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El populismo fiscal del PP, responsable del incumplimiento del déficit. -Juan R. Rallo/Libremercado-

El Gobierno del Partido Popular incumplió el objetivo de déficit público en el año 2015: en lugar de cerrar con un desequilibrio presupuestario equivalente al 4,2% del PIB, lo elevó hasta el 5%. Un desajuste de 8.500 millones de euros por el que Bruselas a punto de estuvo de sancionarnos —con razón–.

Como es bien sabido, todo déficit público es consecuencia de que los gastos del Estado superan sus ingresos y, por tanto, la desviación anterior necesariamente habrá de deberse a que el Gobierno no fue capaz en 2015 de incrementar sus ingresos o de recortar sus gastos lo suficiente. Acaso uno podría exculpar parcialmente al Ejecutivo si tal fracaso fuera resultado de su omisión, es decir, de no haber sido diligente a la hora de adoptar las medidas pertinentes para asegurarse un incremento de la recaudación o, idealmente, una rebaja de los desembolsos. Pero no, el incumplimiento del objetivo de déficit público de 2015 fue consecuencia del comportamiento doloso del PP a la hora de reducir los ingresos públicos e incrementar los gastos.

Empecemos por los ingresos: la semana pasada, la Agencia Tributaria publicó su Informe Anual de Recaudación Tributaria correspondiente al año 2015. En ese informe se estima que la reforma fiscal que aprobó el PP durante ese ejercicio se tradujo en una pérdida de recaudación de 5.900 millones de euros: 4.800 millones imputables a la rebaja del IRPF y 1.100 millones a la de Sociedades. Es decir, a pesar del gigantesco déficit que todavía arrastrábamos, los populares optaron por desprenderse de casi 6.000 millones de euros antes de las elecciones generales.

Sigamos con los gastos: el año pasado, el Gobierno del PP decidió devolver a los empleados públicos la paga extra que les había sido suprimida en 2012. Esta medida absolutamente innecesaria y caprichosa conllevó un aumento bruto del gasto de 4.000 millones de euros; pero dado que la Agencia Tributaria estima en su informe que contribuyó a incrementar la recaudación por IRPF en 300 millones, podemos cuantificar su coste en 3.700 millones.

En definitiva, las medidas electoralistas adoptadas por el PP en 2015 incrementaron directamente el déficit público en 9.600 millones de euros. Aun cuando quisiéramos considerar efectos keynesianos de segunda ronda (o sea, el aumento de la recaudación en otras figuras tributarias como consecuencia del impulso al crecimiento impreso por el déficit), probablemente nos moveríamos en un coste neto de las medidas electoralistas del PP de entre 7.000 y 8.000 millones. Dicho de otro modo: prácticamente todo el incumplimiento del déficit de 2015 fue consecuencia de las políticas compravotos que articuló el Partido Popular antes de las elecciones: bajar impuestos no recortando los gastos sino aumentándolos, esto es, endeudándonos a todos.

El partido del rigor presupuestario apostó decididamente por el populismo fiscal: usaron nuestro dinero y el de nuestros hijos para perpetuarse en el poder. Parece, eso sí, que les ha salido bien. Reincidirán.

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Las cotizaciones sociales: esa estafa legal. -Javier Benegas/Vozpópuli-

El sistema actual ha devaluado nuestras pensiones futuras más de un 40%. Si fuera responsabilidad de una entidad bancaría, estaríamos litigando en los tribunales. Pero como es el Estado, toca pagar y callar.

Luis perdió su empleo a consecuencia de la crisis y tuvo que reconvertirse a trabajador autónomo después de intentar sin éxito “recolocarse” en el régimen general. No es un emprendedor, tampoco un empresario, sino un Trade (trabajador autónomo económicamente dependiente). Lo que significa que, en la práctica, trabaja en exclusiva para un solo cliente (una empresa) asumiendo directamente, sin intermediación alguna, los costes de su cotización y otros trámites administrativos. En realidad, es un asalariado pero en un régimen “muy especial”.

Si la empresa le hubiera contratado en el régimen general, su puesto costaría casi una tercera parte más y, claro, Luis no estaría trabajando. Su calidad de vida no es la misma que antes de perder su viejo empleo; ahora no tiene pagas extraordinarias y los días de vacaciones son 18 en vez de 30. Tampoco le corresponde indemnización por despido o por finalización de contrato. Pero está contento. Tiene un trabajo e ingresos regulares. Y eso, en un país con un 20% de desempleo estructural, no es cualquier cosa, más aún cuando se supera holgadamente la cincuentena y se ha pasado muchos lunes al sol.

