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A vueltas con los Dalton y el drama de la energía en España

“La pura verdad es que, pasado ya el ecuador de la legislatura, el Gobierno Rajoy y sus Dalton no han resuelto, ni siquiera enfocado, desde una perspectiva liberal, es decir, liberalizadora y de aproximación al mercado, el problema crónico de la energía en España, y eso a pesar de su mayoría absoluta”. La frase pertenece a una columna publicada en este mismo espacio en marzo de 2014. Para aclararnos: los Dalton son los hermanos Álvaro y Alberto Nadal, actual ministro de Energía (antiguo jefe de la Oficina Económica del presidente del Gobierno en Moncloa), el primero, y actual secretario de Estado de Presupuestos (antes en el mismo cargo en Energía, a las órdenes de José Manuel Soria), el segundo. Entre los empresarios del sector energético hace tiempo se extendió la humorada de calificar a los Nadal como los hermanos Dalton, miembros de una banda de forajidos que operó en el viejo oeste americano durante la última década del siglo XIX. La especialidad de los Dalton, heredada por los impetuosos hermanos Nadal, consistía en desenfundar primero, disparar después, y preguntar al final a la víctima si le habían dado.

A mediados de 2013 y no sin antes apartar de un manotazo al ministro Soria y ponerlo en un rincón, Alberto Nadal protagonizó un sonoro golpe de mano con la aprobación del Real Decreto Ley (RDL) de julio de 2013, que marcó el inicio de una reforma eléctrica con la que el Gobierno del PP pretendió corregir la bola de nieve del déficit de tarifa, o lo que es lo mismo, la diferencia entre lo que ingresaban productores distribuidores de electricidad a través de la tarifa, y los derechos de cobro que tenían reconocidos –vía subvenciones- por las sucesivas normas aprobadas a partir del año 2000, particularmente por el RDL 661/2007 de 25 de mayo que, firmado por el ministro Clos, Gobierno Zapatero, consagró el despelote de las primas a las renovables. Alberto, con un par, cambió a los inversores las reglas de juego en pleno partido. En la columna antes citada escribimos también que “Convertido en el hombre fuerte de un Ministerio cuyo titular ni pincha ni corta, nuestro Dalton está dejando por herencia un lío jurídico morrocotudo, una rémora de pleitos que pueden costarle a España una millonada durante muchos años en instancias jurídicas internacionales. Eso, y un montón de pequeñas empresas quebradas, además de alguna grande contra las cuerdas.

Hace escasas fechas hemos recibido los primeros ecos de ese “lío jurídico morrocotudo” con la noticia de que España ha perdido el primero de los arbitrajes internacionales fallados en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, CIADI, dependiente del Banco Mundial, por los recortes aplicados a partir de 2012 a las ayudas a las energías renovables. El laudo da la razón a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial Energia Solar Luxembourg, y condena a España al pago de 128 millones más intereses. Un varapalo en toda regla. La noticia ha pasado desapercibida en el río tumultuoso de los escándalos de corrupción que nos sacuden, pero tiene una importancia innegable por muchos motivos, uno de los cuales es que nuestro país tiene planteados una treintena de denuncias ante el CIADI, todas ellas por parte de inversores internacionales, y porque, además, pone en evidencia la chapuza perpetrada por la Administración Rajoy con la ayuda inestimable de la Abogacía del Estado, y el escaso respeto que en nuestro país existe hacia eso que se llama “seguridad jurídica”.

