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A vueltas con los Dalton y el drama de la energía en España

“La pura verdad es que, pasado ya el ecuador de la legislatura, el Gobierno Rajoy y sus Dalton no han resuelto, ni siquiera enfocado, desde una perspectiva liberal, es decir, liberalizadora y de aproximación al mercado, el problema crónico de la energía en España, y eso a pesar de su mayoría absoluta”. La frase pertenece a una columna publicada en este mismo espacio en marzo de 2014. Para aclararnos: los Dalton son los hermanos Álvaro y Alberto Nadal, actual ministro de Energía (antiguo jefe de la Oficina Económica del presidente del Gobierno en Moncloa), el primero, y actual secretario de Estado de Presupuestos (antes en el mismo cargo en Energía, a las órdenes de José Manuel Soria), el segundo. Entre los empresarios del sector energético hace tiempo se extendió la humorada de calificar a los Nadal como los hermanos Dalton, miembros de una banda de forajidos que operó en el viejo oeste americano durante la última década del siglo XIX. La especialidad de los Dalton, heredada por los impetuosos hermanos Nadal, consistía en desenfundar primero, disparar después, y preguntar al final a la víctima si le habían dado.

A mediados de 2013 y no sin antes apartar de un manotazo al ministro Soria y ponerlo en un rincón, Alberto Nadal protagonizó un sonoro golpe de mano con la aprobación del Real Decreto Ley (RDL) de julio de 2013, que marcó el inicio de una reforma eléctrica con la que el Gobierno del PP pretendió corregir la bola de nieve del déficit de tarifa, o lo que es lo mismo, la diferencia entre lo que ingresaban productores distribuidores de electricidad a través de la tarifa, y los derechos de cobro que tenían reconocidos –vía subvenciones- por las sucesivas normas aprobadas a partir del año 2000, particularmente por el RDL 661/2007 de 25 de mayo que, firmado por el ministro Clos, Gobierno Zapatero, consagró el despelote de las primas a las renovables. Alberto, con un par, cambió a los inversores las reglas de juego en pleno partido. En la columna antes citada escribimos también que “Convertido en el hombre fuerte de un Ministerio cuyo titular ni pincha ni corta, nuestro Dalton está dejando por herencia un lío jurídico morrocotudo, una rémora de pleitos que pueden costarle a España una millonada durante muchos años en instancias jurídicas internacionales. Eso, y un montón de pequeñas empresas quebradas, además de alguna grande contra las cuerdas.

Hace escasas fechas hemos recibido los primeros ecos de ese “lío jurídico morrocotudo” con la noticia de que España ha perdido el primero de los arbitrajes internacionales fallados en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, CIADI, dependiente del Banco Mundial, por los recortes aplicados a partir de 2012 a las ayudas a las energías renovables. El laudo da la razón a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial Energia Solar Luxembourg, y condena a España al pago de 128 millones más intereses. Un varapalo en toda regla. La noticia ha pasado desapercibida en el río tumultuoso de los escándalos de corrupción que nos sacuden, pero tiene una importancia innegable por muchos motivos, uno de los cuales es que nuestro país tiene planteados una treintena de denuncias ante el CIADI, todas ellas por parte de inversores internacionales, y porque, además, pone en evidencia la chapuza perpetrada por la Administración Rajoy con la ayuda inestimable de la Abogacía del Estado, y el escaso respeto que en nuestro país existe hacia eso que se llama “seguridad jurídica”.

Eiser Infrastructure y su filial luxemburguesa invirtieron 125 millones entre 2007 y 2009, en una participación minoritaria -como socios de la española Elecnor- en tres instalaciones termosolares ubicadas en Alcázar de San Juan, Ciudad Real (dos de ellas, con un 37%) y en Badajoz (la tercera, con un 33,8%), cada una con una potencia de 50 megavatios (MW), y todas acogidas al régimen del RD 661/2007, un dislate regulatorio insostenible el de ese Decreto, cuya primera consecuencia fue el boom de las llamadas granjas solares. Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, los especuladores del ladrillo pasaron en masa a invertir en granjas solares en busca de las sustanciosas primas ofrecidas por el Gobierno Zapatero. Si en 2007 había instalados 637 MW de fotovoltaica, apenas un año después la cifra había escalado hasta los 3.355 MW, cinco veces más, con el consiguiente derroche de primas que permitían a los promotores hacer frente a la inversión y obtener una jugosa rentabilidad.