Lógicamente, él preferiría estar como los demás. Y no sólo porque le correspondería una pensión mejor y disfrutaría de otros beneficios, sino porque evitaría tener que provisionar el pago mensual de su cotización y el abono trimestral del IVA (en su modalidad, prácticamente no se puede repercutir IVA). Además, se ahorraría pagar un gestor y no tendría que estar pendiente de que la Agencia Tributaria le remita un simpático aviso porque cometió algún inescrutable error. En comparación con el salario medio en España, sus ingresos mensuales no están del todo mal, pero cuando hay que mantener una familia y a duras penas se llega a fin de mes, no tocar el dinero reservado a cotizaciones e IVA requiere una disciplina espartana.

De sablazo en sablazo

Hoy, Luis es plenamente consciente de los costes laborales. Antes no lo era. Por eso, desde que los partidos políticos insisten en revisar las cotizaciones de los autónomos para “adecuarlas a sus ingresos”, está muy preocupado. Sabe que si cumplen su amenaza, tendrá que hacer un desembolso adicional de, al menos, 120 euros mensuales, porque no podrá endosárselo a la empresa. Quizá para un burócrata o político, con la empatía de una piedra pómez, esto no sea más que un pequeño apunte contable, una minucia con la que intentar taponar inútilmente el colosal boquete del sistema, pero para él es mucha pasta: el equivalente a más de dos depósitos de gasolina cada mes (o lo que es lo mismo, un incremento del 100% de lo que destina a ese gasto), dos seguros médicos privados (que ahora mismo no se permite) o la compra conjunta a plazos de, por ejemplo, una lavadora, un lavavajillas y un frigorífico (recientemente tuvo que reparar su vieja lavadora). A pesar de su nulo margen de maniobra, todo apunta a que, en breve, le estafarán 120 euros más al mes por su derecho a trabajar (1.440 euros más al año) porque  –y esto tiene gracia– otros hicieron mal su trabajo y, a sabiendas, abrieron una enorme vía de agua en el sistema de Seguridad Social. Con todo, lo peor es que, exprimiéndole 120 euros más de lo que ya le exprimen, no enmendarán el error sino que perseverarán en él. Y lo harán en beneficio… de sus carreras políticas.

El ejemplo de Luis sirve para ilustrar uno de los efectos perversos de nuestro sistema de cotizaciones: la consolidación de un mercado laboral con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Pero Luis, al menos, es plenamente consciente de la existencia de un impuesto que restringe sus expectativas y deteriora gravemente su calidad de vida. Sin embargo, aquellos que están dentro del régimen general ignoran que dedican casi una tercera parte de su salario a pagar cotizaciones (por ejemplo, un salario bruto de 24.000 euros paga por este concepto 7.296 euros), porque es el empleador el que lo detrae antes de abonar la nómina; es decir, las cotizaciones sociales son el impuesto más opaco de todos cuantos existen en el delirante sistema tributario español. Y también, el más regresivo.

Un sistema que garantiza… el desempleo estructural

Que un puesto de trabajo se encarezca en origen más de un 30% por las cotizaciones tiene consecuencias muy graves. La más evidente es un elevado desempleo estructural que, burbujas aparte, se ha mantenido constante en el 20%. Pero también lo son la baja remuneración, la temporalidad y la precariedad de infinidad de contratos. Además, catapulta hacia la irregularidad a centenares de miles de personas. Y todo porque se ha instaurado la falacia de que las jubilaciones han de depender por fuerza del monto de las cotizaciones, cuando es evidente que se puede hacer de otra manera. En Dinamarca, por ejemplo, las pensiones están garantizadas mediante impuestos y, también, mediante acuerdos voluntarios entre trabajadores y empresarios para dedicar parte de sus remuneraciones a fondos de capitalización: el empresario no detrae de la nómina del trabajador cotización obligatoria alguna, lo que redunda en una mayor oferta laboral, trabajos mejor remunerados y pensiones dignas.

Rebajar cotizaciones reduciría los costes fijos de las empresas, en especial los de aquellas con un crecimiento potencial mayor y, por tanto, con más capacidad de generar empleo. Además, puesto que las cotizaciones bajas facilitan la contratación, mejores sueldos e incrementos de los beneficios empresariales, la recaudación vía Impuesto de Sociedades e IRPF mejoraría sensiblemente, creándose así un círculo virtuoso. Es evidente que no es posible pasar de tener elevadas cotizaciones a eliminarlas, ni siquiera es factible reducirlas de forma drástica de un día para otro, y menos en periodos de desplome de la recaudación fiscal. Es necesario un tiempo de transición. Pero habrá que hacerlo. De lo que no hay duda es que mantenerlas como están o incrementarlas y, además, idear nuevos impuestos para retrasar lo inevitable no es más que la patada a seguir.

