La mentira histórica. -La verdad ofende/La tribuna del País Vasco-

“Puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad”, decía Ayn Rand. Alisa Zinóvievna Rosenbaum es una reconocida filósofa y escritora estadounidense de origen judío ruso que vivió en persona la revolución bolchevique de 1917, de la que logró escapar en 1925. Una consecuencia que se desprende de la verdad de su conocido aserto es que el socialismo soviético colapsó porque nunca permitió que los precios contaran la verdad económica, demoliendo así toda la teoría económica de Marx y el sistema marxista leninista que surgió de él.
La socialdemocracia, económicamente, no es muy diferente. En esencia, este sistema político que hoy domina la endeudada Europa destina dineros privados extraídos con impuestos (te los imponen) a subvencionar supuestas “causas sociales”, como si la sociedad no fuese capaz de resolverlas por sí misma. No se discute la viabilidad económica o la necesidad de dichas causas, ni si nuestros dineros se gestionan bien o se distraen en corrupciones. Pero lo más grave quizás es que sí entran en competencia con una sociedad de emprendedores, léase, empresarios, esos ciudadanos como usted y como yo, que trabajan y tienen iniciativas de negocio, abocados al fracaso por estas industrias subvencionadas, dejando de producir impuestos (que alimentan el Estado), no creando empleos (más parados a subvencionar), arruinando así la iniciativa privada de la que nace toda prosperidad.

Los ejemplos de esta fracasada realidad no llenarán mi artículo. Además de Cuba o la tragedia que padece Venezuela, cualquiera puede abrir un libro, leer, y ver qué fue ese muro contra la libertad que el comunismo construyó en Europa para impedir que sus ciudadanos escapasen al próspero Occidente capitalista. Aquel telón de acero se cimentó en sangre de “la gente” y mentiras históricas de dictaduras que se titulaban obscenamente “democráticas”, un engaño semántico e histórico que hoy se perpetúa.

“Hay palabras que tienen una carga valorativa positiva y otra negativa. La palabra democracia mola, por lo tanto, hay que disputársela al enemigo. La palabra dictadura no mola, aunque sea dictadura del proletariado. No mola, no hay manera de vender eso. Aunque podamos teorizar que la dictadura del proletariado es la máxima expresión de la democracia. La palabra que hay que disputar es democracia”. Pablo Iglesias explica la farsa de la democracia marxista-leninista, ideología que estructura y proclama la banda terrorista ETA como suya.  Es la perversión del lenguaje que España vivió en los años treinta del pasado siglo, donde milicianos como el abuelo de Iglesias llamaban “justicia proletaria” a asesinar a indefensas monjas y curas o a “pasear” a Joaquín Dorado y Rodríguez de Campomanes, Marqués de San Fernando, crímenes por los que tras la guerra fue condenado a muerte (luego perdonado).

Los herederos de quienes entonces vendían “su democracia”, ejerciendo la violencia y el golpismo hasta decir basta, hoy pretenden vendernos la patraña insostenible de que eran demócratas. Hubo nada menos que cinco golpes de estado de izquierdas antes de que los militares se alzaran, hartos, tras el asesinato del líder de la oposición Calvo Sotelo. La  buscada revolución socialista (guerra civil), que les diese el poder, tras la limpieza social de burgueses e iglesia, no pudo ser finalmente, y aquel proceso que se dio e inició, se detuvo.

Quienes falsean nuestro vergonzoso pasado han travestido de necesaria y justa para con los caídos en aquel terrible conflicto civil una maniquea ley de manifiesto revanchismo político. Se santifican personajes de asesino pasado como Ibarruri, Carrillo, Prieto o Caballero, cuyos nombres decoran colegios, calles, teatros, universidades y fundaciones, pagadas con dinero público. Son personajes que de haber ganado aquel conflicto civil jamás nos habrían llevado a la democracia. Frente a ello, se arrancan las placas de calles, hospitales o pantanos de beneficiosas obras civiles, un disparate histórico que confío no les lleve a derribar los pantanos, los hospitales y toda la obra social y civil que Franco construyó. Un próspero legado de libertad que el premio nobel Solzhenitsyn reconoció asombrado en su visita a España en 1976, en una España unida y reconstruida poblada por prósperas clases medias trabajadoras, en amplia libertad de prensa y movimientos, instituciones sanas sin corrupción. Los datos están publicados.

