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Las tres promesas del programa económico de Ciudadanos que PP y PSOE no querrán pactar. -D. Soriano/Libre mercado-

En el partido de Rivera hablan de “prioridades” y prefieren evitar términos como “líneas rojas”. El acuerdo no será sencillo.

La pelea por el amor por Ciudadanos acaba de empezar. No será uncortejo sencillo. Por un lado, PP y PSOE lucharán por el favor de Albert Rivera. Ambos partidos saben que si quieren gobernar el 21-D, necesitarán el apoyo de los de naranja. Por el otro, son enemigos en busca del mismo voto. Porque el principal caladero de votos de C’s está entre los simpatizantes desencantados de populares y socialistas. Las campañas electorales son siempre extrañas, pero ésta que se acerca será especialmente interesante.

Tal y como comentamos el pasado miércoles, hay una serie de claves que determinarán las coaliciones post-electorales. Y es evidente que el resultado será fundamental. No es lo mismo imaginar a PP y PSOE como primera fuerza política, buscando que Rivera les apoye en la investidura, que un escenario en el que Ciudadanos es el partido más votado y es el que tiene que buscar un socio de Gobierno.

Pero no debemos olvidar la cuestión de fondo: qué proponen los programas electorales de unos y otros. Aunque a veces se olvide, los partidos políticos hacen promesas durante la campaña que tratan de cumplir más de lo que parece. Tienen bases que presionan para mantener la pureza ideológica. Y el calendario electoral no se acaba el 20-D. La supervivencia de la organización dependerá mucho de si sus votantes creen que ha cedido o no en cuestiones fundamentales.

En el caso de Ciudadanos, además, hay otro factor muy relevante. La formación se presenta como el representante centrista de la nueva política, que no quiere entrar sólo en un reparto de sillas o cargos, sino que busca alterar el status quo. El “cambio sensato” será el lema de los de Riverapara las Generales. Todo el mundo se ha centrado en el adjetivo (“sensato”) pero es igual de importante el sustantivo (“cambio”) porque en cualquier conversación con Rivera o con su equipo directivo losciudadanos aseguran que han venido para que las cosas sean diferentes.

En el terreno puramente económico, el encargado de desarrollar ese plan ha sido Luis Garicano. El catedrático de la London School of Economics ha repetido en numerosas ocasiones que ha bajado a la arena política para hacer cosas, que si no consigue cambiar la situación sentirá que ha fracasado y volverá a sus clases y sus papers. “Para hacer el paripé por ir en coche oficial, prefiero mil veces mi vida actual”, le decía a John Muller en su primera entrevista tras su entrada en política.

El mensaje de la formación naranja es que exigirá acuerdos en temas de fondo para llegar a un pacto general. Por ahora, en la cúpula del partidoprefieren no hablar de “líneas rojas”, aunque sí admiten que existen “prioridades” y que quieren que sus votos sirvan para algo. De hecho, ponen como ejemplo los pactos en autonomías y ayuntamientos, en los que aseguran que han conseguido cosas que el PP o el PSOE no habían admitido en décadas.

El problema es que en toda negociación hay dos partes. Y las promesas más llamativas de Ciudadanos en el programa económico no están ni de lejos entre las prioridades de populares y socialistas. De hecho, entran en contradicción directa con lo que unos y otros han defendido en los últimos años. Es más, en algunos casos afectan a grupos de presión muy queridos por ambos partidos. Como explicábamos el miércoles, hay tres cuestiones fundamentales para el equipo de Garicano (mercado laboral, pacto por la educación y lucha contra la corrupción), ¿pasarán por el aro PP y PSOE?

Una cuestión pendiente

Si hubiera que escoger una sola medida de todas las que Ciudadanos ha presentado desde que en febrero comenzó a desvelar su programa económico, el contrato único sería la escogida en términos de su proyección pública. Si unes Ciudadanos, con Garicano y reforma laboral en una frase, todo el mundo piensa en esta propuesta: una única modalidad contractual con mochila austriaca que complemente el coste del despido. Pero no es lo único que piden los de Rivera. Igual de importante es la reforma en las políticas activas de empleo, los famosos cursillos del INEM. Y en ambos casos, las posiciones están muy lejos de las de PP y PSOE.

