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EDITORIAL – Rajoy no se atreve a disuadir – Libertad Digital

La tardía pero acertada y proporcional gravedad con la que el Gobierno del PP (y el diario El País) describe desde el pasado lunes el proceso separatista iniciado en Cataluña en 2012 parece más orientada a disipar una posible alianza del PSOE de Sánchez y Podemos con los separatistas catalanes para desbancar a Rajoy que a anunciar y concretar medidas para sofocar lo que algunos ministros ya se atreven a calificar de “intento de golpe de Estado”.

No se entiende, en cualquier caso, que el presidente del Gobierno, a estas alturas, y por mucho que se lo pregunten los periodistas, no se atreva siquiera a mentar el artículo 155 de la Constitución, o cualquier otra medida que sea capaz de evitar la celebración de otro 9-N en Cataluña, como el que los nacionalistas anunciaron ya hace más de un año y pretenden perpetrar este mismo otoño. Las palabras de Rajoy en las que promete “defender la Constitución”, o que no va a “adelantar acontecimientos” ni a “anunciar problemas”, no constituyen más que una nadería que, con el manto de una pretenciosa prudencia, encubre una clamorosa irresponsabilidad.

Toda acción orientada a impedir o a disuadir la comisión de un delito tiene, inexorablemente y por definición, que adelantarse a los acontecimientos; y no hay que olvidar que la nueva consulta secesionista, así como la tramitación exprés de las leyes de transitoriedad jurídica o la proclamación unilateral de independencia, no deja de ser un corolario lógico de un problema que Rajoy tiene en su mesa expuesto con toda su gravedad desde la Diada de 2012.

Por otra parte, conviene advertir que, desde el 9 de noviembre de 2014, los gobernantes nacionalistas han seguido perpetrando delitos, cuanto menos de desobediencia, ciertamente menos vistosos y más fáciles de ocultar a la opinión pública que la celebración de un referéndum ilegal, pero no menos graves. Tal es el caso de su pública y confesa desobediencia a todas las resoluciones que el Tribunal Constitucional ha emitido desde entonces contra el procés, entre ellas las destinadas a suspender las ilegales estructuras de Estado y la Consejería de Exteriores, o la sentencia que no menos estérilmente trataba de anular la ilegal resolución del Parlamento autonómico de noviembre de 2015 en la que se declaraba solemnemente “el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república”.

No mucho más tranquilizadoras son las palabras de la ministra Cospedal en las que, por una parte, afirma que están dispuestos a “impedir que se pongan urnas de papel, de cartón o lo que quieran poner” y, por otra, asegura que la consulta “tendrá consecuencias penales”. Y esto es así porque una cosa es impedir un delito y otra muy distinta castigarlo. Recuérdese que la ilegal consulta del 9-N, que para el dimitido fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce entrañaba los delitos de usurpación de funciones, desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, no se impidió y sólo se castigó con una ridícula pena de desobediencia, por la que ninguno de los condenados ha tenido que ir a la cárcel.

Por otra parte, es del todo ridículo esperar al día de la nueva consulta ilegal para enviar a la Policía a retirar las urnas. Este nuevo ataque al Estado de Derecho debe abortarse antes, no judicialmente sino politicamente, mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En cualquier caso, mientras los sediciosos políticos separatistas no oigan de los labios de Rajoy que se juegan la financiación a cargo del contribuyente, la poltrona o la cárcel, las cartas a Puigdemont o las promesas del presidente del Gobierno “en defensa de la Constitución” causarán en los golpistas el mismo nulo efecto disuasorio que las que tuvieron aquellas por las que, antes del 9-N, solemnemente garantizó que esa consulta no se iba a celebrar.

Origen: EDITORIAL – Rajoy no se atreve a disuadir – Libertad Digital

El problema es Europa. -Amando de Miguel/LD-

Los españoles de mi generación hemos sido fecundados con la divisa orteguiana de que Europa era la solución. Puede que hasta ahora haya funcionado así respecto de los problemas que aquejan a la vida pública española. Pero ha llegado la hora de las lamentaciones. “No es esto, no es esto”, habría dicho el filósofo madrileño de encontrarse ahora vivo.

El primer desencanto se deriva de identificar Europa con la Unión Europea. La etiqueta resulta pretenciosa por una doble razón. Por un lado, quedan fuera Rusia y ahora el Reino Unido, dos formidables Estados rotundamente europeos. Por otro, los Estados miembros de la Unión Europea han cedido algunas de sus competencias (la moneda, cierta legislación muy intervencionista) pero conservan el grueso de las prerrogativas soberanas. Por tanto, la Unión no lo es tanto.

No es fácil que haya más concesiones a unos verdaderos Estados Unidos Europeos, porque la Historia pesa mucho. La idea del Estado-nación es esencialmente europea, por lo que cuesta mucho ceder soberanía a una entidad superior. Es más, asoma la posibilidad de que algunos Estados de Europa puedan desmembrarse; por lo menos lo intentan.

Pero el inconveniente para una verdadera Unión Europea es que la experiencia hasta ahora ha resultado muy cara. El nuevo triángulo administrativo Bruselas-Estrasburgo-Frankfurt se muestra demasiado oneroso para las funciones que cumple. La nueva burocracia de la Unión Europea se añade a la de los respectivos Estados asociados. En el caso español todavía hay que añadir un tercer sumando: el de las administraciones regionales, llamadas irónicamente autonomías. El conjunto del aparato público no se puede costear con eficacia, tantos derroches supone.

La ineficiencia pública se complica todavía más al disponer los europeos de la fórmula del llamado Estado de Bienestar. Supone un privilegio y un progreso respecto al resto del mundo, pero no puede costearse sin un continuo déficit en las cuentas públicas.

En el inmediato pasado la expansión del sector público se podía atender con impuestos porque crecía todavía más la productividad. La cual se derivaba de los adelantos técnicos (ahora dicen tecnologías), pero sobre todo del valor que los europeos han concedido al esfuerzo personal (ética del trabajo). Sin embargo, ese valor se degrada por momentos. La combinación de una productividad decreciente y unas aspiraciones sociales convertidas en derechos lleva a una carga impositiva que se hace insoportable. Se dice que algo así ocurrió ya con la declinación del Imperio Romano. La Historia a veces se repite, solo que el Imperio Europeo no ha llegado a su culminación política. Además, los grandes sucesos históricos ahora se aceleran más.

Por si fuera poco, se les ocurre a algunos insensatos que la Unión Europea debe admitir a Turquía. Es la disparatada consecuencia de un estado de opinión que pasa por alto la tradición cristiana de la construcción europea. Habría que cambiar la bandera de la UE, que se hizo con el azul del manto de la Virgen María y las 12 estrellas de su corona. De momento, habría que digerir la desconexión británica de la UE. Todos vamos a perder un poco con esa extravagancia, y más que ninguno, los llanitos de Gibraltar.