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Combatir el fraude fiscal: el nuevo cuento de la lechera. -Juan M. Blanco/Vozpópuli-

Nuestros políticos parecen desconocer que la estrategia de impuestos moderados, regulaciones sencillas y racionalización del gasto, constituye una vía más adecuada para incentivar el cumplimiento fiscal que una pretendida guerra sin cuartel contra el fraude.

Los programas de las pasadas elecciones, así como el ya agostado pacto entre PPCiudadanos, recogían una solución “imaginativa” para reducir nuestro correoso déficit:incrementar los medios humanos y materiales de la Agencia Tributaria y así perseguir con mayor ahínco el fraude fiscal. Loable propósito si no fuera porque… detrás de la propuesta se adivina más el objetivo de aumentar el poder de ciertos sectores burocráticos que la voluntad de cuadrar las cuentas  públicas. Al fin y al cabo, la informatización y el avance de la técnica permiten realizar la misma labor inspectora con menos personal.

Al igual que para combatir el delito resulta poco eficiente colocar un policía en cada esquina, no es probable que una brutal acometida, lanza en ristre, contra los molinos del fraude logre incrementar sustancialmente la recaudación; mucho menos eliminar nuestro elevado déficit presupuestario. Máxime cuando el discurso parece la excusa, la coartada, para evitar, por sus enormes costes políticos, la estrategia más eficaz: acondicionar el gasto, adecuar el tamaño de la administración a las necesidades del ciudadano.

Existe una confusión, muchas veces deliberada, entre el monto presuntamente defraudado y la cantidad que se obtendría incrementando la vigilancia y represión. Los políticos señalan que el fraude fiscal en España sería del orden de unos 60.000 millones de euros y sugieren que podrían recuperar una porción sustancial apretando las clavijas a los malvados defraudadores. Pero esta idea se basa en una concepción dudosa de la economía sumergida, en el ingenuo supuesto de que, una vez detectada y castigada, toda actividad sumergida reconocerá su travesura, hará propósito de la enmienda y, manteniendo toda su estructura productiva, se regularizará, devengando en el futuro los impuestos correspondientes. En realidad, ante la abrumadora presión, buena parte de estas actividades simplemente desaparecería… con perjuicio para las arcas públicas.

Excesiva presión menoscaba las reglas éticas

Y es que, aunque los participantes en la economía irregular eludan algunos impuestos, en realidad abonan otros. Quien ingresa en negro, por ejemplo, evita los directos pero paga los indirectos cuando gasta. Quizá por ello, para desanimar la economía sumergida, los estados suelen perseguir el fraude estricta y rigurosamente, pero no de forma implacable, despiadada o draconiana. Un Gran Hermano fiscal provocaría el cese de muchas actividades no declaradas, que dan empleo y generan alguna recaudación por otras vías. Y que, en el futuro, podrían desarrollarse y legalizarse. Entre los blancos y los negros… reconocen los grises.

Además, una ofensiva desmedida contra el fraude, una vigilancia y control extremos, pueden desmotivar a muchos contribuyentes cumplidores, con adicional menoscabo de los ingresos públicos. Los excesos y abusos del poder deterioran ciertas normas éticas y morales en la sociedad. En “A Constitution for Knaves crowds out Civil Virtues” (1997) Bruno Frey muestra que las leyes que tratan a los ciudadanos como bribones… impulsan a éstos a comportarse como tales. La gente no sólo acata las obligaciones fiscales, o el resto de las leyes, por miedo al castigo; también por convicción, honradez, sentido de la justicia. Pero esta motivación intrínseca se debilita, o desaparece, cuando el ciudadano se siente tratado como un presunto delincuente por la administración tributaria.

El asfixiante control y vigilancia hace sentir al individuo que el pago de impuestos es tan sólo una obligación impuesta, no un deber de buen ciudadano. La buena voluntad de la gente, su ánimo para cooperar se reduce drásticamente cuando la Agencia Tributaria ejerce la presunción de culpabilidad con todos los contribuyentes, sean defraudadores o simplemente víctimas de un error. Naturalmente, también se debilita la predisposición a contribuir cuando los sujetos perciben que, en lugar de administrar eficientemente, las autoridades despilfarran el dinero que tanto les costó ganar.

