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La singularidad ‘nacional’ de Cataluña. -Jesús Laínz/LD-

Por el momento son sólo frases, mensajes cortos, medias palabras, anticipos. Pero, dada la experiencia sufrida por los españoles desde que Suárez empezó a alzarse las enaguas ante los separatistas, alzamiento agravado paulatinamente, sin excepción, por Calvo-Sotelo, González, Aznar, Zapatero y Rajoy, nada bueno debemos esperar de los déspotas iletrados que desgobiernan desde Moncloa de espaldas a los españoles y en contra de la voluntad hasta de sus votantes.

Se habla de distensión, de consenso, de inexistencia de límites para el diálogo, de benevolencia judicial con quienes llevan años cometiendo todo tipo de delitos, de “gestos” con la lengua catalana –cuando la perseguida en Cataluña es la española–, de reforma constitucional para mimarles un poco más, de que algo habrá que conceder, de que alguna razón tendrán…

Siguen nuestros gobernantes sin comprender que el separatismo no está provocado por un problema de fondo del que los separatistas serían consecuencia, sino que son ellos los creadores de un problema, antes inexistente, mediante su paciente operación de lavado de cerebro masivo, eficaz tanto en Cataluña como en el resto de España e incluso más allá de nuestras fronteras, como veremos a continuación. Y también siguen sin comprender que, tras la primera siembra efectuada por Jordi Pujol, el español ejemplar, los que han regado generosamente el terreno han sido los gobernantes de Madrid. Gobernantes que, en un Estado de Derecho de verdad, hace ya muchos años que habrían pasado por los tribunales para responder por sus continuos incumplimientos de la ley, Constitución incluida.

Pero, ya que tan convencidos están de esa singularidad catalana que parece exigir que los españoles estemos perpetuamente dando la razón a los separatistas hasta el punto de incumplir, reformar y reinventar Constituciones para satisfacerles, plantearemos aquí una sencilla cuestión con la vana esperanza de obtener respuesta.

El Instituto Geográfico De Agostini publica desde hace ciento doce años su prestigioso Calendario Atlante, informadísimo atlas socioeconómico con información actualizada de todos los países del mundo. Como dato inicial apuntaremos que España queda dividida en los siguientes “grupos étnicos”: españoles (74,4%), catalanes (16,9%), gallegos (6,4%) y vascos (1,6%). Ya desde el principio sorprende la facilidad con la que se identifica lo castellano –para ser precisos, las provincias monolingües– con lo español, quedando el resto excluido de dicha categoría.

Pero lo más interesante proviene de la comparación con otros países. Alemania, por ejemplo, queda dividida étnicamente entre un 92% de alemanes y el resto subdividido entre ciudadanos de otras nacionalidades presentes en suelo alemán, es decir, la población emigrante (turcos, yugoslavos, italianos, griegos, etc). No se considera a prusianos, sajones, renanos o bávaros como grupos diferenciables, a pesar de sus muy notables diferencias históricas, dialectales, culturales y religiosas, muchas de ellas mayores que las existentes entre las regiones españolas. Para empezar, la gran línea divisoria, de medio milenio de antigüedad, entre católicos y protestantes. Y continuando con el hecho de que no conformaron una unidad política hasta hace ciento cuarenta años, tras una guerra entre bávaros y prusianos en 1866, algo inimaginable en España.

En el Reino Unido pasa lo mismo: los grupos étnicos a considerar están definidos por el color de la piel: un 92% de blancos en contraste con los grupos extraeuropeos (hindúes, negros y pakistaníes). No se menciona ni a galeses ni a escoceses, naciones reconocidas constitucionalmente y de personalidad histórica, étnica y lingüística indudablemente no menor que la que gallegos, vascos y catalanes tienen en relación con el conjunto de España.

Lo mismo sucede con Italia, donde no se hace matiz alguno entre tiroleses, sardos, piamonteses, lombardos y sicilianos, a todos los cuales se considera igualmente italianos sin atender a las divisiones históricas, culturales y lingüísticas, mucho más numerosas y profundas que las existentes en España. ¿Por qué las zonas lingüísticas italianas, de enorme contraste, no son consideradas constituyentes de entidades étnicas singularizables, mientras que en España sí? ¿Por qué los vascos, mayoritariamente hispanohablantes, son considerados distintos de los españoles y los sudtiroleses, mayoritariamente germanohablantes, no son considerados distintos de los italianos? ¿Por qué los catalanohablantes de España son considerados étnicamente distintos y los de Cerdeña no? ¿Cuál es la causa de esta sorprendente diferencia de criterios?

