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Santiago Navajas – Rallo y sus ‘haters’ – Libre Mercado

Al economista libertario le salen enemigos por doquier entre colegas resentidos y envidiosos.

Qué es un hater? Dícese de aquellas personas que muestran de forma sistemática actitudes negativas u hostiles ante cualquier asunto. Si Oscar Wilde tiene razón (“Como no fue genial, no tuvo enemigos”), entonces Juan Ramón Rallo está en trance de convertirse en un genio porque cada vez tiene más haters. Así, Marcel Jansen, profesor asociado en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y blogger de Nada es Gratis, prefirió creer que Rallo tenía motivaciones torticeras y no que simplemente se equivocó en los datos o hizo una interpretación heterodoxa de los mismos.

Todo venía a cuento de que Rallo había publicado algunos artículos en los que defendía que la desigualdad en algunos casos podría aumentar la producción y la felicidad debido a un arriesgado concepto explicativo, el factor esperanza, es decir, el incentivo que podría suponer para las personas que están en la parte más baja de la escalera social contemplar cómo han llegado otras a la parte más alta por sus propios méritos. Por ejemplo, Amancio Ortega sería un poderoso incentivador precisamente por la desigualdad que provoca su actividad empresarial –replicable, al menos como hipótesis, por cualquiera–, mientras que ocurriría justamente lo contrario con los plutócratas saudíes, que basan su riqueza en el pillaje institucional.

Rallo extrae como corolario de la hipótesis una serie de conjeturas que evitan tener que plantear la redistribución igualitarista como un dogma y la valoran, simplemente, como una tesis discutida y discutible basada en cierta evidencia extraída de una investigación.

No está claro si la deshonestidad que se atribuye a Rallo tiene más que ver con la inconsistencia con los hechos o con el desprecio absoluto a los mismos (la célebre postverdad tan de moda). Con un idiota a tiempo parcial o un sinvergüenza full time. Aunque más bien lo que se aprecia es un choque de paradigmas en el que los críticos se deslizan hacia el haterismo debido a una serie de características que Paul Romer identifica como decisivas en la configuración de escuelas académicas como sectas (su inspiración fue un documental sobre la Cienciología): enorme autoconfianza; comunidad monolítica; sentido de identificación con la religión o la política; sentido extremado de la frontera entre el grupo y otros expertos (lo que les lleva a minusvalorar, despreciar y atacar a los de fuera); sesgo optimista respecto de las pruebas que confirman sus tesis; y, por último, incapacidad para evaluar el riesgo asociado a su programa de investigación. En resumen, según Romer, gran parte de la élite académica se dedica en los papers (el anglicismo que se suele usar para los artículos publicados en revistas académicas) a: Presupongo A, presupongo B, bla bla bla, con lo que de esta manera probamos que P es verdadero.

El profesor Manuel Hidalgo y algunos colegas escribieron un artículo anti Rallo en el que criticaban sus ideas (¡bien!) y trataban de desacreditarlo personal y profesionalmente (¡mal!). Por esta senda de la falacia ad hominem abierta por Hidalgo & Co. se deslizaron otros comentaristas económicos vinculados a la izquierda, como Pedro Fresco, que de manera divertida justifican la falacia insistiendo en ella. Al final, tanta acusación de deshonestidad y desvergüenza no va a ser sino el típico mecanismo freudiano de transferencia, por el que se vuelcan sobre otra persona características psicológicas propias reprimidas.

En realidad, el problema es otro: la cuestión de la primacía intelectual en la arena pública. Explicaba Robert Nozick que la crítica de muchos intelectuales al capitalismo proviene de la disparidad entre cómo la escuela y el mercado otorgan los laureles del éxito. Mientras que la escuela es meritocrática según el criterio de los forjadores de palabra, el mercado premia habitualmente habilidades distintas. Al intelectual le gustaría que el mercado funcionase como la escuela y que se le reconociera en él la misma primacía.