¿Qué pide Ciudadanos?:

  • Contrato único para todas las nuevas altas, con indemnizaciones crecientes
  • Cuenta individual equivalente al 1% del salario para caso de despido (mochila austriaca)
  • Cheque formación para parados: los cursos dejan de prestarlos y diseñarlos sindicatos y patronales. Cada parado decide dónde se forma y el Gobierno le paga a la empresa que le ofrece el servicio

PP y PSOE: ninguna de estas propuestas gustan nada en Génova o Ferraz, al menos oficialmente.

En el PP la lucha contra el contrato único se ha convertido en un mantra a lo largo de la legislatura. Desde la reforma laboral de 2012, han sido numerosos los expertos que han abogado por esta figura para luchar contra la desigualdad. El PP se limitó a reducir el coste del despido improcedente (de 45 a 33 días) y aclarar los motivos para el procedente (20 días), pero no se atrevió con el contrato único, incluso aunque había aparecido en algunos estudios de FAES. La ministra Báñez llegó a decir que era “inconstitucional”. A la CEOE tampoco le hace mucha gracia, porque cree que encarecerá las contrataciones a corto plazo. Por lo tanto, sería un sapo complicado de tragar para los populares. El argumentario del Gobierno es que no hay que hacer más reformas laborales y que sólo hay que esperar a que la de 2012 dé sus frutos.

El PSOE lo tiene aún más difícil. Los sindicatos se niegan en redondo a cualquier cosa que se interprete como un abaratamiento en el coste del despido. El contrato único es una línea roja para ellos. Si se convierte en ley, habrá protestas y movilizaciones.

Lo mismo ocurre con los cambios en la prestación por desempleo, sobre todo en lo que tiene que ver con los cursillos para parados. En este caso, sindicatos y patronal comparten intereses. Es cierto que la última reforma de Báñez abría bastante la mano en esta cuestión y facilitaba que empresas externas comenzasen a operar en un sector que hasta ese momento era un coto casi cerrado. Pero cuidado, las grandes centrales y las organizaciones empresariales tienen todavía mucho que decir aquí y siguen jugando un papel fundamental en el diseño de los programas. Tocarlo molestará a muchos actores con gran fuerza para la presión. Ni PP ni PSOE han querido nunca cambiar las reglas de juego en lo fundamental.

La reforma “más importante”

¿Qué pide Ciudadanos?: Ciudadanos cree, en palabras de uno de sus principales dirigentes esta misma semana, que “la reforma de la justicia es la reforma económica más importante” que tienen ante sí. Quizás es menos glamourosa que el contrato único o el Pacto por la Educación, pero piensan que es clave y que el país sólo podrá modernizarse de verdad si las instituciones se limpian. De hecho, no sólo es cuestión de la administración de Justicia, que también, sino del conjunto de las instituciones.

En esta cuestión hay todo tipo de medidas en el programa de C’s: sacar a los políticos de los organismos reguladores y de los órganos de representación de los jueces, reformar la financiación de los partidos, auditorías obligatorias externas para las formaciones políticas, suprimir los aforamientos, proteger a los denunciantes de corrupción, establecer un régimen de incompatibilidades que dificulten las puertas giratorias, sistemas de primarias para los candidatos en los partidos políticos, un régimen de incompatibilidades más estricto, limitar el número de cargos de confianza, despolitizar todas las autoridades administrativas independientes, cambio en los nombramientos de los órganos de defensa de la competencia,…

Son muchas cosas y muy diferentes. Algunas más políticas y otras más económicas. Pero todas comparten una característica: despolitizar la administración española en su sentido amplio y liberar a los mercados de su dependencia política. No puede ser, como decía Garicano esta semana en el encuentro del Financial Times, que los que triunfen en nuestro país sean los que tienen más contactos y no los más innovadores.

PP y PSOE: el problema es que esto es más fácil decirlo que hacerlo. De cara a la opinión pública, incluso PP y PSOE estarán de acuerdo en muchas de las propuestas. Pero sólo sobre el papel. Y no es cuestión de que se nieguen sólo por protegerse o por miedo a que afloren más casos de corrupción, como podría parecer en un análisis simplista. El tema va más allá. Los dirigentes populares y socialistas han crecido en este ecosistema, son criaturas de este esquema institucional. Llevan décadas acostumbrados a que los gobiernos nombren a los directivos de empresas públicas, a que se repartan los sillones de los reguladores o a que controlen los mercados a través de los órganos de competencia.

