Desafección. -Nemesio Fernandez-Cuesta/El Confidencial-

La proliferación de partidos y candidatos radicales en los países más desarrollados tiene su origen en la desafección de una parte de su población hacia el sistema político y económico vigente.

La victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales austríacas del candidato de ultraderecha constituye un hito adicional en el proceso de deterioro de las opciones políticas tradicionales en Europa. Se generaliza el rechazo por lo existente y se buscan soluciones radicales. Alternativa por Alemania, el Frente Nacional en Francia, Partido por la Independencia del Reino Unido o el Partido por la Libertad en Holanda. Todos ellos tienen un marcado sesgo nacionalista, son contrarios a la inmigración y se decantan por una economía de mercado con acento proteccionista.

En otros países, el radicalismo de izquierda lidera la ‘nueva política’, encarna el rechazo a las opciones tradicionales y busca la hegemonía en su parte del espectro político. En países con movimientos nacionalistas centrífugos, son estos los que protagonizan el rechazo al ‘statu quo’ existente. En España, con nuestro punto adicional de originalidad, disfrutamos de alianzas entre nacionalistas e izquierda radical, o simplemente la izquierda radical se decanta por el independentismo.

Las elecciones presidenciales norteamericanas nos muestran que el rechazo a lo existente no es un fenómeno de la decadente Europa. El discurso del senador Sanders es mucho más izquierdista que lo acostumbrado para candidatos presidenciales demócratas y está obteniendo un sostenido apoyo que retrasa la nominación de Hillary Clinton, candidata mucho más cercana a las concepciones tradicionales de la política estadounidense. Por la derecha,Donald Trump ha desafiado al ‘establishment’ político y mediático, ha rechazado cualquier atisbo de corrección política y ha conseguido la nominación republicana a la Casa Blanca, tras derrotar a todos los candidatos de corte más tradicional que le han disputado las primarias.

Esta proliferación de partidos y candidatos radicales en los países más desarrollados del mundo tiene su origen en la desafección creciente de una parte de su población hacia el sistema político y económico vigente o al menos hacia los políticos y partidos que lo encarnan. Es la parte de población que ha perdido su empleo, que ha visto deteriorarse sus condiciones laborales a lo largo de los últimos años o que no es capaz de encontrar un puesto de trabajo acorde con su formación.

La globalización y la progresiva liberalización de flujos comerciales ha supuesto una clara disminución de la pobreza en el mundo, pero parte de esa mejora colectiva se debe a la pérdida de mercado de producciones poco competitivas ubicadas en el mundo desarrollado. El inmenso superávit comercial de China tiene su contrapartida en el deterioro de las balanzas comerciales de otros países, que sustituyen producción nacional por productos importados. Las empresas que producen bienes de menor valor añadido y que por lo tanto emplean personal de menor cualificación son las más afectadas.

El mundo digital en el que nos hemos adentrado tampoco ayuda en términos de empleo. Probablemente nunca se ha reproducido tanta música en el mundo como ahora, pero ya no se fabrican vinilos ni CD, ni aparatos reproductores. Basta con un teléfono y una ‘app’. Podemos leer más periódicos o más libros -suposición bastante dudosa-, pero su descarga en ordenador o tableta supone menos empleos en la industria maderera, en la fabricación de papel o en la industria impresora. Los miles de empleos que la economía 2.0 iba a crear están por llegar.

Las ayudas a los bancos -en nuestro caso, a las cajas dominadas por políticos- con motivo de la crisis han supuesto una percibida y real asimetría en la atención de los poderes públicos entre las instituciones financieras y los ciudadanos agobiados por niveles de endeudamiento inasumibles.

Las personas que pierden su empleo o ven deteriorarse sus condiciones laborales como consecuencia de la pérdida de competitividad de sus empresas, personas por lo general incapaces de acceder por falta de formación a los escasos empleos que la economía digital pone a su disposición, o las personas que han visto su ahorro o su patrimonio perdido en una hipoteca que no han podido atender son las que constituyen el soporte de todas aquellas opciones políticas que aparentan romper con un sistema que no es capaz de dar solución a sus problemas o proporcionarles un horizonte vital mínimamente esperanzador. Son el soporte de todos aquellos políticos que sean capaces de canalizar su frustración, su desafección del sistema, hacia un objetivo concreto, como la inmigración o ‘la casta’.