Al servicio de los políticos

Con todo, lo peor es que, gracias a este perverso sistema, los disparates cometidos por los políticos han sido una constante. Por intereses electorales y gracias a su proverbial visión de corto plazo, se han dedicado a legislar arbitrariamente en favor de grupos de interés, privilegiando a determinados colectivos en perjuicio del resto, con la vista puesta en las siguientes elecciones. Han establecido excepciones y privilegios a discreción, se han colgado medallas endosando los costes de las pensiones no contributivas, de las jubilaciones anticipadas y del régimen especial agrario al sistema de Seguridad Social, en vez de hacerlo de frente y por derecho, trasladando al público directamente, y no en diferido, los costes de esa solidaridad para que tuviera conciencia de ellos. Incluso, en los tiempos de bonanza, han tirado de la “hucha de las pensiones” para aumentar el gasto corriente en conceptos que nada tenían que ver, demostrando así que la tal hucha es un mero concepto contable, una ficción: el Estado es una caja única al servicio de la deuda.

La resistencia numantina de la clase política a cambiar el modelo de cotizaciones sociales se debe a su utilidad para presumir de “magnanimidad” y “sensibilidad social” de cara al público, para fingir que velan por los más desfavorecidos. Si las cotizaciones desaparecieran de la ecuación, y los impuestos y servicios se gestionaran como un todo, los gobernantes pasarían a ser juzgados por la eficiencia o ineficiencia de su gestión global, sin posibilidad de trucos, de numeritos de magia, que siempre terminan muy mal; no podrían meter la mano en las cotizaciones para comprar apoyos y votos aquí y allá, haciéndose fotos con los jubilados presentes, mientras precarizan el mercado laboral y condenan a los jubilados de mañana a la indigencia. El sistema actual ha devaluado nuestras pensiones futuras un 40%. Y seguirá devaluándolas. Si fuera responsabilidad de una entidad bancaría, estaríamos litigando en los tribunales. Pero como es el Estado, toca pagar y callar. ¿Hasta cuándo?

Estaría bien que alguno de los agentes políticos con posibilidades de representación, tuviera el coraje de reconocer el fracaso del modelo. Pero vistos sus programas y escuchadas sus opiniones, abundarán en el horror. Evidentemente, muchos grupos de interés se oponen al cambio. Y sin duda reaccionarían con virulencia ante reformas profundas, especialmente la gran familia de los burócratas, que vive a costa del delirante entramado fiscal. Pero hay que poner pie en pared. Es eso o seguir encareciendo los puestos de trabajo un 30%, lo que contribuirá a mantener el desempleo estructural por encima del 18% de manera indefinida. Es eso o generar millones de jubilados con pensiones muy por debajo de los 1.000 euros mensuales, cuando a día de hoy el precio medio de una residencia de ancianos es de 1.400 euros más IVA.

Ver artículo original:

Un trabajador que ingresa 1.600 euros paga al Estado más de 1.200 mensuales -Luis F. Quintero/Libremercado-

En el cálculo de los impuestos que pagamos los españoles de a pie cada año, solemos fijarnos en el porcentaje que el Estado nos quita en concepto de IRPF, amén de cotizaciones sociales y las cantidades aportadas a la Seguridad Social.

Ya este cálculo da escalofríos cuando comprobamos que el Estado se embolsa más de 500 euros al mes de cada mileurista, como ya publicóLibre Mercado.

Pero también debemos recordar que aquellos contribuyentes que son propietarios de una vivienda, pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) año tras año (sin contar con los impuestos derivados de la compra en el momento de la misma).

Además, los contribuyentes con coche pagan por él IVA y el impuesto de matriculación. Por añadidura, cada año tenemos que satisfacer el impuesto de circulación, conocido como “el numerito”. Por no citar las cantidades que se queda Hacienda de cada litro de gasolina o gasoil con los que llenamos el depósito del coche y que alcanza prácticamente 50 céntimos de cada euro gastado. Llegado el momento, cada año hay que pasar la ITV al coche, que no es un impuesto propiamente dicho, pero es un coste impuesto por el Estado a la propiedad del vehículo.

Pero no quedan ahí las cantidades que día a día entregamos a Hacienda. Para hacernos una idea de qué porcentaje del dinero que percibimos al año se queda en Hacienda, pongamos un sencillo ejemplo. Una muestra de cómo funciona el sistema impositivo español. No vamos a elegir precisamente el ejemplo del gran empresario de éxito con abultados ingresos, sino el ciudadano de a pie, ese que puede identificarse con el extendido término de “el común de los mortales”.

