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El mapa de la corrupción: solo una quinta parte de los condenados está en prisión. -R.R.Ballesteros/EC-

El Poder Judicial comienza a contabilizar datos estadísticos sobre procesados, condenados, causas abiertas y penados por delitos de malversación, cohecho o tráfico de influencias.

Solo una quinta parte de los condenados por corrupción con sentencia firme se encuentran en prisión o sujetos al régimen penitenciario. En concreto, según datos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), apenas hay actualmente 82 personas cumpliendo condena en alguna cárcel española por delitos como malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación u otro tipo de ilícitos vinculados a la corrupción. Sin embargo, entre julio de 2015 y septiembre de 2016, los tribunales españoles condenaron a 399 personas —es decir, cinco veces más— con sentencia firme por estos delitos, como refleja la información del Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia, uno de los organismos que han proporcionado las cifras hechas públicas hoy por el Poder Judicial en relación a la lucha judicial contra la corrupción.

Fuentes jurídicas explican que el número de condenados se refiere al mencionado periodo de cinco trimestres, por lo que es posible que algunos de los que cumplen su pena actualmente en los centros penitenciarios hayan sido sentenciados antes de julio de 2015. El bajo número de penados sujetos al régimen penitenciario (algunos en prisión y otros en segundo o tercer grado) se debe, según las mismas fuentes, a que en algunos casos las condenas no superan los dos años de duración, con lo que la ley permite que los sentenciados no ingresen en prisión si no han tenido antecedentes penales previos. Asimismo, también se puede explicar porque algunos corruptos pueden ser condenados a penas diferentes a las de cárcel.

Además de los 82 presos condenados en sentencia firme, hay otros cinco reclusos preventivos. Se trata, en concreto, de cinco personas sobre las que aún no recae condena firme, pero la autoridad judicial ha ordenado su encarcelamiento porque cumplen con los requisitos que exige la ley, como la existencia de un determinado riesgo de fuga o la posibilidad de que se produzca reiteración delictiva. Uno de esos cinco es el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, investigado en el marco del caso Púnica que instruye la Audiencia Nacional.
Solo una quinta parte de los condenados por corrupción con sentencia firme se encuentran en prisión o sujetos al régimen penitenciario. En concreto, según datos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), apenas hay actualmente 82 personas cumpliendo condena en alguna cárcel española por delitos como malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación u otro tipo de ilícitos vinculados a la corrupción. Sin embargo, entre julio de 2015 y septiembre de 2016, los tribunales españoles condenaron a 399 personas —es decir, cinco veces más— con sentencia firme por estos delitos, como refleja la información del Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia, uno de los organismos que han proporcionado las cifras hechas públicas hoy por el Poder Judicial en relación a la lucha judicial contra la corrupción.
Fuentes jurídicas explican que el número de condenados se refiere al mencionado periodo de cinco trimestres, por lo que es posible que algunos de los que cumplen su pena actualmente en los centros penitenciarios hayan sido sentenciados antes de julio de 2015. El bajo número de penados sujetos al régimen penitenciario (algunos en prisión y otros en segundo o tercer grado) se debe, según las mismas fuentes, a que en algunos casos las condenas no superan los dos años de duración, con lo que la ley permite que los sentenciados no ingresen en prisión si no han tenido antecedentes penales previos. Asimismo, también se puede explicar porque algunos corruptos pueden ser condenados a penas diferentes a las de cárcel.

Además de los 82 presos condenados en sentencia firme, hay otros cinco reclusos preventivos. Se trata, en concreto, de cinco personas sobre las que aún no recae condena firme, pero la autoridad judicial ha ordenado su encarcelamiento porque cumplen con los requisitos que exige la ley, como la existencia de un determinado riesgo de fuga o la posibilidad de que se produzca reiteración delictiva. Uno de esos cinco es el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, investigado en el marco del caso Púnica que instruye la Audiencia Nacional.