El éxito de las opciones radicales o populistas reside en la inmediatez y visibilidad del teórico enemigo a batir y en la simplicidad de las medidas a adoptar. Si el problema es la inmigración, basta con prohibirla. La simplicidad que nos proponen aún no ha sido sometida al contraste de una realidad compleja. La economía no funciona a golpe de ideas más o menos brillantes. Si el problema es la pérdida de competitividad empresarial o la reducción de la demanda de determinados bienes o la necesidad de reducir el endeudamiento de familias, empresas y el Estado, la solución no está en prohibir la inmigración o en incrementar el gasto público. La solución debe buscarse en la transformación de las empresas e industrias afectadas, en la corrección de los desequilibrios macroeconómicos y, sobre todo, en el cambio de nuestro sistema educativo y de formación profesional, que permita preparar a nuestra ciudadanía para un cambio económico profundo.

No es fácil el debate cuando a la simplicidad de una idea se debe oponer una mezcla un tanto abstrusa de medidas empresariales, equilibrios, déficits y deuda pública, políticas de oferta y reformas sectoriales. La magia de la inmediatez es mucho más atractiva que la aridez del desafío al que nos enfrentamos. Por eso es necesario hacer pedagogía. Aun a costa del desgaste que pueda suponer. El silencio es el mejor aliado de quien propone soluciones sencillas, atractivas y falsas que pueden conducir a un deterioro social mayor que el que dicen pretender solucionar.

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Faisán:10 años de impunidad.

Diez años del chivatazo del Faisán y cinco de la legalización de Bildu (Editorial de Libertad digital).

Este jueves se cumplen diez años de uno de los capítulos más infames del deplorable proceso de negociación política mantenido por el Gobierno de España con la organización terrorista ETA: el chivatazo policial perpetrado en el bar Faisán de Irún el 4 de mayo de 2006.

Aquel día el jefe superior de policía en el País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector José María Ballestero alertaron a los recaudadores del mal llamado impuesto revolucionario de que iban a ser detenidos, gracias a lo cual, además de frustrarse las detenciones previstas, se arruinaron varios años de investigación y se permitió a la organización terrorista “ocultar datos esenciales sobre la estructura, composición y operativa” de su red de extorsión, tal y como claramente señaló el informe final de conclusiones que el juez instructor del caso, Pablo Ruz, encargó al equipo policial que había llevado a cabo la investigación.

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El paso a paso de un chivatazo a ETA que salvó la negociación de Zapatero (J.Arias Borque/Libertad Digital).

4 de mayo de 2006. Un importante número de agentes del Cuerpo Nacional de Policía se encuentra monitorizando todo lo que sucede en los alrededores del bar Faisán de Irún. Desde allí, en unas horas, se va a lanzar una nueva operación contra la organización terrorista ETA. Exactamente, contra su estructura de extorsión y captación, en la que el dueño del mencionado establecimiento juega un papel clave. El operativo está preparado a ambos lados de la frontera hispano-francesa.

Los agentes tienen conocimiento de que hasta el Faisán se va a desplazar ese día el etarra José Antonio Cau, uno de los recaudadores de la banda, y que va a recibir 54.000 euros -nueve botellas de vino en argot etarra- de manos de Joseba Elosúa, el propietario del establecimiento. Es parte del pago de la extorsión a la que ETA está sometiendo a un empresario cercano al PNV. El etarra será detenido con el dinero en cuanto pase al lado francés de la frontera y se desencadenará la operación.

 

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Las llamadas que sacudieron al ministerio de Rubalcaba y la detención prohibida  (J.Arias Borque/Libertad Digital).

“Nuestra convicción es que fue una orden política del Director General de la Policía, Víctor García Hidalgo”. Esta afirmación tan contundente fue realizada durante el juicio del caso Faisán por el comisario de la Policía Nacional Carlos Germán, el hombre que estaba a cargo del operativo policial contra la estructura de extorsión de ETA el día del chivatazo y el designado también para investigar quién y por qué se realizó el soplo a la banda.

El entonces máximo responsable de la Policía estuvo imputado durante meses en la Audiencia Nacional pero finalmente, y después de que la causa pasase por diferentes jueces del tribunal, terminó por librarse de esa imputación y no tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados junto a los después condenados Enrique Pamiés (Jefe Superior de la Policía en el País Vasco en el momento de los hechos) y José María Ballesteros (inspector de la Policía).

Pese a los intentos de negar los hechos o restarles importancia, la investigación llevada a cabo por el equipo de Carlos Germán sacudió los cimientos del Ministerio del Interior, que en esos momentos estaba controlado con mano de hierro por el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Y no solo por la imputación temporal de García Hidalgo, sino también porque el teléfono del entonces Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, acabó en la lista de las 17 llamadas clave del chivatazo.

