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La corrupción española es global, y los datos alarman al resto del mundo.-José Zorrilla/EC-

Foto: Sede en Madrid del ICBC, registrada por la Guardia Civil en febrero de 2016 (EFE)
Sede en Madrid del ICBC, registrada por la Guardia Civil en febrero de 2016 (EFE).
La corrupción en España es global y preocupa al mundo. En el índice de Transparencia Internacional pasamos de la posición 36 a la 41 sobre un total de 176 países. Dentro de la Unión Europea somos el 17 sobre 28. En fin, empatamos en esa clasificación con Brunei y Costa Rica. Y estos datos alarman a los reguladores globales.

Empecemos por la división criminal del Departamento del Tesoro (FinCEN) de EEUU. En marzo de 2015 abre una investigación sobre la Banca Privada de Andorra sospechando blanqueo de capitales en Venezuela, China y Rusia. Las clasificadoras intervienen de inmediato. Fitch baja el rating de BPA de B+ a BB y Standard and Poor se dirige a la propia Andorra a la que hace pasar de BBB+ a BB. Es la segunda caída de clasificación desde octubre del 2014.

Sin embargo es en la sucursal de Madrid donde se esconde el núcleo del problema. Empecemos por la mafia rusa. Gennady Petrov abre camino, si bien hemos de añadir como pieza separada otro gran personaje de ese mundo, Zakar Khalasov, viejo conocido de la policía española. A pesar de los procedimientos abiertos contra ambos, los dos pudieron volver a Rusia, donde no parecen haber encontrado excesivo castigo. En lo referente a China tenemos como referente a Gao Ping, investigado en la propia España por blaqueo de capitales. Finalmente queda por aclarar la operación de arrendamiento inverso de unos dos mil millones de euros a cargo del Banco Santander en la que tiene participación central la fortuna de los Pujol. Aquí la conexión parece ser latinoamericana, esencialmente panameña, si bien juegan un cierto papel otros paraísos fiscales mas cercanos a la propia Europa.

El nombre de Botin vuelve a aparecer en la lista Falciani, en la que ocupa el 10% del total de los fondos opacos. El aludido regulariza su situación con Hacienda y el tema queda resuelto.

Pero todo este ir y venir suscita la inquietud del medio de comunicación de referencia, esto es, el New York Times. Preocupado por las dificultades económicas de todos los periódicos del mundo, al menos los de soporte papel, menciona a El País como tibio con las prácticas corruptas de España.

Un veterano de la casa, Miguel Ángel Aguilar, hace suya la argumentación. Cinco días más tarde el periódico le despide.

Luis de Guindos y los ministros de Finanzas del G5 en un acto en la sede del FMI sobre acciones contra el fraude fiscal, el lavado de dinero y la transparencia a nivel global, en abril de 2016 (EFE)

Luis de Guindos y los ministros de Finanzas del G5 en un acto en la sede del FMI sobre acciones contra el fraude fiscal, el lavado de dinero y la transparencia a nivel global, en abril de 2016 (EFE)

Se destapa la caja de los truenos y se rompe la relación estratégica entre El País y el New York Times. Yo he visto el cuadernillo del NYT, acompañando al medio de cabecera local, en países tan alejados como Georgia y Bolivia. Durante años acompañó a El País. Ya no. Es una mala novedad y una excepción en el panorama de la prensa occidental. Cuando ya se pensaba que el tema estaba mas o menos reconducido, salta a principios de 2016 el escándalo del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) en Madrid. Seis de sus dirigentes, entre ellos los CEO, tanto español como europeo, terminan en la cárcel.

Da esto mas munición al NYT, que pasa a recoger el caso Ana Garrido. En fin, los que seguimos ese medio vemos con alarma que cada vez que se menciona el nombre de España suele acompañarse de la palabra “corrupción”.

Epílogo. Se publica el informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado este 2016 y literalmente dice “los problemas mas significativos de Derechos Humanos incluyeron… corrupción sistémica por agentes del Gobierno“.

Del Gobierno o no, todos los imputados están en libertad menos tres empleados del ICBC.

Y en esas estamos. Al respecto, tres observaciones finales.

1.- La cantidad y la calidad de la corrupción española es global. En este campo España es país del G7.

2.- No es ni deseable ni conveniente formar en los malos libros tanto del sector público como privado de la primera potencia del mundo, cuyo zócalo de valores compartimos.

3.-Y aquí, contra mi costumbre, entro en política interior. Es suicida creer que la ciudadanía tiene tanto miedo a Podemos que con corrupción o sin ella seguirá votando PP. Las Facultades de Sociología de todo el mundo tienen miles de libros, papers y artículos sobre el tema del populismo. Y hay unanimidad al respecto. Por mucho miedo que inspire a los electores se llega a un punto de ruptura en el que el votante prefiere los populistas antes que los corruptos.