Eiser Infrastructure y su filial luxemburguesa invirtieron 125 millones entre 2007 y 2009, en una participación minoritaria -como socios de la española Elecnor- en tres instalaciones termosolares ubicadas en Alcázar de San Juan, Ciudad Real (dos de ellas, con un 37%) y en Badajoz (la tercera, con un 33,8%), cada una con una potencia de 50 megavatios (MW), y todas acogidas al régimen del RD 661/2007, un dislate regulatorio insostenible el de ese Decreto, cuya primera consecuencia fue el boom de las llamadas granjas solares. Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, los especuladores del ladrillo pasaron en masa a invertir en granjas solares en busca de las sustanciosas primas ofrecidas por el Gobierno Zapatero. Si en 2007 había instalados 637 MW de fotovoltaica, apenas un año después la cifra había escalado hasta los 3.355 MW, cinco veces más, con el consiguiente derroche de primas que permitían a los promotores hacer frente a la inversión y obtener una jugosa rentabilidad.

Una crisis que hundió el negocio renovable

La crisis cayó como una losa sobre el negocio a partir de 2008, hundiendo la demanda de electricidad en el contexto de un sistema eléctrico sobrado de capacidad, sobrecapacitación de la que no eran solo responsables las renovables, sino también los ciclos combinados –las centrales que utilizan gas para generar electricidad y que también expulsan CO2, si bien en menor medida que las térmicas de carbón- cuya construcción se venía incentivando desde hacía tiempo. El resultado fue un déficit de tarifa que llegó a rondar los 25.000 millones y al que había que poner freno de alguna manera. Lo había intentado Miguel Sebastián de forma tímida, aplicando en 2011 los primeros recortes de primas, pero en esto llegó Nadal con su guadaña. Lo hizo decretando el parón de las renovables y el recorte de los incentivos, y además con carácter retroactivo. Y lo hizo a las bravas, en su despacho y con el auxilio de una hoja de cálculo Excel. Más o menos.

En efecto, en diciembre de 2012 el Gobierno aprobó un impuesto a la generación de energía del 7% sobre el valor total de la volcada a la red, y en julio de 2013 derogó el RD 661/2007, sustituyéndolo por un sistema retributivo basado no en la producción, sino en la potencia instalada, sistema que garantizaba una rentabilidad antes de impuestos del 7,398% calculada sobre los costes teóricos de plantas tipo. Alberto Nadal cambia radicalmente el sistema retributivo, diciendo a los inversores lo que a su juicio tienen que ganar, la rentabilidad que tienen que obtener los distintos tipos de plantas. Un monumento al liberalismo sin parangón. El ministro calculó esa retribución proyectando los ingresos necesarios para lograr una rentabilidad antes de impuestos de 7,398%, basada en costes hipotéticos de una hipotética instalación tipo. El grupo Eiser sostiene que con el nuevo régimen retributivo sus plantas pasaron a percibir unos ingresos notablemente inferiores a los necesarios para cubrir costes financieros, lo que obligó a reestructurar la deuda de las sociedades vehículo, e implicó no poder hacer frente al pago de los préstamos bancarios y, naturalmente, no ofrecer ningún retorno al capital invertido. ¿Resultado? La destrucción del valor de su inversión, que pasó de 125 a 4 millones a finales de 2014.

En diciembre de 2013, Eiser remitió a CIADI una solicitud de arbitraje contra España acogiéndose al Tratado de la Carta de la Energía (TCE) del que España forma parte y al amparo de los artículos 10 (principio de trato justo y equitativo) y 13 (prohibición de expropiación sin contraprestación) del mismo, exigiendo la plena reparación de los daños sufridos por sus inversiones. España basó su defensa en negar al Tribunal arbitral la jurisdicción pertinente para conocer de la reclamación, poniendo en duda que el grupo británico hubiera realizado inversión alguna a largo plazo, con el correspondiente desembolso de los fondos, y sosteniendo, subsidiariamente, que en modo alguno había incumplido el TCE. Ya avanzado el proceso, la Abogacía del Estado intentó una última maniobra argumentando que las plantas objeto del arbitraje tenían una potencia instalada superior a los 50 MW, lo que les excluía del rango de intervención del RD 661/2007 y, por tanto, de poder recibir prima de ninguna clase.

