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Incumplir el déficit para comprar votos. -Juan R. Rallo/El economista-

El Partido Popular no sólo ha incumplido los objetivos de déficit de 2015, sino que acaba de amenazar con incumplir los de 2016. El nuevo cuadro macroeconómico presentado este martes por el ministro de Economía Luis de Guindos, días después de reconocer que nuestro país estaba entrando en una senda de desaceleración, contempla cerrar este año con un desequilibrio presupuestario equivalente al 3,6% del PIB, casi un punto superior a nuestros compromisos con Bruselas.

Como ya hiciera el PP en 2012 —año en el que Rajoy impuso a Bruselas una nueva senda de reducción del déficit antes siquiera de haberse sentado a hablar con nuestros socios comunitarios—, el ministro De Guindos escoge unilateralmente para 2016 la cifra del 3,6%… sin haber acordado todavía nada con las autoridades europeas. No sólo rechaza reducir significativamente el déficit, sino que lo hace sin haber consultado siquiera a Bruselas.

Acaso algunos crean que, como ya argumentara Rajoy en 2012, España es un país soberano que no necesita rendir cuentas ante nadie para escoger sus objetivos de déficit. Si tal fuera el caso, ya resultaría en sí mismo criticable que el Gobierno del PP dilate los plazos para acabar con el déficit. Pero es que además es mentira: el “soberano” Estado español suscribió un acuerdo denominado “Pacto de Estabilidad y Crecimiento” por el que se obliga a mantener un déficit público inferior al 3% del PIB; y, en caso de que el desequilibrio presupuestario supere el 3%, asume la obligación de someterse a un “procedimiento de déficit excesivo” por el cual las autoridades comunitarias le marcarán la senda de ajuste del déficit (algo similar, por cierto, a la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el PP y con la que pretende obligar a las autonomías a cuadrar sus cuentas). Todo esto lo aceptó España “soberanamente” y todo ello se lo está saltando Rajoy arbitrariamente.

Pero tal vez lo más grave del asunto no sea en sí mismo el incumplimiento del déficit o el desplante hacia Europa, sino el dolo con el que han sido perpetrados. En 2015, el Gobierno del PP rebajó el IRPF en dos ocasiones: medida que habría sido muy beneficiosa en caso de que hubiera venido acompañada de un recorte paralelo del gasto público que coadyuvara a reducir el desfase presupuestario. Pero no: el gasto público de 2015 no bajó, sino que subió, de modo que la menor recaudación conllevó un mayor descuadre. Una electoralista inyección de dinero en la cuenta corriente de los españoles a costa de endeudar a esos mismos españoles: “te obligo a que te endeudes [reducción de impuestos emitiendo deuda pública] para que creas que eres más rico y votes al Partido Popular”.

Algo similar sucederá este año: el Ejecutivo del PP no sólo proyecta incumplir el déficit, sino que proyecta hacerlo mientras mantiene su promesa a los empleados públicos de reembolsarles la segunda mitad de la paga extra que les suspendió en 2012. Se trata de un gasto extraordinario completamente innecesario que tensionará todavía más la grave situación de deterioro de nuestras cuentas públicas. Y todo porque el PP quiere encarar las previsibles elecciones generales de junio manteniendo una buena relación con el funcionariado.

En definitiva, el PP no sólo es irresponsable por obstaculizar activamente la reducción del déficit público, sino por hacerlo, en gran medida, para comprar el voto de los españoles (bajadas de impuestos sin reducciones de gasto estructural y aumentos extraordinarios de los desembolsos estatales para engrosar los bolsillos de los empleados públicos). Bruselas no debería admitir en ningún caso tamaña burla del Gobierno de España a costa del bolsillo futuro de los contribuyentes. El equilibrio presupuestario —alcanzado por el lado del gasto— debería seguir siendo una prioridad: especialmente, una prioridad frente al populismo electorialista que practican todos los partidos. Tanto Podemos como el PP.

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Del déficit a Panamá: obsesión impositiva. -Juan M. Blanco/Vozpópuli-

Ha regresado el déficit descontrolado; los números rojos de 2015 se desviaron en 10.000 millones de euros, un punto del PIB, del 4,2% previsto al 5,2%. Ya se sabe:año electoral, año clientelar. El despilfarro público se convierte en la norma allí donde no existen controles adecuados ¡qué fácil es dilapidar el dinero cuando sale del bolsillo de otros! Lo curioso es que, ante tales apuros, la inmensa mayoría de políticos se plantea siempre un aumento de la recaudación, de la presión fiscal; nunca una limitación del gasto. Antes darían cien vueltas de tuerca al grillete del contribuyente que desmantelar estructuras estatales y paraestatales, muchas de ellas redundantes o inútiles.