 

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Los cubanos “traidores” que apuestan por que Cuba vuelva a ser española. -Ignacio Isla/EC-

Foto: El anciano Mario Sala, vestido de combatiente mambí contra el colonialismo español, espera la llegada del convoy funerario de Fidel Castro en Palma Soriano, el 3 de diciembre de 2016 (Reuters)

El anciano Mario Sala, vestido de combatiente mambí contra el colonialismo español, espera la llegada del convoy funerario de Fidel Castro en Palma Soriano, el 3 de diciembre de 2016 (Reuters).

A ojos de muchos, Fernando (Ferrán) Núñez puede considerarse un traidor. Y decir traición en Cuba no es lo mismo que hacerlo en Europa. Pero aun así persiste en defender su propuesta, la misma que para tantos lo convierte en un paria, pero que de ser más conocida encontraría no pocos adeptos dentro de su país de nacimiento y quién sabe si hasta en la “Madre Patria”, a cuyo seno pretende regresar.

En pocas palabras, el asunto puede resumirse como sigue: Núñez y sus seguidores apuestan por que Cuba vuelva a formar parte de España. “Las bases culturales están presentes en la lengua, en los nombres, en los apellidos, en la idiosincrasia del cubano”, dice en una entrevista para El Confidencial desde su lejano exilio de París. Llegó hasta allí en 1992, cuando la mediación de Danielle Mitterand –la esposa del entonces presidente francés– consiguió que el gobierno de La Habana le otorgara un permiso de salida por razones humanitarias. Era el último capítulo “cubano” en la vida de un hombre que 29 años antes había nacido en la capital rumana, se había graduado como oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y servido de asesor en la Nicaragua sandinista de los años años ochentas.

Pero a finales de la misma década decidió distanciarse de los “principios de la Revolución”, un proceso que más tarde lo hizo cuestionarse incluso las bases fundacionales de la república surgida a comienzos del siglo XX en una de las últimas posesiones coloniales de España en América.

Todo comenzó el día de 2008 en que Núñez “descubrió” cuán cercanos eran ambos países, a pesar de los más de cien años transcurridos desde su separación. “La idea me vino de repente, como una revelación”, contaba a finales del año pasado al sitio La Cuarta Columna. “Pensaba en su padre, que estaba haciendo gestiones para obtener la nacionalidad española como nieto de españoles, gracias a la Ley de Memoria Histórica votada durante el mandato del presidente Zapatero. ‘En ese preciso momento se me ocurrió lo fácil que resultaría solucionar todos sus problemas personales, y de paso, los de todos los cubanos, si Cuba volvía a ser española’”.

Pocos meses después, amplía su idea armado de una premisa que obliga a pensar. “Desde el punto de vista legal, hay dos puntos esenciales. El primero se maneja en Cuba bastante bien: es el de la nulidad o ilegalidad del Tratado de París que puso fin a la dominación hispana sobre la isla. Allí se utiliza para desestimar los derechos de los Estados Unidos sobre la base de Guantánamo. Pero, además, en el artículo IX de ese tratado se desposeía a todos los naturales de Cuba de su condición de españoles, o sea que no pudieron escoger, como era la costumbre de la época, en el caso de la ocupación de territorios por las potencias europeas. Ese es el punto flaco del tratado, que ya fuera señalado en su época por los comisionados españoles en París, y por el cual nunca fue aprobado en las Cortes”.

Como resultado, la nacionalidad española se mantuvo “por defecto” para todos los nacidos en Isla antes de 1940, los cuales debían “optar” por la ciudadanía cubana si aspiraban a ocupar cargos públicos. La vía para retornar a aquel status quo –en un primer momento– y lograr una condición de “autonomía concertada para Cuba” -más adelante- transita por un largo camino que conduce hasta el Tribunal de Justicia Europeo. “Si se logra demostrar que un cubano, incluso un negro bien retinto, tiene el derecho a recuperar la nacionalidad, se abriría una brecha legal que el gobierno de Madrid tendría que aceptar, dado el carácter vinculante de este tribunal”, piensa Núñez.

Seguidores del Real Madrid en La Habana celebran una victoria sobre el Barcelona, el 21 de abril de 2012 (Reuters)

Seguidores del Real Madrid en La Habana celebran una victoria sobre el Barcelona, el 21 de abril de 2012 (Reuters)

Más españoles que en La Rioja

Con cerca de 300.000 de sus nacionales portando pasaporte de España, Cuba es uno de los países del mundo con mayor presencia española. Pero esa realidad podría ser solo el comienzo. De salir adelante proyectos como el de la llamada Ley de los Bisnietos, una propuesta conjunta de la mayor parte de la izquierda con representación parlamentaria, hasta un millón de isleños verían las puertas abiertas para regresar al seno de la “Madre Patria”. Se trata de una cifra notable para una nación con once millones justos de habitantes; mucho más cuando un porcentaje significativo de los posibles beneficiados serían jóvenes.

