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Burricie nacionalista. -Victoria Lafora/PD-  #Cataluña  –

Alguien que considere a Antonio Machado, quien murió en Colliure huyendo de la barbarie franquista, un “españolista” es un analfabeto intelectual.

Pero si ese alguien es el ayuntamiento de Sabadell, que con semejante argumento quiere quitarle su nombre a una plaza de la localidad; si además el informe sobre la aplicación de la Ley de Memoria Histórica se ha encomendado a un erudito local, próximo a entidades soberanistas, al que se ha pagado seiscientos euros de dinero público, el tema pasa a mayores.

No por la cantidad sino porque el memorable informe, que se ha trasladado a las asociaciones vecinales para su beneplácito, dictamina que también deben ser retirados los nombres de Garcilaso de la Vega, Calderón de la Barca, Gongora o Francisco de Goya, productos, a su juicio, de un modelo cultural franquista que debe ser corregido.

Precisamente Sabadell es una de las localidades catalanas donde el mestizaje, producto de la masiva emigración de la posguerra, fue más notable. La industria textil necesitaba mano de obra y allí acudieron andaluces, extremeños, gallegos e incluso los ahora detestados castellanos.

Entre todos hicieron desaparecer las cuevas, primeras viviendas de los recién llegados y levantaron una ciudad que hoy es la tercera de Cataluña en población y tamaño. Los hijos de esa emigración hablan catalán, se sienten de la tierra de acogida y algunos, incluso, apoyarán el “proces”.

Lo que ya no vale para los nuevos inquisidores es el legado cultural común que nos conformó como sociedad y desprecian, por ignorancia, a los que iluminaron, en tiempos de obscuridad histórica como el franquismo o el despotismo de Fernando VII, una tierra que también es suya.

Se puede reescribir la historia pero será siempre mentira. Los nacionalismos desbocados son el origen del fascismo y como tales empiezan por los símbolos y acaban llevándose a la gente por delante.

Se empieza quitando la placa a Antonio Machado y se puede acabar fomentando la denuncia del vecino que no es afecto a la causa del la independencia. La historia del siglo XX es un buen ejemplo de lo dicho.
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Ahora que la CUP se ha hecho con el mando en la comunicación y la propaganda del “proces”, y muestran orgullosos unos carteles en los que barren de los “países catalanes” ( con la anexión, por supuesto, de Valencia y Baleares) a españoles varios y algunos propios, vamos a vivir el paroxismo teatral de una ruptura de traca.

Si los catalanes fueran capaces de cortar las alas a quienes han confundido la administración pública con la reivindicación folklórica de su ideología; si exigieran que, como partícipes del Govern que son, se dedicaran sus energías a recuperar los derechos sociales que se llevó por delante la crisis, se acabaría tanta soflama.

Solo unas nuevas elecciones puede devolver la cordura a una sociedad que no se merece esto.

Origen: Burricie nacionalista | Periodista Digital

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EDITORIAL – Rajoy no se atreve a disuadir – Libertad Digital

La tardía pero acertada y proporcional gravedad con la que el Gobierno del PP (y el diario El País) describe desde el pasado lunes el proceso separatista iniciado en Cataluña en 2012 parece más orientada a disipar una posible alianza del PSOE de Sánchez y Podemos con los separatistas catalanes para desbancar a Rajoy que a anunciar y concretar medidas para sofocar lo que algunos ministros ya se atreven a calificar de “intento de golpe de Estado”.

No se entiende, en cualquier caso, que el presidente del Gobierno, a estas alturas, y por mucho que se lo pregunten los periodistas, no se atreva siquiera a mentar el artículo 155 de la Constitución, o cualquier otra medida que sea capaz de evitar la celebración de otro 9-N en Cataluña, como el que los nacionalistas anunciaron ya hace más de un año y pretenden perpetrar este mismo otoño. Las palabras de Rajoy en las que promete “defender la Constitución”, o que no va a “adelantar acontecimientos” ni a “anunciar problemas”, no constituyen más que una nadería que, con el manto de una pretenciosa prudencia, encubre una clamorosa irresponsabilidad.

Toda acción orientada a impedir o a disuadir la comisión de un delito tiene, inexorablemente y por definición, que adelantarse a los acontecimientos; y no hay que olvidar que la nueva consulta secesionista, así como la tramitación exprés de las leyes de transitoriedad jurídica o la proclamación unilateral de independencia, no deja de ser un corolario lógico de un problema que Rajoy tiene en su mesa expuesto con toda su gravedad desde la Diada de 2012.

Por otra parte, conviene advertir que, desde el 9 de noviembre de 2014, los gobernantes nacionalistas han seguido perpetrando delitos, cuanto menos de desobediencia, ciertamente menos vistosos y más fáciles de ocultar a la opinión pública que la celebración de un referéndum ilegal, pero no menos graves. Tal es el caso de su pública y confesa desobediencia a todas las resoluciones que el Tribunal Constitucional ha emitido desde entonces contra el procés, entre ellas las destinadas a suspender las ilegales estructuras de Estado y la Consejería de Exteriores, o la sentencia que no menos estérilmente trataba de anular la ilegal resolución del Parlamento autonómico de noviembre de 2015 en la que se declaraba solemnemente “el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república”.

No mucho más tranquilizadoras son las palabras de la ministra Cospedal en las que, por una parte, afirma que están dispuestos a “impedir que se pongan urnas de papel, de cartón o lo que quieran poner” y, por otra, asegura que la consulta “tendrá consecuencias penales”. Y esto es así porque una cosa es impedir un delito y otra muy distinta castigarlo. Recuérdese que la ilegal consulta del 9-N, que para el dimitido fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce entrañaba los delitos de usurpación de funciones, desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, no se impidió y sólo se castigó con una ridícula pena de desobediencia, por la que ninguno de los condenados ha tenido que ir a la cárcel.

Por otra parte, es del todo ridículo esperar al día de la nueva consulta ilegal para enviar a la Policía a retirar las urnas. Este nuevo ataque al Estado de Derecho debe abortarse antes, no judicialmente sino politicamente, mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En cualquier caso, mientras los sediciosos políticos separatistas no oigan de los labios de Rajoy que se juegan la financiación a cargo del contribuyente, la poltrona o la cárcel, las cartas a Puigdemont o las promesas del presidente del Gobierno “en defensa de la Constitución” causarán en los golpistas el mismo nulo efecto disuasorio que las que tuvieron aquellas por las que, antes del 9-N, solemnemente garantizó que esa consulta no se iba a celebrar.

Origen: EDITORIAL – Rajoy no se atreve a disuadir – Libertad Digital