Una crisis que hundió el negocio renovable

La crisis cayó como una losa sobre el negocio a partir de 2008, hundiendo la demanda de electricidad en el contexto de un sistema eléctrico sobrado de capacidad, sobrecapacitación de la que no eran solo responsables las renovables, sino también los ciclos combinados –las centrales que utilizan gas para generar electricidad y que también expulsan CO2, si bien en menor medida que las térmicas de carbón- cuya construcción se venía incentivando desde hacía tiempo. El resultado fue un déficit de tarifa que llegó a rondar los 25.000 millones y al que había que poner freno de alguna manera. Lo había intentado Miguel Sebastián de forma tímida, aplicando en 2011 los primeros recortes de primas, pero en esto llegó Nadal con su guadaña. Lo hizo decretando el parón de las renovables y el recorte de los incentivos, y además con carácter retroactivo. Y lo hizo a las bravas, en su despacho y con el auxilio de una hoja de cálculo Excel. Más o menos.

En efecto, en diciembre de 2012 el Gobierno aprobó un impuesto a la generación de energía del 7% sobre el valor total de la volcada a la red, y en julio de 2013 derogó el RD 661/2007, sustituyéndolo por un sistema retributivo basado no en la producción, sino en la potencia instalada, sistema que garantizaba una rentabilidad antes de impuestos del 7,398% calculada sobre los costes teóricos de plantas tipo. Alberto Nadal cambia radicalmente el sistema retributivo, diciendo a los inversores lo que a su juicio tienen que ganar, la rentabilidad que tienen que obtener los distintos tipos de plantas. Un monumento al liberalismo sin parangón. El ministro calculó esa retribución proyectando los ingresos necesarios para lograr una rentabilidad antes de impuestos de 7,398%, basada en costes hipotéticos de una hipotética instalación tipo. El grupo Eiser sostiene que con el nuevo régimen retributivo sus plantas pasaron a percibir unos ingresos notablemente inferiores a los necesarios para cubrir costes financieros, lo que obligó a reestructurar la deuda de las sociedades vehículo, e implicó no poder hacer frente al pago de los préstamos bancarios y, naturalmente, no ofrecer ningún retorno al capital invertido. ¿Resultado? La destrucción del valor de su inversión, que pasó de 125 a 4 millones a finales de 2014.

En diciembre de 2013, Eiser remitió a CIADI una solicitud de arbitraje contra España acogiéndose al Tratado de la Carta de la Energía (TCE) del que España forma parte y al amparo de los artículos 10 (principio de trato justo y equitativo) y 13 (prohibición de expropiación sin contraprestación) del mismo, exigiendo la plena reparación de los daños sufridos por sus inversiones. España basó su defensa en negar al Tribunal arbitral la jurisdicción pertinente para conocer de la reclamación, poniendo en duda que el grupo británico hubiera realizado inversión alguna a largo plazo, con el correspondiente desembolso de los fondos, y sosteniendo, subsidiariamente, que en modo alguno había incumplido el TCE. Ya avanzado el proceso, la Abogacía del Estado intentó una última maniobra argumentando que las plantas objeto del arbitraje tenían una potencia instalada superior a los 50 MW, lo que les excluía del rango de intervención del RD 661/2007 y, por tanto, de poder recibir prima de ninguna clase.

