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El mito de la democracia directa. -Juan M.Blanco/Vozpópuli-

La democracia no mejoraría multiplicando las votaciones, planteando un referéndum para cada decisión del gobierno. Podría incluso empeorar pues el voto no es la panacea sino un recurso con fracturas y debilidades, un elemento que debe utilizarse inteligentemente y, como el mejor traje, reservarse para ocasiones especiales.

Esa arraigada creencia, tan repetida en las últimas décadas por el poder y los medios, de que la democracia consiste tan sólo en votar, en aplicar la regla de la mayoría, ha causado confusión, desconcierto, no pocos problemas a la ciudadanía… pero muchas ventajas a los partidos políticos y a esos grupos que medran a la sombra del poder. Y ha favorecido ese discurso populista que sostiene que la democracia puede ampliarse, estirarse como una goma. Si hacemos caso a Pablo Iglesias, bastaría dar la palabra al pueblo, multiplicar el número de votaciones, extender el sufragio a cualquier ámbito de la sociedad, someter cualquier decisión del gobierno a la aceptación o rechazo de la ciudadanía.

Pero tal argumento es erróneo, cuando no malintencionado, pues la democracia moderna no se basa sólo en el voto. Existen otros elementos cruciales, desgraciadamente ausentes o ineficaces en el sistema político español: los límites a la acción de los gobernantes, la existencia de controles y contrapesos, el imperio de la ley. La democracia se fundamenta en esas líneas rojas que protegen a los ciudadanos de la tiranía, que evitan la excesiva concentración del poder. El voto es importante, pero no deja de ser un mecanismo de control último, bastante indirecto y dilatado en el tiempo. La democracia no mejoraría multiplicando las votaciones, planteando un referéndum para cada decisión del gobierno. Podría incluso empeorar pues el voto no es la panacea sino un recurso con fracturas y debilidades, un elemento que debe utilizarse inteligentemente y, como el mejor traje, reservarse para ocasiones especiales.

En Social Choice and Individual Values (1951) Kenneth Arrow demostró que no existe ningún sistema de elección colectiva que garantice criterios mínimos de racionalidad, esto es, no pueden agregarse las preferencias individuales asegurando siempre un resultado coherente. Es lo que se conoce como el Teorema de imposibilidad de Arrow. Y no se trata de un mero divertimento académico: posee importantes implicaciones prácticas. No hay sistema de elección perfecto; las votaciones pueden ser manipulables por quienes deciden las opciones sobre las que votar, el orden, la forma etc. Quienes dirigen una asamblea, por ejemplo, disponen de muchas vías para arrimar el ascua a su sardina, simplemente fijando la agenda, las alternativas, el mecanismo de voto etc. De ahí la falacia de la democracia asamblearia. Ello incluso aceptando que los individuos posean preferencias bien definidas, esto es, sin considerar el efecto de la propaganda, o de la conducta de otros, sobre sus criterios.

El referéndum, un arma de doble filo

En contra de la intuición primaria, someter cualquier decisión gubernamental a referéndum no mejoraría necesariamente la democracia. Probablemente empeoraría la política, conduciendo a notables incoherencias. La gente votaría a favor de bajar los impuestos, por supuesto, pero también de aumentar ayudas, subsidios, pensiones, etc. Dos decisiones, muy democráticas y, sin embargo, incompatibles. ¿Quién es el guapo capaz de cuadrar un gasto público creciente con unos impuestos menguantes?

Esta expansión del voto tendería a incrementar el predominio de los grupos de presión, de aquellos más pudientes y mejor organizados. Podrían aprobarse en referéndum propuestas que conceden ventajas y privilegios a colectivos con influencia, esos que esconden sus intereses corporativos tras un lenguaje victimista, o aparentemente altruista, y dedican buenos recursos a difundir tal mensaje. Aunque estos beneficios se obtengan a expensas del resto de la población, el votante común percibe el perjuicio como insignificante pues los costes se reparten entre muchísima gente.