El Tribunal, tras declararse competente para entender sobre la controversia (excepto en el punto relativo al impuesto del 7%, que excluye del ámbito del TCE al tratarse de una potestad soberana de los países firmantes), declara, por unanimidad de los tres árbitros, que España violó los artículos del TCE antes citados, y considera que el cambio regulatorio objeto del laudo vulneró el principio de trato justo y equitativo que asumió en el TCE, calificando el nuevo régimen regulatorio de “profundamente injusto e inequitativo”, al privar a Eiser de la práctica totalidad de su inversión. Hubiera sido legítimo, sostiene, que España adoptara modificaciones en su marco regulatorio por razones de interés público, siempre y cuando se hubieran respetado las características esenciales del régimen al que se acogieron los inversores al hacer su inversión. En consecuencia, concede a Eiser una indemnización de 128 millones por los cambios regulatorios a partir de 2014, calculados sobre una metodología de descuentos de flujo de caja y sobre una vida útil de 25 años, en lugar de los 40 que solicitaba.

Mariano Rajoy no se molesta en contestar

El argumentario de la delegación española (siete Abogados del Estado y otros tantos del bufete BDO) rozó a veces lo patético. Hasta tres versiones diferentes dio uno de los testigos propuestos por el Gobierno. Los peritos tampoco resultaron convincentes, frente a la contundencia de los informes de los expertos de la parte demandante. En el proceso se puso de manifiesto que el propio Mariano Rajoy había dejado de contestar las misivas que los gestores del grupo Eiser (con el asesoramiento de Allen & Overy) le dirigieron, pidiéndole una negociación “en aras de alcanzar una solución amigable de esta controversia” (carta del 26 de abril de 2013). Les contestó el ministro Soria (7 de mayo), reclamando que el documento fuera redactado en castellano, exigencia que se cumplió el 15 de mayo. Tras una nueva misiva a Rajoy el 30 de julio del mismo año, el Tribunal aclara que “los demandantes afirman no haber recibido nunca respuesta a su solicitud de negociaciones”. El resultado de todo ello es que incluso el árbitro nombrado por España acabó dando la razón a Eiser y sus socios en su demanda.

Años después de la llegada al Gobierno y sus arrabales de los brillantísimos e inteligentísimos hermanos Dalton, España sigue sin contar con esa reforma energética capaz de abaratar los costes de producción de nuestras empresas, cuestión básica para consolidar el crecimiento económico y aligerar el bolsillo de unos consumidores que soportan un recibo de la luz que apenas refleja el verdadero coste de la energía y su transporte, una reforma, también, capaz de acabar con el carbón, es decir, dejar de producir energía con tecnologías que emiten CO2. En realidad, esa reforma ni está ni se le espera. A cambio, los famosos Dalton, ahora con un perfil muy bajo, que las balas silban salvajes en derredor, le han dejado a España el “regalito” de los miles de millones que nos van a costar los arbitrajes pendientes. Sin ninguna nueva instalación de renovables (ni eólica ni solar fotovoltaica) efectuada entre 2013 y 2016, el ministerio que dirige Álvaro Nadal acaba de sacar a subasta 3.000 nuevos MW eólicos, 1.800 de los cuales han ido a parar a una empresa semidesconocida, Forestalia, propiedad de un empresario aragonés, Fernando Samper, que ha pasado en un abrir y cerrar de ojos de los mataderos cárnicos a los modernos molinos de viento. La mayoría de las empresas del sector no han acudido a la puja, al no estimar rentabilidad alguna en el negocio propuesto. ¿Cómo saldremos de esta nueva aventura? Cosas de los Dalton y su deslumbrante talento.

Origen: A vueltas con los Dalton y el drama de la energía en España

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Las verdades incómodas que callan los enemigos del fracking. -Diego S. de la Cruz/Libremercado-

La insólita iniciativa contra el fracking aprobada por el Congreso con los votos de PSOE, Podemos, Democracia y Libertad, PNV y ERC coloca a España en una extraña posición desde el punto de vista energético. Con esta decisión, nuestro país se cierra las puertas a la oportunidad de desarrollar una tecnología que permitiría reducir la dependencia del exterior y abaratar el coste de la energía.