De modo parecido, los haters de Rallo parecen envidiar su primacía en los medios, que no se corresponde con la importancia académica que ellos se y le atribuyen (recuerden a Romer). Jansen muestra qué es lo que envidia de Rallo: su influencia en los políticos; y trata de reducir la variedad plural de toda disciplina académica a un mono(po)lí(s)tico grupo, al que denomina “la profesión”, algo así como el Club de los Economistas Progresistas, que tendría bula para repartir carnets de pertenencia a la misma como si fuese un gremio medieval, la vanguardia del proletariado o André Breton presto a expulsar a Salvador Dalí del movimiento surrealista (el español se burlaba a lo grande de los comunistas franceses: “El surrealismo soy yo”).

Los críticos han devenido haters, volviendo su tesis contra sí mismos, por una visión ingenua tanto de la ciencia como de los medios de comunicación. Han concretado en Rallo una crítica generalizada contra el proceder en las tribunas mediáticas porque a su modo de ver en ellas no se alcanza el grado de rigor y fundamentación propio de los papers. Lo que supone, en primer lugar, pasar por alto las limitaciones inherentes a la prensa. Pero también, y esto va a la esencia del asunto, una confusión epistemológica fundamental, porque ni la evidencia disponible en las ciencias sirve de criterio de demarcación entre propuestas honestas y deshonestas, ni es la ideología lo que establece falacias de sesgo en unos casos sí mientras y en otros no.

Sin llegar a la tesis radical de Willard V. O. Quine sobre la relatividad ontológica y la indeterminación empírica de las teorías científicas, sí cabe establecer que la evidencia (que habría que escribir siempre en cursivas) es por la propia naturaleza de la investigación empírica siempre difusa, por usar un término suave. Alguien tan poco sospechoso de anarquismo científico como Karl Popper sostuvo:

La base empírica de la ciencia objetiva no tiene, por consiguiente, nada de absoluto. La ciencia no descansa en una sólida roca. La estructura audaz de sus teorías se levanta, como si dijéramos, sobre un pantano. Es como un edificio construido sobre pilotes. Los pilotes son instalados desde arriba en el pantano, pero no en una base natural o dada; y si no hincamos los pilotes más profundamente no es porque hayamos tocado ya suelo firme. Simplemente paramos cuando nos satisface la firmeza de los pilotes, que es suficiente para soportar la estructura, al menos por el momento.

Y Hugh Everett III, un físico que tuvo que soportar el bullying de la casta de la mecánica cuántica cuando propuso una nueva interpretación de la misma basada en el supuesto de la existencia de universos paralelos, advirtió:

Una vez aceptamos que cualquier teoría física es en esencia solo un modelo que nos hacemos del mundo de la experiencia, tenemos que renunciar a toda esperanza de encontrar la teoría correcta… ya que la totalidad de la experiencia nunca nos será accesible.

Lo que no significa que haya que rendirse a la búsqueda de la verdad, pero sí reconocer socráticamente que dicha verdad es un ideal regulativo, una meta a la que podemos aproximarnos pero que nunca llegaremos a alcanzar. Por lo que es necesario evitar toda actitud inquisitorial ante modelos diversos y tener mucho cuidado a la hora de hablar de la evidencia, porque la nueva experiencia puede desmontar todo lo que creíamos saber hasta el momento.

Si por el lado de la evidencia empírica cabe la discusión, por la parte de los postulados valorativos de las ciencias sociales también hay que tener precaución a la hora de acusar a los adversarios de ser sesgados. Porque en toda teoría económica hay un modelo estructural previo que concede más peso a unos determinados valores morales que a otros, lo que se manifiestan en forma de intuiciones que guían las apuestas teóricas. Es lo que estaba en la base de la polémica entre Hayek y Keynes sobre el grado de regulación del mercado por parte del Estado. Polémica que sigue manifestándose en el caso Rallo vs. Haters. Discusiones científicas en las que, sin embargo, se suelen mezclar la sacrosanta búsqueda de la verdad, cuestiones de honrilla profesional, simpatías personales, intereses crematísticos o, simplemente, la querencia por la polémica.

