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La carcoma venenosa de la impunidad. -Hermann Tertsch/ABC-

«O se imponen con máximo compromiso y firmeza las leyes o toda Alemania puede ser pronto la explanada de la catedral de Colonia en Nochevieja». Esta frase del editorialista del diario Frankfurter Allgemeine, refleja un estado de ánimo que no se circunscribe a una sociedad alemana espantada y conmocionada por los sucesos de Nochevieja en la ciudad renana y en otras muchas. Ahora ya está claro que el Estado de Derecho no abdicó en Nochevieja. Lo había hecho mucho antes cuando convirtió en costumbre ocultar delitos de extranjeros. No había que dar argumentos a la xenofobia se decía. Y la verdad se volvió xenófoba. Los inmigrantes sin cultura democrática ni respeto por la libertad ajena comprobaron que sus transgresiones y delitos no eran reprimidos ni castigados. Y cuando llegaron de golpe centenares de miles de jóvenes hombres a los campos y residencias de refugiados, la subcultura del abuso se disparó. La impunidad ha sido la peste. Y su efecto la inseguridad y el terror. Ahora Alemania ha despertado brutalmente a la certeza de que sus libertades y su seguridad están bajo una terrible amenaza. Y exige antes que nada el retorno de la ley y la represión del delito, el fin de la impunidad. Y de la corrección política que oculta ciega y resulta suicida.

En España somos campeones en esta perversión de las sociedades del bienestar europeas. La impunidad destruye todo esfuerzo de justicia y corroe a individuos y comunidades humanas por igual. Los problemas que estos días se alzan ante nosotros como una amenaza terrible para nuestra convivencia tienen su origen en el desprecio y violación impune de las leyes. Y en la desidia, indolencia, delación y cobardía en la persecución del delito por aquellos que tienen encomendada esta tarea en la sociedad, sus gobernantes. Dicen analistas alemanes que en Colonia delinquieron también aquellos que no intervinieron para defender a las mujeres agredidas y aterrorizadas. Son muchos aquí los que deberían responder al incumplimiento de juramento y deber como responsables del patrimonio común de seguridad, soberanía, lengua, derecho, libertad y unidad.

Hay que remontarse a los principios de la democracia para buscar los orígenes de la lenidad en la persecución de los delitos que han hecho de España un país con fama internacional de tener una Policía muy eficaz y una Justicia que inutiliza esa eficacia. El prestigio de la transgresión y el miedo a defender límites y aplicar la fuerza legal eran nefasto legado de la dictadura. La ruptura del consenso constitucional bajo Zapatero fue el comienzo de la deriva hacia este peligro existencial para Estado y Nación. Ahora, una región como Cataluña está secuestrada por fuerzas cuyo único interés común es la destrucción de España. Y cuyo éxito sería el fin de la democracia y la miseria. Si Zapatero fue el peor enemigo de la España democrática y constitucional, Rajoy ha sido su peor defensor. Hoy, con un golpe de Estado en marcha en el noroeste y un populismo totalitario izquierdista que avanza en toda España, la situación exige, mucho más que en Alemania, la estricta aplicación de la ley. En la certeza de que imponerla frente a todas las previsibles resistencias hoy será más caro que hace dos años, pero menos que dentro de medio. Nuevas caras, bajo auspicios del Rey, deben forjar un acuerdo amplio cuyo principal objetivo inmediato ha de ser establecer medidas de emergencia para reconstruir los diques de la legalidad rotos por la carcoma venenosa de la impunidad. El drama es europeo, pero España vuelve a ser como en los años treinta, el primer escenario del continente en el que se dirime esta pugna existencial de la democracia y el Estado de Derecho.

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La reforma fiscal que necesita España. -Diego S. de la Cruz/Libremercado-

Estamos a las puertas de las elecciones generales y ningún partido político ha puesto encima de la mesa una propuesta fiscal capaz de dar la vuelta de una vez por todas al desaguisado tributario que sufren los contribuyentes españoles.

La primera cuestión que deberíamos abordar en la próxima legislatura es la de la simplificación y rebaja del IRPF. En los peores momentos de la crisis, con la recaudación por los suelos, los estudios de José Félix Sanz ya señalaban que el IRPF podía reducirse a solamente dos tipos, del 25 y el 35%. Aquella propuesta partía, además, de un aumento del mínimo exento que aseguraba que todos los contribuyentes verían reducida su carga fiscal, sin excepciones.