La “ley de mentira histórica” falsea hechos históricos cuya realidad ineludible es necesaria saber. Por el contrario, nuestra torticera realidad hoy permite que la mentira marxista se imponga ante el silencio de muchos y la rendición del PP, sustituyendo hasta la verdad etarra, cuyos reconocidos “hombre de paz” ya conferencian en Estrasburgo. Es una burlesca gangrena donde los totalitarios marxistas que buscaron y encontraron su anhelada guerra civil sonríen ante los herederos de quienes detuvieron aquel crimen. La mentira histórica, como bien nos cuenta Ayn Rand, llevará sin remedio a los españoles de hoy hacia un destino tan incierto como trágico, haciendo buena aquella inapelable frase de Cicerón:

“Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla”.

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Podemos tiene razón. -Liberal enfurruñada/OK Diario-

Podemos acaba de presentar, en el Congreso de los Diputados, tres proposiciones no de ley relacionadas con los medios de comunicación españoles. A través de ellas pretenden enmendar su limitado pluralismo y escasa competencia, que han convertido al sector en un práctico duopolio… y tienen razón. Lo que pasa es que sus propuestas, en lugar de solucionarlo, pretenden pasar de duopolio a monopolio y de limitado pluralismo a mensaje único. Para poder entenderlo, debemos usar un traductor que nos permita convertir sus palabras en lo que realmente quieren decir; tengan en cuenta que estos señores son los que a las dictaduras las llaman “democracias populares” y “empoderamiento ciudadano” al capricho personal del caudillo.

Procedo a traducir lo que significan algunos de los términos usados en dichas propuestas. La “democratización del espectro radioeléctrico” no es otra cosa que el poder para acallar a los que les critiquen y dar altavoces a los voceros del caudillo. “Poner a disposición de la ciudadanía” es quedárselo el régimen dictatorial. “Favorecer la diversidad y el pluralismo mediático” e “impulsar el Tercer Sector de la Comunicación y el empoderamiento ciudadano” es regalar los medios de comunicación a los amigos del régimen, junto con jugosas subvenciones públicas para sostenerlos sin audiencia. “Crear un Consejo Estatal del Audiovisual” y “poner límites a la propiedad cruzada en medios de comunicación” es implantar la censura gubernamental. “Promover campañas por una audiencia activa” e “Implementación de la educación mediática en el currículo de la educación obligatoria” es la facultad para adoctrinar a adultos y menores… y así todo.

¿Y por qué lo sabemos? Pues no hace falta tener un Máster en Adivinación, ni poseer una mágica bola de cristal. Lo sabemos con total seguridad porque ya lo han hecho donde gobiernan. Por ejemplo, en Venezuela o en Ecuador. Allí empezaron igual que han hecho aquí, con los insultos, las descalificaciones y los señalamientos a los periodistas que no les eran sumisos, contra quienes incluso usaron la violencia física de los llamados “colectivos”. En cuanto tuvieron poder comenzaron a retirar las licencias a los más críticos; a imponer multas y a obligar a emitir interminables mensajes oficiales, mediante la ‘ley mordaza’ de Ecuador o la ‘ley RESORTE’ en Venezuela. Finalmente, a los pocos que no cedieron y aplicaron la autocensura, se les asfixió económicamente, se persiguió a sus accionistas y hasta se nacionalizaron las empresas papeleras, para que no pudieran imprimir. Y todo eso lo han hecho ya allí con el asesoramiento de los líderes de aquí… blanco y en botella.

Podemos tiene razón, los medios de comunicación españoles adolecen de falta de pluralismo, pero la solución sería justo la contraria a la que ellos proponen. Necesitamos más libertad y menos injerencia estatal; más diversidad, más empresas privadas y menos licencias, limitaciones públicas, ni comités. Los medios de comunicación privados ofrecen lo que creen que demanda la ciudadanía y cuanto más aciertan mejor les va. Mientras, los públicos sólo ofrecen lo que demandan sus gestores: los políticos. Cualquier organismo público de control de la comunicación responderá sólo a los intereses de ‘la gente’, o sea, de ellos. Porque la realidad es que no quieren más pluralidad sino que sólo pretenden censurar a quienes no se sometan, sumisos, a los “intereses de la ciudadanía” que, como ya imagináis, significa lo que le salga de las narices a Pablo Iglesias.