Y, finalmente, el caso más cercano y de contradicción más evidente: Francia. Porque la población francesa queda dividida, una vez más, entre un 93% de franceses y el resto repartido entre argelinos, senegaleses, cameruneses, marroquíes, turcos, españoles, portugueses, italianos y otros. Es decir, que las únicas divisiones étnicas rastreables en suelo galo son las referidas a los emigrantes extranjeros. No se menciona ni a corsos ni a normandos ni a bretones ni a gascones ni a provenzales ni a alsacianos, de peculiaridades culturales y lingüísticas no menores que las existentes en España.

Pero lo más sorprendente de todo es que los vascofranceses y los catalanofranceses no son considerados constituyentes de una unidad étnica diferenciada en el conjunto de Francia, mientras que los vascoespañoles y los catalanoespañoles sí.

¿Por qué?

Como ningún responsable político dará nunca ninguna respuesta, la daremos nosotros: porque la visión de la realidad española está deformada por la inmensa falsificación separatista, jamás combatida desde las instituciones.

Por eso se la han tragado sin rechistar los catalanes, los españoles –empezando por sus ignorantísimos políticos– y los extranjeros.

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El sueño húmedo del independentismo. -Julio Murillo/El Español- #Cataluña –

Dedicado a mi viejo colega de rock’n’roll y buenas vibraciones, Ramón de España.

Y a Berlanga, claro.

Creo que no les descubriré nada nuevo, queridos lectores, si les digo que el sueño húmedo del independentismo, la fantasía confesa que les pone priápicos y más salidos que un cornúpeta en época de berrea, es la imagen del ejército entrando en Barcelona. Lo han manifestado en innumerables ocasiones. De hecho, cuando la CUP habla de “tensar la cuerda”, se refiere a eso, a una reacción desmedida por parte del Estado, con autonomía intervenida, Parlament clausurado, ejército en las calles y toque de queda y revueltas callejeras por doquier. Según creen, ese orden de cosas conduciría de forma irreversible a la indapandansia del carajo.

Cuando la CUP habla de “tensar la cuerda”, se refiere a una reacción desmedida por parte del Estado, con autonomía intervenida; según creen, ese orden de cosas conduciría de forma irreversible a la indapandansia del carajo

Permítanme narrarles brevemente cómo ocurriría todo eso.

Al amanecer y con fuerte viento de Levante –va por ti, Trillo–, las unidades del ejército llegarían a las inmediaciones de la Ciudad Condal. Antes de enfilar la recta de la Diagonal, se detendrían en TVen3 y harían una regulación de plantilla a saco y sanearían las cuentas. Por descontado, programarían una emisión musical, a base de Manolo Escobar, Juanito Valderrama y Estrellita Castro. Solventado eso, avanzarían por la zona universitaria. Al frente, obviamente, marcharía la Legión, con bayoneta calada, portando al Cristo de la Buena Muerte y la cabra sandunguera; detrás, la Benemérita, con tricornio de gala, y finalmente, la división acorazada Brunete, muy cabreada por haber pagado peaje en la autopista.

Alertado por el vuelo rasante de los cazas de la Fuerza Aérea Española, Romeva y los 18 embajadores, cónsules, vicecónsules y chupatintas de su equipo –esos que se reparten 1,5 millones de euros anuales en sueldos–, abordarían un helicóptero de los Mossos, rumbo a Bruselas, porque estas cosas deben denunciarse en caliente. Por su parte, Artur Mas y Puigdemont y su cigüeñal, tomarían la AP-7 en un Audi blindado, rumbo a Cadaqués, buscando refugiarse en casa de Rahola, tras destruir en la trituradora del despacho más de tres mil fulls de rutay otros documentos sediciosos de transición barretinera.

