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Carné de español. -Antonio Burgos/El Recuadro-ABC-

Es un auténtico milagro de la Administración española que la Dirección General de Tráfico se siga llamando así. O que la conozcamos por su mote familiar de “la Degeté”. Lo digo porque ya es suerte que con la cantidad de cretinetes progres o acomplejados de ser de derechas que han pasado por la gobernación de España, ora del PSOE, ora del PP, a ningún imbécil con mando en plaza se le haya ocurrido retitularla y llamarla, un poner, Dirección General de Movilidad. O mejor todavía, Dirección General de Movilidad Sostenible, que sería ya el acabóse para la progresía rampante y trincante. Y nada les digo si la hubieran llamado Dirección General de Movilidad Sostenible Transversal.

Como aquí de transversal, gracias a Dios, nada de nada, vamos por derecho: la Dirección General de Tráfico es una de las instituciones que mejor funcionan en el enmarañado, costoso y lento árbol de la Administración española. No sé a la velocidad que te llegan las multas que te ponen los radares chivatos cazaconductores. Sí acabo de comprobar, en cambio, la rapidez, eficacia y comodidad con la que te llega renovado a tu casa, por correo ordinario, el carné de conducir. Y con una carta personalizada de doña María Seguí Gómez, directora general de Tráfico, que nos desea “que disfrute de una conducción tranquila y feliz”. Eso, Seguí: seguid así, que sois de lo poquito que se salva de esta Administración que tanto dinero nos cuesta y tanto por saco nos da.

Me encanta renovar el permiso de conducción, que tengo desde 1961, porque es el único documento oficial donde dice de España lo que somos: un Reino. Tras las estrellitas como de cielo de cine de verano de la bandera europea, y lo de “permiso de conducción”, que se traduce “carné de conducir”, pone allí con todo orgullo y con todas sus letras: “Reino de España”. Óooooole. ¡Viva el Rey, joé! La Dirección General de Tráfico es la única rama de la Administración que no se avergüenza del artículo 1 de la Constitución y de que España sea un Reino: “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”. Y lo aplica al pie de la letra: “Reino de España”. ¡Toma ya, para que se entere el tonto de la bandera republicana! Que si quiere conducir aunque sea un vespino, tiene que tragar el tío con que en su carné ponga que, aunque parezca más radical que la leche que mamó el bebé de la podemita Carolina Bescansa, es un ciudadano libre del “Reino de España”! Por eso mismo puede sacar la tricolor. ¡Prontito iban a dejarlo en Cuba o en Venezuela echarse a la calle con una bandera antisistema por el estilo!

Miro mis otros papeles, por ejemplo el pasaporte, y con todo su golpe de estampación dorada del escudo constitucional, pone sólo “España”, como si esto no fuera un bendito Reino donde la Corona es garantía de libertades y de estabilidad. Miro el carné de identidad, vulgo DNI, y llevando como sombrerete los colores de la bandera rojigualda en forma de tilde de la Ñ, pone también sólo “España”. Miro mi cartilla de la Seguridad Social y es para echarse a llorar, porque allí no sólo no pone “España” por ningún lado, sino que existen 17 modelos distintos, 17, según el capricho de la consejería de Sanidad de cada autonomía; tal como existen 17 calendarios,17, de vacunación infantil, como si la rubeola murciana fuera distinta a la rubeola castellano-manchega.

Por eso he decidido que a partir de ahora voy a usar el carné de conducir en vez del DNI cuando me pidan la documentación. Frente a tantos falsos carnés de identidad supuestamente nacional y tantos pasaportes de mentirijillas que expiden los separatistas como un desafío a la Constitución y al Reino de España, no me negarán que es gloria bendita llevar en la cartera el carné de español. Un documento que pone nada menos que cuanto somos y queremos seguir siendo: “Reino de España”.