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Los voraces burócratas y el efecto “trinquete”. -Javier Benegas-Juan M. Blanco/Vozpópuli-

Una vez la gente ha escarmentado y se vuelve mucho más respetuosa con las normas, el burócrata compensa la menor recaudación por multas con nuevas argucias, por ejemplo, haciendo que las velocidades máximas permitidas varíen con mayor frecuencia, incluso en trayectos muy cortos. Induce así a que se produzca el error humano. Ya no es la reprobable imprudencia sino el inevitable despiste lo que sirve para hacer caja.

El comercial de un destacado stand del Salón Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible estaba estupefacto. Su empresa había desarrollado un sistema de seguridad vial para los peligrosos quitamiedos, esas estructuras metálicas donde año tras año pierden la vida muchos motoristas o sufren terribles amputaciones. Su dispositivo no sólo reduciría considerablemente el riesgo de lesiones por impacto sino que, además, evitaría que el desafortunado motorista rebotara y fuera devuelto a la vía, donde podía ser atropellado.

Confiaba en que sus potenciales clientes, concejales de ayuntamientos, consejeros de comunidades, miembros de diputaciones y altos cargos del ministerio, siempre tan preocupados por la seguridad de sus conciudadanos, se detuvieran en su stand y se mostraran francamente interesados, casi conmovidos, por un invento que salvaba vidas y evitaba centenares de lesiones irreversibles. Pero su sorpresa fue mayúscula al ver que todos los mandamases pasaban de largo en tropel, como búfalos presos de una estampida. Ninguno reparaba en su expositor, ni siquiera le dedicaban una mirada perdida. Raudos y veloces se arremolinaron frente a otro stand cercano.

¿Qué prodigioso artilugio ofrecía la otra empresa? ¿Quizá uno que salvaba muchas más vidas que el suyo? ¿O acaso regalaban jamones de pata negra? Nada de eso. El reclamo era muy distinto. Allí estaba lo último en radares y sofisticados dispositivos capaces de detectar si un vehículo no había pasado la preceptiva ITV, circulaba sin estar asegurado, si sus ocupantes no llevaban puesto el cinturón de seguridad e, incluso, si el conductor apartaba “imprudentemente” alguna mano del volante. En pocas palabras… vendía productos con una cualidad imbatible: incrementar sustancialmente la recaudación por multas de tráfico.

Mientras que la implantación del sistema de protección para motoristas costaba unos 1.000 euros por kilómetro, cada radar de última generación implicaba un desembolso de 70.000. El primero salvaría vidas directamente. El segundo, siempre según la propaganda oficial, podría hacerlo de forma indirecta, disuadiendo a los conductores de asumir determinados riesgos… pero con toda certeza permitía freír al personal a multas. Que por el precio de un solo radar se pudieran convertir en inofensivos 70 kilómetros de temibles quitamiedos importaba un comino. Los burócratas habían acudido a la feria con la decisión tomada: comprar radares a granel, por docenas, como quien acude a un mercadillo a adquirir calcetines para toda la familia.

Burócratas y políticos maximizadores… del presupuesto

Este tipo de decisiones administrativas, que priman la recaudación sobre la seguridad, el volumen del presupuesto disponible sobre los servicios prestados al ciudadano, son demasiado comunes. La idea de que los burócratas −y en España se incluyen los políticos− tienden a anteponer sus intereses a los del público fue expuesta por el economista norteamericano William Niskanen en su ya clásico Bureaucrats and politicians (1975). En ausencia de controles externos eficaces, los burócratas muestran una fuerte inclinación a maximizar el presupuesto del que disponen, ingresos y gastos, pero no a mejorar la calidad del servicio público prestado.

Quienes dirigen los organismos públicos se interesan por su propio bienestar, que incluye el salario, otras gratificaciones y prerrogativas, la calidad de sus despachos e instalaciones, el número de subordinados, el poder del que gozan. Todo ello crece con el presupuesto disponible. También crecen, en ambientes corruptos, las comisiones por adquisición de materiales y adjudicación de contratas. Los burócratas prefieren los radares a la nueva modalidad de quitamiedos porque los primeros permiten expandir su presupuesto; los segundos no.