Hoy la situación fiscal es más favorable que entonces. De hecho, en 2015 los tipos han bajado y la recaudación no solo no se ha desplomado, sino que ha aumentado. Por tanto, la propuesta de simplificación y rebaja del IRPF puede revisarse sobre la base de dos nuevos tramos, que se situarían en el entorno del 20 y el 30%. Dichos umbrales no generarían pérdidas en los niveles de recaudación y podrían ser revisados a la baja conforme lo permita la situación fiscal. En última instancia, el objetivo sería llegar a un escenario en el que solamente quedaría en pie un tipo único (flat tax).

El segundo punto pasaría por eliminar el Impuesto de Patrimonio, para lo cual sería necesario derogar el Decreto Ley 13/2011 y recuperar la Ley 4/2008, que suprimía este gravamen. La pérdida recaudatoria no sería significativa (no llegaría a 1.000 millones de euros), mientras que el efecto sería positivo desde el punto de vista técnico (evitaría la doble tributación), económico (facilitaría el incremento del patrimonio de las familias) y moral (enviaría un mensaje favorable respecto a la creación de riqueza).

En tercer lugar, el Gobierno central debería coordinar con las comunidades autónomas la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que se pactaría junto con la abolición de los más de 70 impuestos regionales que se han venido aprobando en los últimos años. Ambas medidas supondrían una pérdida de recaudación de 4.000 millones de euros para los Gobiernos autonómicos, obstáculo que sería salvado con un nuevo sistema de financiación territorial que cerrase la brecha fiscal resultante con todos los territorios que se sumen a la iniciativa.

El cuarto punto pasaría por reformar el IVA para alcanzar un único tipo fiscal. De acuerdo con los informes de la Comisión Europea, el gravamen medio que soporta el consumo en España es del 14%. Por tanto, nuestro país tiene la oportunidad de eliminar los diversos tramos de IVA vigentes y adoptar un tipo único del 14% que ni siquiera se traduciría en una pérdida recaudatoria. El tramo podría ser revisado a la baja con el paso del tiempo, conforme lo permita el aumento de la recaudación que irá alimentando la recuperación del consumo.

En quinto lugar, el Impuesto de Sociedades debería ser revisado por entero para adoptar un sistema más atractivo. El nuevo modelo debería garantizar la deducción total de los beneficios cosechados en el extranjero. Además, debería converger hacia un tipo único cercano al gravamen efectivo que soportan las compañías españolas en la práctica. Esto arrojaría una tarifa inicial de entre el 15 y el 20%, sin pérdida de recaudación. Superada esa primera fase de reforma, el gravamen tendría que ser corregido a la baja hasta asumir un modelo en el que solamente se aplicase al reparto de beneficios empresariales.

Las anteriores propuestas aseguran una profunda reordenación del sistema tributario español. Hablamos de llevar IRPF, IVA y Sociedades hacia un modelo de tipo único, pero también de eliminar los Impuestos de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio y de acabar con los setenta gravámenes autonómicos que se han ido acumulando a lo largo de los años. El coste fiscal de esta simplificación tan radical sería de apenas 5.000 millones de euros, un efecto muy limitado que podría ser compensado con un limitado ajuste del gasto, que apenas alcanzaría el 0,5% del PIB.

Consolidar este nuevo escenario ayudaría a asumir nuevas reformas tributarias que partirían de un sistema mucho más atractivo y sencillo. España pondría el cascabel al gato y conseguiría el resultado último de esta agenda de reforma fiscal: tener unos impuestos tan simples que sería cada vez más fácil reducirlos, con el ánimo de mejorar el bienestar de familias y empresas.

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Pacto en la cumbre: Soraya por Rajoy a mitad de Legislatura. -Jesús Cacho/Vozpópuli-

Ánimo, mucho ánimo, que ya sólo queda una semana. Pronto serán anécdota esos shows televisados en los que, más que conocer a los candidatos y sus propuestas, más necesarias que nunca en el estado de necesidad en que se halla la nación, asistimos a la feria de las vanidades de ver quién “da” mejor en la tele, qué estrella evanescente de la política luce mejor, tiene más garra, es más simpático, se mesa menos las manos y usa un desodorante más eficaz capaz de evitarle el bochorno del humedal delator en las sobaqueras. Triunfa la trifurca, y los aspirantes en liza se muestran cual pinches de cocina manejados por las distintas cadenas a su antojo, de modo que se trata de ver qué tele queda mejor y obtiene másshare, cuál más influyente, quién la tiene más larga, Carlotti o Cebrián, en el maratón de la influencia ante los poderes fácticos.

