La conspiración de los burócratas. -Javier Benegas/Vozpópuli-

Si se quiere echar a perder un país y propagar la pobreza, nada mejor que eliminar toda zona de sombra, todo espacio a la espontaneidad, e imponer la tiranía del burócrata.

Parece que fue hace un siglo, pero no han pasado ni cuatro años desde que Mariano Rajoy compareció en el Congreso para anunciar una reducción del gasto de 65.000 millones de euros en dos años para dar respuesta a las exigencias de la Unión Europea. Desde Bruselas no le dijeron cómo y dónde debía meter la tijera, fue el Gobierno español el que lo decidió. Y el ajuste fue una obra maestra del apaño, la improvisación y la urgencia.

Aquellos eran los días en los que la prima de riesgo ascendía a velocidad de escape terrestre, los del inminente rescate total, que nunca llegó, y del IBEX 35 presa de un ataque de nervios; en definitiva, el fin del mundo (siempre hay un fin del mundo, ahora es el Brexit). Poco después, bastaría pactar un contenido rescate financiero con la UE para enjugar el latrocinio de las Cajas de Ahorro (pelillos a la mar), un puñado de recortes arbitrarios y falsas promesas de reducción del déficit para que la tormenta perfecta pasara a ser un chaparrón… en lo que al Estado se refería. Afuera siguió jarreando, por supuesto.

La crisis que en la Administración nunca existió

Es verdad que la intensidad del crack económico y la consiguiente indignación del ciudadano raso fue tal que durante un tiempo hasta los burócratas y el establishmentvieron peligrar su statu quo. Aunque nada se dijo, se llegó a especular con revisar el sagrado precepto según el cual ser funcionario lleva aparejado un empleo de por vida, ocurra lo que ocurra. Pero al final no llegó la sangre al río. Si acaso, se congelaron los salarios de los funcionarios y su suprimió la extra de Navidad de 2012; durante un par de ejercicios se vieron afectados los contratos temporales con las Administraciones y, también, se redujo al mínimo la tasa de reposición. Pero fueron ajustes coyunturales que dejaron intacta a la crème de la crème, humo que pronto se disipó.

A pesar de que en el último trimestre de 2013 se marcó un mínimo de 2,9 millones de empleados públicos, a finales de 2015 ya había vuelto a situarse por encima de los tres millones. Concretamente, 3.000.700. Además, en enero de 2015, el Ejecutivo les devolvió el 25% de la extra de Navidad suprimida en 2012 y, más tarde, en octubre ingresó otro 26,23%. Y en marzo de 2016 se reintegró prácticamente el 50% restante. Como colofón, sus sueldos han dejado de estar congelados al aprobarse una subida del 1%, lo que supondrá un desembolso adicional. De esta forma, el Gobierno se ha reconciliado con quienes trabajan por y para el Estado, como si la crisis nunca hubiera existido, mientras, en el sector privado, el desempleo continúa por encima del 20%.

Ganadores y perdedores

No sólo los empleados públicos son los beneficiarios de este tipo de sobreprotección, hay otra enorme bolsa de votantes que también ha recibido cierto trato de favor: los pensionistas, que en la práctica son funcionarios pasivos. Si sumamos ambos grupos, nos encontramos con más de 11 millones y medio de personas (el 31,5% del número total con derecho a votar) cuyas expectativas dependen poco del ciclo económico, o de las consecuencias de una determinada política, y mucho del reparto arbitrario, de las decisiones discrecionales de los burócratas. 11 millones y medio de votos potenciales suponen una tentación enorme. Con una sencilla reasignación de recursos se pueden “comprar”… o al menos, intentarlo.

Para comprobar cómo el Estado no trata a todos por igual, bastan algunas magnitudes muy elementales. Habrá quien lo tache de demagógico, pero dan qué pensar. Mientras el gasto sanitario público para atender a una población de 46 millones de personas es de 62.000 millones de euros, sólo las nóminas de los empleados de las Administraciones casi duplican esa cifra (114.537 millones de euros). Lo mismo sucede con la partida destinada a pensiones, que se ha disparado por encima de los 135.000, entre otras razones de peso porque, desde 2008, los sucesivos gobiernos las han revalorizado más de un 17%. En cambio, el subsidio por desempleo (incluida la renta agraria), a repartir entre 1 millón de personas, apenas supone 5.250 millones de euros.

Privilegiar a quienes dependen directamente de la Administración ha terminado abriendo una enorme brecha entre empleados públicos y privados; entre jubilados y ocupados; también, entre adultos y jóvenes. En definitiva, entre los que cobran directamente del Estado y los que no. Por ingresos, las clases medias parecen haberse reubicado en la Administración y en los pensionistas; el resto, se proletariza, vive en la precariedad o es carne de paro. Lo que explicaría en alguna medida que los segmentos más jóvenes aparezcan en las estadísticas como los grandes perdedores: todavía no han opositado y la jubilación les queda muy lejos.

Es cierto que la crisis ha impactado en todos, pero el sector privado es, con mucho, el más damnificado. Y no sólo porque ahí se amontonan los parados: hoy, sólo el 10% de los asalariados públicos gana menos de 1.200 euros al mes; en el sector privado es el36%. Y en la parte alta, el 58% de los empleados públicos gana más de 2.000 euros al mes; en el sector privado sólo el 23%. Habría que analizar puesto por puesto, es verdad. Pero la realidad es que las expectativas laborales ofrecidas desde la Administración son en conjunto mejores que las del sector privado. Es lógico qué prolifere el descreimiento hacia “lo privado” y que la mayoría de los jóvenes crea que “lo público” es la solución. Y que, por tanto, en vez de pedir la reforma del Estado para liberar recursos, la tendencia sea a exigir su expansión: el clientelismo masivo.

La infiltración de los funcionarios

Es verdad que en este Estado de partidos, los políticos profesionales son quienes, para perpetuarse en el poder, han convertido el Estado en una distopía, en un ente conchabado con los grupos de intereses que no cumple sus nobles y presuntos cometidos, como son la redistribución de la riqueza y la salvaguardia de los más desfavorecidos. Pero, asómbrese querido lector, quienes más beligerantes se muestran para revertir la situación son… los funcionarios, pero no cualesquiera sino los de cierto nivel.

Se quejan de que los políticos profesionales han colonizado las instituciones, colocado a sus afines en los altos cargos de la Administración, promocionando no al más capaz sino al más servil, incluso denuncian que los políticos otorgan la categoría de funcionario a quien no ha hecho oposición, lo que ha llevado a la Administración a ser extremadamente ineficiente; también denuncian el capitalismo de amigotes y las famosas puertas giratorias, por las que los ex altos cargos acceden a los consejos de las grandes empresas como pago a los servicios prestados. Y tienen razón. Pero obvian que el político tradicional hace ya tiempo que está siendo reemplazado por un híbrido, personajes a medio camino entre burócrata y político, o político y burócrata;una nueva especie dispuesta a controlar simultáneamente el Gobierno y la Administración. Los funcionarios, mediante sus propias puertas giratorias, llevan tiempo accediendo al Poder. En la última legislatura, 126 de los 350 diputados (el 36%) provenían de la función pública.

Tampoco dicen que sus asociaciones gremiales les sirven de trampolín hacia la política para, una vez allí, defender con más eficacia sus intereses corporativos y una visión de la Administración ad hoc que es incompatible con la realidad de quienes trabajan fuera de la Administración. Este asociacionismo está vulnerando en origen el principio de neutralidad, puesto que no tiene sólo como objeto velar por los derechos de sus asociados, sino que promueve cambios legislativos. ¿No era sagrada la neutralidad?

Los funcionarios-políticos son responsables de la hiperregulación que soportan empresarios, autónomos y trabajadores; también de los numerosos disparates legislativos que complican sobremanera la vida cotidiana. Sucede que estos son en su mayoría abogados o juristas y, en consecuencia, fieles a esa peligrosa máxima según la cual no hay problema que no pueda resolverse mediante la redacción de una ley. Pero de un tiempo a esta parte no son sólo los abogados del Estado, jueces y demás juristas en situación de “servicios especiales” los que desembarcan en la política, también algunos inspectores de Hacienda se han vuelto paracaidistas. Y a la hiperregulación se ha añadido una nueva caza de brujas: la lucha contra el fraude fiscal.

Al igual que los juristas creen que la redacción de nuevas leyes es la panacea, los inspectores están convencidos de que si se elimina el fraude podremos (podrán) atar los perros con longaniza. Lo cual se ha demostrado una estupidez. Además, su vocación inquisitorial les lleva a creer que la economía sumergida es un lugar localizado en un mapa, un entorno estático y siniestro. Y no un espacio dinámico, de transición, el lugar en el que germinan infinidad de futuras empresas, negocios y empleos que, en el futuro, serán perfectamente legales. Y entretanto cristalizan, generan una riqueza que, por una u otra vía, termina tributando. Hasta en Dinamarca, cuya eficiencia fiscal es manifiestamente mejor que la española, la economía sumergida representa el 19% del PIB. Las sociedades son así, en Madrid y en Copenhague. Si se quiere echar a perder un país y propagar la pobreza, nada mejor que eliminar toda zona de sombra, todo espacio a la espontaneidad, e imponer la tiranía del burócrata. Nadie más alejado del mundo real y más atento a sus propios intereses que aquel que se atreve a ser juez y parte y, además, se cree ungido para gobernar porque aprobó una oposición.

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Guerra en las cloacas. -Fernando D. Villanueva/Vozpópuli-

Siempre me llamó mucho la atención eso de las “cloacas del Estado” cuando lo cierto es que el Estado en sí es una cloaca gigantesca. Se conoce que esa gran cloaca tiene a su vez un albañal aun más hediondo habitado por agentes de los servicios secretos, policías sin escrúpulos y funcionarios venales sin más lealtad que la que profesan a sus propios intereses. Una cloaca invisible para el común cuya cochambre se desborda de tanto en tanto y termina aflorando a la superficie para espanto de los bienpensantes de nómina que tienen al Estado por un ser beatífico preocupado solo por el bien común.

Allá abajo, en el colector por el que fluyen las peores inmundicias, las aguas bajan revueltas

El chusco episodio de las grabaciones en el despacho de Fernández Díaz nos instruye por partida doble. Constatamos sin riesgo de equivocarnos que el Gobierno Rajoy carece por completo de iniciativa y que no es más que un pelele dentro y fuera de la Moncloa. No cabía otra posibilidad habida cuenta de la afición rajoyana por procrastinarlo todo. Estamos, en suma, ante las consecuencias no deseadas de haber entregado todo el poder a ese monumento a la incompetencia llamado Soraya Sáenz de Santamaría. Si el país se le escapó de las manos hace tiempo, ¿cómo no iba a quedarse expuesto ante la aceitada y eficiente maquinaria del Estado, un ente con vida y voluntad propia que a todos sobrevive y a todos supera? Esta sería la primera lección, que es una metáfora del rajoyato mismo. La segunda es más del día. Nos dice que allá abajo, en el colector por el que fluyen las peores inmundicias, las aguas bajan revueltas.

Los que saben de esto comentan que el origen de todo está en la destitución de Marcelino Martín Blas como jefe de Asuntos Internos. Martín Blas, y esto es vox populi, lleva mucho tiempo enfrentado a cara de perro con José Manuel Villarejo, un comisario sin comisaría cuyo nombre aparece en todos los guisos que nadie quiere servir. Algunos apuntan incluso a que todo este lío no es más que la enésima guerra entre la Policía Nacional y el CNI, entre policías y espías, con la peculiaridad de que esta vez han subido demasiado el tono y les hemos terminado escuchando a través del ministro.

Villarejo es uno de esos personajes sombríos que parecen salidos de una película policiaca. Lo que no sé es si interpretando el papel de bueno o el de malo. El que le toco encarnar en el caso Emperador fue este último. Martín Blas acusó a varios agentes relacionados con Villarejo de haber recibido comisiones de la mafia china. La cosa terminó en la Audiencia Nacional, que archivó el caso y miró a otra parte. Esa sería la espoleta de efecto retardado que ha terminado estallándole en la cara del Gobierno a solo cuatro días de las elecciones.

A partir de aquí no hay que ser un lince para imaginar el resto. Martín Blas fue cesado en abril de este año y relegado al consejo asesor del Cuerpo, un cargo decorativo, sin ninguna función concreta, el lugar idóneo para desactivarle. Si siguiésemos tirando del hilo entraríamos en el terreno de lo puramente especulativo, pero nos ayudaría a entender la celada tendida desde dentro en la que ha caído Fernández Díaz y, con él, todo el gabinete en el que quizá sea el momento más delicado de toda la legislatura.

Hay un Estado dentro del Estado con plena autonomía operativa y agenda propia, capaz de colarse en el despacho del ministro del Interior

No sabemos a ciencia cierta ni quién ni cómo lo hizo. Lo que si sabemos es el cuándo y el qué. Y he aquí lo preocupante porque nos viene a demostrar en la práctica lo que ya sospechábamos. Hay un Estado dentro del Estado con plena autonomía operativa y agenda propia, capaz de colarse en el despacho del ministro del Interior, grabar sus conversaciones y filtrarlas a la prensa en el momento que cree oportuno. Si pueden hacer eso, ¿qué maldad no estará dispuesta a perpetrar este Estado bis para mantenerse y prosperar?

Así las cosas, y comprobando que el alcance del desastre es mayor incluso del que imaginábamos los más desconfiados, al ministro no le quedan muchas más opciones que dimitir. Hoy mejor que mañana. Y detrás de él el propio Mariano Rajoy, quien el mismo día 27 debería anunciar su paso a retiro, con o sin recuperación del registro de Santa Pola. Hasta ayer sobraban los motivos para exigírselo, hoy los motivos son ya tantos que han terminado por enterrarle.

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La casta de Europa. -Gabriela Bustelo/Vozpópuli-

En mayo de 2015, hace poco más de un año, Yanis Varoufakis clamaba por sacar a Grecia de la Eurozona. Tras haber pagado la deuda griega de 750 millones de euros al Fondo Monetario Internacional con el fondo de emergencia que cada país tiene depositado en el propio FMI, el entonces ministro de Finanzas heleno lamentaba que la Eurozona estuviera tan “mal construida”, porque una vez dentro, salir es imposible “sin una catástrofe”. En abril de 2016 Varoufakis –ya dimitido, pero opinante– se ha proclamado anti-Brexit, asegurando que la salida de Reino Unido de la Unión Europea propiciaría su desintegración. Su país, en contraste, abomina del proyecto europeo. Según un sondeo de Pew publicado el 7 de junio de este año,Grecia encabeza la lista de países euroescépticos, con más de un 90% de la población opuesta a la política económica y migratoria de la UE. En la antípoda está nuestro país: España encabeza el anti-Brexit europeo, con 74% de la población favorable a la UE y 64% partidaria de la permanencia de Reino Unido. Recordemos que en 2014 –el año anterior a la crisis griega, la UE sufrió estoicamente la crisis española, resumida hoy por la Comisión Europea en un par de párrafos laudatorios, asegurando que España ha empleado solamente 38.900 millones de euros del programa de asistencia financiera que contemplaba hasta 100 millones.

PIGS y Eurocracia

La prensa británica ha tratado con condescendencia estas “asistencias financieras” de la UE (rescates, para entendernos) a países miembros necesitados. El acrónimo PIGS –cerdos, en inglés– se emplea sin reparos en los titulares referentes a los empobrecidos países periféricos: Portugal, Irlanda, Grecia y España. [La “S” del plural es la “S” de “Spain”.] En Reino Unido la creciente sensación de estar pagando los platos rotos se suma a la crisis migratoria, a los atentados del Estado Islámico –todos contra Occidente en su conjunto– y a la firme convicción de que la eurocracia lo lastra todo con la hiperregulación y la sectaria corrección política. La imagen de la UE como élite caprichosa y corrupta –la Casta europea– tiene dos lecturas pro-Brexit: 1) para la izquierda los intereses corporativos de Bruselas impiden hacer reformas sociales y 2) para la derecha el estrellato decadente de Bruselas resta soberanía al Reino Unido. El ex-alcalde londinense y diputado conservador Boris Johnson ha vendido en su campaña a un Winston Churchill supuestamente anti-UE y la operación Brexit le ha salido bien. Pese a su conocido mote de “Bufón”, Johnson es ahora un firme candidato a Primer Ministro.

Una Europa de segunda

El Brexit es un portazo sonoro a una Europa esquizofrénica, anquilosada y débil con la que los británicos no quieren tener nada que ver. La salida del Reino Unido es un torpedo baja a la UE a segunda categoría, poniendo en jaque su existencia y su futuro. La UE debería reaccionar con autoridad, por una vez, para evitar una cascada inminente de huidas: Francia, Holanda, Dinamarca, Suecia, Hungría, Grecia. Pero más allá del mastodonte abotargado de Bruselas, la crisis europea es el declive de una civilización cuyos fundamentos histórico-culturales se han suplantado por mezquinas y dispersas aspiraciones individuales. Occidente sufre todavía los efectos secundarios la insoportable levedad de los ochenta, caracterizada por la adoración del presente, el desprecio del pasado y la omisión del futuro. Treinta y cinco años después, esa euforia posmoderna pretende coexistir con el paro, la informatización, la desintegración de la familia como pedestal de la sociedad, la pérdida de la fe religiosa y la epidemia de individualismo.

El Brexit español

España, país notoriamente incapaz de pactar ningún tema nacional (gobierno incluido), se ha unido como una piña contra el Brexit. A escasas horas de unas segundas elecciones generales protagonizadas por la corrupción, el bipartidismo moribundo y la sombra alargada de Podemos, el inesperado Brexit podría insuflar vida en el mustio voto del miedodel Partido Popular. Tras llegar con retraso a la UE, España se acabó significando como lastre y hoy abandera un europeísmo melancólico. Como es sabido, el director de orquesta Wallace Hartley siguió tocando el himno “Nearer, my God, to Thee” con su banda de ocho músicos mientras el Titanic se hundía en las glaciales aguas del Atlántico un fatídico día de abril de 1912. Un siglo largo después, España es uno de los frenéticos violinistas europeos.

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