Para superar estas dificultades, la democracia moderna, la de los grandes Estados, se apartó del modelo de la Polis Griega; dejó de ser directa para convertirse en representativa. Los gobernantes pueden actuar con cierta autonomía, tomar decisiones sin el refrendo directo de la ciudadanía, eso sí, dentro de los límites que imponen los controles. El ciudadano no elige entre medidas concretas sino entre paquetes de ellas, o programas, que deben poseer cierta coherencia interna. El problema en España no es sólo que los controles no funcionen correctamente; también que los programas, o las líneas de actuación, carecen de suficiente coherencia, al menos en el largo plazo. Muchos, y no sólo los populistas, pretenden gobernar como si lloviese maná, como si la tarta fuera infinita. Olvidan que para repartir… antes hay que producir.

El referéndum constituye un instrumento útil… pero peligroso si no se utiliza adecuadamente. Es un arma muy potente que, en ocasiones, estalla en la cara o dispara por la culata. Debe usarse excepcionalmente, para decisiones fundamentales, fomentando siempre un debate público racional, una contraposición razonada de pros y contras. Si desemboca en un choque de fanáticos, en una olla a presión que cuece emociones e impulsos primarios, en una barahúnda de gritos y acusaciones mutuas, el referéndum traerá muchos más perjuicios que beneficios. Y resultará inútil si deriva hacia otras cuestiones distintas de la que se plantea. Es demasiado común que se convierta en un plebiscito de apoyo o rechazo al gobierno; o que mucha gente lo aproveche como mera válvula para mostrar su disconformidad con otras medidas.

Ni puñetera idea sobre qué… pero vota sí

Atendiendo a estos parámetros, los referendos han sido un desastre en España. El de la Constitución de 1978 no abrió debate alguno, tan sólo planteó una disyuntiva entre dictadura y democracia, obviando los notables defectos de la Carta Magna, como el desmesurado poder que otorgaba a los partidos y, sobre todo, el disparatado proceso autonómico, un modelo completamente abierto, amorfo, sin rumbo preciso, al albur de apaños y componendas, en beneficio de las oligarquías locales. Tampoco estuvo acertado el de 1986 sobre la permanencia o salida de España de la OTAN, que careció de discusión de pros y contras pues Felipe González, muy hábilmente, logró convertirlo en un plebiscito sobre su persona.

Pero el esperpento se materializó en el referéndum de ratificación de la Constitución Europea en 2006, cuando los dos cantantes contratados por José Luis Rodríguez Zapatero para promover el voto afirmativo reconocieron públicamente no tener ni puñetera idea sobre tal Constitución. Claro que… no se trataba de debatir el contenido o las implicaciones, tan sólo de “ser los más europeístas”, los primeros en aprobarla, una majadería que quedaría en evidencia meses después, cuando otros países la rechazaron por goleada.

Desgraciadamente algunos dirigentes sin escrúpulos conocen demasiado bien las fracturas señaladas por Arrow, esas que permiten manipular ciertas votaciones, conducir los deseos de las gentes hacia sus propios intereses. Olvidamos con demasiada frecuencia que la democracia consiste principalmente en fraccionar el poder, en dividirlo, animando a que se vigile, controle y limite a sí mismo. Y que el voto es un instrumento muy útil… pero sólo en las sociedades que saben bien dónde, cuándo y cómo usarlo.

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Investidura de Rajoy: el espectáculo de la política venal. -Javier Benegas-Juan M. Blanco/Vozpópuli-

Todo apunta a que hoy sábado, Mariano Rajoy obtendrá la investidura como presidente del gobierno, con la abstención del PSOE. Ahora que, en mayor o menor medida, hay tres grandes partidos implicados, sería el momento oportuno para acometer las reformas que España necesita, unos cambios que distan de ser sencillos pues encontrarían enormes resistencias de grupos poderosos e influyentes. Las reformas requerirían, por ello, mucha valentía, arrojo, principios, generosidad y visión de futuro. Desgraciadamente, ni la forma ni el fondo del debate de investidura incitan al optimismo. Rajoy y Pablo Iglesias se erigieron como los dos grandes protagonistas. Y con ellos, el espectáculo de la confrontación, de la política venal, eclipsó el necesario acuerdo en pos del bien común, liquidando la razón.

