Lecciones de ética periodística. -Ramón Pérez-Maura/ABC-

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Nombramiento e independencia de los jueces. -Emilio Campmany/LD-

Donnald Trump acaba de designar al juez que ha de cubrir la vacante del fallecido Antonin Scalia en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Habiéndose negado el Senado a considerar siquiera la confirmación del candidato de Obama, hubo quienes votaron a Trump, a pesar de repugnarles el personaje, para que fuera un republicano quien cubriera la plaza y garantizara que el tribunal seguiría siendo de mayoría conservadora. El presidente ha elegido a un buen juez, Neil Gorsuch, que tiene sin embargo el intolerable defecto de interpretar las leyes por lo que dicen y no por lo que a la izquierda le gustaría que dijeran.

Alguna vez que me he quejado de la escasa independencia de la que disfruta el Poder Judicial entre nosotros porque a los altos cargos de la Magistratura los nombran los políticos, me han afeado el comentario alegando que eso ocurre igualmente en Estados Unidos y nadie duda de la limpieza de su democracia. Es verdad que Norteamérica disfruta de una gran democracia, pero en ella el modo en el que se garantiza la independencia del Poder Judicial no es lo más brillante. En cualquier caso, los nombramientos que se hacen en Estados Unidos son vitalicios, mientras que aquí los cargos más importantes se eligen por tiempo determinado. Esto permite repartir premios y castigos según se hayan portado los designados al final de sus mandatos. En segundo lugar, en Estados Unidos muchos de los nombramientos del presidente tienen que ser ratificados por el Senado. Se me dirá que aquí a veces el Congreso y el Senado eligen a los magistrados del Tribunal Constitucional o a los miembros del Consejo del Poder Judicial. La diferencia es que allí los senadores son independientes y responden ante sus electores, mientras que aquí diputados y senadores tan sólo responden ante el partido, que es el que decide si van o no en las listas.

Por último y más importante, aunque allí los jueces resuelvan según su ideología, no lo hacen conforme a las órdenes de los políticos. Aquí también hay magistrados conservadores y progresistas en los altos tribunales, pero no para resolver conforme a sus ideas, sino para obedecer las instrucciones de los partidos que los nombraron. Pondré un ejemplo. Al Gobierno del PP le convino en una ocasión que el Tribunal Supremo ilegalizara a Herri Batasuna, y el Supremo la ilegalizó. Y luego a ese mismo Gobierno, que estaba negociando con ETA, le interesó que el Tribunal Constitucional revocara la sentencia del Supremo, y el Constitucional la revocó. Éstas no fueron resoluciones conservadoras o progresistas, fueron resoluciones obedientes.

El PSOE es el responsable de esta situación, pero el PP ha prometido en dos ocasiones repararla y no lo ha hecho. Al contrario, tanto Aznar como Rajoy han abusado cuanto han podido del sistema, sin importarles echar encima de la Justicia más barro del que ya le echó el PSOE. El sistema de nombramiento de jueces para altos tribunales no es lo mejor que tienen en Estados Unidos, pero que el equívoco no quede entre nosotros: el nuestro es peor.

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La miseria del Estado de Bienestar. -Amando de Miguel/Libremercado-

La gran aportación europea a la historia reciente de las ideas y las formas políticas ha sido el llamado Estado de Bienestar. El invento fue británico (Welfare State), que se tradujo malamente por “Estado de Bienestar”. Sería mejor algo así como “situación de beneficencia pública” o “seguridad social”. Lo curioso es que ahora los británicos se están saliendo de la Unión Europea, bien que despaciosamente, como solo ellos saben hacerlo. Pero la fórmula del Estado de Bienestar ha logrado un éxito clamoroso en el resto de los países de la Unión Europea. La aceptan prácticamente todos los partidos.

La idea de la seguridad social ha quedado restringida a los miembros de la Unión Europea. No se acepta fácilmente fuera de sus fronteras. Aunque no se pueda rechazar el principio de solidaridad en el que se inspira, el fallo está en que ya no se puede costear. Cada vez aumentan más los derechos a percibir ayudas y prestaciones públicas, pero la actual situación económica y demográfica de la UE no permite tal dispendio.

Interviene una primera razón demográfica. En la población europea cada vez hay menos personas ocupadas y más personas pasivas (estudiantes y jubilados), desempleadas o dependientes. Son esas últimas las que tienen derecho a percibir ayudas y prestaciones públicas, que se obtienen de los impuestos y cotizaciones que pagan las personas ocupadas. Las cuentas no cuadran. La Seguridad Social arrastra un déficit creciente, conforme avanzan las exigencias y disminuyen los ingresos fiscales. Todo se podría arreglar elevando aún más los impuestos, pero ello generaría una protesta insoportable para cualquier Gobierno.

Lo grave no es tanto el desequilibrio contable como el que podríamos llamar conceptual o ideológico. El Estado de Bienestar fomenta en toda la Unión Europea expectativas crecientes que atraen a inmigrantes y refugiados del resto del mundo. Los cuales elevan la cuantía de las ayudas públicas. Añádase que la población ocupada ha perdido la tradicional ética del esfuerzo, la que detesta el trabajo y se entusiasma con el ocio. La situación general es que las empresas de la Unión Europea pierden competitividad frente a las de los países emergentes. El círculo vicioso no hace más que dar vueltas. No se ve salida al laberinto.

Los países nórdicos, que en su día fueron la vanguardia socialdemócrata del Estado de Bienestar, retroceden en las conquistas de tal fórmula. Por ejemplo, hace ya tiempo que establecieron el principio del copago sanitario. Llegará un momento en el que el copago se extienda a todo tipo de ayudas públicas. Ese día representará el ocaso del Estado de Bienestar. Fenecido el cual habrá que afrentar una ola de protestas. Será inevitable que muchos nativos de los países europeos favorezcan a los partidos que tratan de limitar las cuotas inmigratorias. El ideal de la libertad de movimientos, esencial en el espíritu de la Unión Europea, será agua pasada. Será una lástima, pero será.

Las negras expectativas anteriores pueden parecer irreales en un país como España, donde todos los partidos parlamentarios se saben socialdemócratas, esto es, entusiastas del Estado de Bienestar. Pero simplemente más dura será la caída. Llegará un momento próximo en el que el Gobierno de turno establecerá el copago en la sanidad pública y en otros servicios. No habrá más remedio que cerrar la entrada de inmigrantes y refugiados de los países pobres. A partir de ese suceso, el Estado de Bienestar pasará al museo de las instituciones. Será el mejor exponente de la decadencia de la civilización europea. Empezamos a percatarnos de que la Unión Europea cuenta poco en el mundo, así como España es un país orillado en el club de los grandes de la Unión Europea. Ya es triste. Solo que el patriotismo no es virtud que se aprecie en estos tiempos turbulentos.