Las cotizaciones sociales: esa estafa legal. -Javier Benegas/Vozpópuli-

El sistema actual ha devaluado nuestras pensiones futuras más de un 40%. Si fuera responsabilidad de una entidad bancaría, estaríamos litigando en los tribunales. Pero como es el Estado, toca pagar y callar.

Luis perdió su empleo a consecuencia de la crisis y tuvo que reconvertirse a trabajador autónomo después de intentar sin éxito “recolocarse” en el régimen general. No es un emprendedor, tampoco un empresario, sino un Trade (trabajador autónomo económicamente dependiente). Lo que significa que, en la práctica, trabaja en exclusiva para un solo cliente (una empresa) asumiendo directamente, sin intermediación alguna, los costes de su cotización y otros trámites administrativos. En realidad, es un asalariado pero en un régimen “muy especial”.

Si la empresa le hubiera contratado en el régimen general, su puesto costaría casi una tercera parte más y, claro, Luis no estaría trabajando. Su calidad de vida no es la misma que antes de perder su viejo empleo; ahora no tiene pagas extraordinarias y los días de vacaciones son 18 en vez de 30. Tampoco le corresponde indemnización por despido o por finalización de contrato. Pero está contento. Tiene un trabajo e ingresos regulares. Y eso, en un país con un 20% de desempleo estructural, no es cualquier cosa, más aún cuando se supera holgadamente la cincuentena y se ha pasado muchos lunes al sol.

Lógicamente, él preferiría estar como los demás. Y no sólo porque le correspondería una pensión mejor y disfrutaría de otros beneficios, sino porque evitaría tener que provisionar el pago mensual de su cotización y el abono trimestral del IVA (en su modalidad, prácticamente no se puede repercutir IVA). Además, se ahorraría pagar un gestor y no tendría que estar pendiente de que la Agencia Tributaria le remita un simpático aviso porque cometió algún inescrutable error. En comparación con el salario medio en España, sus ingresos mensuales no están del todo mal, pero cuando hay que mantener una familia y a duras penas se llega a fin de mes, no tocar el dinero reservado a cotizaciones e IVA requiere una disciplina espartana.

De sablazo en sablazo

Hoy, Luis es plenamente consciente de los costes laborales. Antes no lo era. Por eso, desde que los partidos políticos insisten en revisar las cotizaciones de los autónomos para “adecuarlas a sus ingresos”, está muy preocupado. Sabe que si cumplen su amenaza, tendrá que hacer un desembolso adicional de, al menos, 120 euros mensuales, porque no podrá endosárselo a la empresa. Quizá para un burócrata o político, con la empatía de una piedra pómez, esto no sea más que un pequeño apunte contable, una minucia con la que intentar taponar inútilmente el colosal boquete del sistema, pero para él es mucha pasta: el equivalente a más de dos depósitos de gasolina cada mes (o lo que es lo mismo, un incremento del 100% de lo que destina a ese gasto), dos seguros médicos privados (que ahora mismo no se permite) o la compra conjunta a plazos de, por ejemplo, una lavadora, un lavavajillas y un frigorífico (recientemente tuvo que reparar su vieja lavadora). A pesar de su nulo margen de maniobra, todo apunta a que, en breve, le estafarán 120 euros más al mes por su derecho a trabajar (1.440 euros más al año) porque  –y esto tiene gracia– otros hicieron mal su trabajo y, a sabiendas, abrieron una enorme vía de agua en el sistema de Seguridad Social. Con todo, lo peor es que, exprimiéndole 120 euros más de lo que ya le exprimen, no enmendarán el error sino que perseverarán en él. Y lo harán en beneficio… de sus carreras políticas.

El ejemplo de Luis sirve para ilustrar uno de los efectos perversos de nuestro sistema de cotizaciones: la consolidación de un mercado laboral con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Pero Luis, al menos, es plenamente consciente de la existencia de un impuesto que restringe sus expectativas y deteriora gravemente su calidad de vida. Sin embargo, aquellos que están dentro del régimen general ignoran que dedican casi una tercera parte de su salario a pagar cotizaciones (por ejemplo, un salario bruto de 24.000 euros paga por este concepto 7.296 euros), porque es el empleador el que lo detrae antes de abonar la nómina; es decir, las cotizaciones sociales son el impuesto más opaco de todos cuantos existen en el delirante sistema tributario español. Y también, el más regresivo.

