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A vueltas con los Dalton y el drama de la energía en España

“La pura verdad es que, pasado ya el ecuador de la legislatura, el Gobierno Rajoy y sus Dalton no han resuelto, ni siquiera enfocado, desde una perspectiva liberal, es decir, liberalizadora y de aproximación al mercado, el problema crónico de la energía en España, y eso a pesar de su mayoría absoluta”. La frase pertenece a una columna publicada en este mismo espacio en marzo de 2014. Para aclararnos: los Dalton son los hermanos Álvaro y Alberto Nadal, actual ministro de Energía (antiguo jefe de la Oficina Económica del presidente del Gobierno en Moncloa), el primero, y actual secretario de Estado de Presupuestos (antes en el mismo cargo en Energía, a las órdenes de José Manuel Soria), el segundo. Entre los empresarios del sector energético hace tiempo se extendió la humorada de calificar a los Nadal como los hermanos Dalton, miembros de una banda de forajidos que operó en el viejo oeste americano durante la última década del siglo XIX. La especialidad de los Dalton, heredada por los impetuosos hermanos Nadal, consistía en desenfundar primero, disparar después, y preguntar al final a la víctima si le habían dado.

A mediados de 2013 y no sin antes apartar de un manotazo al ministro Soria y ponerlo en un rincón, Alberto Nadal protagonizó un sonoro golpe de mano con la aprobación del Real Decreto Ley (RDL) de julio de 2013, que marcó el inicio de una reforma eléctrica con la que el Gobierno del PP pretendió corregir la bola de nieve del déficit de tarifa, o lo que es lo mismo, la diferencia entre lo que ingresaban productores distribuidores de electricidad a través de la tarifa, y los derechos de cobro que tenían reconocidos –vía subvenciones- por las sucesivas normas aprobadas a partir del año 2000, particularmente por el RDL 661/2007 de 25 de mayo que, firmado por el ministro Clos, Gobierno Zapatero, consagró el despelote de las primas a las renovables. Alberto, con un par, cambió a los inversores las reglas de juego en pleno partido. En la columna antes citada escribimos también que “Convertido en el hombre fuerte de un Ministerio cuyo titular ni pincha ni corta, nuestro Dalton está dejando por herencia un lío jurídico morrocotudo, una rémora de pleitos que pueden costarle a España una millonada durante muchos años en instancias jurídicas internacionales. Eso, y un montón de pequeñas empresas quebradas, además de alguna grande contra las cuerdas.

Hace escasas fechas hemos recibido los primeros ecos de ese “lío jurídico morrocotudo” con la noticia de que España ha perdido el primero de los arbitrajes internacionales fallados en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, CIADI, dependiente del Banco Mundial, por los recortes aplicados a partir de 2012 a las ayudas a las energías renovables. El laudo da la razón a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial Energia Solar Luxembourg, y condena a España al pago de 128 millones más intereses. Un varapalo en toda regla. La noticia ha pasado desapercibida en el río tumultuoso de los escándalos de corrupción que nos sacuden, pero tiene una importancia innegable por muchos motivos, uno de los cuales es que nuestro país tiene planteados una treintena de denuncias ante el CIADI, todas ellas por parte de inversores internacionales, y porque, además, pone en evidencia la chapuza perpetrada por la Administración Rajoy con la ayuda inestimable de la Abogacía del Estado, y el escaso respeto que en nuestro país existe hacia eso que se llama “seguridad jurídica”.

Eiser Infrastructure y su filial luxemburguesa invirtieron 125 millones entre 2007 y 2009, en una participación minoritaria -como socios de la española Elecnor- en tres instalaciones termosolares ubicadas en Alcázar de San Juan, Ciudad Real (dos de ellas, con un 37%) y en Badajoz (la tercera, con un 33,8%), cada una con una potencia de 50 megavatios (MW), y todas acogidas al régimen del RD 661/2007, un dislate regulatorio insostenible el de ese Decreto, cuya primera consecuencia fue el boom de las llamadas granjas solares. Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, los especuladores del ladrillo pasaron en masa a invertir en granjas solares en busca de las sustanciosas primas ofrecidas por el Gobierno Zapatero. Si en 2007 había instalados 637 MW de fotovoltaica, apenas un año después la cifra había escalado hasta los 3.355 MW, cinco veces más, con el consiguiente derroche de primas que permitían a los promotores hacer frente a la inversión y obtener una jugosa rentabilidad.

