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Hacienda ‘black’. -Emilio Campmany/LD-

Avanza el juicio de las tarjetas black y hay una ausencia en el banquillo cada vez más atronadora. No hablo de ningún directivo que pudiera ser responsable de la emisión de las tarjetas. Ni de ningún otro que pudiera haberse beneficiado de ellas. Hablo de Hacienda. Esa Hacienda que nos conmina a pagar para tener derecho a recibir cuando son unos los que dan y otros, no siempre los más necesitados, quienes reciben. Esa Hacienda que parece que rebusca en nuestros cubos de la basura para ver si encuentra algo con lo que empapelarnos, que se dirige a nosotros como si fuéramos delincuentes, confesos o en potencia. Esa Hacienda que por un día de retraso sanciona con la inclemencia de un usurero pero que cuando es ella la que tiene que devolver algo de lo mucho que nos ha sangrado se llama a andana. Esa Hacienda que, sabiendo nuestra vida y milagros, espera a ver qué declaramos con la esperanza de que hayamos olvidado algún detalle y empitonarnos en consecuencia. Esa Hacienda que tiene por costumbre, como pretende Ciudadanos que haga con la amnistía fiscal, cambiar su propia interpretación de sus incomprensibles leyes para lograr la exacción y sanción de dineros que se suponía no le eran debidos.

Pues bien, esa todopoderosa Hacienda es la responsable de las black. Porque aparentemente la discusión se centra en si eran una forma de remuneraciónlibre de impuestos o si, por el contrario, eran gastos de representación. Nada de eso. La cuestión real es que Hacienda aceptaba que esos gastos fueran desgravables a pesar de su obvia innecesariedad para la gestión del negocio. Porque el montaje jamás habría prosperado sin la colaboración de Hacienda, que aceptó que la estancia en un balneario o en una sauna, me da igual, era un gasto necesario para la actividad. De otro modo, habría tenido que considerarlo una remuneración y exigir que fuera declarada como tal, dijera lo que dijera la dirección de la entidad.

Da la impresión de que lo que eran al principio gastos de representación, que sólo admitiría como tales quien acepta pulpo como animal de compañía, se convirtieron de facto en una remuneración irregularmente exenta. Pues si cuela como gasto de representación la compra de ropa interior o el dinero metálico sacado del cajero sin justificar a qué se dedica, ¿qué más da gastarlo en lo que sea?

Por eso, la clave de nuestro sistema fiscal no son tanto sus leyes como quién y cómo hace las inspecciones. Si a un empresario corriente le dan la tabarra y no le admiten como gasto desgravable la cuenta de un restaurante o la factura de una floristería y a otro, por estar su consejo de administración atiborrado de políticos, le pasan como gasto la lencería que compran sus directivos o los viajes turísticos que hacen, ¿qué importa lo que digan las leyes? Hacienda somos todos. Sí, pero unos más que otros.

 

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El gráfico que demuestra que el objetivo de déficit del Gobierno es una burla. -D. Soriano/Libremercado-

La AIReF afirma que es “probable” que este año se cumpla con el objetivo de déficit… pero esto tiene una segunda parte.

El Gobierno español quizás cumpla este año con el objetivo de déficit. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado este jueves una nota de prensa en la que asegura que es “probable” que el conjunto de las administraciones públicas alcance este año la meta marcada: el equivalente al 4,6% del PIB.

Parece una gran noticia. Por primera vez, la AIReF habla de un cumplimiento “probable”. En abril de este mismo año, su diagnóstico era “improbable” y en su anterior estudio era “muy improbable”.

La AIReF es un órgano de control que el Gobierno creó hace un par de años a petición de Bruselas. El objetivo era que un organismo independiente vigilase las cuentas públicas y emitiese informes al respecto. Y lo cierto es que hasta el momento está cumpliendo muy bien su labor. Muchos de los informes que ha publicado han demostrado la inexactitud de las previsiones del Gobierno. Por ejemplo, el documento que publicó en julio era demoledor con las cuentas de Hacienda.

