Todo lo español en Cataluña es una anomalía. -José Rosiñol Lorenzo/Vozpópuli-

Hemos vivido un verano más extraño de lo normal en lo que se refiere al panorama informativo catalán. Han ido apareciendo episodios de “graves” ataques al catalán, mejor dicho, de humillaciones hacia ciudadanos catalanoparlantes. Lo más llamativo es que se ha elevado la anécdota a norma. El efecto multiplicador del rodillo mediático nacionalista ha puesto en marcha una campaña para “destapar” una “catalanofobia” latente en la sociedad catalana. Me refiero al incidente de Quimi Portet (exmiembro del grupo El Último de la Fila) cuando el camarero de un ferry cometió el pecado de no atenderle en catalán. O la burda mentira pergeñada por una activista del “prusés” que puso en marcha una campaña de acoso contra un socorrista de una playa catalana. Su falta: no saber catalán. O un supuesto incidente en un centro de asistencia sanitaria en el que la Plataforma per la Llengua denunciaba una discriminación por querer hablar en catalán.

Pero ¿por qué esta campaña institucionalizada por parte de los medios de comunicación públicos y subvencionados catalanes? ¿A qué responde esta operación sociopolítica? ¿Cómo es posible que se ahonde aún más en la fractura social catalana poniendo ahora el foco en elementos culturales y lingüísticos? Imagino que muchas de estas preguntas se podrían contestar como la maniobra para justificar una narrativa nacionalista cada vez más desacomplejada de sus tics excluyentes y totalitarios, como lo demuestran manifiestos como el Koiné o las ponencias en la Universitat Catalana d´Estiu, en los que se clama por la desaparición del bilingüismo en Cataluña, el arrinconamiento de lo español en Cataluña, siendo el último escalón de la diglosia propiciada por la Generalitat. Todo ello con el reconocimiento y el acriticismo del periodismo orgánico nacionalista, una forma más de invertir la realidad y convertir en acosadores a los acosados. Cabría preguntarse qué dirían si surgiese un manifiesto que apostase por la desaparición del catalán, pongamos, en Barcelona…

Sin embargo, si nos detenemos en el contexto de los episodios expuestos, vemos que en el fondo del sustrato ideológico nacionalista subyace un cada vez menos disimulado supremacismo de raíz cultural y económico, una especie de asignación automática de clases y roles sociales de obligado cumplimiento. Parece que los usos lingüísticos delimitan una especie de comunidad imaginada y una red de incentivos (y desincentivos) que excluye a quienes no se someten a los patrones fijados por la élite “intelectual” y política nacionalista. Pero no todo es cultural. Fijémonos en que esta reacción hiperbólica se da contra ciudadanos que podrían adscribirse a la clase trabajadora. Parece que no se tolera que quienes les “sirven” o les “cuidan” no se sometan a su estándar conductual (protocolo de usos lingüísticos en la sanidad catalana, pág. 10). No solo hay que exigir unas buenas competencias profesionales, se tiene que cercenar cualquier atisbo de pluralidad cultural y excluir el español de la vida profesional en Cataluña.

En realidad, para el nacionalismo, todo lo español en Cataluña es una anomalía o un contubernio histórico contra la “nación” catalana. Les aterra la realidad, una Cataluña abierta y plural, sin complejos y bilingüe, que concibe tanto el catalán como el castellano como lenguas propias, como un bien común, que sabe que el catalán es un patrimonio tan español como lo es el castellano, y que éste lo es a su vez de Cataluña (y de los catalanes). Sin embargo, los próceres nacionalistas siguen empeñados en culminar su plan de ingeniería social, dividiendo a los catalanes, estigmatizando la disidencia no ya solo política sino la lingüística y cultural. Les interesa crear un escenario de suma cero, de inevitable confrontación entre dos supuestas concepciones antagónicas de la catalanidad, una reedición social y política del simposio titulado “España contra Cataluña”. El problema radica en que se conciben a esos camareros, socorristas, enfermeras o cualquier otro individuo como un meteco, como un extranjero asentado en Cataluña, como un ciudadano de segunda al que hay que someter a la presión social y mediática de una minoría ideologizada. Estamos ante un proceso profundamente clasista de base etnicista muy impropio de las democracias modernas.