En la Generalitat, Junqueras, Tardà y Martita Rovira organizarían, devorando al borde del paroxismo una docena de bocatas de mortadela y atún, la defensa de la capital, dejando el operativo callejero en manos de Anna Gabriel y sus belicosos lugartenientes de la CUP, Arran y otras organizaciones de descerebrados tot per la pàtria. Como esta gente monta la algarada en un visto y no visto, pronto una compacta muralla humana, alegre y combativa, bloquearía el paso a los invasores, a la altura de la Diagonal con Paseo de Gracia. Y como no son tontos, dispondrían en primera línea de combate a los charnegos de Súmate Periquito Que Aquí Hay Pasta Gansa.

Los legionarios, al reconocer a los hijos, nietos y biznietos de Josefina de Cáceres, Honorio de Albacete y Eusebio de Jaén, dejarían las armas, desabotonarían sus camisas y repartirían a sus paisanos una somanta de guantazos compasivos, que harían que Eduardo Reyes y Rufiánsalieran despedidos por los aires como los romanos en los cómics de Astérix, estrellitas incluidas. Todo se saldaría, felizmente, con doscientas costillas rotas; un centenar de ojos a la funerala; cincuenta cejas partidas y dos docenas de narices aplastadas. Y con los cuperos corriendo y gritando maricón el último.

Si lo que hemos aguantado estos últimos cuatro años aquí hubiera ocurrido en Francia, en la “Cataluña Norte”, toda esta caterva de marcianos uniceja estaría criando malvas

Eso sí… las fotos y vídeos de esa exhibición fascista surcarían las redes sociales a la velocidad del sonido, y los 400 caciques de la vara, uy… perdón –¡tonto estoy!–, los 400 alcaldes de la AMI y sus bastones de mando, concentrados holgadamente en lo alto de un risco de ocho metros cuadrados en Montserrat, proclamarían la República catalana.

Pero eso no ocurrirá, porque el ejército que entrará en Barcelona, por la Meridiana, será el francés. Sí, han leído bien. Tras la protesta del Elíseo por la intolerable intromisión que supone la resolución del Parlament de Cataluña en la soberanía de Francia, Hollande y Valls –y aún peor si es Marine Le Pen quien gana las elecciones en 2017– nos mandarán a la Legión Extranjera, y a los cuerpos tácticos de la Gendarmerie Nationale, si estos fantoches que soportamos en Cataluña siguen empecinados en seguir tocando la pera al mundo mundial.

A Mas, Puigdemont y Homs los facturarán a la isla de Elba; a Junqueras, Tardà y a los cuperos, a la de Santa Elena, y a Rahola, Terribas, Rufián, Reyes y Lluís Llach a picar piedra en cualquier Guayana que tengan a mano, a lo Papillón. Después le comunicarán la acción relámpago a Rajoy, que pasmado se encogerá de hombros y murmurará en gallego: “¡Carallo, agora que estaba preparado para tomar cartas no asunto!”.

No lo duden. Si lo que hemos aguantado estos últimos cuatro años aquí hubiera ocurrido en Francia, en la “Cataluña Norte”, toda esta caterva de marcianos uniceja estaría criando malvas como el abate Faria en El Conde de Montecristo desde el 12 de septiembre de 2012. Empezando por Amparito Moliner, a la que castigarían a copiar trescientas mil veces, con caligrafía inglesa, la Constitución gala, tras quemarla en directo.

Espero que se hayan divertido. No lo olviden: reír es el único antídoto eficaz ante estos zoquetes. Les veré en unos días. Sean felices.

El órdago nacional.