Por eso, que hayan cambiado su pronóstico tiene una enorme relevancia. Pero hay un pero. Y también está muy bien explicado en el propio informe de la AIReF. En realidad, está resumido en el gráfico que puede verse a continuación. Es cierto que cada vez el cumplimiento es más probable… pero es que el objetivo también va cambiando según pasan las semanas.

Claro que es más sencillo cumplir con el 4,6% que España pactó en el Consejo Europeo del 2 de agosto. Hay que tener en cuenta que el objetivo inicial para este año era del 2,8%. Luego pasó al 3,6% tras una dura negociación entre el Gobierno y Bruselas. Y ahora tenemos un punto más del PIB de margen. Bueno, pues ni siquiera así es seguro que cumplamos, sólo “probable”.

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Y aquí hay al menos tres consideraciones que hacer: en primer lugar, España lleva desde 2008 con un déficit público superior al 3% del PIB que marca el Pacto de Estabilidad de la UE. Si también incumplimos este año, serán nueve ejercicios seguidos de incumplimiento, los tres últimos incluso aunque estamos teniendo un fuerte crecimiento económico. No se sabe cuándo, pero puede que en algún momento el resto de los países de la UE se cansen de esta situación. No hay que olvidar que la deuda española está avalada, explícita o implícitamente, por la Eurozona y la política del BCE: sin el respaldo alemán nuestra posición ante los mercados y los precios a los que colocamos la deuda serían muy diferentes.

En segundo lugar, ese déficit lo tendremos que pagar los contribuyentes españoles antes o después. La negociación con Bruselas es un tema político. Pero consigamos más o menos margen en la UE (y hay que reconocerle a Luis de Guindos que es capaz de sacarle unas buenas condiciones al resto de países de la Eurozona año tras año, aunque no cumplamos nunca) para el ciudadano que paga impuestos eso no es ningún alivio. Y para la salud de la economía española es igual de preocupante.

Por último, queda claro que al Gobierno de Mariano Rajoy el equilibrio de las cuentas públicas no le importa en exceso. Sí, hacen muchas declaraciones al respecto, pero esas palabras no están respaldadas por los hechos. La realidad es que lo único que parece relevante para el ministro de Hacienda y el presidente del Gobierno es poder decir que han cumplido con el objetivo pactado con otros políticos en Bruselas y mantener así el respaldo de los gobiernos europeos. Desde fuera, este proceso (cumplir sólo cuando cambian el objetivo inicial) parece como hacerse trampas al solitario, como el mal estudiante al que los padres bajan cada día el nivel de exigencia para no enfrentarse a la realidad de su fracaso (luego hay algunos que incluso le hacen un regalo a final de curso por haber suspendido sólo 6). Pero eso a los políticos españoles parece no preocuparles.

Pues bien, si eso es lo importante, hay que reconocerles un logro: hoy es más “probable” cumplir que hace cuatro meses. También es cierto que si el objetivo fuera el 7% seguro que lo lográbamos, por lo que ahora sólo hay que conseguir que Bruselas nos lo firme. O mejor aún, si fuera del 15% podríamos presumir de quedarnos 10 puntos por debajo… Eso sí, también hay que decir que este Ejecutivo es especialista en ir subiendo los objetivos de déficit e ir incumpliendo los nuevos límites. A comienzos de 2017 habrá que ver si esta vez, por fin, el 4,6% sí es definitivo.

Las conclusiones de la AIReF

En cualquier caso, más allá de la cifra concreta, las principales conclusiones del informe de la AIReF son las siguientes:

“La previsible reducción de los gastos en casi un punto del PIB y la ampliación del objetivo de déficit hacen probable su cumplimiento”

“La evolución de los ingresos, menos favorable que lo esperado, parece deberse a un mayor efecto negativo en la recaudación de la reforma de los impuestos sobre la renta”

“Los recientes cambios normativos en el Impuesto sobre Sociedades dirigidos a la reducción del déficit público permitirán una evolución positiva de este impuesto en el segundo semestre del año, invirtiendo la tendencia registrada hasta la fecha; sin embargo, no sería suficiente para alcanzar la previsión presupuestaria”