José Rosiñol Lorenzo es socio/fundador de Societat Civil Catalana

https://twitter.com/JosRosinol

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Rajoy, Sánchez y el fin de los grupos de presión. -Jesús Cacho/Vozpópuli-

Más que como tragedia, los españoles que estos días apuran sus vacaciones a pie de playa se han tomado como farsa la posibilidad, que muchos juzgan amenaza cierta, de que volvamos a votar en nuevos comicios nada menos que el día de Navidad, una comedia bufa que muchos atribuyen a la intrínseca maldad de un Mariano Rajoy dispuesto a colocar en la mochila de Pedro Sánchez semejante bloque de cemento si insiste en no apearse de su no es no y seguirá siendo no por los siglos de los siglos amén. Casi todos descartan que Mariano, ferviente católico en su ámbito privado, haya pensado en prestar un servicio a la sociedad española actual, tan descreída ella, haciendo realidad aquello de que familia que vota unida permanece unida. Tan buen propósito navideño, familias reunidas jamás serán vencidas, ignora el hecho consuetudinario de cuñado coñazo que vota a Podemos y que puede amargarnos la nochebuena provocando una pelotera fenomenal con la suegra, del PP de toda la vida, y unas primas de Cuenca, mientras Felipe VI, traje azul, corbata malva, se afana en la pantalla de la tele por hacerse escuchar entre la barahúnda de niños, luces y confetis. Un despropósito el de esta España sin Gobierno que, en el fondo, no parece echar de menos a ningún Gobierno.

Una comedia que mantiene perplejos a los españoles, incapaces de hacer comprender a un amigo extranjero lo que ocurre en España (“te lo puedo contar, pero no te lo sé explicar”), y lo que es peor, incapaces de aceptar la situación de un país varado desde hace nueve meses en el arenal de los odios y los intereses personales de dos personajes que dirigen con mano de hierro los dos grandes partidos nacionales, sin que aparentemente ese país disponga de sociedad civil, grupos de presión, elites,intelligentsia y fundamentos morales bastantes para torcer el pulso y obligar al dúo de marras a apearse del burro. Un país a merced de dos señores y sus designios. Fue Max Weber, gran parte de cuya obra giró en torno al desarrollo del pensamiento elitista sobre el poder y la dominación del Estado, quien dijo que “la acción política se rige siempre por el principio del pequeño número, esto es, el de la superior capacidad política de maniobra de los pequeños grupos dirigentes”, ello dentro de la tesis central de los elitistas clásicos (que en fecha más reciente desarrollaría Wright Mills y su “La elite del poder”), según la cual “en cualquier sociedad solo una minoría detenta el poder en sus diversas formas”.

El ramillete que forman los números uno de las grandes empresas y bancos, empleadores de cientos de miles de personas, ha tenido y tiene un peso innegable sobre la acción de los Gobiernos de España y de cualquier democracia avanzada, de acuerdo con las tesis de Steven Lukes, según el cual “las grandes corporaciones económicas ejercen una enorme influencia sobre el Estado y sobre la naturaleza de los resultados de las democracias, en tanto en cuanto estos grupos suelen, además, ostentar también la propiedad de los medios de comunicación”, lo que es una evidencia en el caso español y en particular en Prisa, el grupo editorial, hoy venido a menos, que más influencia ha ejercido en la conformación de ideología en la izquierda española durante la Transición. El poder que antaño ejercieron la iglesia, el ejército y la banca ha desaparecido por las alcantarillas del tiempo. Ya no hay grupos de presión. En los últimos años, la retirada del primer plano del dúo formado por Emilio Botín(Santander) y César Alierta (Telefónica) ha resultado clave en la pérdida de referente de los poderes económicos. Botín hizo muchas cosas malas, sobre todo en términos de calidad democrática (la famosa doctrina Botín, por ejemplo), pero demostró ser un tipo al que le importaba España, seguramente porque estaba convencido de que la suerte del banco siempre estaría ligada a la de España, a la imagen de España en el mundo. Más o menos como Telefónica. A Ana Botín parece importarle más bien poco lo que le ocurra al país en el que ha nacido. Botín, que ya monitorizó de cerca no pocas de las tropelías de Rodríguez Zapatero, sí que hubiera llamado a Sánchez para tratar de ponerlo firme, haciéndole ver las consecuencias de su bloqueo.