Una crisis que hundió el negocio renovable

La crisis cayó como una losa sobre el negocio a partir de 2008, hundiendo la demanda de electricidad en el contexto de un sistema eléctrico sobrado de capacidad, sobrecapacitación de la que no eran solo responsables las renovables, sino también los ciclos combinados –las centrales que utilizan gas para generar electricidad y que también expulsan CO2, si bien en menor medida que las térmicas de carbón- cuya construcción se venía incentivando desde hacía tiempo. El resultado fue un déficit de tarifa que llegó a rondar los 25.000 millones y al que había que poner freno de alguna manera. Lo había intentado Miguel Sebastián de forma tímida, aplicando en 2011 los primeros recortes de primas, pero en esto llegó Nadal con su guadaña. Lo hizo decretando el parón de las renovables y el recorte de los incentivos, y además con carácter retroactivo. Y lo hizo a las bravas, en su despacho y con el auxilio de una hoja de cálculo Excel. Más o menos.

En efecto, en diciembre de 2012 el Gobierno aprobó un impuesto a la generación de energía del 7% sobre el valor total de la volcada a la red, y en julio de 2013 derogó el RD 661/2007, sustituyéndolo por un sistema retributivo basado no en la producción, sino en la potencia instalada, sistema que garantizaba una rentabilidad antes de impuestos del 7,398% calculada sobre los costes teóricos de plantas tipo. Alberto Nadal cambia radicalmente el sistema retributivo, diciendo a los inversores lo que a su juicio tienen que ganar, la rentabilidad que tienen que obtener los distintos tipos de plantas. Un monumento al liberalismo sin parangón. El ministro calculó esa retribución proyectando los ingresos necesarios para lograr una rentabilidad antes de impuestos de 7,398%, basada en costes hipotéticos de una hipotética instalación tipo. El grupo Eiser sostiene que con el nuevo régimen retributivo sus plantas pasaron a percibir unos ingresos notablemente inferiores a los necesarios para cubrir costes financieros, lo que obligó a reestructurar la deuda de las sociedades vehículo, e implicó no poder hacer frente al pago de los préstamos bancarios y, naturalmente, no ofrecer ningún retorno al capital invertido. ¿Resultado? La destrucción del valor de su inversión, que pasó de 125 a 4 millones a finales de 2014.

En diciembre de 2013, Eiser remitió a CIADI una solicitud de arbitraje contra España acogiéndose al Tratado de la Carta de la Energía (TCE) del que España forma parte y al amparo de los artículos 10 (principio de trato justo y equitativo) y 13 (prohibición de expropiación sin contraprestación) del mismo, exigiendo la plena reparación de los daños sufridos por sus inversiones. España basó su defensa en negar al Tribunal arbitral la jurisdicción pertinente para conocer de la reclamación, poniendo en duda que el grupo británico hubiera realizado inversión alguna a largo plazo, con el correspondiente desembolso de los fondos, y sosteniendo, subsidiariamente, que en modo alguno había incumplido el TCE. Ya avanzado el proceso, la Abogacía del Estado intentó una última maniobra argumentando que las plantas objeto del arbitraje tenían una potencia instalada superior a los 50 MW, lo que les excluía del rango de intervención del RD 661/2007 y, por tanto, de poder recibir prima de ninguna clase.

El Tribunal, tras declararse competente para entender sobre la controversia (excepto en el punto relativo al impuesto del 7%, que excluye del ámbito del TCE al tratarse de una potestad soberana de los países firmantes), declara, por unanimidad de los tres árbitros, que España violó los artículos del TCE antes citados, y considera que el cambio regulatorio objeto del laudo vulneró el principio de trato justo y equitativo que asumió en el TCE, calificando el nuevo régimen regulatorio de “profundamente injusto e inequitativo”, al privar a Eiser de la práctica totalidad de su inversión. Hubiera sido legítimo, sostiene, que España adoptara modificaciones en su marco regulatorio por razones de interés público, siempre y cuando se hubieran respetado las características esenciales del régimen al que se acogieron los inversores al hacer su inversión. En consecuencia, concede a Eiser una indemnización de 128 millones por los cambios regulatorios a partir de 2014, calculados sobre una metodología de descuentos de flujo de caja y sobre una vida útil de 25 años, en lugar de los 40 que solicitaba.