Al albur de intereses grupales

Otra idea demagógica, implícita en esta línea argumentativa, es que los defraudadores son mayoritariamente ricos. Por ello, en la gran cruzada resuena el espíritu de Robin Hood: una justa lucha en favor de los pobres. Pero el argumento no resulta especialmente convincente. Ciertamente, en España no pagan proporcionalmente más impuestos quienes más tienen o más ganan. Pero no siempre porque evadan, sino porque, debido a la enorme complejidad de la legislación fiscal, existen demasiados recovecos, multitud de agujeros para quien posee influencia o puede pagar un buen asesor fiscal. En efecto, la letra pequeña, tan larga como compleja, contempla numerosas excepciones, deducciones, desgravaciones, casi siempre a medida de ciertos grupos influyentes. Por ello, la carga fiscal depende menos de la capacidad de pago que de la cercanía al poder, de la inclinación a comprar privilegios o de la disposición a ejercer presión. Pero los tipos marginales aparentemente elevados permiten a los políticos vender la ficción de que son los ricos quienes pagan el grueso de impuestos. Ahora bien, estas excepciones podrán ser injustas… pero son legales: quedan fuera de la pretendida lucha contra el fraude.

No obstante, en un ejercicio de ingenuidad, aceptemos por un momento que el incremento del personal y los medios de la Agencia Tributaria condujese a un incremento sustancial de la recaudación. ¿Se enjugaría así el déficit, cuadrarían las cuentas públicas, alcanzarían los ingresos para atender a los cuantiosos gastos? No, en modo alguno. Porque el crecimiento de la recaudación impulsa a nuestros gobernantes a gastar más. Cuando hay abundantes ingresos, los políticos inventan nuevos dispendios, más organismos para colocar a los amigos, nuevas redes clientelares para captar adeptos o más obras faraónicas, casi siempre innecesarias. Establecen estructuras burocráticas rígidas, permanentes, muy resistentes al recorte cuando el ciclo se torna desfavorable. Por ello, las etapas de elevada recaudación son también las de más fuerte crecimiento del gasto y la administración, tal como sucedió en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Así, por definición, los impuestos nunca son suficientes: cuanto más se exprime al contribuyente más dilapidan los gobernantes en conceptos superfluos… y el déficit persiste. Como Alicia al otro lado del espejo, la recaudación debe crecer a toda prisa, tan sólo para mantenerse en el mismo lugar.

Nuestros políticos, sean de partidos nuevos o tradicionales, parecen desconocer -o saben demasiado bien- que la estrategia de impuestos moderados, leyes fiscales simples, regulaciones sencillas y racionalización del gasto, constituye una vía más adecuada para incentivar el cumplimiento fiscal que una pretendida guerra sin cuartel contra el fraude. Por supuesto, esta ofensiva nunca se lleva a cabo pero su preparación sirve de coartada para conceder prebendas, canonjías y cargos a personas y grupos cercanos. Definitivamente, presenciamos una acelerada convergencia… de la política tradicional con la “nueva”.

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El populismo fiscal del PP, responsable del incumplimiento del déficit. -Juan R. Rallo/Libremercado-

El Gobierno del Partido Popular incumplió el objetivo de déficit público en el año 2015: en lugar de cerrar con un desequilibrio presupuestario equivalente al 4,2% del PIB, lo elevó hasta el 5%. Un desajuste de 8.500 millones de euros por el que Bruselas a punto de estuvo de sancionarnos —con razón–.

Como es bien sabido, todo déficit público es consecuencia de que los gastos del Estado superan sus ingresos y, por tanto, la desviación anterior necesariamente habrá de deberse a que el Gobierno no fue capaz en 2015 de incrementar sus ingresos o de recortar sus gastos lo suficiente. Acaso uno podría exculpar parcialmente al Ejecutivo si tal fracaso fuera resultado de su omisión, es decir, de no haber sido diligente a la hora de adoptar las medidas pertinentes para asegurarse un incremento de la recaudación o, idealmente, una rebaja de los desembolsos. Pero no, el incumplimiento del objetivo de déficit público de 2015 fue consecuencia del comportamiento doloso del PP a la hora de reducir los ingresos públicos e incrementar los gastos.

Empecemos por los ingresos: la semana pasada, la Agencia Tributaria publicó su Informe Anual de Recaudación Tributaria correspondiente al año 2015. En ese informe se estima que la reforma fiscal que aprobó el PP durante ese ejercicio se tradujo en una pérdida de recaudación de 5.900 millones de euros: 4.800 millones imputables a la rebaja del IRPF y 1.100 millones a la de Sociedades. Es decir, a pesar del gigantesco déficit que todavía arrastrábamos, los populares optaron por desprenderse de casi 6.000 millones de euros antes de las elecciones generales.