Cambiar esta dinámica no es sencillo. Ellos también tienen sus compromisos y ataduras. Para empezar, toda esa gente que ahora ocupa esos cargos y a los que les unen lealtades y favores. Los líderes del PP llevan 40 años trabajando con este esquema. Es muy complicado que acepten que una agencia que depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda no cumpla las órdenes del mismo. Sólo el Banco de España (y con matices) lo ha conseguido.

Y lo mismo puede decirse para el PSOE. Por ejemplo, en las instituciones laborales. En España llevamos medio siglo de acuerdos sociales. Sindicatos y patronales organizan todo lo que se mueve en el mercado de trabajo junto al Ministerio. A veces se enfadan entre ellos, o existe mejor o peor sintonía personal entre sus dirigentes, incluso puede que unos le convoquen una huelga general a los otros. Pero en el fondo de la cuestión el esquema general que tienen en la cabeza es el mismo: ellos son las voces autorizadas. Un alto porcentaje de los cargos socialistas comenzó su carrera política en el entorno sindical, o pequeñas asociaciones políticas. ¿Serán capaces de acabar con el modelo en el que nacieron y crecieron?

El gran pacto

La tercera pata del proyecto económico de Ciudadanos se asienta sobre la educación. Es un proyecto a largo plazo, pero están convencidos de que es la clave alrededor de la que girará la prosperidad futura de la economía española. Es más, en el partido de Albert Rivera creen que será su carta de presentación para futuras elecciones. Podrán presumir de que, después de innumerables reformas educativas que tenían fecha de caducidad de una legislatura, han sentado a PP y PSOE para firmar un pacto a largo plazo. Porque el objetivo aquí es casi más complicado que en el mercado laboral. La idea no es sólo llegar a un acuerdo con el partido en el Gobierno, sino sentar en la misma mesa a los enemigos irreconciliablres yobligarles al pacto.

¿Qué propone Ciudadanos?: lo que Ciudadanos pide es que la nueva ley educativa se mantenga en el tiempo. El problema es que luego hay que rellenar de contenido el acuerdo. El programa de Garicano traspasa unas cuantas líneas rojas, especialmente de la izquierda, y las deja muy atrás: MIR para el profesorado, rendición de cuentas de los centros, autonomía para directores, criterios de admisión más estrictos, exámenes estandarizados, FP Dual para que los jóvenes que se deciden por las ramas técnicas comiencen antes su carrera laboral, financiación privada en la universidad, financiación pública ligada a resultados de las facultades, planes de estudio más flexibles…

PP y PSOE: aparentemente, este punto acerca a Ciudadanos al PP y lo aleja del PSOE. La reforma educativa de Garicano es una Ley Wert 2.0. Va en la misma dirección que la que planteaba el exministro popular, pero algo más lejos.

Y por eso mismo le aleja del PSOE. Para los socialistas, conceptos como competencia, excelencia, financiación por resultados, son una herejía cuando se habla de educación. Ni a sus bases ni a sus cuadros les gusta la música. De hecho, el programa electoral del PSOE en educación apunta en la dirección contraria. El único punto de agarre será sacar la educación de sociedad y meterla en economía. Probablemente, en el equipo de Jordi Sevilla estas propuestas no suenen tan extrañas. Otra forma de venderlo es asociarlas a los modelos de éxito del norte de Europa. Lo que pide Garicano es muy parecido a lo que hacen en Finlandia, Dinamarca, Alemania o Reino Unido. Quizás con esa percha se pueda vender ante la opinión pública socialista. Pero no será nada sencillo.

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Todo lo que debes saber sobre la batalla que se libra en el TC sobre Cataluña – EL ESPAÑOL

Cataluña es la comunidad autónoma que más recursos ha interpuesto contra leyes estatales en la legislatura que está a punto de concluir. El proceso soberanista, con el intento de crear estructuras de estado propias y con la permanente reclamación de competencias, está en el núcleo de la batalla que se libra en el Tribunal Constitucional, convertido en el principal valladar del secesionismo.