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El mito de Mad Max y los burócratas cleptómanos. -Javier Benegas/Vozpópuli-

Recientemente, en el Barómetro de la Conducción Responsable publicado por la Fundación Vinci Autoroutes, se ofrecía un dato aparentemente demoledor: 9 de cada 10 conductores encuestados admitían exceder en algunos kilómetros los límites de velocidad establecidos. Sin hacer un análisis más profundo, tendremos que deducir que el 90% de los conductores son infractores y, por así decirlo, delincuentes habituales. Con tal proporción de cafres al volante, en breve -es un suponer- el ejército tomará las calles para evitar la catástrofe.

Aunque los datos difieren según el organismo de referencia, se estima que en España el número de conductores ronda los 22 millones. Haciendo una elemental reglas de tres, si el 90% de ellos no respeta los límites de velocidad significa que hay en nuestras carreteras 19,8 millones de borricos al volante. Por lo que según este estudio, las carreteras españolas son el territorio natural de Mad Max.

Del unicornio de la seguridad a la mano en la cartera

Esta verdad revelada, y difundida reiteradamente por los mass media, sirve para justificar el endurecimiento de las leyes, aumentar el gasto en medios y personal para controlar a los fitipaldis e incrementar la cuantía y número de sanciones. Aunque lo cierto es que siempre existirá un umbral de víctimas irreducible, la consigna es que no hay que escatimar recursos materiales y humanos, ocurrencias legislativas y campañas de concienciación con las que untar a los medios de información, indispensables para la propaganda. Todo lo que sea necesario para alcanzar el riesgo cero, ese bonito unicornio.

¿Quién puede estar en contra de gastar (el dinero del vecino) para intentar salvar una vida? Otra cosa es que se consiga. Pero lo que cuenta es la intención, no a dónde va a parar el maldito dinero. Además, del fracaso se sacan buenos rendimientos, pues en la Administración no hay mejor argumento para demandar un aumento del presupuesto que no cumplir objetivos.

Puestos todos de acuerdo en que cualquier sacrificio es poco cuando se trata de preservar la vida humana, queda sin embargo por descubrir qué misteriosa calamidad ha caído sobre nosotros para que sólo 1 de cada 10 conductores respete los límites de velocidad. ¿Cómo es posible la prevalencia abrumadora de esta pésima conducta después de décadas de muchos esfuerzos y fuertes incentivos para erradicarla?

Por más que se use la coletilla de que el automóvil desata nuestros peores instintos para dar carpetazo al asunto, algo no encaja. El nuestro es un país con un índice de delincuencia bajo, si lo comparamos con otros de nuestro entorno. Y en general, la conflictividad es muy reducida en todos los órdenes. En consecuencia, un comportamiento tan desaprensivo y extendido es una anomalía… que sólo se repite -qué casualidad- a la hora de cumplir con Hacienda; otro terreno muy farragoso donde, de pronto, el pésimo carácter hispano vuelve a manifestarse. ¿Tenemos un gen defectuoso?, ¿tal vez se trata de un hechizo?, ¿será que nuestros padres nos educaron para ser personas aceptables salvo a la hora de conducir y pagar impuestos?

Convertir lo cotidiano en una bicoca administrativa

Nada de eso. Que en España haya 20 millones de personas desaprensivas al volante es bastante inverosímil, por no decir increíble. Aunque el automóvil –más bien el tráfico y el estrés– haga que de cuando en cuando nos comportemos como patanes, no somos una turba de macarras. La verdad es mucho menos histérica y alarmista, menos totalitaria: la ley es excesivamente restrictiva y, lo peor, imposible de cumplir cabalmente en todos sus supuestos y en todas las ocasiones. Tarde o temprano terminamos vulnerándola, aun de manera involuntaria.