Sigamos con los gastos: el año pasado, el Gobierno del PP decidió devolver a los empleados públicos la paga extra que les había sido suprimida en 2012. Esta medida absolutamente innecesaria y caprichosa conllevó un aumento bruto del gasto de 4.000 millones de euros; pero dado que la Agencia Tributaria estima en su informe que contribuyó a incrementar la recaudación por IRPF en 300 millones, podemos cuantificar su coste en 3.700 millones.

En definitiva, las medidas electoralistas adoptadas por el PP en 2015 incrementaron directamente el déficit público en 9.600 millones de euros. Aun cuando quisiéramos considerar efectos keynesianos de segunda ronda (o sea, el aumento de la recaudación en otras figuras tributarias como consecuencia del impulso al crecimiento impreso por el déficit), probablemente nos moveríamos en un coste neto de las medidas electoralistas del PP de entre 7.000 y 8.000 millones. Dicho de otro modo: prácticamente todo el incumplimiento del déficit de 2015 fue consecuencia de las políticas compravotos que articuló el Partido Popular antes de las elecciones: bajar impuestos no recortando los gastos sino aumentándolos, esto es, endeudándonos a todos.

El partido del rigor presupuestario apostó decididamente por el populismo fiscal: usaron nuestro dinero y el de nuestros hijos para perpetuarse en el poder. Parece, eso sí, que les ha salido bien. Reincidirán.

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El mito de Mad Max y los burócratas cleptómanos. -Javier Benegas/Vozpópuli-

Recientemente, en el Barómetro de la Conducción Responsable publicado por la Fundación Vinci Autoroutes, se ofrecía un dato aparentemente demoledor: 9 de cada 10 conductores encuestados admitían exceder en algunos kilómetros los límites de velocidad establecidos. Sin hacer un análisis más profundo, tendremos que deducir que el 90% de los conductores son infractores y, por así decirlo, delincuentes habituales. Con tal proporción de cafres al volante, en breve -es un suponer- el ejército tomará las calles para evitar la catástrofe.

Aunque los datos difieren según el organismo de referencia, se estima que en España el número de conductores ronda los 22 millones. Haciendo una elemental reglas de tres, si el 90% de ellos no respeta los límites de velocidad significa que hay en nuestras carreteras 19,8 millones de borricos al volante. Por lo que según este estudio, las carreteras españolas son el territorio natural de Mad Max.

Del unicornio de la seguridad a la mano en la cartera

Esta verdad revelada, y difundida reiteradamente por los mass media, sirve para justificar el endurecimiento de las leyes, aumentar el gasto en medios y personal para controlar a los fitipaldis e incrementar la cuantía y número de sanciones. Aunque lo cierto es que siempre existirá un umbral de víctimas irreducible, la consigna es que no hay que escatimar recursos materiales y humanos, ocurrencias legislativas y campañas de concienciación con las que untar a los medios de información, indispensables para la propaganda. Todo lo que sea necesario para alcanzar el riesgo cero, ese bonito unicornio.

¿Quién puede estar en contra de gastar (el dinero del vecino) para intentar salvar una vida? Otra cosa es que se consiga. Pero lo que cuenta es la intención, no a dónde va a parar el maldito dinero. Además, del fracaso se sacan buenos rendimientos, pues en la Administración no hay mejor argumento para demandar un aumento del presupuesto que no cumplir objetivos.

Puestos todos de acuerdo en que cualquier sacrificio es poco cuando se trata de preservar la vida humana, queda sin embargo por descubrir qué misteriosa calamidad ha caído sobre nosotros para que sólo 1 de cada 10 conductores respete los límites de velocidad. ¿Cómo es posible la prevalencia abrumadora de esta pésima conducta después de décadas de muchos esfuerzos y fuertes incentivos para erradicarla?

Por más que se use la coletilla de que el automóvil desata nuestros peores instintos para dar carpetazo al asunto, algo no encaja. El nuestro es un país con un índice de delincuencia bajo, si lo comparamos con otros de nuestro entorno. Y en general, la conflictividad es muy reducida en todos los órdenes. En consecuencia, un comportamiento tan desaprensivo y extendido es una anomalía… que sólo se repite -qué casualidad- a la hora de cumplir con Hacienda; otro terreno muy farragoso donde, de pronto, el pésimo carácter hispano vuelve a manifestarse. ¿Tenemos un gen defectuoso?, ¿tal vez se trata de un hechizo?, ¿será que nuestros padres nos educaron para ser personas aceptables salvo a la hora de conducir y pagar impuestos?