En última instancia, por tanto, no es una discusión económica sino un problema sobre la estructura moral de dichas discusiones. Pero no en el sentido de que unos sean más deshonestos o tengan más desfachatez –como en el caso de Sánchez Cuenca contra Savater, Vargas Llosa, Azúa…, (des)calificativos arrojados por el primero como si fuesen aceite hirviendo desde las almenas de una presunta superioridad buenista–, sino de tener prioridades axiológicas que guíen la mirada científica. Lo que diferencia, en última instancia, a la ciencia de la pseudociencia, a los investigadores de los charlatanes, es el sometimiento al dictado de los experimentos irrefutables. Lo que no es óbice para que, como en el caso de Einstein respecto de la mecánica cuántica, se siga tratando de reinterpretar los datos para que se acomoden a cosmovisiones metafísicas.

Que Rallo es un libertario es algo bien conocido. Y, del mismo modo que Krugman en un paradigma diferente, sus artículos resultan provocadores, al mismo tiempo estimulantes e indignantes según se compartan unos postulados políticos que se entrecruzan con los económicos. Es lo que tiene bajar a la arena mediática. Mientras en el Parnaso académico puede pasar más inadvertido tu modelo estructural (utilitarista, liberal, comunitarista, consecuencialista, de género, religioso…), en la trinchera mediática pasa a cobrar mayor relevancia. Una posible alternativa es la que practican científicos como el epidemiólogo Gonzalo López Abente, tan alérgico a la prensa que no sólo pide precaución a la hora de extraer conclusiones de sus datos, dada la tendencia al alarmismo que es intrínseca a los medios, sino que suele negarse a explicar sus resultados a los periódicos porque cualquier edición de sus matizadas reflexiones sería motivo de titular en negrita (otra cosa es conceder entrevistas en revistas especializadas, donde no hay necesidad de edición ni de recortes).

El mencionado politólogo Sánchez Cuenca, que como ellos mismos han reconocido ha servido de modelo de escritura a los haters de Rallo, escribe en su panfleto La desfachatez intelectual:

En cualquier combate cuerpo a cuerpo, las ideas y los argumentos ceden ante el ataque personal.

Pero del mismo modo que los intelectuales españoles que critica, finalmente el propio Sánchez Cuenca es culpable del “machismo discursivo” que denuncia en los demás. Siguiendo el patrón torcido de Sánchez Cuenca, los autores pretendían hacer una requisitoria contra la charlatanería económica en los medios de comunicación pero han terminado atrapados en su propia red de sofismas. Sólo nos cabe desear que tanto Juan Ramón Rallo como Manuel Hidalgo sigan escribiendo en la prensa sus interesantes, lúcidos y documentados artículos, en los que presentan perspectivas y versiones tan diversas. Porque en la pluralidad de maneras de hacer mundos y en la cortesía irónica de los debates reside en última instancia la riqueza tanto de las ciencias como de las democracias y de sus baluartes populares, los periódicos.

Origen: Santiago Navajas – Rallo y sus ‘haters’ – Libre Mercado

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Rescate de las autopistas: infame capitalismo de amigotes. -J.R.Rallo/El Confidencial-

Capitalismo es propiedad privada de los medios de producción. Liberalismo es respeto a los derechos individuales de las personas, incluida su propiedad privada pacíficamente adquirida. Capitalismo liberal, por consiguiente, es un sistema político-económico donde, por un lado, los medios de producción son privados y, por otro, se respeta escrupulosamente cada una de esas propiedades privadas.

Apenas esta breve descripción nos servirá para darnos cuenta de que en España no disfrutamos de capitalismo liberal: los medios de producción son de propiedad privada, sí, pero la propiedad privada de muchas personas es frecuentemente parasitada vía impuestos y regulaciones para privilegiar la propiedad privada de otros grupos cercanos al poder político. Acaso por ello, a este capitalismo de corte antiliberal suela denominársele ‘capitalismo de amigotes’, ‘capitalismo clientelar’ o, simplemente, neomercantilismo.