Es cierto, o lo ha parecido, que Rajoy ganó a Iglesias, incluso, en argot pugilístico, lanzó algún que otro croché a la mandíbula del rival provocando su tambaleo. Sin embargo, los mejores momentos del candidato no provenían de ideas profundas, claras, ilusionantes sino de su proverbial socarronería. Humor y sorna bien administrados para entretenimiento del gran público, para satisfacción de los amantes de la polémica, de informadores en busca del titular sensacional. Así, de Iglesias sólo se recordará su calificación de “delincuentes potenciales” a todos los miembros de la cámara, de Rajoy su disposición a prestar su tractor o de Rafael Hernando los “cuatro millones de dólares” que arrojó a la cabeza de Iglesias. De Albert Rivera sólo ese “¡qué capullo, vaya gilipollas!” proferido en un arrebato. Y de un tal Joan Tardá su creencia de estar todavía en el siglo XX, como si acabaran de descongelarlo tras una larga criogenia.

Sea como fuere, Mariano ganó, pero Pablo obtuvo lo que buscaba: relevancia. Logró que el candidato a presidente se empleara a fondo contra él, que echara mano de todos sus recursos. Como un luchador de judo, usó hábilmente ese empeño en su propio beneficio. Así, cuanto más se esforzaba Rajoy, más relevancia ganaba Iglesias. Desde este punto de vista, el líder de Podemos ha logrado su objetivo: convertirse de facto en el jefe de la oposición, pasando por encima del cuerpo de un PSOE descabezado. Pero también ganó Rajoy, porque polariza el debate contra un adversario al que cree haber tomado la medida. Es el triunfo de la confrontación donde prima el espectáculo, la gresca, el teatral antagonismo… y desaparecen las ideas.

Una teatral disputa barriobajera

Por más que se insista en que todo está cambiando, que asistimos a un momento histórico lleno de peligros pero también de oportunidades, en realidad continuamos como siempre. Y no nos referimos a la impostada dicotomía izquierda-derecha, donde unos convierten la palabra “progreso” en un fetiche con cualidades intangibles mientras otros adoptan el papel de protectores de la nación, para que, al final, todos se lancen en plancha para atrapar un gran pedazo de la tarta del presupuesto. Nadie parece caer en la cuenta de que un discurso de investidura no puede basarse en generalidades, en buenos propósitos. Tampoco en la enumeración de logros pasados o en la burda contraposición de una supuesta seguridad frente al amenazante peligro, sino en la exposición clara de la política que se va a aplicar en el futuro. El candidato debe pedir el voto con propuestas concretas y detalladas. No basta pregonar que nos jugamos mucho, que es urgente asegurar el futuro: hay que explicar con profundidad cómo se pretende lograr. Es ridículo afirmar que hay que cuadrar las cuentas y, a continuación, no detallar el método, escudándose en que todo depende de cómo evolucione la recaudación a lo largo del año. Si el candidato tiene un plan, debe exponerlo minuciosamente; aunque lo más probable es que no lo tenga.

Desgraciadamente, mucho prometer y prometo, buenos propósitos y aparente sensatez por parte de una de las bandas; y mucho referéndum, revolución, mucha democracia asamblearia y viaje a Ítaca en patera, por el otro. Pero todo humo. Espeso, de colores, espectacular, pero humo al fin y al cabo. Disputas barriobajeras, puñetazos y patadas dignas de una película de Bruce Lee, pero discursos sin concreción alguna. Escasez absoluta de ideas en unos personajes que probablemente carecen de capacidad para regentar una modesta panadería sin llevarla a la quiebra.

