Archivo de la etiqueta: Déficit

España sufre el mayor nivel de deuda y déficit de los dos últimos siglos. -M.Llamas/Libremercado-

La deuda roza el 101% del PIB y el déficit supera el 5%. Con estos niveles, España siempre ha terminado quebrando o con alta inflación.

España entró en la crisis económica internacional con un problema de deuda privada, pero hoy buena parte de las preocupaciones que reflejan inversores y analistas se centra en la abultada deuda que acumula el sector público.

La deuda del conjunto de las administraciones subió en junio en 18.549 millones de euros, hasta situarse en un total de 1,107 billones de euros, por encima del umbral del 100% del PIB, registrando así un nuevo máximo histórico, según los últimos datos del Banco de España. En concreto, según las estimaciones del Ministerio de Economía, la deuda pública alcanzó en junio el 100,9% del PIB, ratio que se encuentra por encima del objetivo del Gobierno para todo el año, situado en el 99,14%, de acuerdo con el último Programa de Estabilidad.

¿Mucho o poco? En el caso de España, se trata de una cifra récord. Si se amplía la perspectiva temporal, habría que retroceder hasta principios del siglo XX para encontrar un nivel más alto. En concreto, la deuda registra hoy su punto más elevado desde 1910.

La serie histórica consultada por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), que se inicia en 1850, sitúa el punto más alto de la deuda pública en 1875, con un nivel cercano al 170% del PIB. A partir de ese año, se produjo una gran reducción hasta niveles inferiores al 80% del PIB. Pero, posteriormente, en la última década del siglo XIX, se produjo un nuevo rally alcista hasta volver a superar el 120% del PIB una vez estrenado el siglo XX.

La deuda más alta desde 1910

La serie histórica consultada por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), que se inicia en 1850, sitúa el punto más alto de la deuda pública en 1875, con un nivel cercano al 170% del PIB. A partir de ese año, se produjo una gran reducción hasta niveles inferiores al 80% del PIB, pero, posteriormente, en la última década del siglo XIX, se inició un nuevo rally alcista hasta volver a superar el 120% del PIB una vez estrenado el siglo XX.

“La actual dinámica de deuda se encuentra todavía lejos de los peores episodios de nuestra reciente historia económica -asociados a la I Guerra de Cuba de 1868-1878 en el reinado de Alfonso XII y a la II Guerra de Cuba-Crisis de 1898 durante la regencia-reinado de su hijo Alfonso XIII-, presenta una inquietante pendiente de crecimiento, muy por encima del promedio del siglo pasado”, tal y como advierten los analistas de Funcas.

deupu-de1.jpg

En este sentido, cabe recordar que la deuda pública rondaba el 35% del PIB en 2007 y hoy supera el 100%, con lo que ha aumentado en más de 65 puntos porcentuales, una cifra equivalente a casi 700.000 millones de euros. Este elevado stock de deuda implica, además, “serios problemas” para la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Por un lado, genera elevadas necesidades de refinanciación en los mercados de capitales, incrementando con ello la “vulnerabilidad de la economía española, tal y como se hizo patente durante la crisis de deuda soberana de la zona euro a partir de 2010”. No en vano, el Tesoro español tiene que pedir fondos por valor de más de 200.000 millones de euros (20% del PIB) cada año para cubrir los abultados vencimientos de deuda. Y , por otro, aunque los tipos de interés son muy bajos, el pago de intereses supera el 3% del PIB, más de 35.000 millones de euros al año, debido al elevado volumen de deuda.

Y el déficit más elevado desde 1850

Pero es que a este histórico nivel de deuda se suma, además, un inédito agujero fiscal. Tomando como referencia esa misma serie histórica, nunca se había visto tal magnitud de déficit público desde 1850. Como consecuencia, España sufre hoy el mayor desequilibrio de las cuentas públicas de los dos últimos siglos.

deupu-de2.jpg

Así pues, según Funcas, “no cabe duda de que las finanzas públicas caminan en una senda temporal difícilmente sostenible si no se profundiza en el proceso de consolidación fiscal”. Lo más preocupante, sin embargo, es que, ante situaciones similares, la vía escogida por el poder político ha sido otra muy distinta. En lugar de corregir el déficit y estabilizar el nivel de deuda, España presenta una “interminable” lista de episodios, desde 1500 hasta la Guerra Civil, que ha terminado en “quiebras, impagos del servicios de la deuda, quitas, canjes y reestructuración de la deuda pública soberana, y utilización del impuesto inflacionario”:

  • Felipe II: 1557, 1560, 1575, 1597
  • Felipe III: 1607
  • Felipe IV: 1627, 1647, 1652, 1662
  • Carlos II: 1666
  • Carlos IV: 1798
  • Cortes de Cádiz: 1812-1813
  • Fernando VII: 1814, 1817, 1823, 1825, 1828
  • Isabel II: 1835, 1841, 1844, 1851, 1867
  • Sexenio Democrático y I República: 1871
  • Alfonso XII: 1876, 1881
  • Alfonso XIII: 1900, 1915-1919, 1927-1928
  • II República: 1935, 1939

Es decir, hasta ahora, la historia demuestra que España ha optado de forma recurrente al impago de la deuda (quiebra) o a una elevada inflación -con el consiguiente empobrecimiento de la población- para reequilibrar sus cuentas públicas en lugar de aplicar impopulares ajustes en materia de gasto y/o impuestos. ¿Será esta vez diferente?

Tres condiciones para reducir la deuda

Para estabilizar y reducir la deuda sin caer en la quiebra o en la trampa inflacionaria, España tendría que cumplir tres condiciones:

1. La tasa de crecimiento nominal de la economía tiene que ser superior al tipo de interés nominal de la deuda pública, para evitar el denominado efecto ‘bola de nieve’, lo cual acaba de empezar a suceder gracias a la paulatina recuperación del PIB.

deupu-de3.jpg

2. Se tienen que generar superávits públicos primarios (descontando el pago de intereses de la deuda). Aunque España ha mejorado este indicador desde 2009, cuando el déficit primario se situó en el 9,3% del PIB, siguió presentando un agujero del 1,6% en 2015.

deupu-de4.jpg

3. Y, por último, se deben eliminar aquellas emisiones de deuda que no computan como déficit público y, por tanto, no se deben a la diferencia existente entre ingresos y gasto público. España también se encuentra hoy en una situación delicada en esta materia, ya que emite un elevado volumen de deuda para para financiar ciertas partidas ajenas al presupuesto público, como, por ejemplo, los distintos mecanismos de rescate europeo para asistir a otros países del euro, el fondo de rescate bancario (FROB) o las herramientas financieras para auxiliar a CCAA y ayuntamientos, entre otros.

Mientras estos tres factores no se produzcan, será muy difícil que España lograr estabilizar el nivel de deuda, aumentando con ello la vulnerabilidad del país ante el surgimiento de nuevas tormentas económicas y financieras.

Ver artículo original:

Anuncios

Rajoy y sus ministros deben ser los sancionados. -J.R. Rallo/Libremercado

El Estado español lleva incumpliendo desde 2008 el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) al haber rebasado persistentemente un déficit público del 3% del PIB. Por ese motivo, desde 2009 nos hallamos sometidos al Procedimiento de Déficit Excesivo, el cual nos obliga a adoptar periódicamente una serie de medidas encaminadas a reconducir el déficit hasta cumplir con el PEC. En caso de que no lo hagamos, Bruselas puede sancionarnos con una multa de hasta el 0,2% del PIB: algo más de 2.000 millones de euros en el contexto español.

Desde el año 2013, momento en el que renegociamos por enésima vez con Bruselas el itinerario de reducción del déficit público, el Gobierno de Mariano Rajoy ha incumplido año tras año los compromisos pactados con la Unión Europea: en 2013, cerramos con un déficit del 6,6% del PIB frente al 6,5% acordado; en 2014, con uno del 5,9% frente al 5,8%; en 2015, con uno del 5,1% frente al 4,2%; y en 2016, se espera (con sumo optimismo) que terminemos en el 3,9% frente al 2,8% comprometido.

Peor todavía es que prácticamente toda la minoración del déficit experimentada entre 2013 y 2015 ha tenido un carácter cíclico: gracias al crecimiento económico, los ingresos han aumentado y ciertos gastos —como la prestación de desempleo— se han reducido de manera automática. El Gobierno no ha tenido nada que hacer al respecto: sólo sentarse y capitalizar el crecimiento. No así con la parte del déficit que sí tiene un carácter estructural, esto es, aquel que se mantiene inalterado con independencia de la fase de la coyuntura en la que nos encontremos. Bruselas nos impuso disminuir ese déficit estructural en el equivalente a 2,7 puntos del PIB durante el período 2013-2015, pero el Ejecutivo del PP apenas lo ha bajado en dos décimas durante todo ese período. Es más, en el electoral año 2015, el déficit estructural se incrementó en siete décimas debido a la rebaja tributaria y al aumento de otros gastos. Por consiguiente, el PP no sólo no hizo nada desde 2013 para reducir el desequilibrio permanente de nuestras cuentas públicas, sino que en 2015 incluso deshizo parte del camino andado por razones electoralistas.