Las 17 llamadas clave

La decisión de lanzar la operación policial contra la red de extorsión de ETA se tomó en la tarde del 3 de mayo de 2006 en el despacho de un juez de la Audiencia Nacional. La puesta en marcha de la misma llegó rápidamente a oídos de Enrique Pamiés, quien informó a Víctor García Hidalgo de todos los detalles, incluyendo la lista de detenidos prevista. La primera llamada apenas duró 28 segundos, pero una segunda posterior se prologó por espacio de 7 minutos.

El entonces director de la Policía se puso en contacto con Antonio Camacho, número dos de Interior y hombre de confianza de Rubalcaba. Una primera llamada se realizó a las 22:50 horas y se prolongó durante 2 minutos. Nada más colgar, a las 22:52, vuelve a llamar, pero esta vez solo hablan por espacio de 21 segundos. Las llamadas continúan. A las 23:20 horas, Pamiés vuelve a llamar a García Hidalgo y hablan durante 10 minutos y 43 segundos.

El por entonces jefe de la Policía en el País Vasco habría intentado contactar con el dueño del bar Faisán esa noche, pero al no conseguirlo, llamó a un policía de confianza, el inspector José María Ballesteros, destinado en la Brigada de Información de Álava y especializado en terrorismo yihadista, para encargarle que se desplazase a la mañana siguiente hasta Irún para poner en aviso a Joseba Elosúa y sabotear la operación policial.

La misma mañana del 4 de mayo, García Hidalgo llamó a Pamiés a primera hora de la mañana. Exactamente, a las 8:43 horas, y hablaron durante apenas 45 segundos. Una hora después, a las 9:47 horas, fue el número dos de Interior, Antonio Camacho, quien se puso en contacto con García Hidalgo. La conversación entre ambos duró 3 minutos y 30 segundos.

LAs 17 llamadas clave

Pamiés y Ballesteros cruzaron todavía tres llamadas antes de que se produjese el chivatazo. La primera, a las 11:04 horas, con una duración de 1 minuto y 10 segundos. La segunda, a las 11:10 horas, que duró 58 segundos. La tercera, a las 11:13 horas, de 27 segundos. A las 11:23 horas se realizó la llamada del chivatazo, una comunicación de Ballesteros a Pamiés que se prolonga durante 8 minutos y 11 segundos, según los datos recogidos por los investigadores, y en la que entregó en el bar Faisán el terminal telefónico a Elosúa para que fuese advertido por Pamiés de la operación policial.

Minutos después del soplo policial a Elosúa, el máximo responsable de la Policía en el País Vasco llamó en dos ocasiones al director general de la Policía, pero no pudo contactar con él, ya que García Hidalgo se encontraba en ese momento en la toma de posesión de Joan Mesquida como director general de la Guardia Civil, un acto que se estaba celebrando en el ministerio del Interior y en el que también estaba presente Antonio Camacho.

Fracasados los intentos de Pamiés por ponerse en contacto con García Hidalgo, el jefe de la Policía en el País Vasco se puso en dos ocasiones con Ballesteros, que estaba regresando desde Irún a Vitoria, donde estaba destinado. Finalmente, el director general de la Policía devolvió la llamada a Pamiés, un contacto telefónico que duró 4 minutos y 26 segundos.

Salvar al peneuvista Aguirre

La operación policial destinada a acabar con la red de extorsión de ETA el 4 de mayo de 2006 iba a tener una amplia lista de detenidos a ambos lados de la frontera hispano-francesa, pero según las pesquisas de los investigadores policiales el objetivo no era impedir las detenciones de los terroristas de ETA, eso no ponía en peligro la negociación política que Gobierno y ETA mantenían en esos momentos, sino la de uno de los miembros de la Ejecutiva del PNV.

La mañana anterior al soplo a ETA, la Policía había desplegado un importante dispositivo en uno de los montes que separan Oyarzun y Rentería, en Guipúzcoa. Allí, en sidrería Eguiluce, ubicada en un caserío con el mismo nombre, se producía un encuentro con presencia de personas relevantes dentro de la estructura de extorsión y recaudación de la banda. Entre ellos, Joseba Elosúa y el terrorista José Ramón Sagarzazu Olazaguirre, uno de los principales responsables de la economía etarra.

Al encuentro también acudió uno de los dirigentes más influyentes en el seno del PNV y responsable hasta su fallecimiento de las relaciones exteriores del Euskadi Buru Batzar, Gorka Aguirre. Su relación con el aparato de extorsión de ETA no era algo nuevo para las Fuerzas de Seguridad, que ya habían detectado la participación del veterano dirigente del PNV en diferentes transacciones referentes a la extorsión etarra desde el año 2004.