Es cierto que una forma de erradicar conductas perjudiciales es mediante la promulgación de leyes que las desincentiven. Aunque lo deseable es que las personas terminen racionalizando los motivos por sí mismas para así instaurar las convenciones correctas voluntariamente, la legislación es un atajo para erradicar pésimos hábitos. Sin embargo, deja margen para el abuso y la persecución de objetivos nada bondadosos. Uno de ellos es la extracción de rentas adicionales.

Mediante una regulación enrevesada, arbitraria, llena de excepciones y ambigüedades –de trampas– se puede sancionar prácticamente a todo el mundo. Además, permite maniobrar al burócrata sin que nadie le fiscalice: una simple instrucción desde altas instancias bastará para obtener mayores rendimientos cuando se necesiten sin tener que cambiar las leyes. Dentro de los Presupuestos Generales del Estado existe, desde hace años, una partida en la que se contemplan de manera adelantada los ingresos por multas que se impondrán el año próximo. Si el cálculo es optimista, tenga por seguro que se usará la complejidad normativa para poner el listón de la infracción mucho más bajo y recaudar discrecionalmente. Así que cuando empiezan a proliferar estadísticas que ponen de vuelta y media a los conductores, ya sabemos lo que viene.

De ciudadanos a delincuentes potenciales

Si los burócratas aún no han conseguido criminalizar a todo el mundo no es por falta de voluntad, sino por falta de medios. En ello están y avanzan a buen ritmo. Ya vigilan desde el aire a los conductores con tecnología propia de helicópteros de combate; las cámaras y sofisticados radares se multiplican (los de última generación, con contramedidas propias de un caza); los límites de velocidad cambian, no ya según el tipo de vía sino por tramos, algunos de escasos metros; y no pocas veces las velocidades permitidas son absurdas, inadecuadas a la vía. Hoy, en un trayecto combinado de unos pocos kilómetros, el conductor debe atender incontables límites de velocidad distintos que se suceden de forma vertiginosa. Y en las ciudades varían dentro de márgenes tan exiguos, propios de carros tirados por caballos, que es imposible no pifiarla aun yendo en bicicleta.

Independientemente de su disposición a cumplir las normas, nadie está libre de ser sancionado. Incluso mi suegra, prudente hasta lo inaudito, recibe su multa de rigor todos los años. Un fenómeno paranormal del que rara vez oirán hablar en los telediarios, y menos aún al preboste de turno, siempre dispuesto a fabricar y vomitar argumentos que justifiquen nuevas reglas, nuevas restricciones y nuevas sanciones.

Ocultar la verdad o, simplemente, manipularla en beneficio de oscuros intereses, es sólo cuestión de enfoque. Las estadísticas, que habitualmente nos retratan de manera negativa, pueden estar desvelando anomalías muy distintas a las que se pretende difundir desde el Poder. Una de ellas es que los supuestos  “fines cívicos” de una legislación fraudulenta sólo existen en su enunciado. En el fondo, se trata de mantener la posición económica de un grupo a costa del resto. De hecho, de lo recaudado por multas de tráfico sólo el 11% se destina a mejorar la seguridad vial o ayudar a las víctimas de accidentes; el 89% restante va a parar al bolsillo de los funcionarios y altos cargos.

Que se usen como referencia las iniciativas de terceros países para conferir al abuso legislativo una fina capa de legitimidad – el viejo truco de justificar una nueva restricción argumentando que en tal o cual país ya se aplica- es otra argucia: los intereses de los burócratas no tienen fronteras, son los mismos en Francia, Inglaterra o Dinamarca que en España. En todas partes cuecen habas; es decir, en todas partes hay capullos. Cuestión distinta es que en otros países aún existan controles para mantener mínimamente a raya a la Administración y esa compulsión tan suya de extender el manto de la sospecha sobre todas las personas, para, a continuación, desplumarlas como pollos en su propio beneficio. Y es que detrás de muchas estadísticas se ocultan formas de banalización del mal sutiles y progresivas que generan mucho sufrimiento. El que no quiera verlo o bien está al otro lado o bien aspira a estarlo en el futuro.

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