En lugar de adaptar el gasto a los ingresos disponibles, o razonablemente esperados, los dirigentes buscan mil estratagemas para incrementar la recaudación. Cualquiera cosa con tal de mantener el mismo nivel de dispendio… o uno superior. Y, para justificarlo, utilizan una palabra, ambigua y engañosa, pero de efectos taumatúrgicos, “social”, insinuando que los gastos benefician a la sociedad en su conjunto. Pero buena parte de ellos responde realmente a meros intereses corporativos, o partidistas, un medio para mantener apoyos, votos y… comisiones.

Los políticos saben que pierden más apoyos limitando el despilfarro que subiendo la fiscalidad, especialmente en sistemas previamente pervertidos, convertidos en clientelares. Mientras la subida de impuestos se reparte entre los ciudadanos, muchas partidas de gasto se concentran en colectivos concretos: constituyen privilegios para grupos minoritarios, otorgados para captar su apoyo. He ahí el verdadero motivo de muchas subvenciones, ayudas, creación de puestos innecesarios en la administración. La lógica del clientelismo conduce a que los votantes decidan, no por criterios políticos generales, sino en función del trato que el partido concede a su colectivo particular.

Favorecer a grupos minoritarios, bien organizados

Así se explica esa irresistible tendencia a conceder privilegios a minorías, a gastar en favor de grupos muy concretos y en perjuicio del interés general, del ciudadano medio. A quienes han sido capturados por esta rueda infernal, les molesta mucho menos la creciente presión fiscal que la perspectiva de perder su particular ayuda o subvención: “suban impuestos pero no me quiten mi mamandurria“. El proceso se agrava cuando los dispendios se financian con deuda, ese impuesto sobre contribuyentes futuros, que todavía no votan.

Así, nuestros políticos se aferran al poder creando clientelas y favoreciendo el voto cautivo. Organizando la sociedad en distintos rebaños con diferentes derechos, ventajas y prebendas, unas facciones siempre con la mano extendida, en permanente competencia por el presupuesto. El clientelismo es perverso porque implica un regreso a la sociedad estamental, cerrada y discriminatoria. Es un fenómeno especialmente dañino por subvertir los principios de la democracia: convierte a muchos electores en tipos monotemáticos, dependientes del favor público, en votantes que no ejercen un control efectivo sobre la política general pues sólo formulan una pregunta: ¿qué hay de lo mío?  Al contrario de lo que se pregona, el inmenso gasto público no tiene como objetivo redistribuir la renta; más bien favorecer a poderosos grupos minoritarios, bien organizados. Todo acaba finalmente en un juego donde quien parte y reparte, los políticos y los burócratas, se lleva la mejor parte. Y el populismo, con su orgía de gasto, es la culminación, el estadio final del proceso clientelar.

Pero hay una razón adicional para nuestros gobernantes prefieran subir impuestos a racionalizar el gasto: la asimetría, la ilusión óptica, la diferente percepción que los ciudadanos tienen de impuestos y ayudas. Muchos impuestos son borrosos, casi invisibles para gran parte de los contribuyentes. Los asalariados olvidan la retención, esa parte del sueldo que, como el aire, existe aunque nadie la haya visto. Casi todos consideran directamente el salario neto, olvidando el descuento por IRPF y las cuotas a la SS. Y pocos consumidores se detienen a calcular el IVA cada vez que pagan. Por el contrario, las ayudas y subvenciones son ostentosas, manifiestas y palpables: el beneficiario las recibe con plena consciencia. De este modo, un sujeto podría mostrarse satisfecho al embolsarse una ayuda que procede… de su propio bolsillo.

¡Todos tras el evasor fiscal!

Pero ni siquiera las subidas de impuestos son equitativas. Ni pagan más impuestos quienes más tienen o más ganan. La letra pequeña de leyes y reglamentos fiscales, tan largos como complejos, contempla numerosas excepciones, deducciones, desgravaciones, siempre a medida de grupos con influencia política. Una colección de agujeros por los que se cuelan los amigos, o quienes pululan en busca de favores. Finalmente, la carga fiscal depende menos de la capacidad de pago que de la cercanía al poder político, de la inclinación a comprar privilegios o de la disposición a ejercer presión. Como corolario, la normativa fiscal tiende a ser extremadamente enrevesada para privilegiar a unos, desplumar a otros y mantener al mismo tiempo la ficción de que su aplicación es justa y ecuánime.

