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Rajoy, Montoro y el enemigo de las empresas. -Jesús Cacho/Vozpópuli-

Juan Rosell terminó por explotar este martes con un duro alegato contra el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ese Savonarola que en los últimos tiempos le ha salido a las empresas españolas, particularmente a las grandes. Dijo Rosell que “el discurso de Montoro con las empresas es más agresivo que el de Podemos”, una frase que, al margen de lo que tiene de provocación pura y dura, encierra no pocas claves con las que describir el territorio inhóspito en que se desenvuelve la actividad empresarial en un país donde el empresario sigue siendo visto como un explotador despiadado por parte no ya de una sociedad cada vez más estatista, más convencida de que el empleo, como los niños, lo trae la cigüeña desde París, sino de unos partidos rendidos a los cantos de sirena del populismo. Claves, también, del fracaso del Gobierno a la hora de ajustar las cuentas públicas, y de las dificultades con las que, a corto plazo, va a tener que enfrentarse la economía para generar riqueza y empleo una vez perdido el viento de cola de los precios del crudo y los tipos de interés.

Las palabras de Rosell, convertido de nuevo en gran jefe de la patronal una vez desaparecido ese invento que fue el CEC, venían a cerrar el ciclo iniciado por el propio titular de Hacienda cuando, el pasado 25 de enero, se arremangó en el Congreso con una soflama contra la laxitud fiscal de la gran empresa. “No se explica que cualquiera de nosotros esté tributando por el IRPF o una pyme esté tributando un 18% y un grupo consolidado esté tributando el 7%” (…) “Cuando llegamos al Gobierno en 2012, el tipo efectivo de los grandes grupos era del 3%, lo que quiere decir que grandes grupos de España pagaban cero” (…) “Estamos hablando de que a los grandes grupos les conviene tributar más porque es que si no, esto de la cohesión social no se sostiene”. Conviene aclarar que la bronca del ministro venía a rubricar, a su vez, una serie de sonoros estacazos fiscales que ha dejado a más de una empresa temblando: el aumento “máximo” de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades (IS) en octubre y su elevación en 4.650 millones en diciembre, de forma retroactiva además.

Semejante lenguaje en boca del ministro de Hacienda de un Gobierno de la derecha, siquiera en teoría, puede resultar peligroso en un país sumido en pleno sarampión izquierdista, en el que la actividad empresarial parece haber retrocedido en términos de valoración publica a tiempos anteriores a la Transición. Rosell refuta la mayor asegurando que “si fuesen ciertos esos porcentajes del 7%, estaríamos tributando por debajo de Irlanda y tendríamos un aluvión continuo y lógico de empresas multinacionales trasladándose a España, lo cual no es el caso”. Pues no. La polémica parece fruto de un error de partida, resultado de la aplicación de dos varas de medir, dos porcentajes, distintas a la hora de calcular la cuantía del impuesto: por un lado, el llamado “Tipo efectivo sobre Base Imponible”; por otro, el denominado “Tipo efectivo sobre Resultado Contable”, cuya utilización arroja aquel escandaloso 7% utilizado por el ministro.

La patronal, y la mayoría de los expertos, cree que el criterio utilizado es incorrecto, porque el IS no se paga sobre resultado contable (cuenta de pérdidas y ganancias), sino sobre la base imponible positiva, por lo que sería más adecuado utilizar el porcentaje del “Tipo efectivo sobre Base Imponible” que recoge la relación entre cuota y base imponible. A su tenor, y de acuerdo con los datos de recaudación de la AEAT para 2015, los grupos consolidados pagaron en 2014 (últimos datos disponibles) un 19,2% de impuesto. La base imponible se calcula aplicando al resultado contable los ajustes extracontables que establece la propia Ley del Impuesto, ajustes que suelen ser más altos en los grupos que en las sociedades individuales. En cuanto a las empresas que integran el Ibex 35, su tipo efectivo ronda el 21% del resultado contable mundial, considerando tanto los resultados obtenidos en los países en los que operan como los impuestos sobre beneficios pagados en el exterior.