El hecho de no contar ya con los privilegios migratorios que hasta hace algunos meses les brindaban los Estados Unidos –el presidente Obama derogó la política de “pies secos” el pasado 12 de enero– lleva a muchos cubanos volver la vista hacia el país del que un día partieron sus ancestros. “Estaríamos hablando de una verdadera avalancha de personas”, opina Horacio Rivera, un abogado habanero especializado en asuntos migratorios. “Pese a haberse independizado de España en 1898, Cuba siguió siendo por décadas uno de los principales puntos de destino para aquellos que partían a buscar fortuna desde regiones como Galicia o las Islas Canarias. Los propios historiadores cubanos estiman que entre 1900 y 1930 más de 300.000 españoles tomaron ese camino, la mayoría para quedarse aquí. Es difícil calcular cuántos descendientes suyos clasificarían en una hipotética ampliación de los términos para otorgar la ciudadanía, pero sin dudas resultaría una circunstancia con profundas implicaciones en el futuro político de ambos países”.

Sería el escenario esperado por Ferrán Núñez y sus seguidores para poder hacer válida su propuesta dentro de la Isla. A diferencia de Puerto Rico, donde actúa libremente el Movimiento de Reunificación con España, en Cuba cualquier posibilidad de acción por parte de la Asociación de Autonomía Concertada resulta una utopía. En primer lugar por el propio sistema político de La Habana, cuya constitución establece como principio la existencia de un único partido (el Comunista) y proscribe cualquier acuerdo que ponga en peligro la “integridad territorial o independencia del país”.

La defensa del carácter “inalienable” de la soberanía de la isla se remonta a los tiempos de las guerras contra el poder colonial de Madrid, cuando uno de los presidentes de la República en Armas, Juan Bautista Spotorno, firmó un decreto que llevaba su nombre y penaba con la muerte cualquier propuesta que desconociera o mediatizara la libertad de la isla, apunta un profesor universitario. “Curiosamente, años después el propio Spotorno terminó convirtiéndose en uno de los más fervientes defensores de la causa autonomista, que propugnaba un sistema de gobierno muy similar al que rige actualmente en las comunidades dentro de España”.

Para el catedrático Enrique Vercher Garacía, de la Universidad de Málaga, los beneficios de una unión entre ambos países trascenderían el ámbito bilateral. “Cuba tendría un estatus de autogobierno, pero también contaría con los beneficios de estar vinculada a la Unión Europea”, explica. Sus ideas de cómo podría transcurrir el proceso se detallan en una Carta Abierta a los puertorriqueños publicada en septiembre pasado por El Nuevo Día, el principal diario local. “Un estatus de Autonomía recogería las virtudes de las diferentes posturas existentes en Puerto Rico minimizando los aspectos negativos. Como Autonomía, los puertorriqueños tendrían su propio parlamento y gobierno, su propio poder legislativo y ejecutivo, amén de las numerosas competencias que la Constitución española concede a las comunidades autónomas”. A su juicio, Cuba podría seguir un camino propio, pero el punto de destino no tendría razones por no ser similar.

Pese a ser desconocida por la inmensa mayoría de los habitantes de la isla, la posibilidad de un hipotético escenario de vínculos “particulares” entre La Habana y Madrid no sería mal vista por buena parte de la población. Una indagación realizada por El Confidencial entre un centenar de residentes en la capital cubana –43 de ellos menores de 35 años años– dio por resultado que casi un tercio del total aprobaría algún tratado de asociación entre ambos países -sobre todo en cuanto “a asuntos migratorios y de intercambio económico”-; entre los jóvenes esa proporción se eleva hasta prácticamente la mitad de los encuestados. Sin embargo, como nota significativa, menos de una décima parte se inclinó por la integración plena.

“Con la independencia [de Cuba] se separaron voluntariamente las dos historias”, insiste Ferrán Núñez. “Fue un proceso querido por la inteligencia de ambos territorios, por intereses diferentes, pero con un mismo objetivo. En el caso de Cuba se trataba de fabricar una nación y en el de España, de olvidar ‘El Desastre’, que no fue tal. Por eso no nos gusta hablar de integración de un país dentro del otro, sino de reunificación, un proceso que demostró su viabilidad en Alemania. Es una lucha que tiene más de un siglo y que comenzó cuando en 1908 los habaneros salieron a recibir la corbeta Nautilus con vivas a España y gritos de ‘¡Con España estábamos mejor!’ Ver una incompatibilidad entre el amor a Cuba y el amor a España es una falsa dicotomía”.