Es todo tan artificial, tan impostado, que prestar atención a casi dos horas de debate se convierte en una prueba digna de titanes, una exigencia extenuante difícilmente soportable. Son actuaciones de tablao, no reflexiones templadas dirigidas a abordar los problemas con la profundidad que la complejidad de los mismos reclama. La política convertida en farsa. En la feria de la apariencia, suele ganar el más suelto de pico. Un ejército de ciberactivistas se lanza al minuto a declarar a su jefe vencedor del debate en las redes sociales, de modo que todo es confusión y engaño, todo es mentira o lo parece. En plena noria de la impostura, a los Carlottis, Cebrianes y edecanes les cabrea mucho queMariano Rajoy no se haya prestado a este juego de disfraces, porque entonces el espectáculo, el negocio, el suyo, hubiese sido completo, y con grandes y solemnes apelaciones a la democracia estos proxenetas de la democracia le atizan con saña en nombre de la pobre, ajada democracia.

La pura verdad, con todo, es que nadie le hinca el diente al meollo de un país humillado más que postrado, perplejo más que desencantado, empeñado a pesar de todo en la búsqueda de una tabla a la que aferrarse en pleno naufragio. ¿Qué queremos que sea España el año 2040? ¿Qué España ideal nos gustaría imaginarnos en el 2050? ¿Vamos a resignarnos a seguir viviendo en el país carcomido por la corrupción y el desprestigio de las instituciones que ha venido siendo a partir de la frustrada mayoría absoluta de Aznar, o vamos a ser capaces de instalarlo de una vez por todas en el rango de las democracias occidentales a las que tendemos a idealizar, el funcionamiento de cuyas instituciones envidiamos? ¿Hemos de aceptar la consolidación de una democracia de segundo orden, de segunda categoría, una democracia a la griega donde reina el paro y la corrupción, sin controles, sin separación efectiva de poderes, en completa coyunda entre lo público y lo privado, o aspiramos a algo totalmente distinto, radicalmente mejor? No hay respuesta a estas preguntas en los debates de una campaña tildada, y con razón, de trascendental. A los bailarines de nuestra política solo parece importarles quedar bien ante las cámaras de la tele.

Lo intentó Pedro Sánchez, el más insospechado, y casi le despluman los gallos del corral que en Atresmedia soportaron un infame diseño de casi dos horas a pie firme. “No bajaré los impuestos”, dijo Sánchez, “y el que lo diga miente”. Tenía razón. Nadie puede prometer bajar los impuestos si antes no está dispuesto a meter la tijera en el gasto público, la madre del cordero de las cuentas del Reino, y ello por mucho que crezca la Economía y por muy brillante que esté siendo el comportamiento de los ingresos tributarios. Todo el mundo sabe, o debería saber, que el nuevo Gobierno tendrá que afrontar en 2016 el ajuste adicional necesario para bajar el déficit desde el 4,2% del PIB comprometido para este año (los burócratas de Bruselas creen que terminaremos cerca del 4,7%) hasta el 2,8 acordado para finales de 2016, lo cual significa que habrá que recortar un una cifra cercana a los 15.000 millones, cantidad que podría quedar aligerada de confirmarse las buenas perspectivas de los ingresos fiscales. Cabe la alternativa, barajada desde hace semanas, de solicitar otra prórroga para dividir esas 14 décimas de PIB en dos ejercicios, pero, en todo caso, lo que parece inevitable es que será preciso meterle un nuevo tajo al gasto, asunto que ningún candidato se atreve siquiera a rozar.

Las grandes cuestiones pendientes de las que nadie habla

Y no solo no se habla de reducir el gasto de las Administraciones públicas, sino que con desenvoltura sin igual se anuncian promesas de gasto nuevo en mil y una cuestiones, a favor de mil y un segmentos de población. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con la Pensiones? ¿Cómo abordará la Seguridad Social el problema de un déficit que parece estabilizado en torno a los 10.000 millones anuales? Naturalmente, si pasamos a cuestiones de mayor enjundia, tal que la revisión en profundidad de nuestro insostenible Estado Autonómico, asunto capital para la modernización de España antes aludida, entonces el silencio es sepulcral. De puntillas están pasando nuestros candidatos –con la excepción de Ciudadanos, que siempre lo ha tenido claro- sobre un tema tan importante como la amenaza que el nacionalismo catalán representa para la unidad de España. Decepción a mansalva. En el momento más crucial, el pavoneo más etéreo y superficial. Todo se reduce a un debate cortoplacista por la ocupación del poder. Qué hacer con ese poder, ya es otra cuestión.