Mariano Rajoy no se molesta en contestar

El argumentario de la delegación española (siete Abogados del Estado y otros tantos del bufete BDO) rozó a veces lo patético. Hasta tres versiones diferentes dio uno de los testigos propuestos por el Gobierno. Los peritos tampoco resultaron convincentes, frente a la contundencia de los informes de los expertos de la parte demandante. En el proceso se puso de manifiesto que el propio Mariano Rajoy había dejado de contestar las misivas que los gestores del grupo Eiser (con el asesoramiento de Allen & Overy) le dirigieron, pidiéndole una negociación “en aras de alcanzar una solución amigable de esta controversia” (carta del 26 de abril de 2013). Les contestó el ministro Soria (7 de mayo), reclamando que el documento fuera redactado en castellano, exigencia que se cumplió el 15 de mayo. Tras una nueva misiva a Rajoy el 30 de julio del mismo año, el Tribunal aclara que “los demandantes afirman no haber recibido nunca respuesta a su solicitud de negociaciones”. El resultado de todo ello es que incluso el árbitro nombrado por España acabó dando la razón a Eiser y sus socios en su demanda.

Años después de la llegada al Gobierno y sus arrabales de los brillantísimos e inteligentísimos hermanos Dalton, España sigue sin contar con esa reforma energética capaz de abaratar los costes de producción de nuestras empresas, cuestión básica para consolidar el crecimiento económico y aligerar el bolsillo de unos consumidores que soportan un recibo de la luz que apenas refleja el verdadero coste de la energía y su transporte, una reforma, también, capaz de acabar con el carbón, es decir, dejar de producir energía con tecnologías que emiten CO2. En realidad, esa reforma ni está ni se le espera. A cambio, los famosos Dalton, ahora con un perfil muy bajo, que las balas silban salvajes en derredor, le han dejado a España el “regalito” de los miles de millones que nos van a costar los arbitrajes pendientes. Sin ninguna nueva instalación de renovables (ni eólica ni solar fotovoltaica) efectuada entre 2013 y 2016, el ministerio que dirige Álvaro Nadal acaba de sacar a subasta 3.000 nuevos MW eólicos, 1.800 de los cuales han ido a parar a una empresa semidesconocida, Forestalia, propiedad de un empresario aragonés, Fernando Samper, que ha pasado en un abrir y cerrar de ojos de los mataderos cárnicos a los modernos molinos de viento. La mayoría de las empresas del sector no han acudido a la puja, al no estimar rentabilidad alguna en el negocio propuesto. ¿Cómo saldremos de esta nueva aventura? Cosas de los Dalton y su deslumbrante talento.

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El Rey emérito, Cebrián y los inconvenientes de revolver el gallinero

Negar la habilidad de Juan Luis Cebrián para tejer relaciones con el poder político e influenciarle en su toma de decisiones sería faltar a la verdad. Cuenta Mercedes Cabrera en la biografía de Jesús de Polanco que publicó hace dos años que, en 1979, en plena guerra de accionistas en el diario El País, sus enemigos ya atribuían al actual presidente del Grupo Prisa –treintañero en ese momento- un innegable talento para poner de su parte a quienes tienen voz y voto dentro y fuera de su casa. “Sus méritos periodísticos se reconocían aunque provenía de una familia de viva raigambre falangista, pero se le acusaba de abandonar sus obligaciones para hacer política interna con los consejeros, y política externa con los miembros del Gobierno”, expone, mencionando un artículo publicado por el extinto periódico Informaciones.

El complot al que se ha enfrentado recientemente en el Grupo Prisa le ha obligado a hilar fino y a emplear esa especial habilidad para modular voluntades. Eso sí, con cierta prudencia, pues el paciente está achacoso –la deuda del grupo ronda los 1.500 millones de euros– y porque algunos de los apoyos con los que contó para mantenerse al frente de la editora de El País le dieron la espalda y avivaron la rebelión, lo que ocasionó una inusual inquietud en Cebrián, según cuenta una persona de su entorno.