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La dictadura del funcionariado. -Fernando D. Villanueva/Vozpópuli-

Se quejaban amargamente el otro día varios colectivos de funcionarios de que, durante el Debate a Cuatro, apenas se habló de los empleados públicos. De ellos tal vez no se habló, pero sí de cómo conseguir que sigan cobrando puntualmente el sueldo el último día de cada mes. La estrella del debate fue, como ya era previsible, el fraude fiscal, que a todos preocupa y que, según cálculos de unos y de otros, alcanza tan dantescas proporciones que de ponérsele coto los problemas de tesorería del Estado se resolverían en el acto. Sería, en cierto modo, como encontrar repentinamente una faja petrolífera en La Alcarria.

Un espectador extranjero ante la insistencia enfermiza de nuestros políticos con el fraude pensaría que nadie paga impuestos en España. Pero no es así. El fraude aquí es equiparable al de otros países de Europa y una buena parte del mismo es directamente imposible de regularizar.Defraudar a Hacienda es, por ejemplo, sacarse unos eurillos dando clases particulares por horas. Si se intentase fiscalizar esa actividad por medios que prefiero no imaginar, todo lo que sucedería es que las clases en cuestión dejarían de impartirse. No compensaría, el profesor ocasional se quedaría en su casa y el voluntarioso alumno sin clase. Hay mil ejemplos más, todos provenientes de la bulliciosa economía sumergida, un sector que permite llevarse algo a la boca a millones de españoles cada mes.

Entonces, ¿de dónde viene tanta obsesión con el fraude al Fisco? La razón hay que buscarla en la inviabilidad del modelo económico actual, asentado sobre una estructura de gasto descomunal y siempre creciente que asfixia a los que, desde el sector privado, crean riqueza o tratan de crearla. El principal capítulo de ese gasto no es la sanidad, ni la educación, ni la construcción de autopistas, ni siquiera la seguridad, sino los salarios de los más de tres millones de empleados que se encuentran en la nómina del Estado. Para poder satisfacerla el ministerio deHacienda necesita destinar toda la recaudación de IVA, toda la de Sociedades y parte de la de IRPF. Esto último es un dato, no una opinión.

En resumen, que una porción nada desdeñable de los muchos y recrecidos impuestos que pagamos se van en eso mismo, en costear la mayor y mejor pagada plantilla del país. Porque los empleados públicos no ya es que sean muchos –que a la vista está que lo son–, sino que sus sueldos son sensiblemente más altos que los del sector privado. Por esa razón andan todos tan preocupados con el fraude hasta el extremo de convertirlo en el principal de nuestros problemas.  Se les va la vida en ello. Cada céntimo que un autónomo escamotea es un céntimo que, perteneciéndoles por derecho divino, no llega a su bolsillo en tiempo y forma.

Rajoy –funcionario, hijo y nieto de funcionarios– se puso como objetivo número uno conseguir que el sacrificio de los suyos fuese minúsculo. Doy fe que lo ha conseguido. Especialmente si lo comparamos con la masacre que ha padecido el sector privado en forma de despidos y devaluaciones salariales continuas durante la crisis. Para ello ha convertido España en uno de los infiernos fiscales más irrespirables del mundo. Han subido los impuestos cuarenta veces, se han inventado nuevos tributos y han hecho más opresivos los ya existentes.

Todo para que a “lo público”, a esta dictadura del funcionariado, no le faltase de nada. Curiosamente, los beneficiarios de toda esta operación de saqueo no se lo han agradecido. Pasará a la historia como el Gobierno de la austeridad y de los recortes. Y austeridad hemos tenido, claro, y recortes, pero en el sector privado, cuyos agentes se han visto –y aún se ven– obligados a hacer equilibrios en un alambre para llegar a fin de mes. Nadie se acordará de ellos. Su razón de ser es transferir la mitad de lo que producen a un burócrata altanero, inclemente, que no perdona el más mínimo retraso en la entrega del diezmo. Estamos en “esas fechas”. Acuérdese de esto cuando vaya a rellenar la declaración.

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