El Tribunal, tras declararse competente para entender sobre la controversia (excepto en el punto relativo al impuesto del 7%, que excluye del ámbito del TCE al tratarse de una potestad soberana de los países firmantes), declara, por unanimidad de los tres árbitros, que España violó los artículos del TCE antes citados, y considera que el cambio regulatorio objeto del laudo vulneró el principio de trato justo y equitativo que asumió en el TCE, calificando el nuevo régimen regulatorio de “profundamente injusto e inequitativo”, al privar a Eiser de la práctica totalidad de su inversión. Hubiera sido legítimo, sostiene, que España adoptara modificaciones en su marco regulatorio por razones de interés público, siempre y cuando se hubieran respetado las características esenciales del régimen al que se acogieron los inversores al hacer su inversión. En consecuencia, concede a Eiser una indemnización de 128 millones por los cambios regulatorios a partir de 2014, calculados sobre una metodología de descuentos de flujo de caja y sobre una vida útil de 25 años, en lugar de los 40 que solicitaba.

Mariano Rajoy no se molesta en contestar

El argumentario de la delegación española (siete Abogados del Estado y otros tantos del bufete BDO) rozó a veces lo patético. Hasta tres versiones diferentes dio uno de los testigos propuestos por el Gobierno. Los peritos tampoco resultaron convincentes, frente a la contundencia de los informes de los expertos de la parte demandante. En el proceso se puso de manifiesto que el propio Mariano Rajoy había dejado de contestar las misivas que los gestores del grupo Eiser (con el asesoramiento de Allen & Overy) le dirigieron, pidiéndole una negociación “en aras de alcanzar una solución amigable de esta controversia” (carta del 26 de abril de 2013). Les contestó el ministro Soria (7 de mayo), reclamando que el documento fuera redactado en castellano, exigencia que se cumplió el 15 de mayo. Tras una nueva misiva a Rajoy el 30 de julio del mismo año, el Tribunal aclara que “los demandantes afirman no haber recibido nunca respuesta a su solicitud de negociaciones”. El resultado de todo ello es que incluso el árbitro nombrado por España acabó dando la razón a Eiser y sus socios en su demanda.

Años después de la llegada al Gobierno y sus arrabales de los brillantísimos e inteligentísimos hermanos Dalton, España sigue sin contar con esa reforma energética capaz de abaratar los costes de producción de nuestras empresas, cuestión básica para consolidar el crecimiento económico y aligerar el bolsillo de unos consumidores que soportan un recibo de la luz que apenas refleja el verdadero coste de la energía y su transporte, una reforma, también, capaz de acabar con el carbón, es decir, dejar de producir energía con tecnologías que emiten CO2. En realidad, esa reforma ni está ni se le espera. A cambio, los famosos Dalton, ahora con un perfil muy bajo, que las balas silban salvajes en derredor, le han dejado a España el “regalito” de los miles de millones que nos van a costar los arbitrajes pendientes. Sin ninguna nueva instalación de renovables (ni eólica ni solar fotovoltaica) efectuada entre 2013 y 2016, el ministerio que dirige Álvaro Nadal acaba de sacar a subasta 3.000 nuevos MW eólicos, 1.800 de los cuales han ido a parar a una empresa semidesconocida, Forestalia, propiedad de un empresario aragonés, Fernando Samper, que ha pasado en un abrir y cerrar de ojos de los mataderos cárnicos a los modernos molinos de viento. La mayoría de las empresas del sector no han acudido a la puja, al no estimar rentabilidad alguna en el negocio propuesto. ¿Cómo saldremos de esta nueva aventura? Cosas de los Dalton y su deslumbrante talento.

Origen: A vueltas con los Dalton y el drama de la energía en España

Sindicatos y “sindicalistos”, un asunto de castas. -Jesús Cacho/Vozpópuli-

En un país como España, con escasa conciencia sindical y aún menos afiliación, los sindicatos corren el riesgo de convertirse en organizaciones parasitarias.

