El constitucionalista que quiso torcer la Constitución. -Emilio Campmany/Libertaddigital-

Estamos tan acostumbrados a que los políticos tuerzan las leyes en su propio beneficio que ya no nos sorprende nada. No extraña que el PSOE dé grupos parlamentarios a quienes no cumplen los requisitos para tenerlos. Como tampoco lo hace que, mientras los líderes del PP se hacen cruces por la escasa colaboración de Rita Barberá, le permitan seguir aforada ante la eventualidad de unas nuevas elecciones integrándola en la Comisión Permanente del Senado. Naturalmente, esto prueba cuán pequeña es la boca con la que varios de ellos le están exigiendo que dé explicaciones. Pero ni siquiera esta flagrante falta de coherencia logra asombrarnos.

No respetan nada. Pero lo que nunca creí llegar a leer es que Rajoy, supuesto líder de un partido inequívocamente constitucionalista y sólidamente monárquico, había intentado conducirle la mano al rey para torcer la Constitución. Esto es mucho más grave de lo que parece. El rey cumple unas escasísimas funciones constitucionales muy importantes, en las que lo esencial es la garantía de neutralidad que él solo puede ofrecer. Ya fue Felipe VI extraordinariamente indulgente, quizá incluso más de lo conveniente, cuando dejó que Rajoy se saliera con la suya y no propuso ningún candidato al final de la ronda de consultas. El artículo 99 de la Constitución ordena casi imperativamente:

Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno. (Naturalmente, la negrita es mía).

Dado que parece concluirse que, acabadas las consultas, es obligación del rey proponer un candidato, Rajoy prefirió no avisarle de que declinaría la oferta que le había pedido en público que le hiciera con el fin de dejar a Su Majestad sin más alternativa que la de no proponer a nadie a pesar del mandato constitucional.

Ahora, el colmo de los colmos es haber pretendido que el rey siguiera sin proponer a nadie y que se pudieran disolver las cámaras y convocar nuevas elecciones sin que nadie hubiera intentado ser investido, que es cosa que paladinamente la Constitución no prevé. Precisamente por eso dice el artículo 99 que el término de dos meses para convocar nuevas elecciones se contará “a partir de la primera votación de investidura”, porque no prevé que no haya candidato. Y lo peor ha sido intentar que el rey colaborara en esa flagrante violación del orden constitucional alegando que es por evitar algo que se supone que no le conviene a España, que es que gobierne Podemos, aunque sea en coalición con el PSOE. Claro que tal cosa no le conviene a España, pero a tal conclusión se llega desde una visión partidista que al rey no le está permitido compartir. Ni está justificado forzar la Constitución por evitarlo. Ni tiene autoridad para hacerlo, exigirlo o siquiera solicitarlo quien de forma tan grosera está anteponiendo, no ya los intereses de su partido, sino los suyos personales a los de España.

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