En el mismo periodo, los tribunales españoles procesaron (o dictaron auto de apertura de juicio oral) por corrupción a 1.378 personas, 1.060 hombres y 318 mujeres, 1.174 españoles, 34 del resto de la Unión Europea y 170 extracomunitarios. La mayoría de ellos se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional. En concreto, 272 procesados darán explicaciones ante los juzgados centrales del alto tribunal. El resto lo harán en los tribunales regionales, sobre todo ante los catalanes, en cuyos banquillos de acusados se sentarán 303 personas por delitos de corrupción. Son los juzgados que más presuntos corruptos han procesado, seguidos de los andaluces, con 153 acusados.

Los casi 1.380 procesados están encausados en 166 procedimientos penales diferentes, la mayoría de ellos abiertos en Andalucía y la Comunidad Valenciana, donde se dirimen 21 y 20 causas por corrupción contra dos centenares de personas. En Cataluña, a pesar de contar con más de 300 procesados, los procedimientos son apenas 17. En el lado contrario, Navarra encabeza el ‘ranking’ de comunidades con menos procesos judiciales que han superado la fase de auto de apertura de juicio oral, con ningún procedimiento. Sin contar los juzgados centrales (Audiencia Nacional), los tribunales regionales tienen 155 procedimientos en la mencionada fase procesal.

En los cinco trimestres analizados por el Consejo del Poder Judicial, por otra parte, los tribunales españoles dictaron 99 sentencias vinculadas a delitos de corrupción. De ellas, 72 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 72,7% del total, según los mencionados datos publicados en la web del CGPJ.

Con la publicación de este repositorio de datos, que se irá actualizando cada trimestre, el Poder Judicial pretende trasladar “la imagen real” de la actuación de los tribunales contra la corrupción en España. Por primera vez, según destacó el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ayer durante la presentación de las estadísticas, se hacen públicas todas estas cifras, para cuya recopilación ha sido necesaria la colaboración del Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior o de la Generalitat de Cataluña, entre otras instituciones.

En la citada presentación, tanto Lesmes como la vocal del Poder Judicial Mar Cabrejas han destacado la labor “independiente e imparcial” de los jueces. Según Cabrejas, el trabajo de los magistrados está llamado a “controlar desde el derecho a hacer efectiva la idea del Estado constitucional como sistema de límites y de vínculos impuestos al ejercicio de cualquier poder”.

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Los cadáveres del bucle electoral. -Javier Somalo/Libertaddigital-

El mapa de España ya no se tiñe de azul o rojo sino de negro corrupto, auténtica mayoría absoluta de nuestra nación.

El bipartidismo y sus socios han arrastrado a su cuneta a demasiadas víctimas: la democracia parlamentaria, la libertad de información y, por encima de todo, la Justicia.

Antes de anunciarnos si votaremos en unas terceras elecciones dicen que habrá que esperar a otras elecciones, las gallegas y vascas, que vienen convenientemente aderezadas con sus correspondientes casos de corrupción arrojadiza –sea septentrional, meridional o global– a toda página. Corrupción, sumarios, elecciones, investiduras fallidas y de nuevo corrupción y más sumarios y vuelta a las urnas y a las mayorías insuficientes que llevarán a pactos lábiles y a minorías ilusas. Y se corregirán los prospectos de posibles acuerdos por la aparición de nuevos casos de corrupción. Y seguiremos preguntando “¿por qué aquí sí y allí no?” y el parlamentarismo sucumbirá a la dictadura del electoralismo mientras la Justicia, la Educación y la libertad misma se desmoronan como un infantil castillito de arena a orillas del mar.