Aumenta la frecuencia de los desplantes de los secesionistas frente al Estado. No pasa un día sin que insistan en su desafío de convocar ilegalmente una consulta previa a su declaración de independencia, o directamente amenacen con lo que denominan desconectarse del Estado español.
Diariamente nos desayunamos con esa cantinela, cansina por lo reiterada pero preocupante por la intensificación de la firmeza con la que expresan su enloquecido plan secesionista. Y porque ya empiezan a pasarse abiertamente por el arco del triunfo las sentencias del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo con la mayor desfachatez. Dicen que no se sienten sujetos a sus decisiones porque son tribunales españoles….
Todo esto se veía venir desde hace muchos años. La pasada Historia contemporánea de España avalaba los peores augurios, y los acontecimientos políticos recientes los corroboraban. Sin embargo, quienes tenían el deber y el poder de poner a punto los mecanismos jurídicos de respuesta no lo han hecho. Prefirieron mirar hacia otro lado. De hecho, se dedicaron de manera suicida a desarmar el aparato jurídico del Estado, eliminando sus defensas hasta dejarlo inerme frente a los retos del secesionismo. Y esto durante veintiún años, que se dice pronto.
Pero hemos llegado ya al final del trayecto y las autoridades del Estado parece que por fin ven las orejas al lobo y dicen que quieren responder. Proclaman ahora solemnemente que tienen dispuestos y a punto los mecanismos de reacción. Si es así, a buenas horas…
Yo, la verdad, no veo tales mecanismos por ninguna parte. Por más que los busco y estudio el ordenamiento jurídico no los encuentro. No descubro ninguna respuesta legal verdadera y seria. Me refiero, claro está, a una respuesta que sea eficaz y dotada de una escala que se ajuste realmente a la gravedad del desafío que hay que neutralizar.
Porque si de lo que se trata es de tener una reacción raquítica,canija, lo mejor será no usarla ni exhibirla siquiera. Por dignidad. Por no hacer el ridículo, y por evitarnos a todos los españoles tener que rematar con un triste espectáculo final la incompetencia de quienes desde los resortes del poder político nos han traído a rastras hasta esta lamentable situación histórica.
Le dirán a usted, amable lector, que el Estado está preparado. Pero no se deje engañar. Sepa usted que hoy en España, aunque parezca mentira, proclamar la independencia de una parte de su territorio no es un delito. Ni puede ser castigada semejante enormidad con una pena. A la opinión pública se le dice que sí lo es, pero no es cierto. Me consta que importantes juristas de altísimo nivel situados en las instituciones del Estado trabajan con ahínco para encontrar la naturaleza delictiva del desafío secesionista. Yo lo veo muy difícil sin retorcer los textos legales y sin quebrantar el principio de legalidad, fundamental en el Derecho Penal civilizado.
Lo que es verdad es que el comportamiento al que me refiero fue un grave delito en España durante muchos años hasta que el Código Penal de 1995, llamado Código de la democracia, suprimió todas las figuras penales que castigaban los ataques a la unidad nacional, y los comportamientos secesionistas dirigidos a la fragmentación del Estado. Ataques que castigaba, y muy severamente, por cierto, el Código Penal de la Segunda República: su artículo 242 recogía como delito de rebelión “los ataques a la integridad de España… bajo una sola Ley fundamental y una sola representación de su personalidad como tal Estado español”. La pena no era precisamente menuda: de seis años y un día a doce años de prisión; y en el caso de llegar a tener efecto la rebelión, la de prisión de doce años y un día a veinte años para los promovedores de ella.
El Código Penal de la Segunda República castigaba, y muy seriamente, los ataques a la unidad nacional.
Este delito se mantuvo en los Códigos Penales posteriores, primero como delito de rebelión y luego como delito de sedición. Pero el legislador del 95, aquejado de un buenísimo suicida, los suprimió todos haciendo gala de una ceguera política verdaderamente asombrosa. Pero la verdad es que tampoco nadie después rectificó este error, aunque lo conocían. Y así hemos seguido durante veintiséis años. Ahora las cosas quieren arreglarse tarde y mal. Y posiblemente no puedan ya arreglarse de ningún modo.
Ésta es la verdad que no se cuenta.
¿Y ahora qué tenemos?, se preguntará usted. Pues nada… No tenemos nada que castigue la proclamación de independencia de una parte de España: no es ya rebelión porque ésta exige que la finalidad de separar una parte del territorio español se pretenda a través de un alzamiento público que además tiene que ser “violento”. No es tampoco sedición porque este delito exige que el alzamiento público sea además “tumultuario”. Así que proclamar la independencia de parte del territorio español, sin que medie violencia ni haya tumulto, aun concurriendo alzamiento público, no es nada.
Es más: ni siquiera los sucesivos gobiernos de España han querido incluir semejante barbaridad entre los delitos contra la Constitución. Le parecerá mentira pero así es. Entre esos delitos encontrará el lector un variado repertorio de conductas más o menos perturbadoras del trabajo de los diputados; incluso el inocuo hecho de manifestarse ante las sedes del Congreso de los Diputados, por citar sólo un ejemplo de algo irrelevante pero que ha sido elevado a la categoría de delito contra la Constitución. Sin embargo, no encontrará usted ninguna figura que describa la proclamación de independencia de una comunidad autónoma o de una parte de nuestro territorio, en el seno de una asamblea legislativa por votación y decisión colectiva de sus Señorías secesionistas.
¿Qué nos queda entonces? Pues el modesto campo de la desobediencia a los tribunales en el que no faltan ciertas particularidades verdaderamente bochornosas: cuando el desobediente es una autoridad (por ejemplo, Presidente de la Comunidad Autónoma) que se niega abiertamente a dar debido cumplimiento a una resolución judicial (por ejemplo, Supremo o Constitucional), ni siquiera su comportamiento rebelde es delito contra la Constitución a pesar de que integra un verdadero ataque a la estructura del Estado y a la división de poderes. Es sólo un modesto delito contra la Administración Pública, o sea, un delito en el que lo que se protege es la eficacia de la maquinaria que dispensa los servicios públicos. La pena por ello es ridícula: una pequeña multa, y una inhabilitación por dos años como máximo para ejercer empleos o cargos públicos… precisamente en España. Es fácilmente imaginable lo que estas penas pueden impresionar a la autoridad autonómica secesionista que se constituye en Estado independiente.