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El peor caso de desvergüenza política. -J.A. Zarazalejos/EC-

Deberíamos formularnos algunas preguntas: ¿por qué el Tribunal Constitucional no ha dictado aún sentencia en el recurso contra la ley del aborto interpuesta por el PP en junio de 2010?, ¿por qué se demoró en resolver sobre el Estatuto catalán cuatro largos años invalidando con su sentencia, de facto, el referéndum de su ratificación?, ¿por qué el órgano de garantías constitucionales no ha fallado ya sobre el conflicto de atribuciones entre el Congreso y el Gobierno para determinar si este se sustrajo inconstitucionalmente durante más de diez meses al control del Parlamento? Podríamos seguir interrogándonos sobre las premuras y demoras, por los ritmos arbitrarios tantas veces, del Tribunal Constitucional. Pero todas ellas tendrían una sola respuesta: el máximo intérprete de la Constitución está sometido a una lógica político-partidista en vez de atenerse a la jurídico-institucional.

Si siempre el nombramiento de magistrados del TC y la elección de su presidente y vicepresidente han sido materias de transacción política —tanto con gobiernos del PSOE como del PP— la actual parecía una buena ocasión para detener esta deriva y propiciar una selección de los magistrados por su carácter técnico y por su reputación, al margen de su adscripción ideológica, y también de permitir que fueran los doce miembros del tribunal los que, sin indicación de los partidos políticos, eligiesen de entre ellos al que deba presidirlo. El Constitucional tiene por delante graves desafíos y el catalán es el más importante de todos. Más aún cuando —discutiblemente y solo gracias a la mayoría llamada “conservadora”— el órgano ha declarado constitucional la reforma de la ley orgánica que le dota de poderes de ejecución de sus sentencias (con medidas “no punitivas” y de carácter “temporal” como la suspensión de cargos públicos que las desacaten), de la que se encargaba la justicia ordinaria a instancias del Ministerio Fiscal.

El Senado debe ahora elegir cuatro magistrados y el tribunal, designar luego a su presidente y vicepresidente. El mercadeo ha sido más impúdico y desvergonzado que nunca. El PP ha renunciado, al parecer, a que Andrés Ollero asuma la presidencia por el veto del PSOE, ya que ese magistrado fue diputado popular y es miembro del Opus Dei. El PSOE habría propuesto a Cándido Conde Pumpido —ex fiscal general del Estado con Zapatero—, y socialistas y populares estarían ahora trajinándose la presidencia para hacerla recaer en un magistrado “indoloro”: el muy conservador Juan José González Rivas, alejado de la capacidad de persuasión interna del actual presidente, Francisco Pérez de los Cobos. En cualquier caso, los dos partidos —Ciudadanos no ha querido entrar en esta impúdica negociación— siguen imponiendo en el Constitucional una dinámica que los ciudadanos están en su derecho a considerar sectaria.

El Tribunal Constitucional lo destrozó —en términos de credibilidad— el Gobierno de Felipe González con la pírrica sentencia del llamado caso Rumasa. En 1983 el TC sentenció que el decreto ley expropiatorio del grupo de Ruiz Mateos —medida auspiciada por Miguel Boyer— se ajustaba a la Constitución. La resolución tuvo seis votos a favor y seis en contra y el Gobierno de González salió indemne gracias al voto de calidad del entonces presidente, Manuel García Pelayo. Este jurista había regresado del exilio y se volvió al exilio: murió en Caracas en 1991. Se marchó en 1986, entre otras razones, porque fue duramente presionado en el caso Rumasa.

Pleno del Tribunal Constitucional celebrado en noviembre. (EFE)
Pleno del Tribunal Constitucional celebrado en noviembre. (EFE)

No terminó su segundo mandato en el Constitucional y dimitió de su cargo cinco meses antes de que expirase. Luego se han sucedido episodios nada edificantes que han terminado por deteriorar seriamente la reputación del TC hasta llegar al mercadeo de estas semanas.

Una de las reformas que requiere nuestra Carta Magna consiste en la supresión del Tribunal Constitucional. Sería una medida drástica pero necesaria. Además de por la fagocitación de su reputación, por la irresponsabilidad de los partidos, también por sus frecuentes excesos de jurisdicción que protagoniza en detrimento del Tribunal Supremo y que han causado en algunos momentos graves crisis institucionales. Bastaría que una sala del Tribunal Supremo, integrada por magistrados vitalicios (como en EEUU) asumiese las facultades de interpretación de la constitucionalidad de las leyes, la resolución de los conflictos de atribuciones y competencias y la de los recursos de amparo. Máxima profesionalización y mínima intervención político-partidaria. Mientras no se aborde esta reforma —el TC es difícil que remonte el vuelo con el actual episodio de transacción del que es víctima— nuestro sistema de garantías constitucionales seguirá en entredicho. Y el secesionismo catalán —o cualquier otro—, en condiciones de dotar de verosimilitud a la descalificación de sus sentencias.

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