Cálculo de fiscalidad al trabajo por tramos de salarios | Think Tank Civismo

Pongamos el caso de un joven profesional de unos 30 años al que llamaremos Mateo. Cobra unos 24.400 euros brutos al año. Vive en Madrid en un piso en propiedad, por el que paga religiosamente un crédito hipotecario y, además, dispone de un coche. Para calentarse, en casa tiene calefacción individual por gas natural.

Con ese sueldo (24.400 brutos anuales) la empresa que le ha contratado paga por él al año 31.696 euros. Es decir, que la empresa paga por ese trabajador a la Seguridad Social 7.296 euros. El Estado detrae del sueldo bruto de este contribuyente 1.549 euros anuales como contribución a la Seguridad Social. En concepto de IRPF, se le quita 3.628 euros, lo que le deja un salario neto disponible de 19.223 eurosal año, unos 1.600 euros al mes (12 pagas).

Sólo en impuestos directos al trabajo, el Estado ingresa un 39,35% del sueldo de este trabajador, (12.473 euros). Pero ahí no queda todo. Con esos 19.223 euros, este trabajador afronta los gastos necesarios para vivir.

Vivienda

Siguiendo la norma no escrita, pero comúnmente aceptada, de dedicar a la vivienda un tercio del poder adquisitivo, Mateo vive en Madrid en una casa propia por la que paga una hipoteca de 500 euros mensuales. En Madrid, el tipo de gravamen aprobado en Ordenanza 2016 para viviendas de naturaleza urbana es del 0,51%. Según algunas tablas podemos estimar un IBI de unos 282 euros anuales, aunque el IBI medio en Madrid en 2016 es de unos 328 euros anuales.

Agua, electricidad y calefacción

No todo el mundo sabe que en los consumos básicos del hogar (agua, luz y calefacción) también se pagan impuestos. Por ejemplo, en el recibo de la luz, prácticamente el 50% del importe que tenemos que satisfacer por nuestro consumo va directamente al Estado en concepto de impuestos, subvenciones, sobrecostes de generación en las islas y amortización del déficit de tarifa.

Según un estudio elaborado en noviembre del año pasado por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), los hogares españoles se gastan 56,3 euros mensuales de promedio en su factura eléctrica. Teniendo en cuenta que una sola persona consume menos electricidad que los hogares habituales (suele calcularse la media para hogares de al menos 3 personas) podemos estimar un consumo medio mensual de unos 20 euros. Esto supone unos 240 euros anuales, de los que 120 van directamente al Estado.

Mateo tiene instalada en su casa calefacción individual por gas natural, que también emplea para calentar el agua. Según los datos que ofrece laweb Tarifas gas y luz, y aunque el gasto estimado depende de multitud de factores, temperatura media que queremos dentro del hogar, meses de uso, situación de la vivienda, aislamiento, etc. Mateo estaría gastando algo más de 1.000 euros al año en sus facturas de gas. Entre el IVA (21%) y el impuesto de hidrocarburos, Mateo estaría pagando unos 240 euros anuales en impuestos para calentarse.

En cuanto al consumo de agua, siguiendo la definición de consumidor medio que marca AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento), el cliente medio es aquél que paga por su consumo de agua en Madrid unos 15€ al mes, con el 10% de IVA (1,5 euros), lo que suponen a Mateo 18 euros al año en impuestos por el agua.

Por otro lado, Mateo también tiene instalado un servicio de telefonía fija,ADSL y telefonía móvil. Según los últimos estudios de las asociaciones de consumidores y usuarios, en España el gasto medio de este tipo de servicios por usuario es de 40 euros mensuales. Aceptando esta media, Mateo gastaría unos 480 euros anuales en teléfono, de los que 100 euros (21% de IVA) se van directamente a Hacienda.

Gastos corrientes

Mateo tiene coche y hace un uso normal del mismo, estimado en unos 20.000 kilómetros anuales. Además, su coche es diésel y de bajo consumo, lo que aumenta su gasto anual hasta los 1200 euros en combustible. Si desglosamos la factura de la gasolinera veremos cómo prácticamente el 50% del importe son impuestos, por lo que Mateo se deja en impuestos por la gasolina unos 600 euros anuales. También paga el impuesto de circulación que ronda los 60 euros y tiene que pasar la ITV a su vehículo que le entrañan otros 40 eurosaproximadamente.