En el tándem citado cabe incluir por derecho propio a un tercero en discordia, Isidro Fainé, líder indiscutido del grupo Caixa, un personaje de otra época, un tipo irrepetible a medio camino entre la política y las finanzas, que sí que ha hecho recientemente cosas, la más relevante de las cuales ha consistido en reconducir a Albert Rivera por la senda del acuerdo con el PP de Rajoy. Ahí sí ha prestado un servicio. Ninguno de los personajes del trío citado se atrevió, juntos o por separado, a llamarle en su día para decirle que en una democracia, siquiera teórica, nadie que haya resultado volteado en un episodio como el “Luis, sé fuerte. Hacemos lo que podemos” puede presidir el Gobierno de un país de 47 millones de habitantes con un PIB de 1,1 billones. Los tres constituyen la columna vertebral del Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC), el lobby español por excelencia, crecido a la sombra de las penurias de una CEOE que tuvo a su frente a un golfo como Díaz Ferrán. Fallecido Botín y en un segundo plano Alierta tras abandonar la presidencia de Telefónica, el CEC languidece entre las ambiciones de algún que otro outsider y el deseo de no pocos de esconder la nariz tras la empalizada de la empresa. El increíble caso de corrupción múltiple de Rodrigo Rato, el señorito por excelencia, ha hecho a todos mucho daño. El poder económico y bancario está hoy muy atomizado, si no disuelto, y su capacidad para influir sobre el poder político es mínima. La gran mayoría de los personajes del Ibex 35 no tienen más objetivo que pasar desapercibidos y cobrar un bonus millonario a fin de año.

El “acollone” del mundo del dinero

La violenta reacción social provocada por la dureza de la crisis entre los más desfavorecidos, que, entre otras cosas, ha dado lugar a la aparición de partidos tan potentes como Podemos, tienen al mundo del dinero francamente acollonado, hasta el punto de que, sintiéndose escrutados, muchos renuncian a dejarse ver por restaurantes en los que antaño galleaban e incluso se niegan a salir a la calle a cuerpo gentil. La constante presión de la sociedad, en general, y de los más desfavorecidos, en particular, en demanda de más y mejores servicios (la acumulación de expectativas suscitada por el Welfare State) hasta agotar la capacidad político-económica de un sistema –excesivamente burocratizado, por lo demás, y tan inmanejable como nuestro Estado autonómico- ha puesto en crisis a las sociedades del bienestar acogidas al modelo keynesiano, necesitadas de urgente revisión. El mundo del gran dinero es el enemigo natural al que apuntan, de momento con el dedo, esas masas que reclaman del Estado más y más dádivas. Al poder le ha entrado el miedo en el cuerpo. La renovación en la cúpula empresarial se está realizando, por lo demás, con cuentagotas, casi con fórceps, y los relevos tienen un perfil muy bajo, sacando a la luz personajes discretos que tardarán en madurar y en configurarse como auténticos líderes.