Convertir lo cotidiano en una bicoca administrativa

Nada de eso. Que en España haya 20 millones de personas desaprensivas al volante es bastante inverosímil, por no decir increíble. Aunque el automóvil –más bien el tráfico y el estrés– haga que de cuando en cuando nos comportemos como patanes, no somos una turba de macarras. La verdad es mucho menos histérica y alarmista, menos totalitaria: la ley es excesivamente restrictiva y, lo peor, imposible de cumplir cabalmente en todos sus supuestos y en todas las ocasiones. Tarde o temprano terminamos vulnerándola, aun de manera involuntaria.

Es cierto que una forma de erradicar conductas perjudiciales es mediante la promulgación de leyes que las desincentiven. Aunque lo deseable es que las personas terminen racionalizando los motivos por sí mismas para así instaurar las convenciones correctas voluntariamente, la legislación es un atajo para erradicar pésimos hábitos. Sin embargo, deja margen para el abuso y la persecución de objetivos nada bondadosos. Uno de ellos es la extracción de rentas adicionales.

Mediante una regulación enrevesada, arbitraria, llena de excepciones y ambigüedades –de trampas– se puede sancionar prácticamente a todo el mundo. Además, permite maniobrar al burócrata sin que nadie le fiscalice: una simple instrucción desde altas instancias bastará para obtener mayores rendimientos cuando se necesiten sin tener que cambiar las leyes. Dentro de los Presupuestos Generales del Estado existe, desde hace años, una partida en la que se contemplan de manera adelantada los ingresos por multas que se impondrán el año próximo. Si el cálculo es optimista, tenga por seguro que se usará la complejidad normativa para poner el listón de la infracción mucho más bajo y recaudar discrecionalmente. Así que cuando empiezan a proliferar estadísticas que ponen de vuelta y media a los conductores, ya sabemos lo que viene.

De ciudadanos a delincuentes potenciales

Si los burócratas aún no han conseguido criminalizar a todo el mundo no es por falta de voluntad, sino por falta de medios. En ello están y avanzan a buen ritmo. Ya vigilan desde el aire a los conductores con tecnología propia de helicópteros de combate; las cámaras y sofisticados radares se multiplican (los de última generación, con contramedidas propias de un caza); los límites de velocidad cambian, no ya según el tipo de vía sino por tramos, algunos de escasos metros; y no pocas veces las velocidades permitidas son absurdas, inadecuadas a la vía. Hoy, en un trayecto combinado de unos pocos kilómetros, el conductor debe atender incontables límites de velocidad distintos que se suceden de forma vertiginosa. Y en las ciudades varían dentro de márgenes tan exiguos, propios de carros tirados por caballos, que es imposible no pifiarla aun yendo en bicicleta.

Independientemente de su disposición a cumplir las normas, nadie está libre de ser sancionado. Incluso mi suegra, prudente hasta lo inaudito, recibe su multa de rigor todos los años. Un fenómeno paranormal del que rara vez oirán hablar en los telediarios, y menos aún al preboste de turno, siempre dispuesto a fabricar y vomitar argumentos que justifiquen nuevas reglas, nuevas restricciones y nuevas sanciones.

Ocultar la verdad o, simplemente, manipularla en beneficio de oscuros intereses, es sólo cuestión de enfoque. Las estadísticas, que habitualmente nos retratan de manera negativa, pueden estar desvelando anomalías muy distintas a las que se pretende difundir desde el Poder. Una de ellas es que los supuestos  “fines cívicos” de una legislación fraudulenta sólo existen en su enunciado. En el fondo, se trata de mantener la posición económica de un grupo a costa del resto. De hecho, de lo recaudado por multas de tráfico sólo el 11% se destina a mejorar la seguridad vial o ayudar a las víctimas de accidentes; el 89% restante va a parar al bolsillo de los funcionarios y altos cargos.

Que se usen como referencia las iniciativas de terceros países para conferir al abuso legislativo una fina capa de legitimidad – el viejo truco de justificar una nueva restricción argumentando que en tal o cual país ya se aplica- es otra argucia: los intereses de los burócratas no tienen fronteras, son los mismos en Francia, Inglaterra o Dinamarca que en España. En todas partes cuecen habas; es decir, en todas partes hay capullos. Cuestión distinta es que en otros países aún existan controles para mantener mínimamente a raya a la Administración y esa compulsión tan suya de extender el manto de la sospecha sobre todas las personas, para, a continuación, desplumarlas como pollos en su propio beneficio. Y es que detrás de muchas estadísticas se ocultan formas de banalización del mal sutiles y progresivas que generan mucho sufrimiento. El que no quiera verlo o bien está al otro lado o bien aspira a estarlo en el futuro.

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