A tenor del reciente informe ‘EU Taxation Trends 2016‘ elaborado por Eurostat, la presión fiscal empresarial española en relación con el PIB es del 10,2%, solo ligeramente inferior a la media de la Eurozona, que es del 10,5%, lo que viene a confirmar una presión fiscal a las empresas equiparable a la media europea. De hecho, los ingresos públicos procedentes de las empresas respecto del total, es decir la parte de recaudación tributaria que las empresas aportan al Fisco en España es del 30,4%, mientras que la media de la Eurozona es del 26,2%. En relación al PIB, la recaudación media del IS entre 2007 y 2015 fue del 2,5%, en la media de la UE28, de acuerdo también con Eurostat 2016. Nos supera Suecia (3% del PIB), Holanda (2,7%) e Irlanda (2,7%), países que, con tipos inferiores o equiparables a los españoles, recaudan por encima de la media debido a que disponen de un mayor número de grandes y medianas empresas.

El 0,16% de las empresas pagan el 50% de la recaudación del IS

Conviene puntualizar que en 2014, el 50% de la recaudación del IS lo aportó el 0,16% de las empresas declarantes (2.300 sobre un total de 1.450.000), y que en dicho año solo el 42% de las sociedades declarantes obtuvieron beneficios (frente al 65% de antes de la crisis), lo que provocó que la base imposible consolidada cayera más de un 50% por la acumulación de pérdidas, pasando de 177.514 a 89.728 millones. En paralelo, el número de deducciones aplicadas sobre la misma ha disminuido más de la mitad, lo que explicaría que el tipo efectivo medio liquidado en 2014 fuera del 21,3%, frente al 20% en 2007. En cuanto a los beneficios fiscales del IS, decir que en 2016 ascendieron a 3.841 millones (un 2,8% menos que en 2015), representando apenas el 11,1% del total (34.498 millones), lo que permite afirmar que las exenciones y deducciones que reciben las grandes empresas a cuenta del IS son más bien modestas.

Inevitable resulta recordar que el IS no es el único impuesto que pagan las empresas ni el más elevado. Las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, que en 2015 ascendieron a 85.000 millones, más de un 8% del PIB, suponen un importe mucho mayor que el de Sociedades. Las empresas pagan un tipo de cotización del 31,13%, por un 6,25% del empleado (frente a una media para la UE28 de 22,2% y del 12,5%, respectivamente) y soportan más del 80% del total cotizado a la Seguridad Social, situación que supone un auténtico impuesto a la creación de empleo y que ningún Gobierno osa siquiera mencionar porque ya se sabe que hablar de empresas, no digamos ya comprender su labor y legislar para favorecer su proliferación, resta votos y está socialmente mal visto. Aquellos 85.000 millones fueron, en todo caso, inferiores en un punto de PIB a la media de la UE28, lo que se explica por los elevados niveles de paro, la economía sumergida, el salario medio español y un tejido empresarial poblado de micro y pequeñas empresas (hasta un 99,3% del total).

No parecen ser las empresas, pues, las responsables de las angustias fiscales de un Gobierno necesitado de aumentar los ingresos para tapar las brechas de un gasto público que no deja de crecer. Con la recaudación por IVA e IRPF por debajo de la media de la UE28 (6,5% frente al 7%, en el primer caso, y 7,4% frente al 9,4% del PIB, en el segundo), parece evidente que España necesita acabar de un plumazo con el galimatías en que se ha convertido la legislación tributaria mediante una nueva reforma fiscal dirigida a mejorar el control y la gestión del gasto público y aumentar la eficiencia del sistema fiscal. Una reforma destinada no sólo a garantizar la sostenibilidad del Estado del Bienestar, la tan cacareada equidad social, sino a impulsar el dinamismo y competitividad de la economía española, es decir, a potenciar el crecimiento como la clave del arco que sustenta la paz y la prosperidad colectivas, un debate al que es ajena nuestra clase política y del que nada se ha hablado en los Congresos que este fin de semana Podemos y el PP celebran en Madrid. Explicable en el primer caso, por cuanto la izquierda radical sigue anclada en el reparto de la pobreza que acompaña a sus recetas económica, pero injustificable en un partido de la derecha repentinamente afectado por un extraño frenesí igualitario.

Una ineludible reforma fiscal

Un reciente documento (‘Un sistema fiscal para crecer en un entorno global‘) publicado por el Círculo de Empresarios describe en apenas unos folios las líneas maestras de esa reforma fiscal que “debería tener por objetivo aumentar la efectividad en la recaudación tributaria y situar los ingresos públicos en torno al 40% del PIB en 2020, ello mediante reformas estructurales y con la vista puesta en afianzar el crecimiento y la creación de empleo, garantizando al tiempo la protección y la cohesión social”, esa virtud pública tan exaltada por el ministro Montoro. Además de la reforma integral del sistema fiscal y la lucha contra el fraude y la economía sumergida, el think tank que con buen tino dirige Javier Vega de Seoane alude a la necesidad de “reordenar las potestades tributarias de Estado, CC.AA. y Entidades Locales; mejorar la eficiencia de la Administración Tributaria; fomentar el crecimiento del tamaño medio de la empresa española; simplificar el sistema tributario, y dotarlo de mayor estabilidad, transparencia y seguridad jurídica” frente al zarandeo al que el Ejecutivo lo somete a su particular conveniencia.

