nivel de deuda se suma, además, un inédito agujero fiscal. Tomando como referencia esa misma serie histórica, nunca se había visto tal magnitud de déficit público desde 1850. Como consecuencia, España sufre hoy el mayor desequilibrio de las cuentas públicas de los dos últimos siglos.

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Así pues, según Funcas, “no cabe duda de que las finanzas públicas caminan en una senda temporal difícilmente sostenible si no se profundiza en el proceso de consolidación fiscal”. Lo más preocupante, sin embargo, es que, ante situaciones similares, la vía escogida por el poder político ha sido otra muy distinta. En lugar de corregir el déficit y estabilizar el nivel de deuda, España presenta una “interminable” lista de episodios, desde 1500 hasta la Guerra Civil, que ha terminado en “quiebras, impagos del servicios de la deuda, quitas, canjes y reestructuración de la deuda pública soberana, y utilización del impuesto inflacionario”:

  • Felipe II: 1557, 1560, 1575, 1597
  • Felipe III: 1607
  • Felipe IV: 1627, 1647, 1652, 1662
  • Carlos II: 1666
  • Carlos IV: 1798
  • Cortes de Cádiz: 1812-1813
  • Fernando VII: 1814, 1817, 1823, 1825, 1828
  • Isabel II: 1835, 1841, 1844, 1851, 1867
  • Sexenio Democrático y I República: 1871
  • Alfonso XII: 1876, 1881
  • Alfonso XIII: 1900, 1915-1919, 1927-1928
  • II República: 1935, 1939

Es decir, hasta ahora, la historia demuestra que España ha optado de forma recurrente al impago de la deuda (quiebra) o a una elevada inflación -con el consiguiente empobrecimiento de la población- para reequilibrar sus cuentas públicas en lugar de aplicar impopulares ajustes en materia de gasto y/o impuestos. ¿Será esta vez diferente?

Tres condiciones para reducir la deuda

Para estabilizar y reducir la deuda sin caer en la quiebra o en la trampa inflacionaria, España tendría que cumplir tres condiciones:

1. La tasa de crecimiento nominal de la economía tiene que ser superior al tipo de interés nominal de la deuda pública, para evitar el denominado efecto ‘bola de nieve’, lo cual acaba de empezar a suceder gracias a la paulatina recuperación del PIB.

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2. Se tienen que generar superávits públicos primarios (descontando el pago de intereses de la deuda). Aunque España ha mejorado este indicador desde 2009, cuando el déficit primario se situó en el 9,3% del PIB, siguió presentando un agujero del 1,6% en 2015.

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3. Y, por último, se deben eliminar aquellas emisiones de deuda que no computan como déficit público y, por tanto, no se deben a la diferencia existente entre ingresos y gasto público. España también se encuentra hoy en una situación delicada en esta materia, ya que emite un elevado volumen de deuda para para financiar ciertas partidas ajenas al presupuesto público, como, por ejemplo, los distintos mecanismos de rescate europeo para asistir a otros países del euro, el fondo de rescate bancario (FROB) o las herramientas financieras para auxiliar a CCAA y ayuntamientos, entre otros.

Mientras estos tres factores no se produzcan, será muy difícil que España lograr estabilizar el nivel de deuda, aumentando con ello la vulnerabilidad del país ante el surgimiento de nuevas tormentas económicas y financieras.

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