Este condenado bucle en el que nos han metido empieza a tomar forma de destructivo ciclón agitado de izquierda a derecha y viceversa por los que se empeñan en eternizar su pulso, los cocheros del armón fúnebre de nuestra democracia parlamentaria que nos llevan a votar como remedio, no sólo del bloqueo institucional, sino de la corrupción, que es la razón misma de la parálisis y de las pérdidas millonarias de votos, como ha denunciado Alberto Núñez Feijóo. Cierto. El mapa de España ya no se tiñe de azul o rojo sino de negro corrupto, auténtica mayoría absoluta de nuestra nación. ¿Para cubrir la inepcia general en la formación de un gobierno de urgencia? Elecciones ¿Para olvidar a Chaves y Griñán? Elecciones. ¿Para borrar a Barberá? Elecciones. ¿Y entre medias? Campañas electorales y de nuevo corrupción. La democracia parlamentaria yace pues, herida de muerte, digamos que con pronóstico reservado, por albergar alguna esperanza.

También la libertad de información, cimiento de toda sociedad democrática, vive tiempos de oprobio –no por primera vez, por supuesto– desde que un SMS se convirtió en titular de una portada de papel. Siempre hubo silencio y manipulación, acción y omisión en los medios públicos nacionales, catalanes y andaluces –cada uno esmerado en la cochambre de su competencia– y casi siempre se practicó la persecución y el control a los medios privados, pero el empellón de estos últimos años no tiene precedente en democracia.Pensábamos que el monopolio de Polanco era perverso y jamás habríamos apostado a que un duopolio pulverizaría aquellas marcas. Sí, gracias a unos y otros, y no todos políticos, la libertad de información también boquea, falta de aire.

En cuanto a la Justicia, ni siquiera se presta a autopsia porque las causas de su deceso son evidentes y presenta un rigor mortis indiscutible. Venía muriendo desde 1985 y tuvo la clásica y dramática mejoría terminal que alivia los últimos instantes cuando Gallardón anunció que Montesquieu tenía razón minutos antes de exhumarlo para someterlo a escarnio. Nada se puede esperar de ella hasta que no se instaure –lo propuso Ciudadanos en su pacto, lo obvió Rajoy en su discurso y lo medio olvidó su socio en las réplicas– la independencia judicial.

Mientras esperamos tan gloriosa venida, sólo cabe congelar una mueca de desprecio –y perseverar en la denuncia aunque nos corten la luz– cuando leemos que Cándido Conde Pumpido, que tiene la corrupción en casa y que animaba con su ejemplo a mancharse la toga con la pólvora de ETA –”el polvo del camino”, decía él–, será el instructor del caso Rita Barberá si alguna recusación por enemistad manifiesta no lo impide. Otros, como la juez  Mercedes Alaya –Marino Barbero redivivo– quedaron volatilizados cuando su instrucción instruyó. Por supuesto, seguirá habiendo jueces re-togados que, tras morar en la política a uno y otro lado, son jueces “conocedores””, o sea parciales, que viven en y del sistema de reparto partidista de la Justicia, cementerio de Montesquieu, osario de la Democracia. Pretenden incluso que nos acostumbremos también a que una comunidad autónoma en la que se ha robado a espuertas –se dice que el montante hediondo es el mayor de Europa– esté fuera de la Ley, haga gala de ello atesorando sentencias melifluas y, a cambio, reciba religiosamente una subvención colaboracionista.

A todo esto, Susana Díaz –”seré implacable contra la corrupción“– habla de la “honradez y honestidad” de “Pepe y Manolo”, que así se dirige a Chaves y Griñán, y ya se discute si uno se enriquece con nuestro dinero o “sólo” le sirve para financiar ilegalmente un partido o se limitó a blanquear propinas. Eso sí, del dinero robado nada se dice porque en España el latrocinio político se salda, como mucho, con el olvido: ya se fue, ya no es del partido, ya sacrificó su escaño, ya no tengo autoridad… ya se puede jubilar y hasta morir sin dar cuenta de un solo céntimo. Siendo astronómicamente más grande la corrupción del PSOE o la del clan Pujol y Compañía que la del PP, no hay lugar para indulgencias aunque, como defendía el editorial de Libertad Digital, sí sea preciso mostrarla toda y medirla como merece so pena de incurrir en ella, amén de en una flagrante injusticia.