Demasiada tarea para un Gobierno ensimismado en la tarea de confundirse en el paisaje de populismo rampante que nos rodea. A falta de confirmación oficial, los ingresos tributarios habrán rondado los 188.000 millones en 2016, el segundo mejor año de la historia, superando en más de 8.500 millones la recaudación de 2006, el tercer mejor ejercicio, y sólo por detrás de 2007, año que, en el pico de la burbuja, fue excepcional. Parece, pues, que no tenemos un problema de ingresos tributarios. Tenemos, sí, un problema de control del gasto que proviene, en gran medida, de las ineficiencias producidas por las duplicidades administrativas, por el Estado y sus 17 Estaditos. Y tenemos también un grave problema de gestión. Porque seguimos gastando lo mismo que en la época del boom, ello a base de aumentar la deuda pública, y seguimos siendo incapaces de controlar el déficit a pesar de llevar ya dos años creciendo por encima del 3%. No hay ninguna visión general y de largo plazo, porque todo consiste en seguir la estela de las encuestas de opinión y la intención de voto. Este sí que sería un buen argumento para celebrar un gran Congreso nacional destinado a diseñar un futuro de prosperidad para los españoles.

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Parches fiscales para consolidar la Gran Coalición. -Alejandro Inurrieta/Vozpópuli-

Las cifras que aporta el ejecutivo en materia de recaudación, casi 7.500 millones de euros, son un brindis al sol.

Las decisiones sobre política fiscal tomadas por los gobiernos de Rajoy, y también por los últimos de Zapatero, no responden a ninguna planificación, ni ideología, sino a meros espasmos para cuadrar el déficit, una vez fracasada la hoja Excel de los Presupuestos.

La política fiscal de los últimos gobiernos ha sido un cúmulo de improvisaciones sin ideología

Solo así, se puede explicar las prisas para aprobar el último paquete fiscal, que será apoyado por la otra pata de la Gran Coalición, el PSOE, que incluye unas ligeras subidas de impuestos especiales (tabaco y alcohol) y un ensanchamiento de las bases imponibles en el Impuesto de Sociedades. Este impuesto parecía un queso gruyere por la gran cantidad de agujeros que presentaba, gracias a los lobbys en la época de Solbes, y que dejó la recaudación bajo mínimos, y que curiosamente ahora tiene que ser remendado, eso sí parcialmente, por un supuesto gobierno liberal.

Los agujeros en el Impuesto de Sociedades los cavó Solbes y Zapatero

Las cifras que aporta el ejecutivo en materia de recaudación, casi 7.500 mill€ se necesitan, son, de nuevo, un brindis al sol, que no tienen cotejadas con la realidad, y que sin duda responden, una vez, más a ejercicios de simulación en la oscuridad de los bajos del Ministerio en el antiguo edificio de Aduanas. Lo que sí sorprende es que hasta ahora, se podían deducir las empresas las pérdidas cuando tenían participadas que operaban en paraísos fiscales. Es decir, una forma de diluir beneficios era comprar o crear una filial en un paraíso fiscal, declarar pérdidas, como hacían algunas entidades financieras, y luego descontar esas pérdidas del resultado consolidado. Estas prácticas, tan injustas como insolidarias, reflejan hasta qué punto, las grandes corporaciones han estado mimadas por los diferentes gobiernos, aunque el primero de la clase fue, curiosamente, el mal llamado socialista de Zapatero.

Las simulaciones sobre recaudación tras la subida de impuestos son una broma

Estas grandes corporaciones, cuyos despachos de abogados y fiscalistas, dictan la política fiscal de los gobiernos, crean menos empleo que las empresas de menor tamaño y su contribución a las arcas públicas, resultaba ridícula, por más que los grandes liberales salgan en tromba a defenderlas, con el argumento que suponen y engordan la marca España, engendro de marketing para gloria de los grandes grupos empresariales que beben y se nutren del BOE.

La política fiscal en sociedades es dictada por los grandes despachos fiscalistas

Con estos parches fiscales, un pellizco del tabaco, otro del alcohol, solo licores espirituosos ya que el vino y la cerveza son saludables, por lo que no cabe desincentivar el consumo, y los anticipos del Impuesto de Sociedades, la Gran Coalición ya piensa que va a solucionar el problema del agujero fiscal donde todos los años se licuan y se blanquean miles de millones de euros. Las mejores estimaciones apuntan a que solo en el IRPF se calcula que el fraude alcanza los 20.0000 mill€, casi un 2% del PIB, junto a las rentas en paraísos fiscales que se cuantifican en más de 144.000 mill (7.400 mill de recaudación perdida).

Con estas cifras, el vicio fiscal en España de poner parches transitorios y utilizar la recaudación cautiva, tabaco, alcohol y gasolina, y ahora bebidas con azúcar, para justificar el fracaso en materia tributaria sigue siendo la máxima de los diferentes Ministros de Hacienda, lo cual desincentiva a gran parte de la población a cumplir con sus obligaciones tributarias, dando un ejemplo nefasto a quienes abogan por eliminar gran parte de la presión fiscal, bajo la teoría que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los contribuyentes.

Como la práctica y la filosofía fiscal en España es compartida por PP y PSOE, se entiende la rapidez con la que se han puesto de acuerdo en los últimos días para acometer este pastiche fiscal, amén de la subida del salario mínimo y por supuesto el techo de gasto y la traca final de los Presupuestos. Con estas ayudas políticas, el PSOE salva al PP de las garras de Ciudadanos, que pretendía darle un giro más liberal a la política económica, y por supuesto pretendía eliminar el salario mínimo, variable denostada por las huestes de Garicano, al estilo de los académicos anglosajones.

La Gran coalición de facto va a cometer los mismos errores fiscales que en los últimos años

Lamentablemente, la Gran Coalición no acometerá la gran reforma fiscal que necesita España y que pasa por una equiparación de la fiscalidad de rentas del trabajo y capital, por una verdadera cruzada contra el fraude en rendimientos de capital mobiliario, por la instauración de un impuesto que grave la riqueza y por supuesto la equiparación de la fiscalidad de sucesiones en toda España. Seguimos siendo un país con baja presión fiscal relativa respecto a nuestra posición en el PIB europeo, con un 34,4% del PIB, muy lejos de Francia (47.8%), Alemania (39,8%), Italia (43,7%) y por supuesto los países nórdicos, todos ellos en el umbral del 40%.

No hay voluntad política del PP-PSOE en acometer la gran reforma fiscal que se necesita

En resumen, las medidas que se han aprobado por RD, como le gusta al PP, no van a solucionar los graves problemas de recaudación que tiene España. Como el PSOE ha asumido el techo de gasto impuesto por el PP, que consolidad los recortes ya realizados en 2016, cuando la recaudación se desvíe y no cumplamos el déficit (3,3% en 2017), el sentido de Estado les obligará a recortar más gasto. Qué pena de capital político tenemos en España y que solos estamos los ciudadanos.

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El vampiro Montoro muerde a las empresas. -Juan R. Rallo/El Confidencial-

El PP continúa acumulando galones como el partido que más ha subido los impuestos en la historia de España.

El PP finalmente ha cumplido su amenaza e incrementará los pagos fraccionados del impuesto de sociedades para intentar cuadrar las cuentas que él mismo descuadró con su populismo fiscal preelectoral. Hasta aquí ninguna novedad: el PP lleva en su ADN ideológico machacar a impuestos a familias y empresas para mantener a flote un Estado hipertrofiado, clientelar y corrupto; y, además, ya había alertado de que el próximo rejonazo impositivo recaería sobre las empresas. Pero, por desgracia, sí ha habido novedades con respecto al guion inicialmente anunciado: y, como siempre sucede con los populares, las novedades son para mal.

Recordemos que, mediante Real Decreto 20/2012, el PP estableció con carácter extraordinario para los años 2013, 2014 y 2015 un importe mínimo en los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades equivalente al 12% del resultado contable de las empresas con unos ingresos anuales superiores a los 20 millones de euros. Es decir, las compañías con un volumen de negocios de más de 20 millones de euros debían adelantarle como mínimo cada trimestre a Hacienda el equivalente al 12% de sus ganancias: si ese adelanto era excesivo —cosa que sucedía en la mayoría de casos, dado que Hacienda infló tramposamente la definición de base imposible para que las empresas adelantaran impuestos que luego no tenían obligación de abonar—, se les devolvía la diferencia en la liquidación del ejercicio fiscal en julio del año siguiente.

Como medida extraordinaria que era, esta disposición expiró el año pasado y dejó de aplicarse para el vigente, motivo por el cual la recaudación de Sociedades se ha desplomado temporalmente en un 84% (conviene remarcar el adverbio temporalmente, dado que la buena parte de ese descenso se recuperará durante los próximos trimestres: cae porque ya no se adelanta artificialmente el tributo, no porque no vayan a terminar cobrándose las cantidades que de verdad se adeudan al fisco).

Sin embargo, semejante hundimiento de los ingresos por Sociedades está dificultando enormemente que el Gobierno pueda cumplir con el objetivo de déficit exigido por Bruselas (esta misma semana, el Banco de España alertaba de una desviación mínima de tres décimas del PIB). La renuencia del Ejecutivo a recortar el gasto —más bien, su expeditivo interés por reinflarlo— hace que necesite de muchos más ingresos tributarios para rebajar el desequilibrio presupuestariohasta el 4,6% del PIB. Por eso, el PP anunció que iba a recuperar el régimen extraordinario de los pagos fraccionados mínimos vigente en 2013, 2014 y 2015: a saber, un pago fraccionado mínimo equivalente al 12% de los beneficios contables para aquellas empresas con un volumen de negocios superior a 20 millones de euros.

Pero hete aquí la negativa sorpresa que nos tenía preparada el exactor Cristóbal Montoro para este último Consejo de Ministros: el pago fraccionado mínimo será equivalente no al 12%, sino al 23% (25% para bancos), y será aplicable no a las empresas con un volumen de negocios superior a 20 millones de euros sino a 10 millones de euros. Es decir, muchas más compañías adelantarán un volumen mucho mayor de impuestos que no adeudan realmente a Hacienda con el único propósito de que el manirroto Gobierno de Rajoy salve la cara ante Bruselas. Nótese la vil artimaña del PP: dejamos expirar las medidas extraordinarias de 2013, 2014 y 2015 para que se hunda temporalmente la recaudación en 2016, generamos alarmismo social acerca del desplome de los ingresos por Sociedades y, por último, reimplantamos la norma expirada pero perjudicando mucho más a muchos más contribuyentes: maquiavelismo fiscal en estado puro.

A buen seguro los habrá que intenten disculpar al PP usando dos argumentos a cual peor. El primero es que no estamos ante una subida de impuestos, sino ante un mero adelanto inflado de impuestos cobrables en el futuro. El argumento es bastante vergonzoso por sí solo: lo que en el fondo se está afirmando —y disculpando— es que el Gobierno recurra a la contabilidad creativa para maquillar las cifras de déficit ante su incapacidad para rebajarlo en tiempo y forma. Pero, para más inri, se trata de un argumento incorrecto: pagar por adelantado sí acarrea un coste financiero para las empresas en la medida en que estas tendrán o que endeudarse para abonar el pago fraccionado o que renunciar a una tesorería que podrían haber empleado alternativamente en efectuar nuevas inversiones rentables o en amortizar anticipadamente su deuda.

El segundo argumento para exculpar al PP es que esta subida de impuestos no es tan relevante porque solo afecta a las grandes empresas. Y, nuevamente, se trata de un mal argumento. Por un lado, aunque solo afectara a las grandes empresas, la subida impositiva sería injusta y contraproducente para la economía. Pero es que, por otro, no es cierto que solo afecte a las grandes empresas: estas tratarán —y en parte lograrán— de trasladar sus mayores costes fiscales a todos los agentes económicos con los que se relacionan. A saber, recorte de dividendos a los accionistas (grandes, medianos y pequeños), ralentización de la creación de empleo o del alza salarial, aplazamiento de pago a proveedores —no necesariamente grandes empresas—, mayores precios y peores opciones de financiación para consumidores, etc. Pensar que los perjuicios tributarios quedan encapsulados en una gran empresa porque así lo disponga la ley es un simplismo propio del ‘podemismo’ más ingenuo.

En suma, el PP continúa acumulando galones como el partido que más ha subido los impuestos en la historia de España. Que las alternativas políticas juren estar dispuestas a incrementarlos todavía más no vuelve al PP una opción política liberal: las vuelve a todas abiertamente antiliberales.

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