C’s y PP pactan al dictado de las elites. -Alejandro Inurrieta/Vozpópuli-

La escenificación del pacto de investidura entre PP y C,s solo tiene una definición: una farsa más entre grupos políticos que representan a las elites empresariales cuyo anhelo de cambio es nulo. Después del enrevesado resultado electoral, fruto del hartazgo social, pero también de la ingenuidad del consumidor político, parecía que la única solución política y económica plausible era la gran coalición: PP y PSOE, como se apresuraron a declarar los portavoces de la supuesta progresía española:Felipe González y el Grupo Prisa, con su autoritario presidente a la cabeza. Pero parece, hasta el día de hoy, que esa solución puede fracasar por el empeño de la dirección federal del PSOE, capitaneada por el débil y mediocre Pedro Sánchez, aunque no está claro si le obedecerán el día de autos los diputados/as con brazo de madera que tiene en su grupo parlamentario. Es conocido que hay otros sectores del partido, algunos barones y baronesas que en su afán de derribar al que ellos mismos auparon, podrían torcer la voluntad del Comité Federal en aras de la fatídica frase del interés general.

Esta parece ser la única incertidumbre cuando el candidato Rajoy se enfrente por fin, después de manipular convenientemente la fecha de la función con el monigote político que ha colocado al frente de la cámara, a la sesión de investidura. En ella, y salvo sorpresas, contará con los votos a favor de Ciudadanos, el partido instrumental de las elites financieras y económicas, y el apéndice de Coalición Canaria que sumarán 169 votos, insuficientes para la mayoría absoluta necesaria en primera votación, pero también en segunda si todos los actores cumplen con el guion, es decir seguiría teniendo más votos en contra que a favor. A partir de ahí, se abren nuevas expectativas, aunque todo parece indicado que nos llevará a nuevas elecciones.

Después de manipular la fecha de investidura, podríamos volver a votar en Navidad. Esta presión parece que ha sido determinante, eso dicen ellos, para que Ciudadanos haya girado toda su estrategia que ha ido desde el no rotundo, por motivos de corrupción, pasando por una abstención técnica, curioso vocablo, hasta el sí entregado previa redefinición del concepto de corrupción, para indultar a toda la trama de prevaricadores, malversadores de dinero público, defraudadores fiscales y otros malhechores de cuello blanco que ahora no tocaba penalizar. Por tanto, el primer precio de este intento de investidura, amparada y validada por la gran patronal y las grandes multinacionales es que la corrupción quede indultada, algo que el órgano ejecutor, la judicatura, ya habrá tomado nota para ir incorporando a las sentencias esta amnistía encubierta diseñada por el camarada Rivera. De hecho, ya están empezando a oírse voces de nulidad en el primer gran juicio de este otoño caliente: GÜRTEL.

La traición de Rivera

Rivera ha tenido que traicionar su guion establecido para pasarse al sí obediente. Una vez superado el escollo de las famosas seis condiciones que prácticamente ya nadie recuerda, porque han sido laminadas o eliminadas del pacto de las elites que firmarán presumiblemente esta semana los equipos negociadores, con Rajoy y Rivera a la cabeza. Ya nadie habla de disolver las Diputaciones, que sí iba en el pacto del PSOE con Ciudadanos, del cierra del Senado, del contrato único o de la despolitización de la justicia. Todo ha quedado en agua de borrajas para que nada cambie, la verdadera obsesión de las elites a la hora de financiar y alzar a Ciudadanos como elemento de contrapeso a la pujanza que tenía Podemos, antes de que descubriese su propia trastienda, lo cual es absolutamente desolador.

Una vez contabilizados los pelos que se ha dejado Ciudadanos, el PP puede vender que ha logrado imponer su principal arma: lo que diga Bruselas, por lo que todos los intentos, tan falsos como inútiles, de Ciudadanos de vender la idea que le preocupa la pobreza infantil, los salarios bajos, o el desempleo estructural, se quedarán en nada porque la cuantía del pacto, unos 29.000 millones de euros a medio plazo, serán imposibles de implementar. La idea del complemento salarial, vía IRPF es simplemente una subvención encubierta al salario que claramente incentiva el pago en negro o la reducción ex ante de las bases de cotización, complementándolo con el IRPF, que presumiblemente no cotizará, por lo que la Seguridad Social seguirá huérfana de ingresos. La revisión de la amnistía fiscal es simplemente una broma, ya que no cabe la retroactividad fiscal en este caso. Los expedientes cerrados serán difícilmente abiertos de nuevo, por lo que los grandes amigos de Montoro y compañía seguirán disfrutando de bienes y posesiones, tras pagar un magro 3%, de forma irreversible, eso sí hasta la próxima amnistía fiscal.

Pacto económico

El pacto económico se cuantifica en 29.000 millones de euros que será rechazado por Bruselas. También hay un compromiso vago e ilusorio de recuperar el gasto por habitante en sanidad, educación y dependencia, algo que por convicción ideológica nunca hará el PP, máxime cuando estamos cerca de abrir la caja de la Seguridad Social para entregarla poco a poco a los fondos privados de pensiones, ante la inminencia de la quiebra técnica del sistema, por falta de ingresos.

Dejo para el final la supuesta despolitización de la justicia, mediante la elección de 12 de los 20 miembros del CGPJ por parte de los gremios judiciales. Pensar que esto ayuda a despolitizar la justicia es tan falso, como ingenuo. Ahora los partidos eligen dichos miembros de las Asociaciones de jueces, cuya ideología está bien definida: la derecha copa la Asociación Profesional de la Magistratura y la Francisco de Vitoria, y la izquierda o similares, Jueces para la Democracia. Por tanto, y en función de las mayorías y minorías, este esquema se repetirá cuando sean ellas las que seleccionen dichos miembros. Porque la verdadera selección ideológica se gesta en los métodos de acceso a la judicatura, y en general al resto de la elite administrativa y judicial del país. Como bien dice el excelso Paco Marhuenda, “a la derecha le gusta las oposiciones”. Dixit. Es decir, solo una parte de la sociedad, en su gran mayoría la clase dominante, tiene acceso a la judicatura, precisamente para defender los intereses de clase, como se puede observar en la rémora para juzgar y condenar a los grandes corruptos de clase alta, frente a las prisas por hacerlo para los delitos menores.

La justicia seguirá politizada porque el acceso ya encubre una pertenencia de clase. En resumen, la ópera bufa a la que hemos asistido en los últimos días solo demuestra que el sistema político español está muerto y apesta. Las grandes elites controlan absolutamente todos los resortes económicos, lo que deja sin margen de maniobra, con la ayuda de Bruselas, a ninguna fuerza política para implantar otra política económica. Esto se ha dejado notar en que las pensiones, el desempleo de larga duración, la dependencia, la mala calidad de la educación y el deterioro de la sanidad o la falta de demanda efectiva, ya no son objeto de debate. Ahora lo que prima es la definición de la corrupción y quien la va a juzgar, porque esto también interesa a las elites, una vez han desmantelado el país, han podido regularizar el dinero opaco y les han dejado una legislación laboral que se acerca a la esclavitud. Ahora tendrán que convencer al PSOE de Pedro Sánchez. A ver que ofrecen.

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