¿Expertos en la Administración Pública?

Esta es la copia de un comentario realizado por ENRIQUE49 al artículo escrito por Juan M. Blanco titulado: ¿Dejar todo en manos de expertos?:

Desgraciadamente, otra crítica puramente costumbrista de un problema de fondo con mucho más calado que el expuesto.

El conflicto vivo en España no es el que corresponde al planteamiento weberiano de un saber experto, neutro y objetivo de carácter público frente a un conjunto de intereses egoístas de grupo profesional (conflicto típicamente alemán y hegeliano entre “lo racional” del Estado y “lo irracional” de la sociedad civil entregada a sus corporativismos, trasladados luego al propio Estado).

Aquí la administración profesional fue desmontada ya en los primeros años 80 para hacer sitio a la nueva forma de gobierno, de apariencia descentralizada, pero en realidad aquella argucia fue tan sólo una organización deliberada del descontrol, a fin de que la administración de nueva planta pudiera ser colonizada mejor por los partidos.

La desprofesionalización y el clientelismo proceden de ahí. La liquidación de las modalidades de acceso y ascenso así como de los cuerpos es algo explicado muy bien en los libros de Alejandro Nieto, quien ya en 1984 vio el giro que tomaba el régimen: patrimonialización total de las funciones no sólo superiores de la administración general y local. Las CCAA reprodujeron el patrón a escala: hoy no se sabe ni siquiera cuántos son sus efectivos ni a qué se dedican. El discutible monopolio estatal de la sanidad y la educación actuó como coartada para esta expansión monstruosa.

La Administración española ha sido destruida de un modo intencionado y sólo se mantiene en pie en las áreas de acción gubernamental que interesan a los partidos y a los grupos económicos que explotan el presupuesto: la exacción fiscal y la seguridad social. El resto de las ramas administrativas es apenas un apéndice de los partidos, una suerte de “cola vestigial” o residuo degradado de una auténtica administración. La formación de los primeros ayuntamientos “democráticos” en 1979 marcó el rumbo de la desprofesionalización de las funciones administrativas y ejecutivas.

 

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