Un sistema que garantiza… el desempleo estructural

Que un puesto de trabajo se encarezca en origen más de un 30% por las cotizaciones tiene consecuencias muy graves. La más evidente es un elevado desempleo estructural que, burbujas aparte, se ha mantenido constante en el 20%. Pero también lo son la baja remuneración, la temporalidad y la precariedad de infinidad de contratos. Además, catapulta hacia la irregularidad a centenares de miles de personas. Y todo porque se ha instaurado la falacia de que las jubilaciones han de depender por fuerza del monto de las cotizaciones, cuando es evidente que se puede hacer de otra manera. En Dinamarca, por ejemplo, las pensiones están garantizadas mediante impuestos y, también, mediante acuerdos voluntarios entre trabajadores y empresarios para dedicar parte de sus remuneraciones a fondos de capitalización: el empresario no detrae de la nómina del trabajador cotización obligatoria alguna, lo que redunda en una mayor oferta laboral, trabajos mejor remunerados y pensiones dignas.

Rebajar cotizaciones reduciría los costes fijos de las empresas, en especial los de aquellas con un crecimiento potencial mayor y, por tanto, con más capacidad de generar empleo. Además, puesto que las cotizaciones bajas facilitan la contratación, mejores sueldos e incrementos de los beneficios empresariales, la recaudación vía Impuesto de Sociedades e IRPF mejoraría sensiblemente, creándose así un círculo virtuoso. Es evidente que no es posible pasar de tener elevadas cotizaciones a eliminarlas, ni siquiera es factible reducirlas de forma drástica de un día para otro, y menos en periodos de desplome de la recaudación fiscal. Es necesario un tiempo de transición. Pero habrá que hacerlo. De lo que no hay duda es que mantenerlas como están o incrementarlas y, además, idear nuevos impuestos para retrasar lo inevitable no es más que la patada a seguir.

Al servicio de los políticos

Con todo, lo peor es que, gracias a este perverso sistema, los disparates cometidos por los políticos han sido una constante. Por intereses electorales y gracias a su proverbial visión de corto plazo, se han dedicado a legislar arbitrariamente en favor de grupos de interés, privilegiando a determinados colectivos en perjuicio del resto, con la vista puesta en las siguientes elecciones. Han establecido excepciones y privilegios a discreción, se han colgado medallas endosando los costes de las pensiones no contributivas, de las jubilaciones anticipadas y del régimen especial agrario al sistema de Seguridad Social, en vez de hacerlo de frente y por derecho, trasladando al público directamente, y no en diferido, los costes de esa solidaridad para que tuviera conciencia de ellos. Incluso, en los tiempos de bonanza, han tirado de la “hucha de las pensiones” para aumentar el gasto corriente en conceptos que nada tenían que ver, demostrando así que la tal hucha es un mero concepto contable, una ficción: el Estado es una caja única al servicio de la deuda.

La resistencia numantina de la clase política a cambiar el modelo de cotizaciones sociales se debe a su utilidad para presumir de “magnanimidad” y “sensibilidad social” de cara al público, para fingir que velan por los más desfavorecidos. Si las cotizaciones desaparecieran de la ecuación, y los impuestos y servicios se gestionaran como un todo, los gobernantes pasarían a ser juzgados por la eficiencia o ineficiencia de su gestión global, sin posibilidad de trucos, de numeritos de magia, que siempre terminan muy mal; no podrían meter la mano en las cotizaciones para comprar apoyos y votos aquí y allá, haciéndose fotos con los jubilados presentes, mientras precarizan el mercado laboral y condenan a los jubilados de mañana a la indigencia. El sistema actual ha devaluado nuestras pensiones futuras un 40%. Y seguirá devaluándolas. Si fuera responsabilidad de una entidad bancaría, estaríamos litigando en los tribunales. Pero como es el Estado, toca pagar y callar. ¿Hasta cuándo?

Estaría bien que alguno de los agentes políticos con posibilidades de representación, tuviera el coraje de reconocer el fracaso del modelo. Pero vistos sus programas y escuchadas sus opiniones, abundarán en el horror. Evidentemente, muchos grupos de interés se oponen al cambio. Y sin duda reaccionarían con virulencia ante reformas profundas, especialmente la gran familia de los burócratas, que vive a costa del delirante entramado fiscal. Pero hay que poner pie en pared. Es eso o seguir encareciendo los puestos de trabajo un 30%, lo que contribuirá a mantener el desempleo estructural por encima del 18% de manera indefinida. Es eso o generar millones de jubilados con pensiones muy por debajo de los 1.000 euros mensuales, cuando a día de hoy el precio medio de una residencia de ancianos es de 1.400 euros más IVA.

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