Descartada la racionalización del gasto, olvidada la contención de los múltiples despilfarros, se entiende la constante matraca a cuenta del fraude fiscal y todas las ocurrencias de Profesor Bacterio para detectar y reprimir a los infractores. ¡Menos lobos! La experiencia muestra que extremar el control y la vigilancia sobre los contribuyentes aporta sólo una minúscula recaudación adicional… si se compara con el dineral que inicialmente prevén sus impulsores. Deberían aprender un hecho fundamental: la presión fiscal excesiva es uno de los principales factores que empuja al fraude.

No sorprende en este particular entorno el enorme eco mediático de la llamada lista de Panamá, y el escarnio público de los “malvados defraudadores al fisco”. Ahora bien, siendo reprobable la evasión de impuestos, lo es mucho más que algunos de estos fondos pertenezcan a dirigentes políticos que los obtuvieron ilícitamente, cobrando comisiones por favores concedidos. No es correcto evadir impuestos; pero mucho más grave es unir este delito al latrocinio y expolio del presupuesto público. Y, aunque Al Capone solo fue condenado por fraude fiscal, mucho me temo que muchos dirigentes españoles, o miembros de la realeza, no serán procesados… ni siquiera por eso.

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El déficit es un problema de gastos,no de ingresos. -Juan R. Rallo/La razón-

El déficit público cerró 2015 en el 5,2% del PIB, un punto por encima de nuestros compromisos con Bruselas. Se trata de una desviación de 10.000 millones de euros que complica notablemente la consecución de nuestros objetivos para este año: no en vano, España debería concluir 2016 con un desequilibrio en sus cuentas públicas de apenas el 2,8% del PIB, esto es, unos 30.000 millones de euros frente a los 55.000 actuales. Por consiguiente, nuestras Administraciones Públicas tendrían que recortar el déficit en 25.000 millones para cumplir con la palabra dada: propósito que se antoja casi imposible habida cuenta de que el año pasado apenas lo minoramos en unos 5.000 millones de euros.

Son muchos los políticos que, en este contexto de profundo desfase presupuestario, están trasladando a la ciudadanía el envenenado mensaje de que nuestro déficit se debe a una insuficiencia de ingresos y que, en consecuencia, resulta prioritario subir impuestos. O dicho de otro modo, para esos políticos, las alarmantes cifras de déficit no constituyen la prueba más palpable de que tenemos que recortar con decisión e intensidad el gasto público sino de que, al contrario, debemos expoliar con mucha más saña al conjunto de los españoles.

Sin embargo, los datos no avalan semejante visión engañosa de la realidad. A la postre, nuestro déficit público del 5,2% del PIB se debe a que los ingresos del Estado en 2015 fueron de 38,2%, mientras que los gastos se ubicaron en el 43,4%. ¿Ingresamos poco o gastamos mucho? La primera vez en democracia que nuestro país alcanzó el equilibrio presupuestario fue en el año 2004… con unos ingresos equivalentes al 38,6% del PIB. Es decir, con unos ingresos públicos iguales o inferiores a los actuales, España ha disfrutado de un déficit cercano a cero. ¿Por qué hoy no? Pues porque gastamos muchísimo más que entonces: en 2004, el gasto público equivalía al 38,7% del PIB; hoy al 43,4%.

A la luz de la estos datos, debería ser obvio que si algo ha cambiado en España con respecto a 2004 no son los insuficientes ingresos, sino los sobredimensionados gastos. Y, en consecuencia, la opción más razonable para restablecer el equilibrio presupuestario del que una vez disfrutamos debería ser el ajuste del gasto. ¿Pero de qué gastos? ¿Qué partidas presupuestarias han aumentado con respecto a 2004? La remuneración de los empleados públicos ha crecido en 1,2 puntos del PIB; los consumos intermedios en 0,7 puntos; los intereses de la deuda en 1,1 puntos; y las transferencias sociales en 4,4 puntos (de los cuales sólo 0,3 puntos se explican por el aumento de las prestaciones por desempleo). A su vez, otras rúbricas como las inversiones públicas, se han recortado notablemente.