Origen: Todo lo que debes saber sobre la batalla que se libra en el TC sobre Cataluña – EL ESPAÑOL

La chapuza del escrutinio en España anula el principio de ‘una persona, un voto’. -Javier Caraballo/El Confidencial-

El principio no está garantizado en España, como ha acabado reconociendo la propia Junta Electoral Central después de las elecciones andaluzas del pasado 22 de marzo.
Foto: Vista general del hemiciclo durante una sesión de control al Gobierno. (Efe)

El principio de universal de “una persona, un voto”, sustento primero de todo sistema democrático, no está garantizado en España, como ha acabado reconociendo la propia Junta Electoral Central después de las elecciones andaluzas del pasado 22 de marzo, en el que el recurso de un partido político en la provincia de Sevilla acabó destapando los ‘agujeros negros’ del sistema electoral español y la chapuza, que se ha convertido en norma, a la hora de contar los votos y verificar la autenticidad de los recuentos oficiales.

El recurso que destapa las irregularidades del sistema electoral español lo presentó Vox y podría haberse perdido entre los cientos de impugnaciones menores que se producen tras todas las elecciones, pero en este caso el asunto llegó hasta la Junta Electoral Central, que de forma excepcional, ordenó por primera vez que se comprobaran, mesa a mesa, todos los votos emitidos. Y el resultado fue asombroso: sólo en la provincia de Sevilla se habían dado como válidos 4.656 que no existían. ¡Casi cinco mil votantes fantasmas, de que los nadie supo dar explicación! En un censo electoral, como el de la provincia de Sevilla, de más de un millón de votantes, podría entenderse que una incidencia de esa naturaleza no afecta, en realidad, al resultado global de las elecciones. Eso es, justamente, lo que pensaban los jueces de Sevilla, los jueces de toda España, que conforman las distintas juntas electorales y es lo que ha permitido que se haya convertido en costumbre incumplir sistemáticamente lo dispuesto por la ley electoral para garantizar la pureza del escrutinio. La chapuza se había convertido en sistema hasta que, hace un mes, la Junta Electoral Central mandó parar.

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Para entender los ‘agujeros negros’ del sistema electoral español conviene repasar lo que sucede en las 48 horas siguientes al cierre de las urnas en los colegios electorales. Cuando se han cerrado los colegios, los miembros de cada mesa electoral, en presencia de interventores de los distintos partidos, efectúan el recuento de votos y el resultado se plasma en un acta oficial, que se introduce en un sobre, con la firma de cada uno de ellos, y se envía a la Junta Electoral junto con otros dos sobres que contienen el acta de constitución de la mesa y otros documentos complementarios. Pero el resultado de la votación está en ese sobre, el ‘sobre número 1’ que se envía al juzgado. Una vez certificada ese acta, se ordena la destrucción de los votos.

Sólo en la provincia de Sevilla se habían dado como válidos 4.656 que no existían. ¡Casi cinco mil votantes fantasmas!

El escrutinio que conocemos va por otro camino. Cuando concluye el recuento, el presidente de la mesa comunica los datos de la votación a un representante de la administración que los transmite a la central de datos. No es un funcionario público, sino un trabajador externo, contratado para que introduzca los datos de la mesa en un sistema informático que es el que va ofreciendo los datos de las elecciones durante las horas siguientes al cierre de los colegios. Normalmente la empresa que contrata la administración para este proceso es Indra; ocurrió así en las elecciones andaluzas y ocurrirá así en estas elecciones municipales y autonómicas. ¿Pero alguien comprueba, posteriormente, que los datos que el personal de Indra ha introducido en el sistema informático se corresponde con los datos reales del acta de la votación? Esa es la cuestión, que nadie lo hace. Y esa fue la reclamación que hizo Vox.

Lo que dicta la Ley Electoral es que los jueces que componen las distintas juntas electorales tienen que revisar en los días siguientes al escrutinio la veracidad de los datos volcados en el sistema informático, contrastándolos con lo que figura en el ‘sobre número uno’ de cada mesa que han recibido. Cuando Vox reclamó y exigió el recuento, tal y como exige la ley, lo que le contestó la Junta Electoral de Sevilla es que tenía razón, que eso era lo dispuesto, pero como se trata de un asunto prolijo, nadie lo hacía en España. “Es evidente que existe, al menos formalmente, una irregularidad procedimental en el escrutinio, que esta Junta Electoral Provincial no tiene inconveniente en reconocer (…) pero que sólo puede ser considerada, en el peor de los casos, como una irregularidad inocua, sin trascendencia invalidante”, decían los jueces de la junta electoral sevillana en el auto en el que desestimaban el recurso de Vox. Añadían que esta forma de actuar de dar por buenos los resultados sin comprobarlos era la costumbre general, “inveterada”, en cada proceso electoral celebrado en España.