Aún más: el precepto que recoge este delito de la autoridad desobediente a las sentencias judiciales es el mismo que, también con idéntica pena, sanciona a cualquier funcionario que desobedece las órdenes recibidas de la autoridad superior. No importa ni el rango jerárquico del que desobedece ni la relevancia de la autoridad desobedecida, desde una perspectiva constitucional. Así que para el legislador ambas cosas son equiparables: la conducta del modesto funcionario que desobedece a la autoridad de la que depende y la conducta de la autoridad rebelde que se niega a cumplir las sentencias de nuestro Tribunal Constitucional o de nuestro Tribunal Supremo.
Y todavía algo peor: el precepto contiene la vergonzosa previsión de que el desobediente (pensemos en un Presidente autonómico que se niega a cumplir una sentencia del Supremo o del Constitucional) pretenda su exención de responsabilidad con el alegato de que el mandato incumplido era contrario a la Ley. No digo que este alegato pueda prosperar. Digo que la norma prevé la posibilidad de hacer esta alegación incluso cuando el mandato desobedecido proceda del más alto Tribunal de España. Y digo yo que el sólo hecho de que el Código Penal contemple esta hipótesis como posible y por tanto como alegable en un proceso, debería abochornar al legislador español que ha mantenido este estado de cosas en el repertorio jurídico del Estado.
Así que cuando ahora nos dicen que están preparados los mecanismos jurídicos para responder al desafío, pienso para mis adentros: “menos lobos…”
El Gobierno, viniéndose arriba, busca tranquilizar a la inquieta opinión pública. Pero no nos engañemos. Para soltar un órdago así al envite del nacionalismo hace falta algo más que entusiasmo. Hace falta tener mejores cartas jurídicas. En este problema no se puede ir de farol porque se corre el riesgo de que te contesten: “veo”. Y en ese momento hay que enseñar las cartas.
Entonces, ¿qué haremos? Mucho me temo que, aparte del ridículo, no haremos nada. Sólo contemplar un desastre de gravísimas consecuencias para la Historia de España. Un desastre que tiene una larga nómina de responsables.

Ramrock's Blog

Por Adolfo Prego, Magistrado excedente del Tribunal Supremo

Aumenta la frecuencia de los desplantes de los secesionistas frente al Estado. No pasa un día sin que insistan en su desafío de convocar ilegalmente una consulta previa a su declaración de independencia, o directamente amenacen con lo que denominan desconectarse del Estado español.
Diariamente nos desayunamos con esa cantinela, cansina por lo reiterada pero preocupante por la intensificación de la firmeza con la que expresan su enloquecido plan secesionista. Y porque ya empiezan a pasarse abiertamente por el arco del triunfo las sentencias del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo con la mayor desfachatez. Dicen que no se sienten sujetos a sus decisiones porque son tribunales españoles….
Todo esto se veía venir desde hace muchos años. La pasada Historia contemporánea de España avalaba los peores augurios, y los acontecimientos políticos recientes los corroboraban. Sin embargo, quienes tenían el…

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