Aunque los promotores de esta iniciativa afirman que el veto al fracking se explica por motivos medioambientales, los estudios de la Agencia de Protección Ambiental de EEUU y los informes de la Academia Nacional de Ciencia e Ingeniería de Alemania son tajantes: hablamos de una técnica que no tiene riesgos naturales siempre que se ejecute con las cautelas pertinentes.

Otro argumento recurrente es el del riesgo de terremotos que, supuestamente, supone el fracking. Como ya ha explicado Libre Mercado, actividades como el llenado de embalses tienen un riesgo mucho mayor. En consecuencia, huelga decir que los temblores que puede generar esta técnica son limitados y se dan solamente cuando la actividad tiene lugar a menos de un kilómetro de una falla no detectada, algo poco común. Una vez más hablamos de alarmismo que no viene respaldado por datos ni por hechos concretos.

También hay quienes dicen que el fracking no es competitivo en el escenario actual, con los bajos precios del petróleo marcando la agenda energética global. Sin embargo, los datos de producción de EEUU muestran que las empresas del sector se han adaptado al nuevo panorama apostando por abrir menos pozos y explotar los más productivos de manera más intensa.

Tres verdades incómodas

Además, lo que no cuentan quienes han apoyado esta iniciativa es que los propietarios de las fincas en las que se podrían haber desarrollado proyectos de fractura hidráulica podrían haberse embolsado entre dos y cuatro millones de euros a cambio de ceder los pozos. Tampoco dicen las formaciones que dan la espalda al fracking que allí donde se ha apostado por el fracking, el empleo se ha disparado y el precio de la gasolina se ha reducido a la mitad.

Tampoco cuenta el bloque contrario al fracking que España podría llegar a ser exportador neto de gas natural en menos de veinte años si desarrollase esta tecnología en vez de prohibirla. Dicha meta se alcanzaría en menos de veinte años (se estima que el ejercicio que marcaría el cambio de tendencia sería 2031) y mejoraría ostensiblemente el saldo exterior de nuestra economía.

Otra cuestión que callan quienes se oponen al fracking es la capacidad que tiene España de cubrir hasta 40 años de demanda a base de explotar sus reservas por esta vía. La estimación es conservadora, ya que el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas cree que la cifra final podría llegar a ser de 80 años de demanda.

Ver artículo original:

El Gobierno sube más la luz al que menos consume. -Jorge M. de Labra/Sabemosdigital-

Quizá sea conformismo; pero uno tiende a dar por bueno que en campaña electoral los políticos tergiversen la realidad para vendernos las bondades de su gestión como gobernantes. Eso sí, la interpretación forzada de la realidad tiene un límite. Precisamente, el que imponen los datos.

Me refiero, en este caso, a la tesis que pretende hacernos creer el Partido Popular de que el precio de la electricidad se ha reducido durante la legislatura que ahora termina. La argumentación contrasta con los datos aportados por las asociaciones de consumidores, los expertos del sector, el Instituto Nacional de Estadística e incluso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. No obstante, los datos que emplea cada cual son diferentes y, en consecuencia, el sufrido consumidor acaba apabullado con una nube de cifras que tiene el riesgo de confundirle de tal modo que incluso acabe asumiendo la tesis oficial.

La explicación de las divergencias en los datos es, sin embargo, bien sencilla: la evolución de los dos términos de la factura eléctrica (fijo y variable) ha sido radicalmente distinta. Mientras que el precio de la parte fija del recibo, que depende de la demanda máxima de energía, se ha más que duplicado durante la legislatura; el precio de la parte variable, la que depende directamente del consumo registrado por el contador, se ha reducido en torno a un 20%.

La consecuencia de todo ello es fácil de interpretar: el incremento en el recibo de la luz durante la legislatura ha sido tanto mayor cuanto menor es el consumo.

Según la última encuesta oficial sobre consumos energéticos de las familias en España, una familia típica consume unos 3.500 kWh/año. Si suponemos que contrata la potencia más habitual (4,6 kW), tenemos que su factura anual, siempre que se haya mantenido en la tarifa oficial del Gobierno, ha pasado de 742 € (impuestos incluidos, sin considerar el alquiler del contador) en 2011 a 791 € en los últimos 12 meses, lo que representa una subida del 6,6%.

El dato contrasta con la brutal subida del 17,5% en el mismo período sufrida por una familia que solo consuma un tercio del valor típico y que, ajustando los electrodomésticos que conecta simultáneamente haya sido capaz de bajar su potencia a 2,3 kW.

Es más, una familia con calefacción eléctrica cuyo consumo sea el triple de lo habitual y cuya potencia duplique la más frecuente solo habrá soportado un 1,5% de incremento en el recibo.

La pregunta es: ¿por qué? Y la desoladora respuesta no puede ser otra que:porque sí.

En efecto, lamentablemente no existe en España metodología alguna que permita establecer un reparto objetivo entre los consumidores —mucho menos, entre las dos partes del recibo— de los diferentes costes que pagamos a través del recibo de la luz.

De hecho, si uno hace el mismo ejercicio en las legislaturas anteriores se da cuenta que durante los siete años de Gobierno de Rodríguez Zapatero el efecto fue el contrario: la subida de la parte fija fue del orden del 20% mientras que el componente variable escaló más de un 80%. Es decir, durante el mandato del anterior presidente la luz subió más a quien más consumía.

Para completar la historia, en los seis años de desregulación del sector eléctrico coincidentes con el Gobierno de Aznar ambos términos evolucionaron de forma simétrica, bajando un 5% de forma acumulada. En la época de Aznar, por tanto, la luz bajó igual para todos en términos porcentuales.

Podría pensarse, pues, que en ausencia de metodología objetiva, el inusual incremento reciente de la parte fija del recibo es casual. Nada más lejos de la realidad. En su informe periódico sobre la situación energética en España publicado este mismo año, la Agencia Internacional de la Energía, cuyos hombres “de verde” fueron acogidos durante días en el Ministerio de Industria para mantener las perceptivas reuniones, afirma que el autoabastecimiento mediante energía solar está “desafiando los modelos de negocio de las eléctricas tradicionales, en particular, de los operadores de red” debido a que “los costes de red son principalmente fijos, no dependen de la energía consumida, mientras que el autoconsumo reduce la base de facturación a través de la que se recuperan los costes de la red”. Es más, constata que “para solucionar este problema, en 2013 el Gobierno reequilibró las tarifas reguladas hacia cargos fijos” incrementando de golpe un 92% el componente fijo.

Nos encontramos, pues, ante un mecanismo de defensa frente a una tecnología disruptiva que, lejos de ser casual, tiende al ideal de lo que desearía una compañía eléctrica que pretendiera perpetuar su caduco modelo de negocio: que el cliente pague lo mismo con independencia de su consumo. Esto es, la tarifa plana.

El problema de este modelo es que, a diferencia de lo que ocurre en el sector telefónico, en la energía hay combustibles detrás y las tarifas planas fomentan el derroche. Algo que la Unión Europea, con una dependencia energética exterior superior al 50%, no puede permitirse. Mucho menos España, que compra más del 80% de su energía del exterior y, en consecuencia, tiene una economía mucho más vulnerable a las variaciones de los precios del petróleo.

El Gobierno salido de las próximas elecciones tiene, pues, ante sí el reto de establecer por primera vez de forma razonable la composición de la tarifa eléctrica. Dotar al procedimiento de objetividad y transparencia es esencial para que los consumidores podamos beneficiarnos de la revolución tecnológica que las renovables están protagonizando en el sector eléctrico a nivel mundial.

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