Sostiene Pareto que las elites están sometidas a “un circuito permanente de renovación, circulación y reubicación, que muestra que la historia es un cementerio de aristocracias”, un fenómeno que en absoluto se da en España, donde los que estaban siguen en su mayoría estando, taponando las más de las veces la llegada del relevo. Ocurre lo mismo que en los partidos. En el “sistema de Partidos” en que se ha convertido nuestra democracia, el poder, el único poder, está en la cúpula, en el líder que todo lo puede y en la pequeña camarilla de cortesanos que le rodean. No hay más poder que el de Mariano. Incluso que el de Sánchez. El resto son todos gregarios.Michels, padre de la Ley de Hierro de la Oligarquía, realiza una interesante crítica a los partidos socialistas que, caso del PSOE, pretenden regirse por métodos de democracia interna, al afirmar que en su seno coexisten jerarcas y burócratas, especialistas encargados de resolver las cuestiones que el propio partido genera, gente que, en base a ese conocimiento, goza de una superioridad “técnica” sobre la que fundamenta un poder que se asienta en el manejo de datos que escapan al control de las bases. Para Sánchez, las bases, la militancia socialista, es apenas el trampantojo imprescindible para mantener a raya a los barones.

Weber advirtió sobre la creciente “burocratización del aparato del Estado y la progresiva oligarquización de los partidos políticos”, sujetos a férreas normas de cohesión interna que obligan tanto a militantes como a diputados y minan cualquier posibilidad de auténtico debate político, de donde se deriva uno de los problemas fundamentales de las democracias modernas: mantener a los burócratas bajo control. Para el de Erfurt, sin un Parlamento fuerte, la democracia está condenada a convertirse en un Gobierno de funcionarios (“la democracia es el Gobierno del político” que dijoSchumpeter), caso de la Alemania del Káiser Guillermo. Su creencia en que la fortaleza de las instituciones democráticas, esencialmente el Parlamento, constituyen la mejor garantía para la selección de los líderes, ha quedado desacreditada en España, donde el Congreso sirve fundamentalmente para estabular funcionarios del partido durante décadas, la mayoría de los cuales pasa la vida sin abrir la boca desde la tribuna de oradores.  La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es ejemplo perfecto de ese “Gobierno de funcionarios” con poder casi ilimitado. No hay mujer que haya gozado de más poder en Gobierno español alguno, al punto de que su particular agenda produce fenómenos tan llamativos como esa capacidad casi milagrosa suya para transitar por las trincheras de la política sin ser rozada siquiera por las balas de unos medios de comunicación siempre ávidos de “sangre”. Ella es el poder en España. Y ella aspira a gobernarnos.

Los riesgos del Gobierno de funcionarios

Un país, pues, aparentemente inerme, que en todos y cada uno de los episodios evidencia la pobre calidad de su sistema democrático,  sometido al humor de dos personajes que se han hecho fuertes en la torre almenada de sus respectivos partidos y a quienes nadie, ni grupo de presión, ni lobby, nadie, ni clase empresarial ni elite intelectual, osa siquiera molestar. Desde luego no la masa, “cuyo papel en democracia no es gobernar, sino intimidar a los Gobiernos”, en opinión de Ostrogorski, para quien “la función política de las masas en una democracia no es la de gobernar, porque siempre lo hará una pequeña minoría, en democracia lo mismo que en autocracia”. La minoría que rodea a Mariano se apresta a transitar con estoicismo, a soportar el viaje al limbo que supondrán esas tres semanas que van desde la corrida en pelo del próximo martes 30 de agosto, investidura fallida de Rajoy, al domingo 25 de septiembre, fecha de las elecciones autonómicas gallegas y vascas, en la esperanza de que ese día, esa noche, cuando ese genio de la política, ese campeón olímpico en la modalidad de perder elecciones que es Sánchez, vuelva a darse otra torta monumental en ambos territorios.