Un periódico madrileño tuvo días atrás la ocurrencia de abrir su sección económica con un titular de este tenor: “La patronal pide revisar el papel de los liberados sindicales y bajar cuotas sociales”. La idea fue recibida por la tropa sindical con indignación, por un lado, y un mal disimulado cachondeo, por otro. Y con insultos para la patronal “facha”. El sindicalismo, presente en la Administración y en alguna gran empresa privada, se ha convertido en España en una casta mucho más atrabiliaria y peligrosa, por silente, que la política, una casta envejecida, aferrada al uso y abuso de sus prerrogativas, que vive de espaldas a la realidad de las nuevas tecnologías, decidida a defender el statu quo con uñas y dientes. Inmovilista. Reñida con la transparencia. Y reacia a cualquier pacto que implique pérdida de privilegios. Una rémora para el crecimiento y la creación de empleo. Sin duda uno de los grandes problemas, no por silencioso menos grave, de la democracia española. En este cuadro, los liberados sindicales, conocidos en las empresas como “sindicalistos”, son la quintaesencia de esa corrupción presente en un sistema de representación que necesita con urgencia una modernización profunda.

“Contaré el caso de Osvaldo, nombre inventado por motivos evidentes, porque el personaje es de carne y hueso”, asegura el director de personal de una empresa madrileña de más de mil trabajadores. “El tipo es un perfecto profesional del escaqueo, que sólo en 2016 justificó 198 días en ausencias al trabajo. Se dice pronto. Casi 200 días. A sus horas sindicales le añade el día de asuntos propios, todos los permisos retribuidos que están contemplados en convenio, vacaciones, bajas médicas, justificantes médicos de reposo y accidentes laborales… Este vividor, por llamarlo de alguna forma, se ha pasado medio año en su casa cobrando. Su ingenio es notable para concatenar un permiso con otro: por ejemplo, si le dan el alta médica, pide horas sindicales y a continuación un permiso retribuido seguido de otro par de días sindicales y vuelta a la baja médica. Todo el mundo lo conoce, aunque no es el único, ni mucho menos. ¿Lo más alucinante? Sus compañeros no le han visto en una reunión sindical desde hace años”.

“Según el Estatuto de los Trabajadores, una empresa con plantilla de entre 751 a mil trabajadores debe contar con 21 delegados, y dos más por cada mil o fracción, hasta un máximo de 75. En empresas de más de 500 trabajadores, cada delegado tiene derecho a 40 horas retribuidas al mes dedicadas a labores sindicales, horas de las que puede hacer uso personal o ceder a otro compañero del comité, quien en caso de que reúna horas suficientes para igualar su jornada laboral se convierte en “liberado”, dedicado en exclusiva a salvar a la clase obrera de la opresión capitalista, dicho sea en tono irónico. La empresa suele ocupar el puesto del liberado con otro trabajador. En un sector que trabaja a turnos como el mío, el delegado puede coger sus horas sindicales cualquier día en el que tenga asignado un turno de trabajo, independientemente de si es laborable o festivo. Además, son acumulables, de modo que si un mes no gasta sus 40 horas puede recuperarlas al siguiente. El único requisito que se le pide es que comunique estos permisos con 24 horas de antelación. Hecha la ley, hecha la trampa.

“Aquí tengo gente que, con un poco de decencia, solicita las horas con tiempo suficiente y en días laborables. La gran mayoría, sin embargo, las pide con las 24 horas de rigor, por lo que te las ves y te las deseas para suplir su baja con otro trabajador. Y los hay que las piden en fines de semana completos, o antes y después de sus vacaciones con el fin de alargarlas. Los problemas de empleo causados por la crisis se podrían paliar si las centrales favorecieran un calendario vacacional y repartieran los permisos sindicales equitativamente durante todo el año de acuerdo a un plan previo. Sin embargo, los mal llamados representantes de los trabajadores entienden que estas medidas constriñen sus derechos y no las aceptan. El resultado es devastador. En verano, Navidad y Semana Santa nos vemos obligados a contratar trabajadores temporales para cubrir todos los puestos, y en los restantes meses ni siquiera se puede dar la jornada correspondiente a cada trabajador fijo de plantilla. Esto supone pérdida de puestos de trabajo, pérdidas económicas para la empresa y creación de empleo precario y temporal. Por no hablar de la tan cacareada conciliación familiar que estos sindicalistas se pasan por la entrepierna cuando solicitan sus permisos sindicales con aviso de 24 horas, perjudicando a aquellos que tienen que cubrir sus bajas”.