Los problemas de España son muchos y muy graves, y sus soluciones ni son sencillas ni tienen efecto inmediato. Pero esto no significa que debamos claudicar y solazarnos con espectáculos tan vacuos y lamentables como el descrito. Investir a un presidente y tener gobierno no es en sí lo fundamental. Lo importante es el plan, la política, las medidas. No es tiempo de generalidades, tampoco de hipérboles jactanciosas, menos aún de distraer al personal con reyertas de salón. Hay que dar un giro copernicano a la política porque España se nos va por el sumidero. Hemos evolucionado, de manera increíblemente veloz, hacia un sistema cerrado, marcado por los privilegios, el intercambio de favores, la discriminación. Nos hemos alejado de la igualdad ante la ley, de la selección óptima basada en el mérito y el esfuerzo, de la sana competencia y la eficaz cooperación. Los españoles vivimos bajo la bota de los intereses grupales, donde lo importante no es lo que eres sino al grupo al que perteneces, el partido al que estás afiliado o la facción en que militas. En definitiva, lo que marca nuestro destino no es lo que cada cual conoce… sino a quien conoce.

La preponderancia de los grupos de presión

Con independencia de su signo, los gobiernos en España han tendido a favorecer los intereses de determinados grupos de presión más que los de la sociedad en su conjunto. Mancur Olson mostró que la política tendía a ser capturada por colectivos minoritarios porque es relativamente menos costoso, y más rentable, organizar pequeños grupos de intereses para capturar privilegios que organizar grandes asociaciones en pos del bien común. Pero el caso español es sin duda excepcional por la intensidad, por la facilidad y rapidez con que grupos y facciones se han adueñado del poder político, sin apenas resistencia. Quizá, el hecho diferencial es que muchos de estos grupos sean internos a la política, no externos como planteaba Olson. Sea como fuere, este fenómeno se ha reflejado en una legislación complejísima, prolija, repleta de excepciones, dirigida a satisfacer a colectivos concretos. Unas leyes tan abundantes y enrevesadas que pueden interpretarse de manera torticera, del derecho o del revés, para conceder favores sin que se note.

Se explican así la sobreabundancia de subvenciones, las leyes fiscales con infinidad de recovecos y, lo peor, las regulaciones abusivas que generan mercados cautivos, enormes ineficiencias y la progresiva reducción de la riqueza. El verdadero problema de España no son las pensiones, el déficit desbocado o la posibilidad de una fractura territorial. Porque todos ellos son consecuencia de un sistema político sin adecuados controles y contrapesos, que conduce a una preponderancia desmesurada de unos partidos fuera de control, con fuerte sesgo hacia los intereses de sus cúpulas. Enfermedad que ha evolucionado con especial virulencia en un sistema autonómico diseñado pésimamente, siempre en favor de caciques y  oligarquías locales, con una distribución de competencias que jamás atendió a razones de eficiencia, o a las necesidades de los ciudadanos, sino a la descarnada conveniencia partidaria.

lPero es que, además, tras descubrir que es más fácil mantenerse en el poder dividiendo a la sociedad en rebaños, en facciones, otorgando ventajas, prebendas, distintos “derechos” a cada una de las “tribus”, los gobernantes se han dedicado a fomentar esta inherente dinámica grupal. Es sencillo de entender; la política de creación de clientelas favorece el voto cautivo. Y de ahí todo lo demás: el creciente paternalismo estatal, la infantilización de la sociedad, la paulatina desaparición de la responsabilidad individual y la convicción de que, hoy día, un hombre solo no vale nada.

No necesitamos más leyes

En el actual estado de degradación, las genuinas reformas implicarían enormes beneficios para la sociedad. Pero resulta muy difícil acometerlas, mucho más si se intenta abordar cada cambio por separado. El statu quo ha devenido en un complejo equilibrio de alianzas, con fuerte inercia y enorme resistencia al cambio, donde cada grupo se resiste con uñas y dientes, ejerciendo enorme presión para conservar sus privilegios. Por contra, el apoyo ciudadano tiende a ser débil, no sólo porque los beneficios de cada medida se reparten entre muchísimas personas; también porque las ganancias sociales tardan cierto tiempo en materializarse. Y un gobernante cortoplacista jamás se enfrentará a los grupos de presión para impulsar reformas cuyos resultados no se verán hasta que pase cierto tiempo.

