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De la ley y el coraje. -HermannTertsch/ABC-

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Nombramiento e independencia de los jueces. -Emilio Campmany/LD-

Donnald Trump acaba de designar al juez que ha de cubrir la vacante del fallecido Antonin Scalia en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Habiéndose negado el Senado a considerar siquiera la confirmación del candidato de Obama, hubo quienes votaron a Trump, a pesar de repugnarles el personaje, para que fuera un republicano quien cubriera la plaza y garantizara que el tribunal seguiría siendo de mayoría conservadora. El presidente ha elegido a un buen juez, Neil Gorsuch, que tiene sin embargo el intolerable defecto de interpretar las leyes por lo que dicen y no por lo que a la izquierda le gustaría que dijeran.

Alguna vez que me he quejado de la escasa independencia de la que disfruta el Poder Judicial entre nosotros porque a los altos cargos de la Magistratura los nombran los políticos, me han afeado el comentario alegando que eso ocurre igualmente en Estados Unidos y nadie duda de la limpieza de su democracia. Es verdad que Norteamérica disfruta de una gran democracia, pero en ella el modo en el que se garantiza la independencia del Poder Judicial no es lo más brillante. En cualquier caso, los nombramientos que se hacen en Estados Unidos son vitalicios, mientras que aquí los cargos más importantes se eligen por tiempo determinado. Esto permite repartir premios y castigos según se hayan portado los designados al final de sus mandatos. En segundo lugar, en Estados Unidos muchos de los nombramientos del presidente tienen que ser ratificados por el Senado. Se me dirá que aquí a veces el Congreso y el Senado eligen a los magistrados del Tribunal Constitucional o a los miembros del Consejo del Poder Judicial. La diferencia es que allí los senadores son independientes y responden ante sus electores, mientras que aquí diputados y senadores tan sólo responden ante el partido, que es el que decide si van o no en las listas.

Por último y más importante, aunque allí los jueces resuelvan según su ideología, no lo hacen conforme a las órdenes de los políticos. Aquí también hay magistrados conservadores y progresistas en los altos tribunales, pero no para resolver conforme a sus ideas, sino para obedecer las instrucciones de los partidos que los nombraron. Pondré un ejemplo. Al Gobierno del PP le convino en una ocasión que el Tribunal Supremo ilegalizara a Herri Batasuna, y el Supremo la ilegalizó. Y luego a ese mismo Gobierno, que estaba negociando con ETA, le interesó que el Tribunal Constitucional revocara la sentencia del Supremo, y el Constitucional la revocó. Éstas no fueron resoluciones conservadoras o progresistas, fueron resoluciones obedientes.

El PSOE es el responsable de esta situación, pero el PP ha prometido en dos ocasiones repararla y no lo ha hecho. Al contrario, tanto Aznar como Rajoy han abusado cuanto han podido del sistema, sin importarles echar encima de la Justicia más barro del que ya le echó el PSOE. El sistema de nombramiento de jueces para altos tribunales no es lo mejor que tienen en Estados Unidos, pero que el equívoco no quede entre nosotros: el nuestro es peor.

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El mapa de la corrupción: solo una quinta parte de los condenados está en prisión. -R.R.Ballesteros/EC-

El Poder Judicial comienza a contabilizar datos estadísticos sobre procesados, condenados, causas abiertas y penados por delitos de malversación, cohecho o tráfico de influencias.

Solo una quinta parte de los condenados por corrupción con sentencia firme se encuentran en prisión o sujetos al régimen penitenciario. En concreto, según datos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), apenas hay actualmente 82 personas cumpliendo condena en alguna cárcel española por delitos como malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación u otro tipo de ilícitos vinculados a la corrupción. Sin embargo, entre julio de 2015 y septiembre de 2016, los tribunales españoles condenaron a 399 personas —es decir, cinco veces más— con sentencia firme por estos delitos, como refleja la información del Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia, uno de los organismos que han proporcionado las cifras hechas públicas hoy por el Poder Judicial en relación a la lucha judicial contra la corrupción.

Fuentes jurídicas explican que el número de condenados se refiere al mencionado periodo de cinco trimestres, por lo que es posible que algunos de los que cumplen su pena actualmente en los centros penitenciarios hayan sido sentenciados antes de julio de 2015. El bajo número de penados sujetos al régimen penitenciario (algunos en prisión y otros en segundo o tercer grado) se debe, según las mismas fuentes, a que en algunos casos las condenas no superan los dos años de duración, con lo que la ley permite que los sentenciados no ingresen en prisión si no han tenido antecedentes penales previos. Asimismo, también se puede explicar porque algunos corruptos pueden ser condenados a penas diferentes a las de cárcel.