Lo que queda de los llamados “poderes fácticos” creen disponer de información solvente según la cual las hostilidades en el PSOE se desencadenarán a partir de ese 25 de septiembre, cuando, tras el anuncio de los resultados, Susana Díaz protagonice el hasta aquí hemos llegado y diga “basta”, tomando por asalto la fortaleza de Ferraz y desalojando de la misma al gran Pedrito, lo cual provocaría un giro radical del panorama de ingobernabilidad actual y facilitaría, no sin condiciones, la elección de Rajoy como presidente del Gobierno en octubre. Quienes la conocen, que cada vez son más, tuercen, sin embargo, el gesto: “Susana seguirá haciendo lo único que sabe hacer, bien atrincherada en Sevilla, que es hablar mal de Pedro Sánchez ante amigos y conocidos del Ibex. Por si fuera poco, ella no es diputada en el Congreso, lo cual supone un problema de visibilidad importante en caso de dar el salto a Madrid, cosa que no me creo en absoluto, repito, porque su especialidad es la de amagar y no dar. Esta chica no sabe hacer otra cosa”. ¿Cambio sustancial o simple señuelo? Dependerá de que Rajoy, ya investido presidente, consiga el apoyo parlamentario de una mayoría de diputados, porque pretender gobernar después con apenas 137 escaños supone continuar bajo la amenaza permanente de nuevas elecciones. Sigue la farsa.

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Antitaurinos: ¿quién los financia? -R.Pérez /A.G.Abad-F.Carrasco/ABC-

Un tal Ximi firmaba en Twitter: «¡Queremos que Fran Rivera acaba en la nevera! #DepósitoDeCadáveres». Es «tocapelotas suicida y de Lleida». La gravísima cornada a Paquirri el pasado agosto en Huesca incendió de comentarios antitaurinos la red social, donde los animalistas –muchos desde cuentas anónimas– deseaban la muerte al torero herido. Como luego sucedería con otros, caso de Jiménez Fortes, corneado en el cuello. También hubo críticas a esos atroces comentarios. Tuiteó @_Marinis_: «Desear la muerte a Rivera y defender los derechos de los animales es repugnante». Aficionados como @jvegavara escribieron: «La @policia debería estar entrando en el TT Fran Rivera y tomar nota de los delitos de injurias, penados en el art 209 y 210 del Cod. Penal».

Los antitaurinos funcionan como un lobby. Pero ¿quién los financia? «La sospecha de que estas acciones cuentan con respaldo financiero llegado de otros países quedaron confirmadas cuando se reveló que el activismo antitaurino en Cataluña contaba con el apoyo de la fundación FFW, con sede en Suiza», contaba la plataforma Economía del Toro, dirigida por el profesor universitario Diego de la Cruz. El Observatorio de las Culturas Taurinas que dirige André Viard refuerzas estas informaciones, «elaborando diferentes estudios que subrayan los cientos de millones de euros que maneja el lobby animalista a nivel global». La citada plataforma accedió a la memoria financiera de CAS International, «una organización con sede en Holanda que consigna miles de euros a todo tipo de ataques contra el Arte y la Cultura Taurina».

«Desde 1993, esta organización holandesa financia acciones contra la Tauromaquia. Cuentan con 14.000 socios en la actualidad y su presidencia la ostenta Patricia Gómez. La entidad tiene tres empleados a tiempo completo. En 2013, CAS International reunió a más de cien entidades antitaurinas en Bogotá para celebrar una cumbre global y coordinar nuevas estrategias de ataque contra la Fiesta. El «Plan 2009-2023» de la organización tiene como objetivo «abolir la Tauromaquia y similares actividades culturales». En el año 2013, CAS International contó con unos ingresos de 245.000 euros y financió actividades antitaurinas por valor de 228.000 euros. Asumiendo una cifra similar para los últimos cinco años, hablaríamos de 1,14 millones de euros inyectados en países taurinos para atentar contra nuestra Fiesta», recoge Economía del Toro. Aportan más datos: «Cada año, CAS International invierte 25.000 euros en eventos o actos antitaurinos, así como 4.000 euros en manifestaciones o 60.000 euros en campañas de comunicación contra los toros. La contabilidad de CAS International se reparte en tres entidades financieras: Triodos Bank, ING Direct y KBC; las dos primeras operan en España».