“Un despropósito continuo que viene provocado por la falta de regulación legislativa y por la permisividad de unos empresarios que prefieren soportar los abusos para no chocar con las centrales y no enturbiar la paz social dentro de la empresa. No soy sospechoso de estar en contra de las demandas de los trabajadores, más bien al contrario. Por ideología me considero de izquierdas. Y por eso mismo me molesta el abuso de derecho que a menudo realizan los sindicatos con la complacencia o permisividad de las empresas. Hace falta una regulación laboral más seria capaz de fiscalizar y poner coto a la labor que estos sindicalistos a quien todo el mundo conoce pero a quien nadie para los pies. El país no debería seguir soportando el coste de unos abusos que al final pagamos todos”.

Casi 262.000 delegados sindicales hay en España

El llamado diálogo social está ahora mismo estancado. “Desde hace meses os venimos diciendo que, respecto de la negociación salarial y otros temas de ámbito laboral y económico, no solo hemos de hablar del aumento de salarios, que en la práctica se van firmando convenio a convenio sin problemas (…) sino que debemos proponer, debatir y llegar a acuerdos siempre que sea posible en muchos otros temas, de acuerdo con el listado que os hemos entregado y del que esperamos respuesta”. Es parte de la misiva que el pasado 22 de febrero Juan Rosell, presidente de CEOE y Antonio Garamendi, de Cepyme, dirigieron a los secretarios generales de CCOO y UGT. Los asuntos a que alude la patronal hurgan en la herida del inmovilismo sindical, porque no otra cosa puede suponer la pretensión de evaluar “la realidad y eficiencia de la representación, en especial en relación al número de horas”, el “análisis de los modelos de representación de los trabajadores en cuanto a número y funciones, y la “adecuación de las garantías de los liberados a las nuevas realidades, con especial referencia al crédito de horas mensuales retribuidas.”

En Alemania, las empresas con menos de 200 trabajadores no están obligadas por ley a tener representación sindical. Aquellas que cuenten con entre 200 y 500 trabajadores tendrán un liberado (frente a los dos liberados, 13 delegados, de España), y las comprendidas entre 901 y 1.500 trabajadores, 3 liberados (frente a los 4 liberados, 23 delegados, en España, país donde la presencia de un delegado sindical es obligada a partir de los 11 trabajadores). El número total de representantes sindicales se elevaba en España a 1 de enero pasado a la apabullante cifra de 261.694 (26.388 en la Administración), de los cuales el 35,84% correspondía a CCOO y el 32,45% a UGT. Imposible saber el número de liberados. Ponderando el tamaño de las empresas, el número de sus sindicalistas y el crédito de horas pagadas, CEOE ha estimado que el número de horas mensuales retribuidas para que delegados y liberados cumplan su función o se las fumen apaciblemente en casa es de 8.212.800. Más de 8,2 millones de horas retribuidas al mes, que multiplicadas por 11 meses, a razón de 20.19 euros/hora (coste hora efectiva según INE), arroja una suma de 1.825 millones al año.

“En una época en que la transparencia se ha convertido en una exigencia social ineludible para instituciones, clase política y empresas, los sindicatos no pueden llamarse andana y negarse a abordar la revisión de situaciones que son auténticos privilegios feudales”, asegura Rosell. “Necesitamos saber qué hacen los liberados, cuántos son, por qué lo son, qué coste suponen para las empresas… Debemos obligarles a que hagan balance de su gestión. Hay liberados que no aparecen por la empresa a la que pertenecen, de modo que sus compañeros les ven la cara en las manifestaciones del 1 de mayo, cuando los “jefes” pasan lista y no tienen más remedio que hacer acto de presencia. Hay que limitar a dos los mandatos sindicales, como en la propia patronal, para evitar que algunos jetas se jubilen tras haber logrado la hazaña de no haber dado palo al agua en la empresa a la que en teoría pertenecen”. El Código de los Trabajadores protege al sindicalista del riesgo de despido. Sueltos son los toros. El delegado sindical, sea o no liberado, es un privilegiado colocado a sotavento de cualquier recorte de plantilla. Con las lógicas excepciones, no hay golfo, inútil, vago vocacional o las tres cosas que no intente colarse en el comité de empresa para blindarse y evitar ser despedido. Una vergüenza consentida por todos.