Por ello, el próximo gobierno debería exponer un programa de reformas, proporcionando toda la información necesaria sobre los cambios y las consecuencias previstas. Y presentar todas las transformaciones en un mismo lote, algo que no implicaría elaborar nuevas leyes sino, al contrario, abolir decenas de miles de excepciones que sostienen los privilegios. Pocas leyes, claras, sencillas, conocidas e iguales para todos. La opinión pública debe percibir que hay mucho que ganar con estas reformas, aunque haya que esperar para recoger los frutos. Y que el gobierno está dispuesto a seguir adelante por mucho que trinen los grupos privilegiados, sean éstos empresarios, asociaciones, cazadores de subvenciones u oligarquías regionales: al fin y al cabo, si tienen paciencia, también se beneficiarán de la mejora general.

España necesita un verdadero cambio de rumbo, desde el acuerdo, no desde la confrontación, con generosidad, valentía y visión de futuro. Desgraciadamente, la investidura de Rajoy no parece conducir precisamente por ese camino a juzgar por esa discusión propia de barra de bar, de corrala de vecinos, de trifulca futbolera… o de cerebros a medio descongelar.

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El PSOE acaba recogiendo lo sembrado. -Juan M. Blanco/Vozpópuli-

Tras décadas de machacona propaganda, llevada al extremo en la etapa de José Luís Rodríguez Zapatero, ahora es una tarea hercúlea para la gestora socialista convencer a sus bases electorales de que es conveniente favorecer un gobierno del PP.

La decisión del comité federal del PSOE de abstenerse para facilitar la investidura de Mariano Rajoy ha desencadenado una frontal resistencia en sectores de la militancia, en su base electoral, un rechazo tan intenso que sobrepasa la razón para penetrar en la esfera de la visceralidad. ¿A qué se debe este fenómeno, bastante inédito en países serios? Es cierto que Rajoy ha demostrado no ser buen gobernante; más bien un presidente con tendencia a procrastinar, a aplazar las reformas hasta el último minuto y, aun así, a acometerlas sólo de forma parcial, timorata, cambiando el mínimo indispensable para aliviar la presión de Bruselas. Y, al igual que la mayoría de los políticos, a anteponer sus ambiciones personales a los intereses generales. Pero no son estos los motivos que incitan al rechazo a esos sectores socialistas, seguramente más movidos por impulsos y emociones, por esa fingida y exagerada confrontación izquierda-derecha, pregonada durante tantos años.

Uno de los dislates políticos del presente Régimen fue fomentar una adscripción demasiado vehemente de los sujetos a los partidos, un alineamiento un tanto irracional que generaba una honda fractura izquierda-derecha. Como en otros aspectos, los intereses partidistas acabaron primando sobre los buenos propósitos, sobre esa repetida propaganda de que la Transición sellaba definitivamente la reconciliación entre españoles. Irresponsablemente, con la connivencia de los medios,los partidos impulsaron consignas simplistas, un discurso de buenos y malos, de pronunciado antagonismo, que proyectaba una falsa pero radical enemistad. Como resultado, cada formación política mantuvo una gran masa de votantes fieles, con independencia de su gestión o programa, contribuyendo a debilitar el mecanismo electoral como un control último del poder. Durante años, la victoria de un partido no se debía tanto al traspaso de votos como a la elevada abstención de los seguidores del adversario.