El principal fallo de los confabuladores –explican fuentes conocedoras del Consejo de Administración- es que fueron demasiado optimistas y muy poco sigilosos. No se puede conspirar en voz alta, ni proyectar la voladura de un edificio e intentar colar los barriles de pólvora a cara descubierta y por la puerta principal. Eso provocó que sus movimientos tuvieran un eco demasiado elevado. Tan elevado que le llegó al propio Cebrián. Y al Rey emérito.

Cuentan estos informantes que Juan Carlos I ha ejercido un papel activo en esta batalla entre accionistas, y lo ha hecho para proteger a Cebrián, pues, a su juicio, su permanencia en el trono de Prisa es positiva para España. O, al menos, no es perjudicial para sus intereses.

A César Alierta y a Isidro Fainé se ocupó de dejarles claro que los movimientos para descabezar Prisa no eran prudentes, dado que, si su plan tenía éxito y Cebrián capitulaba, la estabilidad del país podía correr peligro. Porque es bien sabido que mejor malo conocido que bueno por conocer. Y más en un momento en el que el barco zozobra. Y máxime si quien encabeza la rebelión -aparentemente- es uno de los tan temidos tiburones de los mercados.

Dos fechas importantes

Como detalló Vozpópuli recientemente, el calendario de los ‘accionistas’ rebeldes tenía dos fechas marcadas en rojo. La primera era en junio, cuando querían situar a una persona de su confianza -Luis Velo- como consejero delegado del Grupo Prisa. La segunda, en diciembre, cuando pretendían arrebatar a Cebrián el poder ejecutivo.

Cabe precisar a este respecto que barajaron la opción de mantenerle como presidente, pero sin poder de decisión. También pensaron en sustituirle por Fernando Casado, director del extinto Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), antiguo presidente de Catalunya Caixa y director general del Instituto de la Empresa Familiar. Incluso hablaron de que, en una situación de extrema necesidad, el propio César Alierta podría ponerse a la cabeza de Prisa.

Las fuentes consultadas por este periódico no descartan que este plan llegue a buen puerto, pero, en este punto, reconocen que las opciones de éxito del ‘bando rebelde’ son mucho menores que el pasado diciembre, cuando se celebró una reunión del Consejo de Administración de máxima tensión.

El apoyo de Moncloa a Cebrián parece fuera de toda duda a estas alturas. El presidente de Prisa trasladó recientemente a Mariano Rajoy y a Soraya Sáenz de Santamaría que su permanencia en el cargo es buena tanto para él como para el Gobierno; y que la responsabilidad con la que actúa desde su atalaya mediática no se puede comparar con el modus operandi de los fondos buitre (Amber Capital), especialistas en obtener réditos a partir de las desgracias de empresas en dificultades. Caiga quien caiga.

Dicho esto, lo que está por ver es la capacidad de influencia que ha tenido Cebrián sobre Fainé para desvincular a Caixabank (expresidente) y a Telefónica (consejero) del ‘bando golpista’. La caja de ahorros catalana posee el 3,83% de los títulos de Prisa, mientras que la multinacional de las telecomunicaciones agrupa el 13%. El comandante de esta última, José María Álvarez Pallete, no ha mostrado gran entusiasmo por forzar la sucesión en el trono de Prisa, al contrario que Alierta, su antecesor, especialmente implicado en esta guerra de socios, según exponen fuentes de la empresa.

Del lado de Cebrián se encuentra actualmente el Grupo IAMSA, propiedad de Roberto Alcántara Rojas (8,9%), uno de los empresarios ‘de cámara’ del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. También le respaldan International Media Group (8,1%), del sultán catarí Khalid bin Abdullah al Thani y la familia Polanco (17,5%), que desde el inicio de esta batalla no ha dicho esta boca es mía. Su principal opositor es Amber Capital, el hedge fund que el pasado julio se convirtió en el principal accionista del grupo y que está comandado por Joseph Oughourlian, un astuto inversor de origen armenio que en los últimos meses se ha visto obligado a aprender, a marchas forzadas, las dinámicas que rigen en la capital del reino.