Además de los 82 presos condenados en sentencia firme, hay otros cinco reclusos preventivos. Se trata, en concreto, de cinco personas sobre las que aún no recae condena firme, pero la autoridad judicial ha ordenado su encarcelamiento porque cumplen con los requisitos que exige la ley, como la existencia de un determinado riesgo de fuga o la posibilidad de que se produzca reiteración delictiva. Uno de esos cinco es el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, investigado en el marco del caso Púnica que instruye la Audiencia Nacional.
Solo una quinta parte de los condenados por corrupción con sentencia firme se encuentran en prisión o sujetos al régimen penitenciario. En concreto, según datos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), apenas hay actualmente 82 personas cumpliendo condena en alguna cárcel española por delitos como malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación u otro tipo de ilícitos vinculados a la corrupción. Sin embargo, entre julio de 2015 y septiembre de 2016, los tribunales españoles condenaron a 399 personas —es decir, cinco veces más— con sentencia firme por estos delitos, como refleja la información del Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia, uno de los organismos que han proporcionado las cifras hechas públicas hoy por el Poder Judicial en relación a la lucha judicial contra la corrupción.
Fuentes jurídicas explican que el número de condenados se refiere al mencionado periodo de cinco trimestres, por lo que es posible que algunos de los que cumplen su pena actualmente en los centros penitenciarios hayan sido sentenciados antes de julio de 2015. El bajo número de penados sujetos al régimen penitenciario (algunos en prisión y otros en segundo o tercer grado) se debe, según las mismas fuentes, a que en algunos casos las condenas no superan los dos años de duración, con lo que la ley permite que los sentenciados no ingresen en prisión si no han tenido antecedentes penales previos. Asimismo, también se puede explicar porque algunos corruptos pueden ser condenados a penas diferentes a las de cárcel.

Además de los 82 presos condenados en sentencia firme, hay otros cinco reclusos preventivos. Se trata, en concreto, de cinco personas sobre las que aún no recae condena firme, pero la autoridad judicial ha ordenado su encarcelamiento porque cumplen con los requisitos que exige la ley, como la existencia de un determinado riesgo de fuga o la posibilidad de que se produzca reiteración delictiva. Uno de esos cinco es el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, investigado en el marco del caso Púnica que instruye la Audiencia Nacional.

En el mismo periodo, los tribunales españoles procesaron (o dictaron auto de apertura de juicio oral) por corrupción a 1.378 personas, 1.060 hombres y 318 mujeres, 1.174 españoles, 34 del resto de la Unión Europea y 170 extracomunitarios. La mayoría de ellos se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional. En concreto, 272 procesados darán explicaciones ante los juzgados centrales del alto tribunal. El resto lo harán en los tribunales regionales, sobre todo ante los catalanes, en cuyos banquillos de acusados se sentarán 303 personas por delitos de corrupción. Son los juzgados que más presuntos corruptos han procesado, seguidos de los andaluces, con 153 acusados.

Los casi 1.380 procesados están encausados en 166 procedimientos penales diferentes, la mayoría de ellos abiertos en Andalucía y la Comunidad Valenciana, donde se dirimen 21 y 20 causas por corrupción contra dos centenares de personas. En Cataluña, a pesar de contar con más de 300 procesados, los procedimientos son apenas 17. En el lado contrario, Navarra encabeza el ‘ranking’ de comunidades con menos procesos judiciales que han superado la fase de auto de apertura de juicio oral, con ningún procedimiento. Sin contar los juzgados centrales (Audiencia Nacional), los tribunales regionales tienen 155 procedimientos en la mencionada fase procesal.

En los cinco trimestres analizados por el Consejo del Poder Judicial, por otra parte, los tribunales españoles dictaron 99 sentencias vinculadas a delitos de corrupción. De ellas, 72 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 72,7% del total, según los mencionados datos publicados en la web del CGPJ.

Con la publicación de este repositorio de datos, que se irá actualizando cada trimestre, el Poder Judicial pretende trasladar “la imagen real” de la actuación de los tribunales contra la corrupción en España. Por primera vez, según destacó el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ayer durante la presentación de las estadísticas, se hacen públicas todas estas cifras, para cuya recopilación ha sido necesaria la colaboración del Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior o de la Generalitat de Cataluña, entre otras instituciones.

En la citada presentación, tanto Lesmes como la vocal del Poder Judicial Mar Cabrejas han destacado la labor “independiente e imparcial” de los jueces. Según Cabrejas, el trabajo de los magistrados está llamado a “controlar desde el derecho a hacer efectiva la idea del Estado constitucional como sistema de límites y de vínculos impuestos al ejercicio de cualquier poder”.

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