La “lista de la compra” de los patronos va más allá, y apunta a reclamaciones tan conocidas como la reducción de las cotizaciones sociales –ese impuesto que grava la creación de empleo en España-, la formación profesional (“la empresa paga -1.843 millones de los 2.150 dedicados por la Seguridad Social en 2016 a este capítulo- y debe decidir en qué lo gasta sin intermediarios de ningún tipo”), las modalidades de contratación, o el absentismo laboral, esa otra lacra que penaliza la competitividad y que, tras haberse moderado por la crisis, ha vuelto por sus fueros con la recuperación. Si la economía española creció en 2016 un 3.2% y creó 413.600 empleos, el absentismo lo hizo también en un estratosférico 23,62% hasta los 75.875 millones, según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), cuyo coste directo -prestaciones económicas a cargo de las mutuas y de las entidades gestoras de la Seguridad Social- ascendió a 5.773 millones el año pasado (12,42% más que en 2015), mientras que las empresas –que abonan la prestación disfrutada desde el 4º y el 15º día por el trabajador—, tuvieron que apechugar con 5.498,7 millones (incremento del 42,55%).

Se va Toxo, incapaz de modernizar CCOO

La respuesta de los sindicatos a los planteamientos de la patronal ha sido la esperada: simplemente se han indignado. Solo quieren hablar de negociación salarial y de mantener el poder sindical en la empresa. Incluso a costa del descrédito social. “Ni por las formas ni por los contenidos podemos estar de acuerdo”, dice la misiva con la que CCOO y UGT han respondido a los patronos. “Todas vuestras medidas se orientan en la dirección de mejorar la competitividad de las empresas a costa de una mayor precarización de las condiciones de trabajo”, sostienen, al tiempo que reprochan a CEOE el “marcado tono antisindical” y el deseo indisimulado de “reducir derechos sindicales”. “Mi decepción es muy grande”, reflexiona Rosell. “En CEOE he recortado gastos, he reducido estructura, me he quedado con la mitad del personal. Hemos cambiado muchas cosas. Los sindicatos no se quieren mover un milímetro en nada. Es una tragedia para España. Solo con que lográramos reducir el absentismo a la mitad, las empresas ganarían 2.000 millones que podrían dedicar a subir salarios… Las posibilidades de hacer cosas son infinitas, pero no se puede hacer contra el inmovilismo sindical”.

Fernández Toxo, una cabeza bien amueblada, anunció ayer su retirada al frente de Comisiones Obreras, un sindicato envejecido, sobrepasado por el tiempo, y al que se siente incapaz de modernizar. “Es una decisión personal, pero no por razones personales”, ha dicho. Sin sintonía, además, con el nuevo líder de UGT y sus amistades peligrosas no ya marxistas, que va de suyo, sino secesionistas. En un país como España, con escasa conciencia sindical y aún menos afiliación, los sindicatos corren el riesgo, lo corremos de todos, de convertirse en organizaciones parasitarias controladas por castas extractoras (de los PGE y de las propias empresas) dispuestas a defender el statu quo a sangre y fuego, negadas desde luego al cambio urgido por la globalización y las nuevas tecnologías. Resueltas a seguir viviendo de espaldas a la creación de riqueza y empleo. Ciertamente deslumbrante el espectáculo de inmovilismo sindical en un país que exige a voz en grito la regeneración de todas sus instituciones.

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Cristina y la doctrina de la mujer florero. -Jesús Cacho/Vozpópuli-

“Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La Justicia es igual para todos”. Discurso de Navidad del rey Juan Carlos I en la noche del 24 de diciembre de 2011. Once días antes, Mariano Rajoy había sido investido nuevo presidente del Gobierno, sin que España se hubiera repuesto aún del escándalo provocado por el yernísimo Iñaki Urdangarin, esposo de Cristina de Borbón, acusado de apropiación indebida de fondos públicos y fraude a Hacienda. “Necesitamos rigor, seriedad y ejemplaridad en todos los sentidos. Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar”. Mismo Rey, idéntico discurso.