El reciente rescate estatal de las autopistas R-2, R-3, R-4, R-5, M-12, AP-41, AP-36, AP-7 Cartagena-Vera y AP-7 Circunvalación de Alicante es un buen ejemplo de este capitalismo radicalmente antiliberal que padecemos. Durante los felices años de la burbuja, nuestros omniscientes gobernantes quisieron sumarse a la orgía de la construcción asfaltando media España. Así, por ejemplo, el Plan de Infraestructuras 2000-2007, aprobado por el Gobierno de Aznar, recogía la construcción de varias de estas vías hoy quebradas (como la R-2, R-3, R-4 o R-5): es decir, desde un comienzo estuvimos ante un plan político, motivado por intereses igualmente políticos, para crear una serie de infraestructuras con muy poca lógica económica.

Pero si el capricho de inaugurar estas vías era político, ¿por qué terminaron construyéndolas y gestionándolas empresas privadas como Abertis, ACS, Sacyr o Acciona? Pues porque los políticos no quisieron dotar ese enorme gasto público en sus presupuestos: nada más sencillo que delegar sobre las espaldas del sector privado ese desembolso a cambio de otorgarles el derecho a explotar comercialmente esas infraestructuras. Hasta aquí, empero, nada especialmente criticable: un equipo político con aires de grandeza quiere construir unas determinadas infraestructuras, les propone a varias empresas privadas hacerse cargo de las obras y estas, tras efectuar sus cálculos de rentabilidad, aceptan el encargo. Pero, obviamente, la historia no termina aquí.

El encargo político a estas empresas privadas se hizo por el método de la ‘concesión pública’: es decir, el Estado seguía siendo formalmente propietario de las autopistas pero les concedía a sus constructores el derecho temporal a explotarlas comercialmente; finalizado el plazo (de hasta 40 años), las empresas concesionarias quedaban obligadas a hacer entrega a la Administración de todas las obras “en buen estado de conservación y uso”. Es decir, el Estado autorizó a construir y explotar tales autopistas y al cabo de varias décadas proyectaba quedárselas sin pagar nada por ellas. Maravilloso intercambio de cromos. Pero había una excepción a esta regla general que enturbiaba este crimen perfecto: si la concesión se resolvía de manera anticipada —por ejemplo, por insolvencia sobrevenida de la empresa concesionaria—, el Estado debía quedarse con las autopistas antes de plazo y, en consecuencia, indemnizar a las empresas concesionarias de acuerdo con “el importe de las inversiones realizadas por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación de la obra objeto de la concesión”. He ahí la parte más chusca de los tejemanejes público-privados: si el negocio de la concesionaria pincha, el Estado corre con los gastos de la inversión.

Por supuesto, esta responsabilidad patrimonial de la Administración constituye un auténtico chollo para constructores y financiadores de tan faraónicas obras públicas: “Si sale cara, gano; si sale cruz, no pierdo”. También constituye un chollo para aquellos políticos manirrotos que se ven maniatados por las restricciones presupuestarias y que, de este modo, son capaces de gastar aún más de lo que ya están gastando: “Le asigno fuera de presupuesto la obra a una empresa privada y, salvo que su negocio salga mal, yo no tengo que asumir ningún gasto que deteriore mis ficticiamente impolutas cuentas públicas”. O dicho de otro modo, constructores y financiadores se forran por ayudar al Estado a blanquear sus cuentas. Cooperación público-privada, lo llaman.

Quien paga los platos rotos de esta cuasi fraudulenta operación es, claro, el de siempre: el contribuyente, esto es, aquellas familias y empresas no cercanas al régimen y parasitadas por una carga fiscal absolutamente desproporcionada. Pero no llamen capitalismo liberal a esta redistribución coactiva de la renta (desde grupos desorganizados a grupos organizados). Al contrario, el capitalismo liberal es la única alternativa realista a este capitalismo clientelar que padecemos: las empresas constructoras deben devenir propietarias de sus inversiones y, en consecuencia, han de asumir las venturas y desventuras que se deriven de ellas. Si una autopista logra beneficios, que los retenga; si una autopista acumula pérdidas, que sea liquidada y que el quebranto se reparta exclusivamente entre quienes la financiaron.