¿Alguien comprueba que los datos que el personal de Indra ha introducido en el sistema informático se corresponde con los datos reales del acta?

Vox decidió recurrir el auto de la Junta Electoral de Sevilla que con tanto desahogo reconocía el incumplimiento inveterado de la Ley Electoral en España y es, entonces, cuando llega la resolución definitiva de la Junta Electoral Central, firmada por Carlos Granados como presidente. Y lo que resuelve, en primer lugar, es que el hecho de que se trate de una práctica generalizada en España, no le resta gravedad al incumplimiento meridiano de la Ley Electoral. Y en segundo lugar, que aunque el recuento, uno a uno, de todos los ‘sobres números 1’ de las votaciones, sea una actividad tediosa y prolija, para eso la Ley Electoral le concede tres días a los jueces de las juntas electorales. Aunque quizá lo fundamental es lo último que recuerda la Junta Electoral Central, que se le está dando carta de naturaleza en España a lo que certifica una empresa privada contratada por el gobierno que convoca las elecciones, sin que haya la menor supervisión por parte de la Administración electoral. “Debe tenerse en cuenta que los resultados provisionales facilitados el día de la votación por la administración convocante del proceso electoral carecen de toda vigilancia o supervisión por parte de la administración electoral”, sostiene la Junta Electoral Central.

Cuando, tras esta resolución, se realizó la comprobación de los datos de las votaciones el resultado fue sorprendente, además de desconcertante. Se detectaron 116 irregularidades y sólo en una de ellas, la que afectaba a la asignación de votos, se encontraron que había 4.656 votantes de más, votantes fantasmas que nadie supo explicar. Y eso era sólo en una de las 116 irregularidades; el resto, que afectaban a defectos formales en las actas, no se contabilizaron en cuanto a su incendia en las votaciones. Un caso concreto, para explicarlo mejor. Una de las irregularidades consistía en que el acta de una de las mesas señalaba que se habían depositado 65 votos a favor de Vox y 0 a favor del PSOE. Como quiera que al llegar al sistema central informático alguien entendió, con razón, que se trataba de un error del informático que trasmitió los datos a pie de mesa electoral, los corrigió sobre la marcha. Lo hizo y, al modificarlo, dejo al descubierto la vulnerabilidad del sistema porque nadie, con posterioridad, comprueba qué ocurrió realmente, contrastando ese dato con el que figura en el acta de la votación, el famoso ‘sobre número uno’.

¿Los votantes fantasmas, al influir en el porcentaje de participación, pueden afectar a la asignación de los restos, como marca la Ley D’Hont?

En el caso del segundo recuento de Sevilla, los 4.656 votos fantasmas, no afectaron de forma significativa al escrutinio, ni alteraron en nada el reparto de escaños, porque la asignación fantasma de votos afectaba a casi todos los partidos y la mayoría lograda por el PSOE era muy sólida, pero lo esencial es que deja abierta la enorme duda sobre el proceso electoral en España. ¿Cuántas veces, después de unas elecciones, se ha afirmado que tal o cual partido se ha adjudicado un escaño por un puñado de votos? ¿O que un partido ha perdido la mayoría absoluta y el gobierno de una ciudad o de una comunidad autónoma por unos cientos de papeletas? ¿Los votantes fantasmas, al influir en el porcentaje de participación, pueden afectar a la asignación de los restos, como marca la Ley D’Hont? Ante todas estas dudas, existe un antes y un después de lo ocurrido en las elecciones andaluzas.Presumimos que no ha existido ninguna adulteración consciente de las elecciones en España en estos años; confiamos en la limpieza de cada escrutinio, a pesar de que puedan existir equivocaciones en el recuento. Pero como dice la Junta Electoral Central, no se puede afirmar con rigor porque la administración electoral no lo ha comprobado. Lo único que sí sabemos ya es que el principio elemental de toda democracia, “una persona, un voto”, no se cumple en España. Aunque no haya pucherazos.

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