El sábado 14 de abril, tres meses y unos días después del discurso navideño, el país se desayunaba con la noticia de que el Jefe del Estado, el del “comportamiento ejemplar” exigible “a todos, sobre todo a las personas con responsabilidades públicas”, había sido intervenido de urgencia en una clínica madrileña, tras haber sufrido un grave accidente en Botsuana cuando cazaba elefantes en compañía de su querida, una sedicente princesa alemana de nombre Corinna y apellido impronunciable. El trompazo había ocurrido en plena madrugada del viernes 13 de abril, mientras España estaba a punto de irse a pique por el sumidero del default, la simple y pura quiebra, con la prima de riesgo por los 560 puntos básicos, pero la Casa del Rey no informó de lo ocurrido hasta las 9,30 de aquel sábado, cuando el Monarca, ya operado, se recuperaba en la UCI del Hospital USP San José de Madrid.

En la tarde del lunes 2 de junio de 2014, el presidente del Gobierno hizo pública la renuncia al trono de España de Juan Carlos I en favor de su hijo, el príncipe Felipe, que días después pasaría a convertirse en Felipe VI, en la única operación realizada con tanto éxito como discreción por el destartalado establisment de un régimen, el del 78, que había llegado exangüe, casi arrastrándose, a la abdicación. Junio de 2014 marca, por eso, el final del régimen de la Transición. La sentencia conocida el viernes sobre el llamado “caso Nóos”, condenando a Iñaki y absolviendo a Cristina, es, sin embargo, un episodio más de ese juancarlismo aparentemente superado, en coherencia con la pieza publicada aquí el 12 de enero de 2016 (“No es el juicio de Cristina de Borbón, sino el de su padre”). El último escándalo de la Transición.

Ángela Martialay, experta en tribunales de Vozpópuli, ha dicho de la comentada que es “una de las peores resoluciones judiciales que he leído en años, si no la peor”. Casi mil folios de torturado castellano que apenas dedica 3 a absolver a la Infanta de España. Valga la opinión del juez José Castro, instructor durante 5 años del caso: “la sentencia plantea un montón de incógnitas, pero deja claro que el tribunal sentenciador ha dado por bueno que la infanta Cristina era una mujer florero que no se enteraba de nada, que firmaba el autoalquiler de su palacete de Pedralbes sin saberlo, que estaba en la empresa Aizoon siendo una ingenua…” Es evidente que Cristina, hija de Rey y hermana de Rey, ha recibido distinto trato que la folclórica Isabel Pantoja, otra mujer enamorada de su pareja que, sin embargo, fue a dar con sus huesos en la cárcel. Es la “Doctrina de la Mujer Florero”, emula de aquella otra llamada la “Doctrina Botín”, a la que con idéntico derecho aspiran a acogerse Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, y la exministra Ana Mato, entre otras muchas.

Servidumbre voluntaria

Especular ahora sobre la existencia o no de “presiones” sobre las tres magistradas que han dictado sentencia parece un ejercicio inútil. Probablemente no hayan necesitado ni eso. La infanta no es una cualquiera, de modo que cabe la posibilidad de que, partiendo del principio de la servidumbre voluntaria sobre el que teorizó La Boétie, sus señorías hayan preferido sacrificar la verdad en el altar de la cautela, que siempre será preferible arrostrar algunas críticas extramuros del régimen que contar con la animadversión del mismo. Humano, demasiado humano. Un fallo (en el doble sentido de resolución judicial y de chapuza infecta) en línea con el “pacto del cortafuegos” que Rajoy (“A la Infanta le irá bien”) y su entonces ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón, propusieron al entonces rey Juan Carlos: Urdanga asumiría las culpas –no había manera de enmascarar el delito- y entraría en prisión, a cambio de que la Infanta quedara libre de polvo y paja tras una brillante interpretación de la partitura de la mujer tonta y enamorada que no se entera de nada, un papel que ha gestionado con eficacia el fiscal Horrach, convertido en una especie de abogado defensor de la acusada.