Pero no es solo que burócratas y políticos tiendan a gastar demasiado, a prestar servicios a un coste excesivo. Su comportamiento conduce también a una marcada asimetría en la evolución de impuestos y gasto público. Ambos tienden a aumentar con facilidad pero muestran una enorme resistencia a disminuir. Según Alan Peacock y Jack Wiseman, se trata del efecto trinquete, en alusión a esas piezas de maquinaria que se mueven con soltura en unadirección pero se bloquean en la contraria. En las épocas de recaudación muy elevada, los políticos expanden alegremente las estructuras estatales, convierten los ingresos excepcionales en gastos permanentes, añadiendo más personal, nuevas estructuras y organismos, que difícilmente desaparecerán cuando llegan las vacas flacas. Es fácil incrementar el dispendio, pero no tan sencillo reducirlo. En casos de necesidad, los políticos recortarán el gasto, pero siempre en una cuantía inferior a aquella en que lo incrementaron cuando pudieron. Por ello, los servicios no mejoran pero los presupuestos siempre crecen a largo plazo.

El efecto trinquete explica muy bien el comportamiento de la DGT y de las diferentes autoridades de tráfico de las demás administraciones. Una vez la gente ha escarmentado y se vuelve mucho más respetuosa con las normas, el burócrata compensa la menor recaudación por multas con nuevas argucias, por ejemplo, añadiendo nuevas señales, haciendo que las velocidades máximas permitidas varíen con mayor frecuencia, incluso en trayectos muy cortos. Induce así a que se produzca el error humano. Ya no será la reprobable imprudencia sino el inevitable despiste lo que servirá para hacer caja. Se sembrarán las carreteras y vías públicas de radares y surcarán el cielo sofisticados helicópteros capaces de detectar la más mínima “negligencia”. Si el conductor manipula la radio, se hurga la nariz, gira la cabeza para hablar con el copiloto, aparta la mano del volante para rascarse salva sea la parte, o realiza cualquier otra acción susceptible de ser tildada de” imprudencia”…multa al canto.

Aunque lo deseable es que las personas interioricen la necesidad de conducir con prudencia, instaurando así las convenciones correctas, la legislación sancionadora es necesaria para erradicar determinadas conductas que atentan contra la seguridad. Pero la sociedad no puede permitir que políticos y burócratas utilicen la legislación para abusar, para perseguir objetivos interesados, en absoluto bondadosos. Así, una regulación cada vez más compleja, arbitraria, retorcida, llena de excepciones –de trampas– es un cepo que atrapará prácticamente a todo el mundo. Pocos se librarán de la multa pues el objetivo no es ya promover la seguridad sino mantener a toda costa la recaudación, ese volumen de presupuesto al que los gerifaltes se han vuelto adictos.

El círculo vicioso se cierra destinando millones de euros a campañas publicitarias para que los medios de información manipulen a la opinión pública, difundiendo de manera entusiasta las falacias oficiales que criminalizan al sufrido automovilista. ¿Es necesario recordar que la democracia funciona cuando la prensa actúa como contrapeso del Poder, no como su correa de transmisión?

La seguridad no es esto

Mientras las diferentes Administraciones Públicas limitan el uso de helicópteros sanitarios para asistencia a víctimas de accidentes por el elevado coste por hora de vuelo, los helicópteros equipados con el sistema de radar Pegasus operan sin restricción (5.100 horas de vuelo en 2013), sancionando a un vehículo cada tres minutos. Si lo primordial fuera la seguridad, el esfuerzo sería el inverso. Se reduciría así el tiempo medio de espera desde que se produce el accidente en carretera hasta que llegan los servicios de emergencia, que en España oscila entre 25 y 38 minutos. En Alemania, por ley, es de 15 minutos. Sepa, querido lector, que reducirlo a 15 minutos implicaría un descenso de hasta un tercio en la mortalidad.

Por si esto no fuera suficiente, hay más de 200.000 señales de tráfico cuyas láminas reflectantes están caducadas, 20.000 kilómetros de trazado que necesitan ser repintados urgentemente y miles de desperfectos en los pavimentos (grietas, agujeros y badenes)… todo esto representa una amenaza mayor para la seguridad que los mitificados excesos de velocidad, pero, claro, “combatirlo” no genera ingresos adicionales. En resumen, a pesar de que la Administración recauda 25.000 millones de euros anuales del sector del automóvil, destina sólo 2.800 millones a garantizar la seguridad de nuestras carreteras. El resto, tal como apuntaba Niskanen, se pierde en una insaciable y creciente burocracia.

Sólo existe una solución. El sistema constitucional debe establecer reglas claras, mecanismos eficaces de control y contrapeso para contener tal desafuero y arbitrariedad. Para evitar que políticos y burócratas se sirvan a sí mismos, no a la sociedad. Para impedir que abusen de todos nosotros, en definitiva, que apliquen el “trinque” y el “trinquete”, con la excusa de que… velan por nuestra seguridad.

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