La preocupación se palpa estos días en los mercados financieros y en un mundo empresarial que asiste cruzado de brazos, sin tomar una sola decisión de inversión hasta más ver, a la incertidumbre que las encuestas dibujan sobre la composición del nuevo Gobierno tras el 20D. “¿Qué va a pasar en España? ¿Cree usted posible un Gobierno del Partido Popular con el respaldo de Ciudadanos?” Es la fórmula por la que suspira el mundo de la empresa y del dinero. También millones de ciudadanos instalados en posiciones templadas para quienes la estabilidad es un valor en sí misma.Albert Rivera sigue sin desvelar sus cartas sobre lo que hará tras el 20D, si apoyará un Gobierno del PP o del PSOE, en caso de que C’s quede relegado como tercera fuerza electoral. Se trata de una decisión trascendental para la propia formación naranja, en tanto en cuanto podría terminar decantando su anclaje definitivo como alternativa al PP por el centro derecha o al PSOE por el centro izquierda.

Todo dependerá del equilibrio de fuerzas que el próximo domingo arrojen las urnas. Si el PP alcanza los 140 diputados o supera ese listón, posibilidad que acarician tanto en Génova como en Moncloa y que sería percibida como un triunfo -por más que ello implicara admitir la pérdida de más de 40 escaños con respecto a noviembre de 2011-, a Rivera le resultaría muy difícil negar el respaldo parlamentario que Rajoy necesitaría para ser investido presidente. En ese mundo que con pompa fingida tendemos a llamar “poderes fácticos”, ya saben, los cuatro o cinco grandes empresarios y banqueros del Ibex, en estrecha relación con el inquilino de Zarzuela y en permanente vigilia de amor-odio con el presidente del Gobierno, está en marcha una operación de gran calado tendente a “animar”, aunque la palabra adecuada podría ser también “forzar”, al líder de C’s no solo a apoyar la investidura de Rajoy, sino a firmar un pacto de legislatura capaz de asegurar la estabilidad del futuro Gobierno. Hay razones contundentes para esa presión sobre Rivera, y están en juego cuatro años de espléndido crecimiento y creación de empleo, aducen los capitanes de empresa.

Rajoy cedería los trastos a Soraya

Pero Rivera ni es un recién llegado ni un ingenuo. Sabe de sobra que es el partido del Gobierno el que, al final, suele sacar tajada electoral de ese tipo de alianzas que acaban por reducir a la nada a la formación que actúa de mera bisagra. Los “fácticos” creen haberle encontrado solución a este problema: no se trataría de apoyar un Gobierno Rajoy, sino un Gobierno del PP presidido durante una primera etapa por el notario gallego, quien, en un determinado momento, haría mutis por el foro cediendo los trastos a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Van más allá: se trataría de hacer una legislatura corta y centrada en la materialización de una serie de reformas pactadas -las que están en el frontispicio emocional de millones de votantes de centro derecha y que endosa C’s-, tras lo cual se procedería a disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones con dos líderes en la parrilla de salida y en igualdad de condiciones: Rivera y Sáenz de Santamaría. Y el que más chifle, capador.

Complicado, con todo. Encaje de bolillos, desde luego. Porque si C’s no hace añicos los pronósticos electorales a la manera de Justin Trudeau, lo cual podría darle opción a formar Gobierno o al menos intentarlo, los incentivos para apoyar un Gobierno del PSOE son muy fuertes para el partido naranja: actuar como elemento de moderación en un Ejecutivo de izquierdas y dedicar la legislatura a consolidar ese “corpus” de partido del que ahora carece, merced a la jibarización de los cuadros de un PP que, en la oposición y en desbandada, se vería sumido en una crisis de identidad semejante a la que aguarda al PSOE en caso de desastre electoral de Sánchez. El corolario final para un Rivera aupado por las reformas que fuera capaz de hacer aprobar a ese Gobierno, sería convertirse en la definitiva alternativa al PP en el centro derecha español, la única opción de futuro capaz de asegurar que C’s es algo más que flor de un día.

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