No conviene perder de vista que los fondos oportunistas han adquirido los derechos sobre una buena parte de la deuda de Prisa y están dispuestos a cobrar pase lo que pase. Eso redobla la presión sobre los responsables del grupo, que están obligados a encontrar un comprador para Santillana antes de que se produzca el próximo gran vencimiento de deuda (965 millones de euros), en diciembre de 2018. Cebrián aseguró el pasado 23 de marzo en una entrevista a la Agencia EFE que esperaba tener ofertas vinculantes por la editorial a finales de abril. Pero, de momento, no hay noticias sobre los potenciales interesados en su adquisición.

Cebrián parece dispuesto a sobreponerse a estas circunstancias y a salir airoso de la enésima crisis de Prisa, pese a la incertidumbre que rodea a la operación de Santillana y pese al ruido que han realizado últimamente sus detractores. Así se expresaba hace unos días uno de los ejecutivos de prensa que mejor conoce lo que se mueve en los más altos despachos del sector: “Olvídate. se queda hasta que acabe su contrato (diciembre de 2018) y no descartes que renueve”.

Y añadía: “Se ha sabido mover bien”. Algo que -en su opinión- no han hecho los rebeldes, que quizá han subestimado su sorprendente capacidad para salir indemne de los incendios que se desatan a su alrededor. Muchas veces, tirando de agenda y apelando a Dios, al Rey, a la patria… y hasta al pueblo.

 

Origen: El Rey emérito, Cebrián y los inconvenientes de revolver el gallinero

Santiago Navajas – Rallo y sus ‘haters’ – Libre Mercado

Al economista libertario le salen enemigos por doquier entre colegas resentidos y envidiosos.

Qué es un hater? Dícese de aquellas personas que muestran de forma sistemática actitudes negativas u hostiles ante cualquier asunto. Si Oscar Wilde tiene razón (“Como no fue genial, no tuvo enemigos”), entonces Juan Ramón Rallo está en trance de convertirse en un genio porque cada vez tiene más haters. Así, Marcel Jansen, profesor asociado en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y blogger de Nada es Gratis, prefirió creer que Rallo tenía motivaciones torticeras y no que simplemente se equivocó en los datos o hizo una interpretación heterodoxa de los mismos.

Todo venía a cuento de que Rallo había publicado algunos artículos en los que defendía que la desigualdad en algunos casos podría aumentar la producción y la felicidad debido a un arriesgado concepto explicativo, el factor esperanza, es decir, el incentivo que podría suponer para las personas que están en la parte más baja de la escalera social contemplar cómo han llegado otras a la parte más alta por sus propios méritos. Por ejemplo, Amancio Ortega sería un poderoso incentivador precisamente por la desigualdad que provoca su actividad empresarial –replicable, al menos como hipótesis, por cualquiera–, mientras que ocurriría justamente lo contrario con los plutócratas saudíes, que basan su riqueza en el pillaje institucional.

Rallo extrae como corolario de la hipótesis una serie de conjeturas que evitan tener que plantear la redistribución igualitarista como un dogma y la valoran, simplemente, como una tesis discutida y discutible basada en cierta evidencia extraída de una investigación.

No está claro si la deshonestidad que se atribuye a Rallo tiene más que ver con la inconsistencia con los hechos o con el desprecio absoluto a los mismos (la célebre postverdad tan de moda). Con un idiota a tiempo parcial o un sinvergüenza full time. Aunque más bien lo que se aprecia es un choque de paradigmas en el que los críticos se deslizan hacia el haterismo debido a una serie de características que Paul Romer identifica como decisivas en la configuración de escuelas académicas como sectas (su inspiración fue un documental sobre la Cienciología): enorme autoconfianza; comunidad monolítica; sentido de identificación con la religión o la política; sentido extremado de la frontera entre el grupo y otros expertos (lo que les lleva a minusvalorar, despreciar y atacar a los de fuera); sesgo optimista respecto de las pruebas que confirman sus tesis; y, por último, incapacidad para evaluar el riesgo asociado a su programa de investigación. En resumen, según Romer, gran parte de la élite académica se dedica en los papers (el anglicismo que se suele usar para los artículos publicados en revistas académicas) a: Presupongo A, presupongo B, bla bla bla, con lo que de esta manera probamos que P es verdadero.