Su papel era el de crear vías de contacto entre la banda terrorista y los empresarios extorsionados afines al PNV, con el objetivo de negociar las cantidades y el modo de pago. Es por este motivo por el que los teléfonos de Aguirre se encontraban intervenidos por la Policía, lo que permitió grabar conversaciones del dirigente peneuvista relativas a la extorsión con algunos de los implicados en la estructura económica de ETA, así como con otros exdirigentes políticos, como Xabier Arzalluz.

Los investigadores policiales determinaron que el dirigente del PNV se había desplazado hasta allí para entregar a Elosúa, con Sagarzazu como testigo, cierta cantidad de dinero procedente del pago de un empresario vasco extorsionado por la banda terrorista. Dinero al que los tres interlocutores se refirieron en todo momento como “nueve botellas de vino” –cada botella serían 6.000 euros, según los investigadores–. Ese dinero debía ser recogido al día siguiente por el etarra José Antonio Cau.

Estaba previsto que Gorka Aguirre fuera uno de los detenidos ese 4 de mayo, una detención que habría coincidido con el encuentro que ese mismo día iban a mantener en el Palacio de La Moncloa el por entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el líder del PNV, Josu Jon Imaz, quien iba a dar su respaldo a la negociación política que el Ejecutivo estaba manteniendo en esos momentos con la banda terrorista ETA.

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Leer: El Faisán como paradigma (Emilio Campmany/Libertad digital)

Leer: El Faisán y las perdices (Luis del Pino/Libertad digital)

El faisán como paradigma. -Emilio Campmany/Libertaddigital-

Lo que pasó en el caso Faisán es lo que pasa siempre en España.Se descubre un escándalo que implica a uno o varios políticos. En este caso, que estando vigilando a la red de ETA encargada de recaudar el fruto de sus extorsiones, un policía avisa a los etarras para que huyan antes de que la detención se produzca, presumiblemente por orden de sus superiores para evitar que las detenciones enturbien el proceso de paz en marcha. Lo primero que se hace es negarlo. El vídeo grabado por la Policía no muestra nada. Y no lo hace porque los funcionarios dejaron de grabar para que no se viera lo que se iba a hacer. Luego, tras descubrir por otros medios que lo ocurrido ocurrió, se justifica con una fantástica alegación cuya realidad no hay forma de comprobar, como es la de que el chivatazo se dio para proteger a un topo. Esto no resuelve el problema del todo porque, a fin de cuentas, chivatazo hubo, pero sirve para conformar a correligionarios y a crédulos. Luego, cuando no hay más remedio que admitir la evidencia, se hace, pero echando la culpa a los policías diciendo que lo hicieron por su cuenta y riesgo, sin que los políticos tuvieran nada que ver.

Naturalmente, los policías se resisten a ser condenados por colaboración con banda armada, y se supone que amenazan con revelar que obedecieron órdenes de sus superiores políticos. Entonces a los funcionarios se les prometen algunas prebendas a cambio de que acepten una condena menor, que en ningún caso será por colaboración con banda armada, a cambio de su silencio. Por último, unos jueces se avienen a fallar que avisar a unos etarras de que van a ser detenidos para que huyan y puedan sustraerse a la acción de la Justicia constituye tan sólo un delito de revelación de secretos y no de colaboración, porque la intención de los policías no era colaborar con la banda sino salvar el proceso de paz. Ciertamente, la intención puede justificar penalmente una conducta en principio delictiva. Pero para que sea así ha de tener como fin un bien superior al protegido. Uno puede saltarse un semáforo para llevar a un hijo al hospital. Uno puede disparar contra otro en legítima defensa. Una conducta en principio delictiva dirigida a salvar el proceso de paz podría haber sido exculpada, pero para ello son necesarias dos cosas. La primera es aceptar, que es mucho aceptar, que el proceso de paz es un bien superior a la detención de terroristas. Y la segunda es que, para exculpar a alguien por estar protegiendo el proceso, ha de ser uno que tenga suficiente conocimiento del mismo como para poder valorar cuán perjudicial habría sido practicar las detenciones. Y los policías carecían de ese conocimiento. Lo que tendría que haberse hecho es exculpar a los policías por haber obedecido órdenes y a los políticos en su caso por haberlas dado con la finalidad de salvar la negociación con la ETA. Pero, claro, aquí no podía sentarse en el banquillo ningún político, y mucho menos Rubalcaba. La conclusión es la de siempre. Los políticos se van de rositas, los funcionarios pagan por ellos y los demás, la sociedad y los medios de comunicación, callamos y aceptamos la verdad oficial aunque sepamos que es mentira con tal de tener la fiesta en paz, nunca mejor dicho lo de la paz.

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