La alternativa estatalizadora que algunos grupos políticos están planteando ahora mismo —que sea el Estado quien construya y gestione desde un comienzo las infraestructuras— no sería menos nociva que el actual modelo de concesiones. Al cabo, ¿qué habría ocurrido si estas autopistas, cuya promoción fue desde el principio un capricho político, hubiesen sido construidas y administradas por el Estado? ¿Habrían sido esas inversiones menos malas de lo que son hoy? ¿Habrían circulado más vehículos de los que circulan hoy? ¿Habrían recibido esos vehículos un servicio más valioso del que reciben hoy? En absoluto: aunque el sector público se hubiese hecho cargo de tales obras, las autopistas habría supuesto exactamente el mismo despilfarro de recursos que han supuesto en la actualidad. La única diferencia es que no nos habríamos enterado de que son una ruina: el Estado, a través del presupuesto, seguiría inyectando por defecto dinero del contribuyente para mantenerlas en funcionamiento a pesar de su completa inutilidad. El rescate, como sucede con tantas desastrosas infraestructuras públicas, no habría recibido ninguna atención mediática, sino que se perpetuaría de tapadillo año tras año en los Presupuestos Generales del Estado. Pero el contribuyente sería saqueado exactamente igual que va a serlo ahora.

En definitiva, ni “privatizar beneficios y socializar pérdidas” ni, tampoco, “socializar beneficios y socializar pérdidas”. Al contrario: privaticemos beneficios y privaticemos pérdidas. Capitalismo liberal, sin más.

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Seguridad Social: un fraude en permanente bancarrota. -Juan R. Rallo/El Confidencial-

La Seguridad Social acumula desde 2010 un déficit de 40.000 millones de euros, lo que ha contribuido a devorar los ahorros de su Fondo de Reserva desde los 64.400 millones de euros de 2009 a los 32.400 millones de 2015. La situación está lejos de revertir en el corto plazo, a pesar de la tan cacareada creación de empleo: su desequilibrio presupuestario en 2015 fue el mayor de toda la crisis —13.150 millones de euros— y hasta julio de este año prácticamente se ha triplicado con respecto al del desastroso ejercicio anterior. El propio Gobierno ya admite que el susodicho Fondo de Reserva, ese que iba a asegurar ‘in saecula saeculorum’ el futuro de nuestras pensiones, se va a esfumar dentro de un año. Y, por si lo anterior no fuera suficiente, las perspectivas a muy largo plazo son todavía peores: actualmente, existen 1,85 afiliados a la Seguridad Social por cada pensión abonada por el sistema; en apenas tres décadas, habrá menos de un afiliado por pensión.

La crítica situación de la Seguridad Social no es, sin embargo, nada excepcional. Durante los últimos tres decenios ha sido sometida a múltiples recortes para cuadrar sus estructuralmente descuadradas cuentas: así, antes de 1985, apenas era necesario haber cotizado una década para cobrar a los 65 años el 100% de una pensión que se calculaba como la media de los dos últimos años de salario; además, las cotizaciones sociales también cubrían los gastos del sistema sanitario público. Hoy, en cambio, es imprescindible haber cotizado 37 años para recibir a los 67 el 100% de una pensión calculada como la media de los últimos 25 años de salario y, para más inri, las cotizaciones sociales han dejado de cubrir la sanidad pública (es decir, ha habido que habilitar ‘nuevos’ impuestos para pagarla).

Pero, pese a estos múltiples recortes, su estado continúa siendo terminal. Ante tan deprimente situación, aquellos agentes sociales que durante medio siglo han estado manipulando a los españoles para venderles unas virtudes absolutamente inexistentes del sistema de pensiones públicas se niegan ahora a reconocer su fiasco y se empeñan en continuar huyendo hacia delante: esto es, se empeñan en continuar recortando tanto las prestaciones recibidas por los pensionistas como la renta disponible de los cotizantes. Un doble agujero negro cuyo único propósito es la subsistencia de un esquema redistributivo que solo se satisface a sí mismo a expensas de todos sus partícipes.