Otros gastos

Algunos estudios señalan que el gasto medio anual por persona en ropa y calzado alcanza el 2,5% del presupuesto anual, unos 480 euros, lo que supone pagar en impuestos unos 100 euros.

Basándonos en el informe del Instituto Nacional de Estadística sobre el gasto medio de los hogares españoles en alimentos y bebidas no alcohólicas, podríamos decir que Mateo dedica a su cesta de la compra unos 1000 euros al año. Pensando en una proporción 70-30 entre productos frescos y productos elaborados, estaríamos hablando de que pagaría en impuestos: 58 euros por la cesta de la compra.

Otros estudios señalan que el gasto medio por persona en ocio ascendió en 2014 a los 670 euros al año. Los tipo de impuestos aplicados a estos gastos son variados, ya que algunos servicios están gravados al 10% y otros al 21%. Por hacer un cálculo aproximado, aplicaremos el 10% a 335 euros y el 21% a los otros 335%. Habremos gastado en impuestos unos 103 euros.

Sólo en bebidas alcohólicas la media por hogar se estima en 510 euros, según el INE, por lo que podemos calcular que para una sola persona la media sea de 255. Con lo que si sólo aplicamos el IVA (cada bebida alcohólica tiene su propio gravamen especial) nos dejaríamos en impuestos unos 53 euros.

Por otro lado, el INE calcula la media de gasto en mobiliario, equipamiento y otros gastos de la vivienda anualmente asciende a 1.100 euros por hogar. Al ser Mateo, nuestro ejemplo, una sola persona lo dejaremos en unos 500 euros anuales, lo que suponen otros 105 euros de impuestos.

El gasto medio estimado en transportes que refleja el INE para una familia es de 3.227 euros, para Mateo lo dejaremos en 1.000, lo que suponen unos 210 euros en impuestos.

Añadamos otros 1.500 euros en hoteles, cafés restaurantes y otros bienes y servicios (que el INE valora en 4.300 euros de media para un hogar), lo que sumarían otros 315 euros.

Con estos cálculos, y sin tener en cuenta eventuales contribuciones coercitivas como posibles multas de tráfico, tarifas de aparcamiento en la capital, así como tasas municipales por gestiones administrativas, podemos calcular que Mateo gana 31.696 euros, de los que percibe en bruto 24.400 euros, y le queda en neto 19.223 euros. De la cantidad que genera con su trabajo, Hacienda se queda con:

  • Seguridad social de la empresa: 7.296
  • Seguridad social de Mateo: 1.549
  • IRPF: 3.628
  • IBI: 282
  • Agua: 18
  • Impuestos en la factura de la luz: 120
  • Impuesto en la factura del gas: 240
  • Impuesto en la factura del teléfono: 100
  • Impuestos al gasoil: 600
  • Impuesto de circulación: 60
  • ITV: 40
  • Impuestos en ropa: 100
  • Impuestos en alimentos: 58
  • Impuestos en ocio: 103
  • Bebidas alcohólicas: 53
  • Mobiliario y equipamiento: 105
  • Transporte: 210
  • Hoteles, cafés, restaurantes 315
  • TOTAL: 14.877 EUROS

En total, y sin tener en cuenta otras consideraciones (gastos extraordinarios, gastos en tecnología, revisiones del automóvil, gastos en educación o salud) el Estado gana, gracias a Mateo, 14.877 euros anuales. Visto de otro modo, el Estado está sustrayendo 14.877 euros a una persona cuyo poder adquisitivo asciende a 19.200 euros anuales. Es decir, que el Estado se embolsa cada mes 1.239 euros de Mateo, un contribuyente que ingresa 1.600 euros netos al mes. Es decir, que a lo largo de un año paga a Hacienda el 61% de su salario bruto (24.400 euros), o el 47% del total del coste laboral de Mateo (31.696 euros).

Es decir, que cuando Mateo ingresa su nómina (1.600 euros cada mes) en la cuenta, el Estado ya le ha quitado IRPF y Seguridad Social, es decir, 1039 euros cada mes (12.473). Con el poder adquisitivo que le resta a Mateo (1.600 euros cada mes) tiene que afrontar todos sus gastos. En estos gastos estaría pagando a Hacienda unos 2.400 euros al año en impuestos indirectos en sus consumos (IVA y especiales), es decir 200 euros al mes sólo en impuestos, con lo que podemos concluir que Mateo goza de un neto real de 1.400 euros mensuales, cuando su trabajo, en realidad, estaría remunerado con 2.641 euros. Conclusión. El Estado gana más de 1.200 euros al mes del trabajo y actividad económica de Mateo.

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