El profesor Manuel Hidalgo y algunos colegas escribieron un artículo anti Rallo en el que criticaban sus ideas (¡bien!) y trataban de desacreditarlo personal y profesionalmente (¡mal!). Por esta senda de la falacia ad hominem abierta por Hidalgo & Co. se deslizaron otros comentaristas económicos vinculados a la izquierda, como Pedro Fresco, que de manera divertida justifican la falacia insistiendo en ella. Al final, tanta acusación de deshonestidad y desvergüenza no va a ser sino el típico mecanismo freudiano de transferencia, por el que se vuelcan sobre otra persona características psicológicas propias reprimidas.

En realidad, el problema es otro: la cuestión de la primacía intelectual en la arena pública. Explicaba Robert Nozick que la crítica de muchos intelectuales al capitalismo proviene de la disparidad entre cómo la escuela y el mercado otorgan los laureles del éxito. Mientras que la escuela es meritocrática según el criterio de los forjadores de palabra, el mercado premia habitualmente habilidades distintas. Al intelectual le gustaría que el mercado funcionase como la escuela y que se le reconociera en él la misma primacía.

De modo parecido, los haters de Rallo parecen envidiar su primacía en los medios, que no se corresponde con la importancia académica que ellos se y le atribuyen (recuerden a Romer). Jansen muestra qué es lo que envidia de Rallo: su influencia en los políticos; y trata de reducir la variedad plural de toda disciplina académica a un mono(po)lí(s)tico grupo, al que denomina “la profesión”, algo así como el Club de los Economistas Progresistas, que tendría bula para repartir carnets de pertenencia a la misma como si fuese un gremio medieval, la vanguardia del proletariado o André Breton presto a expulsar a Salvador Dalí del movimiento surrealista (el español se burlaba a lo grande de los comunistas franceses: “El surrealismo soy yo”).

Los críticos han devenido haters, volviendo su tesis contra sí mismos, por una visión ingenua tanto de la ciencia como de los medios de comunicación. Han concretado en Rallo una crítica generalizada contra el proceder en las tribunas mediáticas porque a su modo de ver en ellas no se alcanza el grado de rigor y fundamentación propio de los papers. Lo que supone, en primer lugar, pasar por alto las limitaciones inherentes a la prensa. Pero también, y esto va a la esencia del asunto, una confusión epistemológica fundamental, porque ni la evidencia disponible en las ciencias sirve de criterio de demarcación entre propuestas honestas y deshonestas, ni es la ideología lo que establece falacias de sesgo en unos casos sí mientras y en otros no.

Sin llegar a la tesis radical de Willard V. O. Quine sobre la relatividad ontológica y la indeterminación empírica de las teorías científicas, sí cabe establecer que la evidencia (que habría que escribir siempre en cursivas) es por la propia naturaleza de la investigación empírica siempre difusa, por usar un término suave. Alguien tan poco sospechoso de anarquismo científico como Karl Popper sostuvo:

La base empírica de la ciencia objetiva no tiene, por consiguiente, nada de absoluto. La ciencia no descansa en una sólida roca. La estructura audaz de sus teorías se levanta, como si dijéramos, sobre un pantano. Es como un edificio construido sobre pilotes. Los pilotes son instalados desde arriba en el pantano, pero no en una base natural o dada; y si no hincamos los pilotes más profundamente no es porque hayamos tocado ya suelo firme. Simplemente paramos cuando nos satisface la firmeza de los pilotes, que es suficiente para soportar la estructura, al menos por el momento.

Y Hugh Everett III, un físico que tuvo que soportar el bullying de la casta de la mecánica cuántica cuando propuso una nueva interpretación de la misma basada en el supuesto de la existencia de universos paralelos, advirtió:

Una vez aceptamos que cualquier teoría física es en esencia solo un modelo que nos hacemos del mundo de la experiencia, tenemos que renunciar a toda esperanza de encontrar la teoría correcta… ya que la totalidad de la experiencia nunca nos será accesible.