Así, por ejemplo, el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, recopiló hace unos días en este periódico las propuestas de su sindicato para volver “sostenible” la Seguridad Social. Las ideas no destacan precisamente por su originalidad dentro del panorama político actual: impuestos (supresión de los topes máximos de cotización), impuestos (elevación de la base de cotización de los autónomos) y más impuestos (eliminación de todas las bonificaciones y exenciones sociales). De entre tan variado batiburrillo, sobresale una novísima idea:muchos más impuestos; en concreto, extraer del sistema de Seguridad Social los más de 20.000 millones de euros que cada año cuestan las pensiones de viudedad y orfandad para empezar a sufragarlas con figuras tributarias distintas a las cotizaciones sociales.

Esta última propuesta, por cierto, es compartida con escasos matices por prácticamente todas las fuerzas políticas: desde Podemos al PP, que tanto monta monta tanto. Debe de ser que, como sugiere Fernández Toxo, se trata de una recomendación de absoluto sentido común: las prestaciones por viudedad y orfandad carecen de carácter contributivo y, por tanto, es ‘lógico’ que no sean sufragadas por cotizaciones sociales, sino por los impuestos generales del Estado.

Pero no: en realidad solo estamos ante una treta que pretende camuflar la enésima bancarrota del sistema saqueando todavía más al contribuyente. De lo que se trata, en última instancia, es de financiar más de 20.000 millones de su gasto —equivalentes a casi un tercio de toda la recaudación del IRPF— con nuevos gravámenes creados ‘ad hoc’ y soportados por los mismos que ya están soportando las sangrantes cotizaciones sociales. El modelo es calcado al francés, a la llamada “contribución social generalizada”: una exacción adicional sobre ‘todos’ los trabajadores que equivale al 7,5% de sus salarios. Que todos los partidos coincidan en perpetuar este fraude escapando hacia delante solo confirma la complicidad originaria de todos ellos en haberlo gestado y los suculentos beneficios en términos electorales que cosechan manejando las pensiones a su arbitrio.

Imagínense la siguiente situación: un trabajador realiza durante 30 años aportaciones a un plan privado de jubilación que, a cambio de una determinada contribución mensual, promete pagarle una pensión determinada a los 65 años, hacerse cargo de todas sus facturas sanitarias y, en caso de morir anticipadamente, entregarle una pensión subsidiaria a su cónyuge viudo y a sus huérfanos menores de edad. Imagínense además que, tras esas tres décadas de contribuciones, el plan privado de jubilación se rebela contra el trabajador para anunciarle que: a) solo podrá jubilarse a los 67 años y con una pensión mucho más baja que la inicialmente prometida; y b) que, si quiere seguir teniendo derecho a sanidad gratuita y a pensiones de viudedad y orfandad, deberá seguir pagando, incluso después de jubilado, una contribución mensual muy superior a la que paga ahora. ¿Qué conclusiones sacaríamos acerca del comportamiento de ese plan privado de jubilación? Lo primero, que ha estafado al trabajador: le prometió una serie de prestaciones que finalmente no va a cumplir; y, lo segundo, que probablemente su situación financiera esté cercana a la bancarrota, motivo por el cual tiene que sacar la tijera reduciendo sus gastos e incrementando sus ingresos.

Pues bien, ese ha sido exactamente el comportamiento de la Seguridad Social española durante las últimas décadas: una estafa en permanente bancarrota que, pese a ello, ha contado —y sigue contando— con aduladores y propagandistas en todos los partidos políticos y en la inmensa mayoría de organizaciones sociales. Una estafa en permanente bancarrota que, además, es incluso peor que la estafa perpetrada por cualquier fondo privado debido a un motivo fundamental: ‘todos’ estamos ‘obligados’ a participar en esa estafa, aunque seamos conscientes de su fraudulenta naturaleza y no queramos someternos a ella. Todo un hito en la historia de las conquistas sociales, sí señor.

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