Una fractura izquierda-derecha más emocional que real

Naturalmente, la marcada fractura no era racional. No se debía a una profunda discrepancia de ideas pues no existían tantas diferencias políticas entre los dos grandes partidos; más bien bastantes elementos de coincidencia. Y los programas eran demasiado ambiguos para suscitar entusiasmos o adhesiones inquebrantable. Semejante conducta no surgía en el terreno de los argumentos, de la razón; brotaba de las emociones, del sentido de pertenencia a un grupo, de la búsqueda de identidad, ese peligroso camino que desembocaba en el arcaico “nosotros frente a ellos”, en esas pulsiones que se adueñan de los fanáticos seguidores de un equipo de fútbol. En realidad, muchas personas identificadas con un partido no compartían realmente sus planteamientos pues, con mucha frecuencia, ni siquiera los conocían. Así, el debate de ideas fue sustituido por las consignas, las frases hechas, la escenificación de un conflicto impostado, en el fondo inexistente.

Por fortuna, la crisis favoreció una reducción apreciable de esa adhesión irracional a los partidos, un escepticismo que permitió traspasos de votos entre los dos lados del espectro político. Pero todavía existe una proporción notable de sujetos que mantiene un arraigado alineamiento. Así, algunos militantes y votantes del PSOE continúan con ese tic, con el conflicto izquierda-derecha grabado a fuego en su mente. Una inclinación que también comparten ciertos intelectuales aparentemente moderados, que visten sus argumentos de datos pero que, tras rascar un poco, exhiben rápidamente sus prejuicios, su abundante pelo de la dehesa.

Atendiendo a los planteamientos, el PSOE sería más afín al PP que al populismo de Podemos. Pero en el terreno de las emociones, muchos sectores socialistas se sienten mucho más cerca del partido de Pablo Iglesias y también, en demasiadas ocasiones, de los nacionalistas. En este imaginario izquierdista, pregonado durante demasiados años, el mal siempre se encuentra en la derecha, ese sector político que solo representaría a los ricos. De ahí que, tras décadas de machacona propaganda, llevada al extremo en la etapa de José Luís Rodríguez Zapatero, sea ahora tarea hercúlea para la gestora socialista convencer a sus bases electorales de que es conveniente favorecer un gobierno del PP.

Reforma o degradación

En realidad, el pacto entre los grandes partidos no es en sí mismo benéfico o perjudicial: depende los objetivos, de la política que surja de él, de la línea que siga el próximo gobierno. La mejor opción para España sería que los líderes, en una demostración de grandeza, olvidasen por un momento sus intereses partidistas y aprovechasen el acuerdo para acometer las importantes reformas que España necesita, esas que Rajoy arrinconó en su primera legislatura. Unas transformaciones que abran el sistema, eliminen las barreras que sostienen los privilegios, creen oportunidades, simplifiquen la legislación, garanticen la igualdad ante la ley y fomenten la responsabilidad individual.

La ruta pasaría por una reforma constitucional que impulse el juego de contrapoderes y el control mutuo. Que promueva una relación directa entre representante y representado, reduciendo el poder de los partidos. Una Carta Magna que racionalice de una vez ese caos de clientelismo, caciquismo y corrupción en el que ha desembocado el Estado de las Autonomías. Y que fomente una ciudadanía siempre crítica ante las decisiones del poder, dispuesta a mantener un criterio propio alejado de la propaganda y de los prejuicios, del maniqueísmo de izquierda frente a derecha.

Ciertamente, es gratis soñar despierto. Y la esperanza es lo último que se pierde. Pero las sospechas apuntan al peor escenario, a la continuidad en esa línea de degradación que ha marcado las últimas décadas. Seguramente, la abstención del PSOE conducirá a más de lo mismo porque, durante los últimos meses, tanto los políticos como el grueso de la prensa han insistido más en el continente que en el contenido, en la forma más que en el fondo. Han proclamado la urgencia de que España tuviera gobierno, con independencia de la política que persiguiera. Nada sorprendente en un sistema básicamente clientelar, de intercambio de favores, donde muchos sectores económicos, numerosos grupos de presión, exigen saber con urgencia quien repartirá los favores, a quien hay que compensar. Necesitan que la rueda del BOE vuelva a girar a velocidad de vértigo, otorgando privilegios, excepciones, ventajas, subvenciones, contratas… esa droga a la que, desgraciadamente, buena parte de España se ha vuelto adicta.

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