Lo que no significa que haya que rendirse a la búsqueda de la verdad, pero sí reconocer socráticamente que dicha verdad es un ideal regulativo, una meta a la que podemos aproximarnos pero que nunca llegaremos a alcanzar. Por lo que es necesario evitar toda actitud inquisitorial ante modelos diversos y tener mucho cuidado a la hora de hablar de la evidencia, porque la nueva experiencia puede desmontar todo lo que creíamos saber hasta el momento.

Si por el lado de la evidencia empírica cabe la discusión, por la parte de los postulados valorativos de las ciencias sociales también hay que tener precaución a la hora de acusar a los adversarios de ser sesgados. Porque en toda teoría económica hay un modelo estructural previo que concede más peso a unos determinados valores morales que a otros, lo que se manifiestan en forma de intuiciones que guían las apuestas teóricas. Es lo que estaba en la base de la polémica entre Hayek y Keynes sobre el grado de regulación del mercado por parte del Estado. Polémica que sigue manifestándose en el caso Rallo vs. Haters. Discusiones científicas en las que, sin embargo, se suelen mezclar la sacrosanta búsqueda de la verdad, cuestiones de honrilla profesional, simpatías personales, intereses crematísticos o, simplemente, la querencia por la polémica.

En última instancia, por tanto, no es una discusión económica sino un problema sobre la estructura moral de dichas discusiones. Pero no en el sentido de que unos sean más deshonestos o tengan más desfachatez –como en el caso de Sánchez Cuenca contra Savater, Vargas Llosa, Azúa…, (des)calificativos arrojados por el primero como si fuesen aceite hirviendo desde las almenas de una presunta superioridad buenista–, sino de tener prioridades axiológicas que guíen la mirada científica. Lo que diferencia, en última instancia, a la ciencia de la pseudociencia, a los investigadores de los charlatanes, es el sometimiento al dictado de los experimentos irrefutables. Lo que no es óbice para que, como en el caso de Einstein respecto de la mecánica cuántica, se siga tratando de reinterpretar los datos para que se acomoden a cosmovisiones metafísicas.

Que Rallo es un libertario es algo bien conocido. Y, del mismo modo que Krugman en un paradigma diferente, sus artículos resultan provocadores, al mismo tiempo estimulantes e indignantes según se compartan unos postulados políticos que se entrecruzan con los económicos. Es lo que tiene bajar a la arena mediática. Mientras en el Parnaso académico puede pasar más inadvertido tu modelo estructural (utilitarista, liberal, comunitarista, consecuencialista, de género, religioso…), en la trinchera mediática pasa a cobrar mayor relevancia. Una posible alternativa es la que practican científicos como el epidemiólogo Gonzalo López Abente, tan alérgico a la prensa que no sólo pide precaución a la hora de extraer conclusiones de sus datos, dada la tendencia al alarmismo que es intrínseca a los medios, sino que suele negarse a explicar sus resultados a los periódicos porque cualquier edición de sus matizadas reflexiones sería motivo de titular en negrita (otra cosa es conceder entrevistas en revistas especializadas, donde no hay necesidad de edición ni de recortes).

El mencionado politólogo Sánchez Cuenca, que como ellos mismos han reconocido ha servido de modelo de escritura a los haters de Rallo, escribe en su panfleto La desfachatez intelectual:

En cualquier combate cuerpo a cuerpo, las ideas y los argumentos ceden ante el ataque personal.

Pero del mismo modo que los intelectuales españoles que critica, finalmente el propio Sánchez Cuenca es culpable del “machismo discursivo” que denuncia en los demás. Siguiendo el patrón torcido de Sánchez Cuenca, los autores pretendían hacer una requisitoria contra la charlatanería económica en los medios de comunicación pero han terminado atrapados en su propia red de sofismas. Sólo nos cabe desear que tanto Juan Ramón Rallo como Manuel Hidalgo sigan escribiendo en la prensa sus interesantes, lúcidos y documentados artículos, en los que presentan perspectivas y versiones tan diversas. Porque en la pluralidad de maneras de hacer mundos y en la cortesía irónica de los debates reside en última instancia la riqueza tanto de las ciencias como de las democracias y de sus baluartes populares, los periódicos.

Origen: Santiago Navajas – Rallo y sus ‘haters’ – Libre Mercado