Dicho de otro modo, aquellas partidas de gasto más tradicionalmente asociadas con la crisis —el incremento de los intereses de la deuda o de las ayudas para el desempleo— apenas absorben 1,4 puntos del PIB de los 4,7 puntos en los que ha aumentado el gasto público desde 2004. Si nos hubiéramos limitado a ellas, nuestro déficit debería ser hoy inferior al 2% del PIB y no superior al 5%. Por consiguiente, no, el problema ni son la falta de ingresos (tenemos los mismos que en 2004) ni los intereses y el desempleo (apenas son 1,4 puntos superiores a 2004). El problema son todas las otras partidas de desembolsos públicos que deberíamos proceder inmediatamente a recortar: a saber, el gasto en personal, los gastos intermedios y, también por impopular que suene, las transferencias sociales no vinculadas con el paro (esencialmente, pensiones). Nos hemos dotado de un Estado de Bienestar mucho más grande del que podemos permitir: y, en tal caso, la solución no debería ser destrozar la economía multiplicando los impuestos sino, más bien, regresar a la sensatez presupuestaria redimensionado el gasto.

El salario mínimo crea paro

Alemania carecía de salario mínimo hasta comienzos de 2015: fue entonces la CDU y el SPD acordaron establecer un coste mínimo de la contratación de 8,5 euros por hora. La mayoría de economistas es consciente de que las leyes de salario mínimo no contribuyen a incrementar los sueldos de un país sino únicamente su desempleo. Si, por ejemplo, el Estado estableciera una altura mínima de 1,85 metros para ser funcionario, con ello no lograría que la altura mínima de los funcionarios se incrementara, sino que impediría a muchas personas acceder a la función pública. Lo mismo sucede con la fijación por ley de un salario mínimo: no incrementa las remuneraciones de los obreros sino que sólo les impide trabajar. Justamente, el Ministerio de Trabajo alemán estimó la semana pasada que la introducción de un salario mínimo de 8,5 euros por hora ha destruido 60.000 empleos a lo largo de 2015. Pese a no tratarse de datos definitivos, sí resultan bastante ilustrativos de los devastadores efectos de este tipo de legislaciones. Tengámoslo muy presente en España.

La amenaza: tipos negativos

Ya hemos comentado en diversas ocasiones que los tipos de interés negativos que ha impuesto el Banco Central Europeo podrían terminar trasladándose a todos aquellos que contamos con una cuenta corriente en el banco. Es decir, no debe descartarse que, en el contexto actual, los bancos terminen cobrándonos —en lugar de pagándonos— por depositar en ellos nuestros ahorros. Se trata de una amenaza que, además, dista de carecer de fundamento: sin ir demasiado lejos, contamos con el ejemplo de Japón. Japón es otro país donde rigen tipos de interés negativos por orden de su banco central y donde recientemente dos entidades financieras (el Mitsubishi UFJ Trust and Banking y el Sumitomo Mitsui Trust Bank) anunciaron que comenzarían a cobrar a sus clientes institucionales unos intereses negativos del -0,1%. De momento, se trata de un recargo que sólo sufrirán grandes empresas o grandes fondos, pero el precedente es más que obvio: dado que el banco central cobra a los bancos privados por tener su dinero depositado, los bancos privados cobrarán a sus clientes por ese mismo concepto. Viendo las barbas japonesas recortadas, deberíamos poner las nuestras en remojo.

Uber regresa a España

Desde finales de 2014, Uber tenía prohibido operar en España a pesar de las reiteradas peticiones de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) para ajustar el marco regulatorio a las nuevas realidades tecnológicas. Finalmente, sin embargo, no ha habido reforma alguna de las muy intrusivas normativas que maniatan el transporte de personas en España y la compañía californiana ha tenido que ceder: desde la semana pasada, Uber vuelve a operar en nuestro país, pero lo hará mediante el uso de licencias VTC (arrendamiento de vehículos con conductor), las cuales están limitadas a 1 por cada 30 licencias de taxi. Es decir, a diferencia de lo que sucede en el resto del planeta, Uber no prestará sus servicios mediante conductores con una licencia del Estado. Urge, por tanto, imitar al resto de países y liberalizar el sector del transporte para que España nos el farolillo rojo de Occidente. Algo que, por cierto, no es sólo una petición personal, sino que procede de la mismísima CNMC.

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