Alguien ha argumentado que a la Corona le hubiera venido bien una condena, siquiera testimonial, de la Infanta, entendida la sanción como escarmiento, como mensaje a caminantes de que “de ahora en adelante, aquí no roba ni el rey de España”, pero esa es la cuestión, ese el nudo gordiano, la losa de oprobio que aprisiona el futuro de la Institución. Para condenar a Cristina hubiera sido necesario llevar antes a juicio la conducta de su padre el rey emérito, y eso es precisamente lo que el sistema no puede aguantar, o por lo menos no todavía: someter siquiera a escrutinio público la conducta de Juan Carlos I, origen de la corrupción en cadena que ha terminado anegando la vida política española. El juicio imposible a un personaje que sigue siendo inviolable por razón de cargo. “Hay prohibiciones que no pueden concretarse en un nuevo precepto”, escribía Secondat (Manuel Jiménez de Parga, expresidente del TC) en abril de 2012 en El Mundo. “Por ejemplo, que el Rey no tenga una amante fuera del matrimonio o que no reciba un tanto por ciento de las operaciones económicas internacionales”. Sobre el reinado de Juan Carlos y sobre el origen de su cuantiosa fortuna, los españoles tienen que seguir pasando calzados con albarcas o con la ayuda de esos zancos de madera que en algunos lugares aún utilizan para cruzar ríos o simplemente chapotear sobre el barro.

No ha sido, pues, un juicio a Cristina de Borbón y a su marido, sino a la corrupción del juancarlismo. En este diario la hemos denunciado sin tapujos, de modo que resultaría ocioso incidir sobre el asunto. Yo mismo escribí un libro al respecto, pronto hará 20 años, cuando algunos de los más conspicuos críticos actuales del emérito se la cogían con papel de fumar. Ocurre que la hija de su padre y el marido de la hija de su padre no han hecho, ellos lo creen así, otra cosa que no vieran hacer en casa, en la Zarzuela, durante un montón de años, de ahí la estupefacción del talonmanista, incapaz de entender lo que le ha ocurrido, negado para comprender que la Justicia pretendiera condenar como oprobioso lo que en su suegro no pasaba de ser diaria aventura galante. Se ha perdido una gran ocasión para ejemplarizar, cierto. Y se ha asestado un duro golpe al prestigio de la nueva monarquía que encarna Felipe VI, un hombre en cuyas alforjas no figuraba, que se sepa, ninguno de los gatuperios que pueblan las de su padre.

Una sentencia que hace daño a Felipe VI

Pertenezco a ese grupo de españoles que, ideológica y vocacionalmente republicanos, han optado por posponer el debate monarquía-república para tiempos mejores, ello en vista de los problemas de todo tipo que asedian ahora mismo a una España cuya propia existencia como nación está en entredicho, y en la esperanza de que sean las futuras generaciones las que se encarguen de despejar la incógnita en un entorno mucho más favorable, más próspero, más profundamente democrático que el actual. Para quienes hemos asumido ese compromiso, el respeto al mandato constitucional, la ejemplaridad en la conducta personal y una exquisita neutralidad política son condición sine qua non para la continuidad de Felipe VI en el trono. Todo eso, más la necesidad de hacer olvidar en el día a día el funcionamiento de la Corona durante la Transición como poder autónomo, alejado del control democrático y envuelto en un espeso velo de opacidad, ello con la complicidad de los sucesivos presidentes del Gobierno. En estos casi 3 años de reinado, el talante del nuevo Rey había logrado hacer olvidar no pocas de las tropelías cometidas por su padre. El fallo judicial del viernes quiebra esa tendencia y deja el prestigio de la nueva monarquía muy perjudicado. Esta sentencia le hace daño. ¿Cuánto? El tiempo lo dirá.

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