Volviendo al pasado verano, en medio de los ataques a la Fiesta de la izquierda radical, algún político hizo comentarios poco presentables. «No os preocupéis por Fran Rivera, no le duele, es cultura y tradición», escribió Julián Moreno Vera, concejal de Participa Sevilla. No pocos pidieron la dimisión del concejal «rojo, verde, morado, multicolor, anticapitalista y de Podemos». Acabó pidiendo disculpas. El abogado Joaquín Moeckel fue uno de los que le respondió: «Lo que es cultura y tradición es vivir de la política sin dar un palo al agua».

El letrado se ha puesto al frente de la denuncia de Morante de la Puebla al antitaurino Petrus Johannes Martinus –Peter Janssen en los carteles– por un presunto delito de injurias y calumnias, al llamarle «asesino» el pasado mes en la plaza de toros de Palma de Mallorca. El holandés Peter Janssen es ya un «viejo conocido» entre los profesionales del toro, el más famoso de los antis, pues ha saltado en varias plazas. Ayer sábado, precisamente, Moeckel acudió a la corrida celebrada en Don Benito (Badajoz), donde tiene fijado su domicilio Janssen, quien «no se ha vuelto a tirar a un ruedo desde que se le ha interpuesto la demanda». En la localidad el abogado comprobó que la dirección facilitada por el activista antitaurino «no se corresponde, ya que en la misma vive un matrimonio de ancianos». Moeckel recuerda que el 5 de septiembre en Ronda, «José Antonio Morante demostró que las cosas se pueden hablar sin tener que pintarse como los indios, tirarse al suelo o saltar a una plaza».

En Cataluña, los movimientos antitaurinos comenzaron a organizarse tras la declaración de Barcelona como ciudad antitaurina en 2004, una iniciativa de Esquerra Republicana (ERC). En 2006 irrumpe con fuerza la plataforma PROU! (¡Basta!), organización liderada por el argentino Leonardo Anselmi (que también asesora a políticos), pero con un respaldo social en entredicho y una financiación nunca desvelada. PROU! presentó ante la Cámara catalana una Iniciativa Legislativa Popular, que avalada por 180.000 firmas determinó la prohibición de las corridas de toros aprobada en julio de 2010. También se movilizó todas las tardes de toros en la Monumental de Barcelona, insultando a los aficionados que acudían a la plaza.

Leonardo Anselmi, nacido en Rosario (Argentina) y residente en Barcelona, señala en su currículum que es «gerente de proyectos en la rama de la biotecnología», y sin que haya constancia de que haya ocupado puesto de trabajo alguno, se puso al frente también de otras asociaciones como la Animalista Libera!, la plataforma Stop Our Shame, Estrategia Animalista, BarcelonaMata, Gatera JA!, Ramblas Éticas. Fuera de Cataluña ha participado y asesorado a entidades como Galicia Mellor Sen Touradas, la Bullfighting Free Europe, entre otras.

Salvo el anterior estudio citado anteriormente por La Economía del toro, nunca ha existido un mínimo de transparencia sobre el dinero que en el caso de PROU! necesitó, tanto para poner en marcha la infraestructura para la recogida de firmas, para lo que nombró a más de ochocientos fedatarios «profesionales», como para llevar a cabo todas las manifestaciones de acoso a los aficionados.

De cualquier forma, la actividad antitaurina estuvo siempre muy vinculada a la estrategia política de las formaciones que al final votaron en el Parlamento catalán la abolición de las corridas de toros, pues a Anselmi también se le reconoció como asesor de varios políticos y de algunos municipios. Esta actividad paralela con la política le llevó a manifestar en mas de una ocasión que su iniciativa solo incluía la prohibición de las corridas de toros, pues abolir los populares correbous hubiera significado perder el apoyo de la sociedad.

Esta hipocresía de ir contra los festejos mayores y mantener los del toro en la calle, fue compartida por la Cámara autonómica. Algunas fuentes señalan a Anselmi, un hombre que se mueve perfectamente entre determinados círculos políticos, como el auténtico cerebro de la oleada antitaurina que se vive en la actualidad.

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