Todo lo cual ha llevado a la Comisión Europea a plantearse seriamente sancionar al Estado español por déficit excesivo: en tal caso, como decíamos, la multa podría llegar a superar los 2.000 millones de euros y recaería sobre las espaldas del conjunto de los contribuyentes. Pero, ¿por qué deberían ser los contribuyentes, y no los miembros del Gobierno a título individual, los que sufraguen semejante castigo? Al cabo, nos encontramos ante un incumplimiento deliberado del objetivo de déficit de 2015 por parte del Ejecutivo del PP con el único objetivo de incrementar sus opciones de reválida electoral: fueron los miembros del Consejo de Ministros —acaso con la complicidad de todos los diputados del PP— los que aprobaron los presupuestos de 2015 en los que se contenía una reducción del IRPF y otros aumentos de gasto que iban a hacer imposible respetar los compromisos de déficit de ese año. Son ellos los responsables y son ellos quienes deberían hacer frente a la sanción con sus patrimonios individuales.

Sin ir más lejos, el artículo 236.1 de la Ley de Sociedades de Capital establece que “los administradores [de una empresa] responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa”. Es decir, que cuando las actuaciones dolosas o negligentes de los administradores de una compañía les generan un perjuicio económico a la sociedad, a sus socios o a sus acreedores, éstos deberán reparar tales daños con su patrimonio.

¿Por qué motivo deberíamos aplicar un doble rasero normativo a los administradores del Estado? Son ellos los que dolosamente han decidido saltarse el Protocolo de Déficit Excesivo para maximizar sus opciones de permanecer en el poder. Son ellos, y no los españoles, quienes deberían hacer frente a cualquier posible —y merecida— sanción por parte de Bruselas.

Pensiones:Déficit crónico -Juan M. Rallo/La razón-

La reciente revisión del cuadro macroeconómico 2015-2019 por parte del gobierno central no sólo ha puesto de relieve que la economía española no reducirá su déficit por debajo del 3% del PIB hasta el año 2017, sino algo acaso más inquietante para nuestro futuro a medio y largo plazo: el déficit de la Seguridad Social se mantendrá sine die. Según las propias estimaciones del Ejecutivo, esta administración acumulará un agujero financiero durante los próximos cuatro años que superará los 40.000 millones de euros, fagocitando así la totalidad del célebre Fondo de Reserva de las pensiones (dotado a día de hoy con apenas 34.000 millones). Semejantes números rojos se mantendrán a pesar de la intensa creación de empleo que prevé el gobierno: dos millones más de puestos de trabajo que arrojarán unos ingresos adicionales por cotizaciones sociales de 20.000 millones de euros anuales, pero que no bastarán para cauterizar la herida por el simple motivo de que los gastos crecerán aún más deprisa.

El problema, además, tan sólo se agravará con el paso del tiempo como consecuencia de la negativa evolución demográfica que exhibirá nuestro país. El mismo INE prevé que dentro de tres décadas habremos pasado de la actual tasa de dos trabajadores cotizantes por pensionista a solo un único trabajador cotizante por pensionista: es decir, la cobertura de las prestaciones sociales contributivas se deteriorará de manera irreversible por mucho empleo que creemos simplemente porque no habrá gente suficiente. Así pues, a corto plazo las secuelas de la crisis consolidarán un déficit en la Seguridad Social que agotará el fondo de reserva de las pensiones; a largo plazo, la demografía volverá el sistema completamente insostenible salvo recortando con intensidad las presentes condiciones de acceso a la jubilación.

¿Qué hacer? Idealmente deberíamos iniciar la transición hacia un modelo de capitalización de las pensiones para que éstas no dependan de la menguante población ocupada dentro de España sino de los activos productivos globales que los trabajadores hayan ido adquiriendo a lo largo de sus vidas laborales: se trata de un modelo tan razonable y necesario que constituye la base del sistema de pensiones en países tan heterogéneos como Chile, Dinamarca o Australia. Pero dado que ningún gobierno parece que vaya a seguir tan sensata vía, al menos sí deberíamos lanzar un claro mensaje a los ciudadanos: ahorren y ahorren para preparar una jubilación que será mucho menos boyante de lo que imaginan.

Ver artículo original: