El Tribunal de Cuentas denuncia descontrol en la oficina de intereses de altos cargos. -Carlos Sanchez/El Confidencial-

El informe lo ha publicado el Tribunal de Cuentas, y refleja, con claridad, el elevado incumplimiento de las normas que rigen para los altos cargos en el momento de su cese. Incluso a la hora de informar sobre su posición en procedimientos en que puedan verse afectados por conflicto de intereses. No es menos significativo el hecho de que el Estado tuviera que destinar algo más de 4,4 millones para indemnizar a los 45 altos cargos cesados entre 2012 y 2014. O lo que es lo mismo, una media de 98.410 euros por cabeza.

El informe del Tribunal de Cuentas se refiere a las indemnizaciones percibidas por los altos cargos en el momento de abandonar su puesto de trabajo, pero también analiza el contenido de las declaraciones que están obligados a presentar ante la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI), y el resultado es desalentador. El número de altos cargos obligados a efectuar declaraciones osciló entre 656 y 684 durante el periodo fiscalizado, y de ellos realizó actuaciones de gestión y control del régimen de incompatibilidades sobre 112 altos cargos en activo.

Únicamente 55 tuvieron derecho a percibir alguna indemnización o pensión compensatoria, pero solo 45 la percibieron, dado que en algunos casos se renunció a ellas para poder trabajar en el ámbito privado. Como se sabe, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no pueden desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado.

La oficina de conflictos es el órgano encargado de la gestión de los registros de bienes y actividades y de examinar las declaraciones patrimoniales y de actividades presentadas por los altos cargos, así como el ejercicio de su opción sobre el cobro de las pensiones compensatorias.

Entre las anomalías que observa el Tribunal, se encuentra el hecho de que “todas las declaraciones de los altos cargos” se presentaron en papel y no por vía telemática, “adoleciendo, algunas de ellas, de defectos u omisiones en su contenido”. También critica que la oficina de intereses, en vez de analizar la información que le llegó de los altos cargos cesados, “se limitó a recibir las declaraciones y gestionar los registros sin utilizar la posibilidad legal de servirse de la colaboración de las administraciones tributarias y de la Seguridad Social para realizar actuaciones de verificación de los datos declarados”. Es decir, que se dio por enterada pero sin comprobar si la información era cierta.

Falta información

El Tribunal de Cuentas considera, asimismo, que la oficina “no valoró la posible existencia de conflictos de intereses” en los casos de reingreso en la función pública, de incorporación a organismos internacionales, o de inicio de una actividad en una sociedad o empresa de nueva creación. En este caso, debido a que utiliza como criterio para considerar el conflicto que la empresa en la que vaya a prestar sus servicios el alto cargo “hubiese tenido alguna relación anterior con la entidad”. Es decir, que si un alto cargo se va a trabajar inmediatamente después de su cese a una empresa de nueva creación, la OCI no se da por enterada.

El Tribunal de Cuentas recuerda que pueden existir casos en que la actividad pública que se inicie esté relacionada con las funciones que desempeñó el alto cargo; otros, en que las decisiones adoptadas por el mismo puedan afectar a las entidades públicas o internacionales en las que vaya a prestar sus servicios, y también, casos en que la actividad de una empresa de nueva creación esté relacionada con las funciones que desempeñó el alto cargo. Y todas estas actividades están prohibidas por la ley.

En este sentido, recuerda que la oficina no dijo nada sobre sobre el inicio de una actividad pública en relación con un alto cargo de la CNMV, tres de la antigua Comisión Nacional de Competencia (CNC), dos de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, cinco de la Comisión Nacional de la Energía-ambas ya desaparecidas- y tres en la Comisión Nacional del Sector Postal. Tampoco, sostiene el Tribunal de Cuentas, se valoró la posible existencia de un conflicto de intereses en relación con un alto cargo de la CNMV que inició una actividad en un organismo internacional, aunque lo declaró como el inicio de una actividad privada; ni sobre otro alto cargo de la CMT que ejerció la abogacía en un despacho propio de nueva creación.

No es menos significativo el hecho de que un alto cargo del Banco de España, que dejó su puesto para incorporarse a una sociedad perteneciente al grupo de una entidad de crédito, además de cobrar las indemnizaciones que la normativa le reconocía, “iniciase su actividad privada una vez transcurridos seis meses desde su cese”. Esa misma normativa, recuerda, excluyó que transcurridos los seis meses pudiera existir conflicto de intereses.

El exgobernador del BdE Miguel Ángel Fernández Ordóñez. (EFE)
El exgobernador del BdE Miguel Ángel Fernández Ordóñez. (EFE)

El Tribunal se refiere al caso de José Antonio Alepuz, exjefe jurídico del Banco de España, que fichó por la Caixa como secretario no consejero del consejo de administración. Alepuz y el gobernador del Banco de España Miguel Fernández Ordóñez percibieron en concepto de indemnización cuando abandonaron el banco central 671.712 euros entre los dos.

La realidad de los datos

Al Tribunal de Cuentas también le llama la atención el hecho de que no se tramitara ni conociera “denuncia alguna” sobre presuntos incumplimientos de la ley que regula los conflictos de intereses para los altos cargos. Ni tampoco se inició, instruyó, ni resolvió, expediente sancionador en relación con los mismos. Es decir, no se pusieron en conocimiento de la oficina “incumplimientos del régimen de incompatibilidades de altos cargos de las entidades fiscalizadas”, ni tampoco se realizaron, de oficio, actuaciones de investigación de la realidad de los datos declarados o de averiguación de posibles omisiones en las declaraciones “que permitieran el inicio de alguno de estos procedimientos”.

El Tribunal de Cuentas, igualmente, critica la dejadez de la Administración a la hora de investigar las razones por las que un alto cargo decide abstenerse de un procedimiento. Y en concreto, recuerda que el Registro de Actividades no refleja “ninguna abstención de ningún alto cargo de las entidades fiscalizadas, salvo siete abstenciones en la recién constituida CNMC”.

El Tribunal, sin embargo, pudo comprobar durante el periodo fiscalizado que “se produjeron, al menos, cuatro abstenciones por parte de tres altos cargos de la CNMV y dos abstenciones de altos cargos del Consejo de Seguridad Nuclear”. Sin embargo, ninguna de estas abstenciones se comunicó a la OCI para su constancia en el Registro de Actividades; tampoco se realizó actuación alguna de averiguación o requerimiento de las abstenciones que se hubiesen podido producir durante este periodo.

El Tribunal también critica el incumplimiento por parte de la Comisión Nacional de la Energía del tope de altos cargos impuesto por la ley. En concreto, sostiene que la desaparecida CNE no redujo el número de directivos antes de su extinción, y la asunción de estos directivos por la nueva CNMC “provocó que esta entidad fuese la única en superar el número máximo de directivos previsto para ella al concluir el periodo fiscalizado”.

El informe, por último, revela que todas las entidades fiscalizadas publicaron los datos profesionales y las retribuciones percibidas por sus altos directivos. La excepción fueron el Instituto Cervantes, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Nacional del Prado y la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

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Un gran éxito de Rajoy. -Hermann Tertsch/ABC-

· No es descartable que Pedro Sánchez se lleve por delante al PSOE a su extinción

LAS encuestas ya son unánimes en ello y la tendencia es manifiesta. La alianza neocomunista de Unidos Podemos supera ya hoy al PSOE en intención de voto y, salvo un cambio de tendencia absolutamente improbable, confirmará la hegemonía totalitaria en la izquierda española. En toda Europa este alarmante hecho solo se ha producido antes en Grecia con el triunfo de Syriza y el hundimiento del Pasok en la irrelevancia. Pero nadie dude de que el proyecto totalitario en España tiene mayor vitalidad y agresividad que el griego. De lograr el asalto al poder será pronto causa de alarma y espanto en una sociedad española que no se acaba de enterar de lo que pronto puede decidir la vida de un par de generaciones. Es hasta posible que la campaña de Sánchez colapse directamente. Porque el voto socialista puede ser hasta absurdo. No puede formar gobierno con nadie para sobrevivir. Salvo con el PP con el que se ha negado él la supervivencia. No podrá con Ciudadanos. No tiene más vía que una alianza con un partido neocomunista que nada más abrazarlo lo deglutiría. Así las cosas, Sánchez es un muerto político.

No es descartable que Sánchez se lleve por delante al PSOE a su extinción. O a su degeneración fragmentada en partidos regionales de zona pobre. Otros partidos socialistas se han ido ya por el sumidero y hay media docena en Europa en la cola. La culpa no sería de Sánchez. Sino de José Luis Rodríguez Zapatero que liquidó toda opción socialdemócrata centrista y desenterró la simbología guerracivilista. Con este salto atrás, el PSOE produjo el discurso que ha llevado a la juventud de izquierdas a romper con la España constitucional. Lo que han desatado la combinación del culto al resentimiento, épica revolucionaria, odio a la reconciliación nacional y la crisis es todo un movimiento tectónico del estado de opinión en España. Que no atiende a razones ni a fríos cálculos de intereses sino a una inercia en la lógica de la venganza, en la necesidad de zanjar cuentas por agravios reales o ficticios. Así lo aprendieron los chicos de Podemos en Venezuela. Había que generalizar el agravio, convencer a gran parte de la sociedad de que su situación no podía ser peor y hacer con la legión de agraviados un pacto para la venganza. Esa fue la mecánica sentimental de Hugo Chávez y es la aplicada con éxito en España. Pero para llegar a esta situación dramática en España no hubiera bastado con Rodríguez Zapatero de no haber estado Rajoy.

Ha sido su gobierno el que ha brindado a la izquierda totalitaria toda la infraestructura para acabar superando al PSOE. Y el que con su pasividad ha mostrado a los separatistas que las leyes nunca son un impedimento si hay voluntad política de violarlas. Porque la impunidad está garantizada. Y el golpe de Estado puede ser ensayado cuantas veces sea necesario. Rajoy y sus bien pagados aprendices de brujo querían una izquierda fraccionada con una fuerza muy salvaje que asustara al votante de derechas. Tanto como para que volviera a votarle a él. Pese a todo. Sería un gran éxito de Rajoy. Pero puede que pase lo contrario. Que la izquierda tenga un partido mayoritario totalitario que succione a los restos del PSOE para un Frente Popular. O que hasta en el mejor de los casos –que el PP pudiera formar gobierno con Ciudadanos y restos del PSOE–, en cuanto tomara la primera medida necesaria, tendría España ardiendo por los cuatro costados. El anticonstitucionalismo tiene ya veto sobre la gobernabilidad. Y no será el PP de Rajoy el que enarbole la ley y la fuerza para romperlo.

Pagar o no pagar, ese es el dilema. -Enrique Navarro/Libertaddigital-

Siempre es una excelente noticia que unos compatriotas que han sido secuestrados ejerciendo unas labores de gran mérito sean liberados, y puedo comprender la felicidad de sus familias, amigos y compañeros. Pero este hecho individual no puede ni debe ocultar un necesario debate sobre cómo deben proceder los estados en estos casos. A mi juicio, tres son las cuestiones que deben abordarse ante este dilema: ¿Es moralmente lícito pagar? ¿Es políticamente correcto? ¿Contribuye a mejorar nuestra posición en la guerra contra el terror, es decir, si es práctico pagar desde el punto de vista de un estado?

Desde el lado de la moral no es admisible que un gobierno retribuya con un precio o premio al que comete un delito. Es un imperativo que toda transgresión de la ley debe conllevar un castigo y no una retribución. En el estado de derecho no es posible premiar al incumplidor, porque entonces ¿qué podría pensar un defraudador de hacienda; un corrupto, un ladrón o un traficantes de niñas? Si introducimos un criterio de conveniencia en la persecución de los delitos, estamos abriendo de par en par las puertas de la jungla; sería el final de la civilización. No importa que sea difícil capturar al delincuente; no importa que puedan incurrirse en otros daños; dejar de imponer la ley está fuera del alcance moral de cualquier persona o gobierno.

La sociedad española ha sufrido muchas muertes de compatriotas que podrían haberse salvado si se hubiera aplicado el mismo criterio de conveniencia. ¿Cómo un estado puede decidir de forma arbitraria quién debe ser morir y quién debe ser salvado? La respuesta es que no puede ni debe. Un estado que defiende la legalidad y la aplica con igualdad a todos sus ciudadanos, no puede convertirse en el culpable de lo que pueda acontecer a nuestros ciudadanos por la acción terrorista o delictiva de terceros. La responsabilidad única y máxima del estado es cumplir y hacer cumplir la ley; y este principio no puede tener excepciones. La única razón para saltarse la ley es un conflicto de bienes jurídicos que la propia ley regula cómo debe solventarse, de manera que ni siquiera en este caso, el estado se salta la ley.

Un gobierno podría salvar muchas vidas con dinero; no sólo los secuestrados sino los que pueden someterse a determinados tratamientos médicos que son muy costosos; los que mueren de inanición en muchos lugares del mundo. Si el conflicto fuera la vida de tres personas frente a un coste económico, entonces el estado debería dedicar todos los recursos a salvar vidas, y ya no tendría que hacer mucho más, porque ni siquiera con todos los recursos se podría alcanzar este objetivo. En definitiva, desde el punto de vista moral no está justificado premiar al delincuente por grande y bueno que sea el resultado, como lo es salvar vidas.

La segunda cuestión es si es políticamente correcto o conveniente. El 24 de junio de 2015 el presidente Obama dio un cambio radical a la política del gobierno de Estados Unidos frente a los secuestros al afirmar que el gobierno dejaría de perseguir a los familiares de secuestrados que pagasen rescates a los captores. En el fondo, vino a cambiar una política que era totalmente diferente de la débil Europa que financiaba a terroristas frente a los países que nunca pagan aunque suponga la muerte de compatriotas. Este anuncio se produjo tras la decapitación pública de James Foley y en febrero de 2015 de la joven de 26 añosKaty Muller, capturada por el Estado Islámico. Su padre mostraba su frustración frente a la Casa Blanca que sí había pagado rescate por la liberación de soldados secuestrados, práctica habitual del gobierno de Estados Unidos.