No hay demasiados mimbres para una segunda Transición salvo que los agitadores del bucle que amenaza ciclón, Rajoy y Sánchez, hagan mutis por el foro y los partidos resultantes se vuelvan como un calcetín. Claro que tal milagro tampoco garantizaría la sanación si quienes vienen detrás son los que asoman.

En triste definitiva, los políticos delegan en el ciudadano la lucha contra la corrupción poniéndolo a votar una y otra vez mientras entre ellos se van levantando las faldas en las portadas o en los telediarios completando el infinito y perverso bucle que engulle a nuestra historia reciente. Cuarenta años de dictadura, cuarenta años de democracia. Pues cuidado con los bucles.

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Don Marianuccio. -Emilio Campmany/Libertaddigital-

Sólo en un organización prima la lealtad sobre el mérito de una forma tan grosera: en la Mafia siciliana. Aunque allí son más firmes en sus decisiones.

Entre las muchas corruptelas que son comunes a PP y PSOE está la de abusar con alegre desenvoltura del margen de arbitrariedad que los políticos disfrutan en el nombramiento de miles de cargos. A tal efecto, se suelen interpretar los requisitos legales de forma escandalosamente laxa o se evita considerar los obstáculos legales o morales sin remordimiento alguno. En el mejor de los casos, el nombrado alcanza a cumplir los requisitos, pero en perjuicio de otros con más mérito. En el ejercicio de tanta licencia, PP y PSOE no tienen nada que envidiarse, ya que los dos se comportan con la misma tosquedad y descaro. Y, sin embargo, alguna diferencia hay. Mientras el nepotismo del PSOE es más figurado, pues el mérito que se impone es el de la militancia, el del PP es más literal, pues allí prima la familia. Al frente de infinidad de chollos aparecen maridos, esposas, primos, cuñados, sobrinas y hermanos y, muchas veces, simplemente amigos. No deja de ser notable que Podemos se aleje de la tradición izquierdista de promover a la militancia y siga la derechista de favorecer a la familia en los sitios donde gobierna, pero ésa es otra historia.

El caso es que, durante la era Rajoy, la natural inclinación a repartir prebendas entre familiares y amigos ha tenido que verse matizada. El pobre rendimiento del líder al frente del PP le ha obligado a recurrir al instrumento de la arbitraria facultad que la ley le reserva en muchos nombramientos, no sólo para castigar a los desafectos con el más severo ostracismo, también para premiar a los fieles con las mejores bicocas. Su situación es de tal debilidad que ya no basta mostrar el rigor con el que se castiga la traición, sino que se ha hecho necesario acreditar la largueza con la que se premia la lealtad. Hasta tal punto se ha hecho indispensable esta política, que Rajoy ha estado dispuesto a aplicarla incluso en los casos en los que, como sucede con José Manuel Soria, la decisión perjudica los intereses electorales del PP en vísperas de tres elecciones. Luego, cuando se comprueba que el perjuicio es inasumible y hasta los más próximos se llevan las manos a la cabeza, va Rajoy, se desdice y obliga al protegido a ponerse nuevamente en evidencia y renunciar.

Cierto grado de arbitrariedad en determinados nombramientos es inevitable. Y un cierto abuso, también. Pero una cosa es mandar a un adversario político a una embajada, como hizo Churchill con Lord Halifax en 1941, cuando se lo quitó del Foreign Office nombrándolo embajador en Washington, y otra muy distinta enviar al Banco Mundial a un ministro que se ha visto obligado a dimitir por supuesta evasión de impuestos con el único fundamento de que hay que premiar su lealtad, en especial la que demostró en el malhadado Congreso de Valencia.

Sólo en un organización prima la lealtad sobre el mérito de una forma tan grosera: en la Mafia siciliana. Aunque allí son más firmes en sus decisiones.

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