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Hipócritas contra Trump. -Emilio Campmany/LD-

Sally Yates.

Desde el 20 de enero ha venido actuando interinamente como jefa del Departamento de Justicia norteamericano la número dos de la época de Obama, Sally Yates. Ésta, no sólo se negó a ejecutar la orden del presidente que prohíbe la entrada a los nacionales de los siete países que la Administración Obama calificó de peligrosos. También dio instrucciones a los abogados del Departamento de no hacer caso a la misma porque la consideraba ilegal. Trump la ha cesado. Sea o no ilegal la orden, Sally Yates no tenía facultades para oponerse a su aplicación. El Departamento de Justicia pertenece al Poder Ejecutivo, cuya cúspide es el presidente. Su ilegalidad tan sólo puede ser acordada por los tribunales, esto es, el Poder Judicial. Y, en todo caso, cabe al Congreso, que es el Poder Legislativo, modificar la ley que autoriza al presidente a adoptar las restricciones que considere necesarias a la inmigración con el fin de proteger la seguridad nacional.

El New York Times sabe perfectamente esto. Pero, como no quiere decirlo, protege a Yates estableciendo un paralelismo entre su caso y la Masacre del Sábado Noche, un episodio del Watergate. En él, el fiscal especial del caso, Archibald Cox, exigió la entrega de las cintas originales en las que se grabaron las conversaciones dentro de la Casa Blanca. Nixon ofreció una transcripción de las mismas, pero Cox insistió en tener los originales. El presidente ordenó entonces a su fiscal general, Elliot Richardson, que lo cesara y éste, por no tener que hacerlo, dimitió. Y lo mismo hizo el número dos del Departamento. En realidad, la comparación deja muy mal a la fiscal de Obama. En 1973, el fiscal general del Estado dimitió para no tener que ejecutar una orden con la que no estaba de acuerdo, que es lo que tenía que haber hecho Yates, dimitir en vez de ordenar que se incumpliera.

Por otra parte, la ilegalidad de la orden de Trump no está en absoluto clara. De ella hay importantes y, si se quiere, vergonzosos precedentes, que van desde la prohibición de la entrada a ciudadanos chinos a finales del siglo XIX hasta la detención de ciudadanos norteamericanos de origen japonés en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. El más reciente es Guantánamo, que, por cierto, Obama bendijo conservándolo como centro de detención sin control judicial. En cualquier caso, es a los tribunales norteamericanos a los que corresponde decidir, y no a una funcionaria obamita, que no ha tenido ningún problema con los asesinatos por medio de drones cuando los ordenaba Obama. Luego, en cuanto a la moralidad de la orden, los europeos bramamos más que nadie contra Trump. Olvidamos que estamos pagando sumas estratosféricas a los turcos para que hagan por nosotros lo que Trump hace por sí mismo, es decir, impedir que los refugiados sirios lleguen a nuestras puertas, ahorrarnos así la vergüenza de vedarles el paso y permitirnos el lujo de acusar a Trump de hacer de frente lo que nosotros hacemos a hurtadillas.

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Delitos de derechas. -Emilio Campmany/LD-

Se queja una nieta de Carrero Blanco en El País de que la Fiscalía solicita que se condene a una joven tuitera por comentar en la red el atentado de su abuelo diciendo: “ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial”. La libertad de expresión, dice, no debería “acarrear penas de cárcel”. Naturalmente, el periódico aplaude su actitud y la equipara a la de Irene Villa cuando perdonó los chistes del concejal Zapata sobre sus amputaciones. Los lectores del periódico hacen lo propio, apreciando la bonhomía de la nieta, que demuestra que se puede ser sensible a pesar de provenir de la dictadura. Al parecer, la tuitera estudia Historia y quiere dedicarse a la enseñanza y una condena podría frustrar su prometedora carrera.

Es fácil compartir el recelo de Lucía Carrero-Blanco. A la cárcel por opinar se va en las dictaduras. Sin embargo, siempre fueron delito las injurias y las calumnias. En la lucha contra el terrorismo, el delito de enaltecimiento es un instrumento muy eficaz. ¿De ahí se debe llegar a condenar a quienes humillen a las víctimas con sus comentarios? Probablemente no, pero, hoy por hoy, es un delito. Que Lucía, apelando a su calidad de víctima, crea que la tuitera no debería ir a la cárcel por ello no es en absoluto, como no lo era el perdón de Irene Villa, causa suficiente para exculparla.

Ocurre, sin embargo, que cuando esta clase de delitos los comete gente de izquierdas, a todo el mundo le parece fatal que se condene a nadie. De hecho, el concejal Zapata fue absuelto. Como lo fue Rita Maestre por asaltar una capilla al grito de “¡Arderéis como en el treinta y seis”, que es algo más que un chiste de mal gusto. El País recuerda que por unos comentarios al atentado de Carrero Blanco ya fue condenado a 18 meses de cárcel un señor que celebró que el almirante fuera enviado “al infinito y más allá del infinito”. Pero hay que tener en cuenta que eso fue consecuencia de la torpeza de su abogado, que llegó a un acuerdo con la Fiscalía. Si hubiera insistido en que su defendido fuera juzgado, seguro que lo absuelven. Lucía Carrero-Blanco no debería preocuparse tanto por Cassandra, que así se llama la ingeniosa tuitera, porque al final saldrá indemne y podrá cumplir su sueño de enseñar a los niños españoles lo malo que era el abuelo de quien ahora sale en su defensa.

Los delitos de opinión, especialmente los de odio, están pensados para condenar a gente de derechas. ¿Habría Lucía Carrero-Blanco escrito una carta similar en el caso de que una conocida persona de derechas hubiera menospreciado o humillado a un conocido homosexual o a una famosa lesbiana por el hecho de serlo? Seguro que no. Y aunque la hubiera escrito, el periódico no la habría publicado. Y, en cualquier caso, al delincuente lo habrían condenado entre el aplauso general aunque hubiera mediado el perdón de la víctima. Los de izquierdas no pueden ir a la cárcel por opinar porque siempre lo hacen con buena intención y por un ideal. Los de derechas son otra cosa.

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Izquierda y Justicia en Norteamérica. -Emilio Campmany/LD-

Se acaba de celebrar la audiencia del candidato de Trump a fiscal general del Estado. Los senadores demócratas, para desacreditarlo, han recordado que, de las 87 ocasiones en que Jeff Sessions ha tenido que votar en asuntos relacionados con el aborto, en 86 lo hizo en contra. Ninguna norma dice que para ser fiscal general del Estado haya que ser proabortista. Pero lo peor es que estos izquierdistas consideran el derecho a abortar una especie de derecho civil que todo fiscal general debiera promover, cuando, de ser algo, es la negación de todos los que pudiera tener la futura persona que inequívocamente es un feto.

De risa es que uno de los argumentos en contra de Sessions sea que se opone a la inmigración ilegal. O sea, que para ser un adecuado fiscal general hay que ser partidario de lo ilegal, mientras que oponerse a la ilegalidad descalifica. Parecida hilaridad provoca que se le acuse de promover que se exija a los votantes identificarse correcta e inequívocamente. La ausencia de documento oficial de identidad en Estados Unidos ha permitido votar a personas que, por ser extranjeras, no tenían derecho a hacerlo. Hasta ahora, los demócratas han bloqueado toda legislación dirigida a impedir el fraude porque creen que los extranjeros, en la medida en que sean inmigrantes ilegales, les votan a ellos.

Acusan asimismo a Sessions de haber votado contra las leyes que tipifican el delito de odio. Les debe de parecer intolerable que alguien de derechas recele de un delito pensado para condenar a personas de derechas cuando se meten con gente de izquierdas y no al revés. En España hemos visto cómo en la práctica es así y cómo políticos de Podemos, que debían haber sido condenados por sus chistes antisemitas o sus irrupciones en una capilla católica, fueron absueltos precisamente por ser de izquierdas.

Para defender su oposición al nombramiento, un joven senador demócrata, Cory Booker, de New Jersey, ha explicado que un buen fiscal general no es aquel que persigue imponer la ley y el orden, sino el que persigue la Justicia. ¿Y quién dice lo que es conforme a justicia? Pues los demócratas, naturalmente. No entiende Booker, como tantos otros izquierdistas de ambos lados del Atlántico, que lo que tiene que hacer un fiscal general del Estado es imponer el cumplimiento de la ley, diga lo que diga ésta. Si quieren cambiarla, como de hecho la cambian para conformarla a su ideología, que lo hagan. Lo que no puede ser es que encima haya que aplicarla sesgadamente.

Con todo, lo peor ha sido la reacción del pobre Sessions, que se ha comprometido a no acusar a Hillary Clinton. Su obligación es investigar a todo aquel del que haya indicios de que ha cometido un delito, incluida, por supuesto, Hillary Clinton. Si cree que los demócratas le perdonarán que sea de derechas por obligarse a comportarse con ella tan parcialmente como ellos lo harían, se equivoca. Este compromiso sí que justificaría votar en contra de su nombramiento.

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