Desde un punto de vista político, el secuestro y posterior asesinato de un compatriota cuando se pueden tener los medios para evitarlo, no es una cuestión fácil de resolver. El gobierno debe meditar el impacto en la sociedad de estos hechos y hacer una valoración muy especial. Sin embargo, a mi juicio, estas acciones de pagar un rescate debilitan la acción política de un gobierno que tiene cientos de españoles civiles y militares en zonas de conflicto y hoy son objetivos más valiosos. Transmite un mensaje a la sociedad de que se puede comprar la libertad y la seguridad; que solo basta con mirarles a los ojos y llenarles la cartera para que atenten en otros lugares. Y esto no es real ni posible; la libertad y la seguridad se gana con muerte y mucho esfuerzo y no solo pagando un ticket. Durante treinta años ETA nos puso un ticket encima de la mesa y ningún gobierno aceptó, y no porque no pudiera pagarlo, sino porque era consciente de que no estábamos ganando nada, ni la paz ni la seguridad. Lamentablemente gobernar es tomar decisiones que cuestan vidas; no todo es color de rosa. Hasta el Nobel de la Paz Obama decide cada día a cuántos deben matar los drones para salvar al mundo. La política española almibarada no sirve para el mundo de hoy, y nos condenará a la frustración y a la derrota de nuestros valores. El hecho de que se mantenga secreto el pago de un rescate, que solo permanece en la oscuridad para la población que paga y no para los terroristas, es la prueba palpable de que no se ha obrado de la forma correcta.

Finalmente, pudiera resultar que siendo inmoral y políticamente incorrecto, fuera práctico; es decir que el beneficio para el país o para el gobierno de pagar un rescate fuera positivo. Muchos pueden decir que haber salvado tres vidas justifica desde el punto de vista práctico haber dedicado unos millones de euros a pagar a unos terroristas. Pero esto sólo sería real si tuviéramos la seguridad que los secuestradores van a tomar ese dinero y se van a ir a vivir a un paraíso fiscal donde quizá vayan a poner un chiringuito de playa. Pero si tenemos la duda, razonable, de que ese dinero se va a destinar para pagar otros atentados y producir más muerte, entonces el potencial beneficio práctico desaparecería. Cuando se pagó el rescate del barco español Vega 5 a Al Shabaab, al poco tiempo este grupo asaltaba la Universidad de Garissa en Kenia y mataba a 152 estudiantes. Es decir, la caja que se alimentó del rescate de los españoles mató a otros 152 personas. El único argumento para defender esta actitud sería que la vida de los keniatas valen menos que la de los españoles, pero no me resulta moralmente aceptable.

Lo cierto es que los países europeos han dedicado casi cien millones de euros a pagar rescates mientras que los que recibían ese dinero atentaban en París, Madrid o Bruselas. Lo ocurrido en el Índico es un buen ejemplo, a mi juicio, de cómo proceder. Cuando se sustituyeron los rescates por los buques de la Armada se acabaron los ataques terroristas.

Pero en todo este debate no podemos dejar fuera del discurso la cuestión humanitaria que excede de lo racional. ¿Qué no haría un padre por salvar a su hijo? Todo. Sin duda. Y para ninguna persona con sentimientos es fácil aislarse de este pensamiento. Pero un gobierno no es un padre para sus ciudadanos, y debe pensar en términos colectivos de qué es mejor para todos a largo plazo. Y no encuentro, más allá de la alegría de los liberados y sus familias y el sentimiento compartido de saber que están libres quienes estaban secuestrados, un aspecto que me lleve a pensar que hemos dado un paso en la defensa de la libertad y la seguridad de los españoles, de los europeos y de los propios sirios.

El excelente trabajo de estos periodistas como los de tantos otros, muchos asesinados, debe servir no para que nos quitemos el problema de encima pagando por un trocito de libertad, sino para que comprendamos que debemos terminar con esta guerra, con el régimen que la provocó y con los grupos que quieren sacar provecho de ella. Este es un sacrificio por la libertad que sí es un imperativo moral que tenemos con los seres humanos que nos debe conducir a ser agentes activos de la guerra contra el terror. Si los gobiernos están más preocupados del rédito electoral o de la opinión pública que de eliminar la causa del problema con todo lo que esto conlleva, estará cocinando la rendición de la democracia y la libertad de Occidente. Y este precio no estamos dispuestos a pagarlos una gran mayoría.

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